Boletín de informaciones educativas actualizado al 27.11.2022
Resistencia al ajuste educativo en CABA y provincia de Buenos Aires
Mario Hernandez
“No al cierre de las carreras de pedagogía y educación social”
Por Estudiantes y docentes de IFTS Nº 28
15 Noviembre 2022
Las y los estudiantes y docentes de las carreras de Pedagogía y Educación Social con Orientación en DD HH y Gestión de Políticas Culturales queremos alertar y denunciar sobre la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de cerrar dos carreras de nuestro IFTS 28.
El día 28 de octubre, mediante un informe administrativo, el Ministerio comunicó que “desde esta administración se han ponderado diversos factores, situaciones y contextos con el fin de definir la oferta educativa a ser ofertada por esta jurisdicción para el próximo año y (…) se ha resuelto no ofertar la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Políticas Culturales ni la Tecnicatura Superior en Pedagogía y Educación Social con orientación en “Recursos Humanos” (nótese que ni siquiera la nominan correctamente) en la inscripción para el año 2023” (…) “se ha contemplado el contexto coyuntural imperante a fin de definir la oferta estratégica para la Ciudad de Buenos Aires, priorizando aquella con mayor requerimiento del sector socio-productivo” (Informe-2022-38439640-GCABADGGALV).
No son novedosas estas decisiones. Desde hace muchos años asistimos a políticas llevadas adelante por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, que no hacen más que vulnerar los derechos de la población. Mientras los sectores populares y la comunidad en general es víctima de los recortes presupuestarios en Salud, Educación y Vivienda, el presupuesto asignado para publicidad crece y crece.
Les estudiantes queremos estudiar y queremos hacerlo sin que nos impidan elegir qué carreras estudiar. Ese es nuestro derecho y venimos a decir basta frente al atropello de un gobierno que apuesta a la mercantilización de la educación y atenta contