Panorama sindical actualizado al 3.9.2022
Ni el repudio al intento de magnicidio frena el ajuste
Por Mario Hernandez
Alquileres 64,6%, por la aplicación del Indice de Contratos de Locación (ICL). Subtes 40%. Pasará de $30 a $ 42. Colegios privados 9% en provincia de Buenos Aires, último tramo de un aumento total del 25%. Pero el impacto mayor será dado por la segmentación tarifaria que comenzará a regir desde el 1° de setiembre y que se verá reflejado en las tarifas de gas y luz que se pagarán en octubre. Medicina pre-paga 11,53% desde octubre. En 10 meses aumentará 87,9%. En 12, 104,8%, por encima de la inflación. En la cuarta semana de agosto la suba en Alimentos y Bebidas fue del 1,7% y acumula en el último mes un incremento de 6,6% (contra 6% de julio), según la Consultora LCG. Verduras 11,9%. Panificados 9,7%. Azúcar 9,4%. Lácteos y huevos 8,6%. Frutas 6.5%. Bebidas 6,5%. Taxis en CABA, 30% en setiembre y 20% en noviembre.
Al incremento de precios y tarifas se suma la política fiscal como la principal variable de ajuste. A fines de agosto se anunció la reducción del presupuesto para este año en $128.000 millones (0,16%) del PBI. En términos nominales, es más del doble de lo que se espera reducir con la segmentación tarifaria ($47.500 M). Estos recursos se eliminaron de las necesidades de financiamiento del Tesoro para este año. En total se redujo el presupuesto por $210.000 M en distintas partidas y luego se reasignaron $82.000 M a pagos de personal y transferencias a empresas públicas, por lo que el ajuste neto es de $128.000 M. Como lo manifestó el propio Ministerio en un comunicado oficial, el criterio que predominó fue que se trataba partidas subejecutadas.
Cuando la oficina de presupuesto del Congreso mostró la ejecución presupuestaria de julio, congeló a todo el mundo al evidenciar un considerable ajuste fiscal. Esto sin contar el monumental ajuste de agosto que, sobre el ajuste anterior, realizó el nuevo ministro, y puede verse en la gráfica siguiente.
Una mención especial merece el ajuste de tarifas de energía. Al respecto escribió Alejandro Marcó del Pont:
“Desesperado por satisfacer lo acordado en cuanto a la reducción del déficit fiscal, el Gobierno se empeña en recortar subsidios, que no son más que impuestos pagados por la ciudadanía y destinados por el Gobierno, en este caso a solventar las ganancias empresarias de energía a través de subsidios, que de recortarse pasan a la factura del usuario del servicio. Lo llamativo es que lo hace desconociendo el aumento planificado con anterioridad, de hecho, por el Decreto Nº 332 de junio de 2022, o sea, hace menos de dos meses.
No se explica adecuadamente, ni se conoce, la formación de los precios mayoristas del gas natural y de la energía eléctrica, pero se sabe que hay que aumentarlas. La guerra es el gran pretexto, pero de 2015 a 2019 las tarifas de luz y gas en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aumentaron entre 3.800% y 5.500% en energía eléctrica, en el caso del gas; en el mismo periodo, 2015 a 2019 la media rondó 1.900%. Esto quiere decir que en forma acumulada la luz aumentó 205% todos los años y el gas 140%. Si tomáramos 7 años, para no incluir 2022 año de la guerra, 2015-2021, tendríamos aumentos anuales acumulado de 105% y 125% en luz y 87%% para el gas. ¿Eran necesarios antes de la guerra semejantes aumentos, sin auditar el cumplimiento de la inversión de las empresas ni su tasa de ganancia? No creo que exista país en el mundo con tales incrementos.
En 2022 las tarifas ya han subido un 42%, pero el Decreto Nº332/2022 establecía que los sectores medios no sufrirían nuevos ajustes, teniendo en cuenta la aplicación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2022, que indica que el monto total de aumentos se ubicaba en el 80% de ese índice. Los dos aumentos producidos en el primer semestre de 2022 totalizaron un promedio del 42%, que era el porcentaje tope por la aplicación de ese índice. En el mes de mayo fue la última audiencia pública que avala el aumento; la segmentación carece de tal procedimiento. Pero los dueños de la energía se encontraban en segunda fila en la asunción del nuevo ministro de economía. Nada explica el atropello, que no sea cumplir con el FMI o mantener las ganancias de las energéticas amigas”.
Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2022/08/28/recalculando-la-atencion-geoestrategica/
Pero, según el gobierno “no hay ningún tipo de ajuste”. Así lo expresaron el canciller, Santiago Cafiero, y Daniel Filmus. Este último señaló: “Hay readecuación de partidas. De ninguna manera hay un ajuste en Educación, Salud, Discapacidad ni Tecnología”. Para la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, “está ocurriendo, sí, una desaceleración del crecimiento real del gasto (sic) para converger hacia las metas acordadas con el FMI”.
Paritarias
El lunes empiezan las medidas de fuerza de la UOM con un paro de 24 horas en todas las plantas siderúrgicas.
La UOM activó un plan de lucha en reclamo por una revisión salarial para las empresas siderúrgicas que deje atrás el 45% de aumento que llegó a pactar Antonio Caló antes de ser remplazado por Abel Furlán.
La perspectiva era cerrar el preacuerdo el martes pasado. Se trataba de 20 puntos de aumento, quedando en un 65% con revisión. Además, habían acordado ir a negociar planta por planta el salario conformado.
El viernes 26 de agosto Máximo Kirchner explicitó en una seccional metalúrgica que el proyecto de su sector dentro del Gobierno es impulsar el pago de una suma fija de $30.000 para los y las trabajadoras del sector privado “mientras se negocian sus paritarias”.
Entonces, las empresas pusieron como condición la absorción de la suma fija, o bono, por la paritaria.
“Lo único que puede destrabar esto es que digan que el bono corre aparte de la paritaria y no lo absorbe. Ese es el foco del conflicto”, confirmó un delegado paritario. La próxima reunión de negociaciones entre las partes será el miércoles.
Por el contrario, en la rama metalmecánica se acordó adelantar a agosto el aumento del 12% previsto en principio para octubre y sumar un 20%, dividido en dos cuotas: 10% en octubre y 10% en noviembre, llegando a un total anual del 65%.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares realizada el 29 de agosto resolvió un aumento del 36% en cuatro cuotas. En noviembre el salario alcanzaría $ 60.544 y $ 492 la hora de las trabajadoras de 5ta. categoría. El Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP) reclama $ 110.000 igual a la canasta básica.
Tras fracasar la negociación salarial el martes 20, y ante lo que considera una «continua intransigencia y mala fe de las patronales», el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) comunicó que continuará su plan de lucha con un nuevo paro de actividades sin presencia por tres días (jueves 1, viernes 2 y la mañana del sábado 3 de septiembre) en las tres plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone. «Los trabajadores del neumático hemos realizado dos justos reclamos. Uno es el aumento del salario real para disminuir el atraso salarial, y el otro es el pedido de un adicional sobre los sistemas de trabajo 6×2, 7×2 y 6×1, debido al gran esfuerzo y sacrificio familiar y social que implican. La respuesta de las patronales ha sido negativa para ambos reclamos, a pesar de estar en una etapa de grandes ganancias que ellas mismas han admitido. El hecho de no resolver durante cinco meses estos reclamos es sin dudas un accionar extorsivo, dado el nivel inflacionario que se transita», denuncia el gremio.
Asimismo, aclaró: «se afirmó que la falta de cubiertas era a causa del conflicto, cuando en realidad la escasez comenzó con la llegada de la pandemia, hecho documentado en numerosos informes. Se dijo que el alto precio de las cubiertas es debido al recargo que colocan las gomerías, cuando las empresas son responsables de grandes cadenas de puntos de ventas. Se afirmó que los trabajadores de Fate cobran entre 350.000 y 370.000 por mes, cuando en realidad un armador (operario de categoría calificada), cobra 605 pesos la hora y aun multiplicando ese valor por las horas normales más las horas adicionales (que son 240 por mes), se obtiene un resultado de 145.200 pesos, lo que da en mano 117.612 pesos. Situaciones similares ocurren en Bridgestone y Pirelli», destacan.
Docentes universitarios llevaron adelante un paro este jueves 1 y viernes 2 de septiembre. Desde la Conadu Histórica expresaron: “¿Por qué paramos? Porque en la única reunión que el gobierno nacional convocó para discutir la revisión de la paritaria salarial, llevó una única oferta que no pudo ser discutida con las bases ya que el resto de las representaciones sindicales firmaron el acta ese mismo día. Es decir, no hubo posibilidad de negociación. Además, ese acuerdo sigue dejando nuestros salarios por debajo de la inflación y sin posibilidad de una real recomposición de nuestros ingresos”.
Desde CONADU Histórica afirman que no solo esa gremial rechazó el acuerdo, sino que también lo hicieron 13 asociaciones de base de CONADU que vienen realizando acciones de protesta: “Es decir que la mayoría de la docencia universitaria y preuniversitaria lo rechazó”.
En tanto desde AGD-UBA agregaron que las medidas de fuerza son contra el ajuste salarial de más de 27%, que surge de la diferencia entre el 62% que percibirán en enero 2023 y la inflación anual que el Banco Central estima en 90,2%.
El jueves hubo actividades de volanteo en el colegio Carlos Pellegrini donde se realizaron asambleas como en el Nacional Buenos Aires; en Exactas, hubo clases públicas en el edificio 0+Infinito y una asamblea docente a las 13:00; en Económicas y en Filosofía y Letras, volanteo y debate con lxs docentes.
En cuanto al viernes, hubo clases públicas en el CBC Avellaneda, Ciudad y una actividad central en la sede Drago; en Sociales estaban programadas más de veinticinco clases en la calle durante ambos días.
El miércoles 31 de agosto el personal de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires se movilizó desde distintos hospitales hasta el Poder Judicial de CABA, ubicado en Suipacha 150, donde se realizó una manifestación en el marco de una audiencia convocada por la Justicia para reiterar su reclamo por Reconocimiento y Equiparación Salarial del sector.
Sobre la jornada, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), expresó:“El gobierno de Larreta está preparando un proyecto muy limitado, pero que parte de darle la razón a todo nuestro reclamo. La Enfermería está discriminada porque miles de licenciadas/os estamos excluidos de la Ley N° 6035, que regula las condiciones salariales, laborales y profesionales de todo el equipo de salud de CABA… ¡menos de la Enfermería!, que somos el eslabón más numeroso. Por lo tanto, que tengan que anunciar (nos lo hizo saber el Ministerio de Salud hace 20 días cuando nos convocó formalmente a reunión), un ‘proyecto de equiparación salarial’, es como se dice en derecho: una confesión de parte. Por lo tanto, si a esa iniciativa le sumamos esta audiencia a la que nos convoca la Justicia de la CABA, podemos decir que las fichas se empiezan a mover para los reclamos de Enfermería”.
En tanto, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y secretaria general de la ALE, manifestó: “Es evidente que logramos desde ALE con paros, marchas de antorchas, festivales, acampes, caravanas, ruidazos y hasta con 50.000 firmas juntadas, poner en agenda la discriminación y postergación de nuestro colectivo. Por eso, ahora se activa el proyecto del gobierno de Larreta, e incluso, la justicia nos convoca a audiencia el 31 por medidas judiciales que presentamos hace 3 años exigiendo la inclusión en la Ley 6035 -ya que reunimos como profesionales todos los requisitos legales- y la equiparación salarial inmediata. Luchar sirve, y aunque gobiernos o conducciones sindicales que no movieron un dedo por Enfermería se lo quieran atribuir, nuestro colectivo no se equivoca: sabe quién estuvo incansablemente peleando durante toda la pandemia por nuestros derechos”.
El objetivo de la jornada es, en palabras de Luciana Franco, enfermera del Hospital Fernández y secretaria gremial de la ALE, que las enfermeras y los enfermeros sean reconocides como lo que son: profesionales de la salud con todos los derechos que ello implica. “Este tiene que ser el año de la Enfermería”, agregó.
El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (SUTEP) logró acordar la paritaria 2022-2023 para el personal que cumple funciones en el Parque de la Costa, (ubicado en el partido bonaerense de Tigre), con un aumento anual del 70%, porcentaje que se está consolidando como piso en las nuevas tratativas salariales.
Según informó el gremio, ya se había logrado un incremento del 30 % y ahora se sumó un 40 %, con un acumulado anual que termina de cobrarse en marzo del año próximo. La mejora se dividirá en cinco tramos no remunerativos.
Los conceptos no remunerativos se sumarán al básico en marzo 2023. El acuerdo tiene vigencia hasta febrero del año próximo, pero no se descarta que las partes vuelvan a reunirse si el aumento otorgado queda por debajo del índice inflacionario.
Las y los trabajadores de Página 12 resolvieron en asamblea realizar un paro por 24 horas, que comenzó el sábado 20 de agosto a partir de las 7 am. Además, ratificaron el cese de tareas por 3 horas en el marco de un plan de lucha que vienen realizando. Reclaman que “el Grupo Octubre garantice que ningún sueldo de quienes hacen el diario esté por debajo de la línea de pobreza”.
En un comunicado la Comisión Interna del SiPreBA señala que:
El básico de redactor/a estuvo el último mes 32.306 pesos por debajo de esa cifra y a un abismo de los salarios de 2016, cuando el grupo que encabeza Víctor Santa María compró Página/12.
Al mismo tiempo, por mayoría, votamos un paro de 24 horas (que iniciamos en este momento, 7 am del sábado) en repudio a la decisión de promover y premiar las conductas antisindicales. A la actitud histórica de la empresa de pedir informalmente la no adhesión a las medidas de fuerza al momento de ofrecer ascensos a cargos de editorxs o subeditorxs –que no por casualidad pasaron a ser mayoría en la redacción–, se sumó ahora la decisión de otorgar aumentos selectivos, digitados desde la dirección de Página/12, a modo de “reconocimiento” por incumplir las resoluciones de la asamblea.
En el entendimiento de que esa práctica antisindical no sólo apunta a dividirnos sino que además es degradante para quienes acceden a recibir esa clase de “premios” a espaldas de la asamblea, llamamos a la reflexión a quienes quisiéramos seguir considerando compañeros y compañeras –que en muchos casos han tenido un activo protagonismo en nuestra vida gremial y para peor también cobran sueldos de miseria–, y les pedimos que se replanteen su actitud, notoriamente funcional al objetivo empresarial de debilitar al colectivo de trabajadorxs de prensa del que forman parte.
El salario mínimo llegará a $57.900 en noviembre
La Comisión del Salario decidió llevar el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a $ 57.900 en noviembre, mes en el que se realizará una nueva revisión.
El aumento del SMVN, que hoy se encuentra en $47.850 pesos, será escalonado en tres veces: $51.200 en septiembre; $54.550 en octubre y finalmente $57.900 en noviembre.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se había reunido por última vez el 16 de marzo y convino -con la oposición de la CTA Autónoma- un incremento del 45 % en 4 tramos, pero en mayo el Gobierno adelantó la mejora y, desde el 1° de junio, es de 45.540 pesos y, desde agosto, de 47.850 para el personal mensualizado.
También desde este mes el valor de la hora para el personal jornalizado es de 239,30 pesos y los montos mínimos y máximos por desempleo, de 13.292 y 22.153 pesos.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que se requiere poco más de 111.000 pesos para «no ser pobre», pero las tres centrales obreras coincidieron en señalar que de ninguna manera «se alcanzará esa cifra en la negociación de hoy», por lo que la CTA Autónoma se pronunció por «un plan gradual de recuperación salarial por lo perdido durante el macrismo y para superar la inflación de este año».
«El haber mínimo debe alcanzar también a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas. Es imprescindible también que se avance de forma decidida en un salario universal», explicó Ricardo Peidro.
Asignaciones familiares
El superministro Sergio Massa, secundado por la titular de ANSeS y el ex intendente de Escobar y actual secretario de Economía del Conocimiento, anunció un módico aumento de las asignaciones familiares.
Anunciaron un aumento de asignaciones familiares para los trabajadores de salarios más bajos, en relación de dependencia, de 20.000 pesos por hijo/a, que alcanzarían a 1.800.000 niñas y niños del país.
Remarcando que los trabajadores asalariados no deberían estar debajo del índice de pobreza, el gobierno intenta paliar por el lado de las asignaciones familiares, lo que se niegan a disputar las direcciones sindicales adictas al oficialismo por los salarios, hundidos por la inflación.
Acoso sexual a la secretaria general del gremio bancario en Tucumán
La Asociación Bancaria, seccional Tucumán, convocó a un paro con movilización para el próximo 14 de septiembre en apoyo a la secretaria general del gremio, Cecilia Sánchez Blas, quien, insólitamente, de ser víctima de acoso sexual, acabó siendo la principal acusada.
La organización gremial anticipó que ese día no habrá atención en los bancos de la provincia ya que los afiliados se movilizarán en apoyo de Sánchez Blas a la ciudad de Concepción.
Allí, en el Centro Judicial de la «Perla del Sur», comenzará el juicio, un proceso que lleva ya más de 15 años. En octubre de 2006, una empleada de la sucursal de Concepción de la Caja Popular de Ahorros presentó una denuncia policial por acoso sexual contra el gerente de la entidad, Facundo Arias. Desde ese momento y hasta el año 2017 se sucedieron, por parte de la empleada denunciante, una serie de quejas administrativas. En 2006, las autoridades de la Caja Popular dispusieron el traslado de Arias hacia la Casa central de la entidad. En el 2014, el entonces interventor, Armando Cortalezzi, resolvió que la empleada regrese a la sede de Concepción.
El 1° de agosto de ese año la denunciante presentó una nueva queja administrativa e insistió con una nueva presentación el 25 de julio de 2017: en esa oportunidad, denunció a Arias por acercamiento, abuso de autoridad, daños y humillación pública pero nunca se realizó la investigación administrativa.
Ese mismo día, la empleada asentó otra denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, que emitió una medida cautelar de restricción de acercamiento para Arias. Para aquietar las aguas, el 4 de agosto de ese año las autoridades de la Caja Popular envían a Arias a la sucursal de Aguilares.
Es en ese contexto que Facundo Arias presenta una denuncia contra Sánchez Blas por la presunta comisión del delito de injurias.
Esa denuncia, justamente, es la que llegó a juicio; y hacia allí movilizará La Bancaria el próximo miércoles 14 de septiembre.
Fuentes del gremio señalaron que se anuncia la medida de fuerza con dos semanas de antelación para que los bancos puedan prever y organizar los pagos de ese día y se afecte lo menos posible a los clientes.
Despidos
Desde la Comisión Interna de la planta de Tenaris SIAT ubicada en Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, denuncian que la patronal está avanzando con despidos de nuevos trabajadores contratados recientemente para trabajar en la producción destinada al Gasoducto Néstor Kichner. El número exacto aún no es conocido porque continúan llegando los telegramas, pero serían entre 10 y 15 obreros. Hace pocos días Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, se paseó sacándose fotos por la planta donde ahora despide trabajadores.
Compartimos el comunicado de la Comisión Interna:
Compañeros lamentablemente hay que seguir y en este caso queremos informar que la Comisión interna está desde ayer, cuando los compañeros despidos nos informaron de los telegramas, reclamando por la continuidad laboral de los mismos.
Se puso en conocimiento al gremio, tanto al directivo Sosa Carlos, como Puggione Roberto y al secretario de Organización López Sergio, que ya estuvieron presentes en fábrica cuando se realizó la asamblea para presentar a la nueva Comisión directiva de seccional, y en la misma se quedó en trabajar en conjunto ante cada situación que se presente.
Este es un momento clave para que eso se vea en los hechos, ya que la empresa contrató personal previamente evaluado y capacitado teóricamente, y desde el momento que están en los puestos de trabajo llevar a la práctica junto al acompañamiento de todos los trabajadores que hace años estamos cumpliendo tareas en planta para que puedan salir adelante y lo vienen haciendo con la mejor buena voluntad según lo que entendemos los delegados de todos los trabajadores de la planta, la Comisión Interna, Juárez Gustavo, Albes Diego, Negrín Norberto, Ingui Daniel, Villa José.
Por eso no solo se está poniendo en conocimiento a la Comisión directiva de la seccional para buscar solucionar la continuidad de los compañeros en conjunto, sino que también se está reclamando desde ayer a los gerentes de planta Santoro Walter, Mochiuti Matías, Romani Marcelo.
De manera personal o virtual están al tanto del reclamo, TODOS.
Y se van a realizar reuniones para que se dé respuesta positiva.
Desde ya todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer como Comisión Interna nos comprometemos a eso y contamos con todas las compañeras y todos los compañeros de fábrica para eso.
Da mucha bronca cómo el Ceo del grupo Techint, Paolo Rocca, hace pocos días visitó la fábrica, se sacó fotos junto a trabajadoras y trabajadores para que ahora paguen con esta terrible actitud, no son tiempos de perder el trabajo, y menos de que se los quiten a los nuevos compañeros que vinieron con toda la voluntad para mejorar la condición de vida de ellos y sus familias. Y desde ya si hay algo para mejor cada trabajador lo va a hacer, pero no tiene por qué dejar sin trabajo a nadie, cualquier novedad vamos a ir informando.
COMISIÓN INTERNA UOM de TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA FABRICA TENARIS SIAT DE VALENTIN ALSINA
UNION OBRERA METALURGICA SECCIONAL AVELLANEDA.
ESTA FABRICA ESTA REALIZANDO LA TUBERIA PARA EL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER.
NECESITAMOS EL APOYO DE TODAS Y TODOS
¡¡¡POR LA CONTINUIDAD LABORAL DE CADA TRABAJADOR DE CADA TRABAJADORA!!!
La planta que fabrica zapatillas Nike despidió a 100 trabajadores
La empresa, de capitales argentinos y brasileños, se excusa en que no puede importar insumos para la fabricación del calzado deportivo de importantes marcas. Es la empresa más importante de la ciudad de El Dorado.
La planta en la localidad de la provincia de Misiones fabrica zapatillas Nike, Fila, Umbro y Asics. Pero también poseen otra fábrica en la provincia de Buenos Aires, donde se produce calzado de las marcas Fila y Adidas. Se trata de Grupo Dass, que despide a 100 trabajadores después de haber sido visitada por el presidente Alberto Fernández, el año pasado, para anunciar inversiones por 25 millones de dólares y la ampliación de 200 nuevos puestos laborales.
El ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria por 15 días, intimando a la empresa a dejar sin efecto los despidos. Sin embargo, la empresa desafía la reglamentación vigente en el país y asegura que, aunque concurrirán a la reunión con el ministerio, van a mantenerse firmes con los despidos. Aducen que ya enviaron los telegramas y “no hay vuelta atrás”.
En un comunicado de la empresa, el Grupo Dass reclama una reunión con el gobierno para buscar “alguna modificación de la norma o el desarrollo de medidas que tiendan a buscar una solución para nuestra industria”. Sin embargo, los que pagan el pato son, como siempre, los trabajadores, a pesar de haber sido quienes le permitieron duplicar la producción el año pasado, y pasar de 7 a 15 líneas de producción y aumentar sus ganancias.
Suspensión de la producción en Dorada S.A.
El viernes 19 de agosto la Comisión Directiva de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.) se declaró en «estado de alerta» luego de que la empresa Dorada S.A. del Grupo Beltrán, dueña de la marca Dánica, anunciara que ante la imposibilidad de acceder a dólares para la importación de materia prima suspenderá la producción de sus plantas de Llavallol, Provincia de Buenos Aires, y Villa Mercedes, Provincia de San Luis.
La Federación expresó: «junto a los sindicatos de base SOEIA y SOEAD anunciamos que no avalaremos suspensiones ni ninguna medida que implique un perjuicio para las y los trabajadores. Las causas que invoca la empresa para tomar esa decisión son ajenas a los obreros, que dependemos del salario para vivir, y mucho más en el actual contexto de inflación y deterioro de los ingresos. Ante esta situación impuesta por la patronal nos declaramos en estado de alerta, realizando asambleas en ambas plantas, en las que se decidirán las eventuales medidas a adoptar en defensa de los puestos de trabajo», remarcó la Federación aceitera.
Salió el decreto del “Puente al Empleo”
Alberto Fernández firmó el martes pasado el decreto que da curso al programa Puente al Empleo. Las disposiciones del decreto comenzarán a regir a partir del 1° de octubre, y las mismas consisten en la posibilidad de transferir el subsidio del plan social a las patronales, por medio de la cobertura parcial de los salarios, más una bonificación del 100% en los aportes patronales, como estímulo adicional para los capitalistas.
La iniciativa se adelanta como un nuevo fracaso para aquellos sectores e industrias estructurales que podrían ofrecer empleo a largo plazo, ya que las patronales no están dispuestas a asumir los “costos laborales” de nuevas contrataciones y/o regularizar sus esquemas por fuera de la normativa, porque sigue primando la huelga de inversiones, dando solo lugar a empleo parcial y precarizado.
Donde sí podría jugar algún papel es en las industrias y sectores con dinámicas temporarias y/o discontinuas, como la construcción o en el empleo rural, donde el programa no servirá a consolidar la salida del desempleo sino a transferir una porción de alrededor del 15% de los programas sociales al bolsillo de las patronales.
Como adicional, el gobierno les garantiza a los capitalistas la bonificación al 100% de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), la Anses, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares. Faltante que, a su vez, cubrirá con fondos del Tesoro Nacional, es decir, de los trabajadores.
De esta manera, y en el “mejor” de los casos, la iniciativa del gobierno no serviría a bajar el costo presupuestario de los programas sociales -además de que adicionaría los gastos por las exenciones a los aportes patronales- sino que jugaría el papel de cubrir una demanda de parte de las patronales que no consiguen mano de obra temporaria a baja paga.
Este tipo de medidas se han mostrado insuficientes para satisfacer los reclamos patronales, que van en la línea de una ofensiva contra los convenios colectivos de trabajo y contra la Ley de Contrato de Trabajo, en vistas a degradar los derechos y condiciones laborales de forma definitiva.
El Estado, mientras tanto, ahoga el presupuesto de obra pública y gasto público, recortando puestos de trabajo y bloqueando la generación de todo empleo en el orden público y sus derivados en el sector privado.
Se trata de una orientación que privilegia el lucro de las patronales antes que las necesidades obreras y populares, buscando liquidar el piso de los ingresos que brindan los programas sociales para deprimir aún más los bajos salarios.
La Unidad Piquetera, luego de una reunión con el ministro Juan Zabaleta, se encuentra deliberando respecto a las próximas iniciativas a seguir en el marco de la lucha por trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales y salario mínimo igual a la canasta básica.
«Ni las universidades ni los docentes y estudiantes somos gendarmes de las y los desocupados»
En su Asamblea General del 18 de agosto la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires votó por unanimidad, entre otras resoluciones, repudiar las auditorías y relevamientos de los planes sociales impulsados por el gobierno nacional: «ni las universidades ni los docentes y estudiantes somos gendarmes de las y los desocupados. Repudiamos la firma de la UBA, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de La Pampa y la UTN. La universidad debe estar al servicio de las mayorías populares. Llamamos a una campaña de firmas de docentes, estudiantes y no docentes de todo el país contra estas auditorías». En cambio, contraproponen: «como siempre la docencia se pone al servicio de las mayorías populares y se ofrece para auditar la deuda pública, externa o interna, que sabemos fraudulenta y usuraria. Nos proponemos para auditar a los formadores de precios, evasores impositivos y a quienes emplean de forma ilegal a sus trabajadores»
Ya a principios de mes, en su sitio web la asociación expresaba: «la Mesa Ejecutiva de AGD UBA repudia y se opone a la auditoría por parte de las universidades de los planes sociales que conquistaron los sectores más humildes de la población, a través de sus organizaciones. Las y los docentes universitarios no seremos instrumento del control social que impulsan el FMI, el gobierno y los rectorados que han firmado estos convenios», remarcó.
Brigadistas realizaron jornada de lucha contra la precarización laboral
Trabajadoras y trabajadores de los Parques Nacionales Los Glaciares, Condorito, Ciervo de los Pantanos, Lanín, Laguna Blanca y otras áreas protegidas se manifestaron durante el viernes 26 de agosto en todo el país con diversas actividades con el fin de difundir en sus comunidades, las precarias condiciones de trabajo con las que se enfrentan cada día. Los y las trabajadores exigen que se apruebe el Proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Senado, y quitar la exigencia de 15 años como combatientes en tareas de supresión en el terreno que dejaría afuera a muchas compañeras y compañeros. También exigen el reconocimiento como trabajo de alto riesgo de la actividad.
Según denuncian en un comunicado: “En enero de 2021 el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció el Pase a Planta permanente (…) pero hasta el día de hoy no ha habido otros avances en este sentido. El incumplimiento de la promesa, no solo tiene como responsable al propio ministro sino también a las autoridades de la Administración de Parques Nacionales (…) que incluso se ha llegado a contratar a brigadistas bajo la modalidad de monotributistas. Los salarios de los y las Brigadistas no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos, y esto implica que algunas personas terminan cambiando de trabajo, o con doble empleo.”
De acuerdo a las recientes medidas del gobierno nacional, en las que se han recortado los presupuestos en áreas centrales como la salud y la educación, la suspensión del acceso a Planta Permanente de trabajadoras y trabajadores del Estado; con paritarias a la baja en el marco inflacionario del país, y demás medidas de ajustes, en función del FMI; se ha resuelto exceptuar al cuerpo de Brigadistas de la suspensión de ingreso a planta, hecho que no garantiza el efectivo y pronto pase a planta permanente que brindará seguridad a las familias de quienes llevan adelante una tarea ardua.
En cuanto al cuidado del ambiente que es un derecho fundamental de la ciudadanía, y año a año se ve vulnerado con los incendios que son provocados por sectores de negocios inmobiliarios y del agro. Mientras el mismo Estado que precariza a sus trabajadores con sueldos de miseria y falta de recursos para hacer frente a las temporadas cada vez más complejas, beneficia a estos grandes sectores económicos que generan ganancias a costa de dejar nuestros bienes comunes destrozados. Y sigue cajoneando la Ley de humedales, consensuada popularmente. Mientras los trabajadores y las mayorías populares tenemos cada vez más pobreza, desocupación, falta de viviendas, salud y educación dignas. Derechos Humanos fundamentales.
En los últimos días irrumpió una movilización masiva que volvió a poner en la mesa el problema de las quemas de los humedales en el Delta del Paraná. Miles de rosarinos se concentraron en el Monumento a la Bandera y realizaron una asamblea cortando el Puente Rosario-Victoria. La quema de los humedales ya arrasó con más de 800.000 hectáreas.
En Campana se realizó una asamblea abierta contra las quemas que también afectaron a la zona. Jóvenes ambientalistas, trabajadores de parques y de distintas organizaciones políticas y sociales se organizaron para debatir y participar de las Jornadas Plurinacional del 3 y 4 de septiembre. Las condiciones de trabajo del personal de los parques afectan directamente sobre el cuidado del medioambiente.
Default del fondo para las obras sociales
Un fondo que cubre los tratamientos más costosos de las obras sociales sindicales entró técnicamente en quiebra y sembró alarma en la CGT. La crisis financiera, que amenaza con una cesación de pagos generalizada en un sistema que brinda salud a casi 20 millones de argentinos, quedó en manos del ministro de Economía, Sergio Massa, de quien depende la firma de un decreto de auxilio económico que la central obrera negocia desde el año pasado con el Gobierno.
El quebranto era una posibilidad creciente en los últimos meses, pero recién se terminó de verificar una vez asentados los números de agosto: de los 13.400 millones de pesos que ingresaron en el último ejercicio al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la totalidad se agotó entre coberturas de prestaciones para discapacitados ($9.300 millones) y desembolsos automáticos a favor de las obras sociales con menos recursos ($ 4.000 millones). Los funcionarios que monitorean el FSR admitieron que este mes no habrá recursos para el Sistema Único de Reintegros (SUR) que reembolsa de modo diferido el valor de todos los tratamientos médicos, prestaciones o remedios de alto costo y que representa el corazón del flujo de fondos entre el Ejecutivo y los gremios.
El desequilibrio es dinámico y depende del ingreso de recursos al FSR, que se nutre de una porción de la recaudación fiscal entre las propias obras sociales sindicales. En términos contables ese fondo contaba con un total de $ 3.200 millones para hacer frente a reintegros de agosto y septiembre que, se calcula, totalizarán cerca de 10.000 millones de pesos.
La normativa en análisis fue elaborada por la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y establece la asunción por parte del Estado de una porción de las prestaciones en la actualidad a cargo de las obras sociales. Por ejemplo, los gastos en servicios de educación y transporte para sus afiliados discapacitados. Por ese rubro se destinan cada mes $4.500 millones (la proyección inflacionaria señala que subirá a $ 6.000 millones mensuales de aquí a fin de año) que representan la mitad del gasto total en discapacidad.
El proyecto de DNU se hace eco de un argumento expuesto por la CGT: los recursos para salud no deben ser aplicados a otros ítems, como en este caso el transporte o los servicios educativos para los discapacitados, sino que debe ser el Estado el responsable de pagar por ellos. El manejo de la negociación pasó por varias manos: de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, derivó a su par de Trabajo, Claudio Moroni, y en la actualidad Massa es el que tiene la última palabra en un contexto de restricciones presupuestarias autoimpuestas para cumplir con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Interna en la CGT
El ajuste sobre las transferencias al Fondo Solidario de Redistribución empujó al sector referenciado en Carlos Acuña, pero liderado por Luis Barrionuevo, a convocar a una reunión a la que, además de los sindicatos alineados al gastronómico (Maestranza, Carga y Descarga, Perfumistas y Guardavidas, entre otros), se sumaron Armando Cavallieri, de Comercio, Amadeo Genta, del Sutecba y dos dirigentes del transporte: Omar Maturano y Roberto Fernández.
En la reunión se pusieron sobre la mesa varias críticas a la conducción. Entre otras, a la actitud del sector de Pablo Moyano que, en el marco de la marcha del 17 de agosto, realizó un acto propio a contramano del acuerdo sellado entre los miembros del triunvirato, que había consensuado un documento para ser leído en la Plaza de los dos Congresos, lo que finalmente no ocurrió.
La crítica se hizo extensiva a Héctor Daer y otros referentes de los llamados Gordos e Independientes que, consideraron, no fueron capaces de poner un límite. Ese malestar se profundizó cuando se conoció la declaración de apoyo a la vicepresidenta firmada por el Consejo Directivo sin que dicho organismo se reuniera.
También hay cierto malestar con la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía. “La gran mayoría lo veía como un hombre cercano al sindicalismo, pero en lugar de venir a la CGT, en una señal a la clase trabajadora o hablar de empleo y producción, parece estar más preocupado por hacerse calmar las variables económicas”, indicaron. “Sabemos que Massa se reunió con miembros de la llamada mesa chica de la CGT; es lo mismo que pasaba con Daer, que se cortaba solo y lo iba a ver al presidente”, apuntaron.
Pero el punto más relevante de la historia es el reclamo de asistencia financiera a las obras sociales. Las fuentes consultadas revelaron que “hasta ahora no tenemos noticias” de la promesa del presidente Alberto Fernández de comenzar a liquidar unos 35.000 millones de pesos de gastos que se destinan para atender los servicios de salud y transporte de sus afiliados discapacitados, uno de los rubros más costosos del sistema. Añadieron que “cuando parecía que estaba todo resuelto, el tema se congeló y no hay novedades”.
En este punto, las recriminaciones cayeron sobre José Luis Lingeri, líder de Obras Sanitarias y referente del denominado sistema solidario de salud que atiende a más de 15 millones de argentinos. Los dirigentes sospechan que Massa estaría estudiando una reforma del sistema sanitario de largo alcance tendiente a integrar los subsectores público, privado y de la seguridad social para abaratar los costos. Un proyecto del kirchnerismo que fue combatido por la dirigencia gremial en su conjunto.
El año pasado Fernández aseguró que inyectaría 11.400 millones de pesos al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la caja que se financia con parte de la recaudación impositiva entre las prestadoras sindicales y con la que se las asiste con reembolsos frente a servicios de alto costo y complejidad.
Tras el anuncio, hubo un primer desembolso autorizado por el ex jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a partir de un rebalanceo presupuestario de unos 7.390 millones de pesos. La central obrera sostiene que sólo se ejecutaron $6.400 millones como aporte extraordinario del Tesoro al FSR. Del compromiso inicial quedó un saldo nunca cubierto y que los funcionarios habían informado que pagarían a comienzos de este año. Eso no sucedió, y el Ejecutivo tampoco dio solución al financiamiento por discapacidad para 2022.
Nace una Nueva Federación Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Salud
Representantes de distintas organizaciones sindicales del ámbito de la salud se reunieron los días jueves 25 y viernes 26 de agosto en la Sede de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Salta (APSADES) de la ciudad de Salta para avanzar en la constitución de la nueva Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS).
Los encuentros contaron con la presencia de dirigentes de la UTS (Córdoba), APSADES (Salta), CICOP (Buenos Aires) y APUAP (Jujuy). Además, referentes locales de las centrales de trabajadores CTA-T, CTA-A, CGT y del Frente Gremial de Salud de la provincia de Salta llevaron su apoyo a la nueva Federación.
Las organizaciones presentes firmaron un acta acuerdo para conformar una Junta Promotora de la FESINTRAS (Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud) que tendrá su Congreso fundacional el próximo 28 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, en donde participarán delegados y delegadas gremiales de las distintas provincias del país.
Desde la flamante Federación FESINTRAS subrayaron que “luego de la pandemia, surgió la necesidad de unir fuerzas en la lucha por mejorar nuestros salarios, nuestras jubilaciones y nuestras condiciones laborales, como así también confluir en la lucha por un sistema de salud que garantice igualdad en el acceso de toda la población”.
Cabe recordar que los gremios que ahora integran la FESINTRAS se desafiliaron de la FESPROSA porque esta organización “antes y durante la pandemia obstaculizó la unidad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud a nivel nacional y comenzó a intervenir en la vida interna de los sindicatos de base, violentando las decisiones tomadas y abandonando todos sus principios fundacionales”.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) está integrada actualmente por los sindicatos: UTS (Unión de Trabajadores de Salud de la Provincia de Córdoba), APSADES (Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Salta), CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), APUAP (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy), AGIHM (Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano) y APyT (Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan). Se mantienen conversaciones con otras provincias que se sumarían a la nueva Federación.
Atentaron contra el Sindicato Aceitero de RosarioFue atacada a balazos la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR), ubicada en García Velloso 791 en dicha localidad. Ocurrió pocos minutos después de las 19:00 del miércoles 24 de agosto.
Los atacantes, según lo que se informó, iban en moto y dispararon cuatro tiros. No hubo personas heridas. La última empleada administrativa en retirarse se había ido pocos minutos antes, contaron desde el Sindicato.
“Es la primera vez que tenemos este problema. Balearon la ventana donde trabaja la administrativa del sindicato”, declaró a los medios locales Federico Calderón, secretario de Prensa del SOEAR.
Y agregó: “Veníamos de una actividad normal, sin complicaciones ni elecciones a la vista”, por lo que no hay sospechas sobre alguna interna.
Finalmente, explicó: “No hubo amenazas en el momento de la balacera, tampoco previamente. No sabemos de dónde viene”.
“La gravedad del ataque contra una organización sindical que lucha y defiende consecuentemente los derechos de sus representadas y representados no puede ser minimizada”, plantearon desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, la cual integra el SOEAR.
“Exigimos a las autoridades de los gobiernos y las carteras de seguridad nacional, provincial y municipal que se brinden todas las garantías para la integridad personal y el ejercicio de la actividad gremial de las y los compañeros del Sindicato de Rosario”, plantearon desde la Federación que conduce el aceitero Daniel Yofra, y reclamaron “el inmediato esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales del hecho”.
Posicionamiento de ATE sobre los recortes del Gobierno en áreas sensibles del Estado
“El ajuste en el gasto público en $128.000 millones firmado por Massa y Manzur es un nuevo paso en el giro conservador de la actual gestión”, plantean desde la conducción nacional de ATE.
Compartimos el pronunciamiento:
Después de dos meses de un verdadero golpe de mercado que busca imponer una devaluación y una política económica al Gobierno resulta más que clara la decisión oficial de adoptar un giro verdaderamente conservador en la gestión como respuesta a esas presiones.
En efecto, los anuncios efectuados en la breve gestión de la ministra Batakis y las medidas tomadas desde que Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, refrendan este giro y lo profundizan. A partir de la decisión de cumplir con las imposiciones del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y “corregir los desvíos” de las metas allí acordadas, la política oficial abraza los principios de una declarada ortodoxia. La decisión de “gastar solo lo que se recaude”, “congelamiento de vacantes”, “pagar el valor real por los servicios” y otras declaraciones que se repitieron en boca de la actual gestión, nos rememoran discursos de otras épocas.
En el mismo sentido, se aumentaron las tasas de interés a niveles cercanos al 90%, se aumentó la velocidad de devaluación que lleva adelante el Banco Central, y se está llevando adelante un verdadero tarifazo. Vale resaltar que este último supera con creces la quita de subsidios anunciada por el ex ministro Guzmán. Compromisos todos asumidos en el memorándum de entendimiento con el organismo multilateral.
Pero como la voracidad del acreedor nunca alcanza y hay que cumplir con la meta anual de un déficit primario de 2,5% del PBI, el ministro Massa acaba de anunciar un “ordenamiento fiscal”, interesante eufemismo para no pronunciar la palabra ajuste que alcanza a 128.000 millones de pesos, dejando en claro el funcionario que todavía hay espacio para que cada ministerio haga “sintonía fina” en los gastos. Es decir, el ajuste no termina acá.
Vale la pena repasar alguna de las podas anunciadas. A la cabeza marcha la reducción de más de 60.000 millones para el Fondo de Garantía Recíproca (FOGAR) y el Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP), líneas de crédito asignadas fundamentalmente al universo PyME.
Obviamente la combinación de tarifazos, tasas elevadas y devaluación sumada a la supresión del fomento del crédito no hacen más que profundizar un sendero de enfriamiento de la economía, receta de la ortodoxia para conseguir algún freno a la carrera de precios.
Además, recibe un recorte de 50.000 millones la partida destinada al PROCREAR que depende del Ministerio de Desarrollo y Hábitat Territorial, realmente no resiste análisis alguno achicar una partida que tiene como destino “mejorar las condiciones de acceso al hábitat” tal lo enuncia el programa y la realidad que se vive en la materia.
También se reduce en 50.000 millones de pesos la partida del programa “Conectar Igualdad” justificándose la poda en la falta de dólares en las reservas para adquirir el equipamiento. Más allá de lo que correspondería analizar sobre las responsabilidades de la gestión en la administración del comercio exterior y los saldos en divisas, que no corresponde efectuar en este documento, sí podemos afirmar que achicar la brecha tecnológica de nuestros pibes y pibas más postergados debería ser una prioridad insoslayable. Por otra parte, cabe preguntarse ¿no existe ninguna otra necesidad insatisfecha en materia educativa a la que asignar estos recursos? La poda directa de los mismos deja a las claras el objetivo ajustador.
El ministerio de Salud tuvo más suerte y solo sufre un recorte de 10.000 millones de las partidas destinadas a campañas de vacunación. La explicación dada argumenta que por razones geopolíticas no se adquirirán vacunas Sputnik a la que estaban destinados esos fondos, al tiempo que es suficiente el stock actual. Al igual que en el caso de educación nos surge una pregunta ¿todos los programas y establecimientos asistenciales que dependen del Ministerio nacional tiene satisfechas sus necesidades? Una reasignación seguramente hubiera sido mucho más productiva.
El ministerio de Transporte tiene un recorte de 10.000 millones, poda que no se entiende, no solo por las debilidades que la infraestructura en el área muestra, sino además por los constantes conflictos que se viven en la prestación del servicio de transporte de pasajeros por el no cumplimiento de la administración con los distinto grupos empresarios en materia de subsidios.
Por último, el ministerio de Obras públicas verá recortadas sus partidas en 20.000 millones de pesos, lo que de acuerdo a la información que se dispone provocará un retraso en el inicio de diversas obras.
Es evidente que las medidas anunciadas asfaltan el giro conservador al que hiciéramos referencia en las primeras líneas, cediendo al golpe de mercado y mostrando claramente que en el cumplimento de las metas acordadas con el FMI se está dispuesto a sacrificar las condiciones de vida de nuestro Pueblo, y eso es lo que tratan de demostrar en su próxima visita al organismo los funcionarios del gobierno nacional.
ATILRA repudia la “intromisión de un sector de la extrema derecha en los conflictos laborales”
A.T.I.L.R.A. denuncia y repudia enérgicamente la violenta intromisión de un sector de la extrema derecha en los conflictos laborales de la industria lechera. Se trata de una práctica inmoral y degradante de oportunismo político perturbador y desestabilizante que utiliza la puja normal de intereses entre trabajadores y empleadores para hacer campaña electoral.
Este sector político propone la supresión de los derechos laborales -que califica como «excusas»- con la eliminación de los principios, derechos y garantías, que nuestra Constitución Nacional y las leyes de fondo reconocen a las entidades gremiales y a los trabajadores.
Para ello ataca de manera permanente y sistemática a la representación orgánica de nuestros afiliados, tratando de descalificar a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina e incluso pretendiendo inmiscuirse de manera inaudita en la negociación paritaria del sector para opinar y «decidir» qué rubros deben abonarse y cuáles no; llegando al extremo de proponer ante la honorable Cámara de Diputados de la Nación una declaración de repudio a los trabajadores nucleados en nuestra entidad y creando una ilegal fuerza de choque «empresarial» contra los trabajadores. Se trata del mismo sector que califica de mafiosos a los abogados laboralistas que defienden trabajadores, y a Diputados y Senadores de extracción sindical.
En las antípodas, entendiendo a la industria lechera como un todo que comprende más de 600 empresas lácteas, A.T.I.L.R.A. ha dado sobradas muestras y ejemplos de madurez, armonía, diálogo fluido, apoyo mutuo y entendimiento con el sector patronal, contándose con los dedos de una mano los conflictos que puedan suscitarse con los incumplidores crónicos, dado que no somos enemigos ni estamos en guerra con el sector empresario al que en más de una oportunidad hemos ayudado a encontrar soluciones.
Llegados a este punto, dejamos aclarado que nuestra entidad respeta el pensamiento de todos los sectores políticos y actores sociales, aun cuando podamos no coincidir. Pero de ninguna manera aceptamos ni permitimos el agravio, la descalificación, la persecución, y la intromisión indebida de violentas «fuerzas de choque empresariales anti sindicales» que pretenden arrojarnos nuevamente al pasado más oscuro y tenebroso de nuestra historia, alertando a las autoridades administrativas laborales, judiciales, legislativas y a la sociedad toda con respecto al surgimiento de estos movimientos ilegales.
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Irregularidades en la elección del SUTECBA
La investigación del Ministerio Público Fiscal avala las denuncias por fraude que hizo la Lista Celeste sobre las elecciones del pasado 26 de noviembre del 2021 en el SUTECBA.
La lista opositora liderada por «Chapita» Elías envió a la justicia filmaciones del proceso electoral que se llevó adelante en varios hospitales donde la fiscalía pudo comprobar que al menos en el Hospital Santojani «dado los movimientos irregulares se obtuvieron fotogramas en los que se observa que los votantes regresaban a realizar nuevamente su voto en varias ocasiones».
En este sentido de avanzar la causa la oposición quedaría más cerca de probar las situaciones de fraude que se produjeron en noviembre pasado y de exigir la realización de una nueva elección.
Boletín Estadístico Sociolaboral
Compartimos el documento del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPPyP) que contiene información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) actualizada al 1er trimestre 2022 y describe el momento previo al reciente proceso de deterioro social iniciado con el salto inflacionario relacionado con la guerra en Ucrania y, posteriormente profundizado con el golpe de mercado local. Los resultados dan cuenta de una situación social extremadamente delicada para la vida de los hogares ligada a la vigencia de un mercado de trabajo que reconoce raquíticos ingresos y salarios, no brinda garantías sociales al conjunto y golpea especialmente a los/as jóvenes y a las mujeres
Trabajo: La presión sobre el mercado laboral, que supera a la desocupación, alcanzó al 22,5% de la PEA mientras la disponibilidad de la fuerza de trabajo fue del 28,5%. Casi una cuarta parte de las/os trabajadoras/es son cuentapropistas, de los cuales casi el 77% corresponde a ocupaciones de baja calificación. Por su parte, un tercio de la población asalariada son informales, indicador que asciende al 66,4% para la población juvenil.
Salarios e ingresos laborales: 3 de cada 10 trabajadores/as obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo. Los bajos ingresos perjudican con mayor intensidad a las mujeres: mientras el 26,1% de los varones gana menos del salario mínimo, este porcentaje asciende al 42,3% en el caso de la población femenina. 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras (24,2%) son pobres y el 4% son indigentes.
Condiciones de vida: La pobreza se extiende al 34,1% de las personas (a pesar del efecto aguinaldo) mientras la indigencia supera el 8%. El nivel de fragilidad social que atraviesa Argentina se manifiesta con mayor crudeza en las condiciones de vida de las infancias y juventudes: casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza (47,8%), mientras que el 12% no logra siquiera acceder a una alimentación mínima. Entre las y los jóvenes de 18 a 24 años, cuatro de cada diez son pobres (42%), a la vez que el 11,7% son indigentes.
Política de ingresos: El 24,2% de la población vive en hogares que reciben transferencias del Estado dirigidas a sectores de bajos ingresos, sin embargo, lejos están de asegurar que ningún hogar pase hambre o supere la situación de pobreza. Los subsidios sólo representan el 16,5% del ingreso total familiar.
Fuentes: Infogremiales, Crónica, Diario Popular, Clarín, Anred, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, APU, argentina.indymedia, Prensa Obrera, Red Eco Alternativo, iProfesional, www.ambito.com, www.ipypp.org.ar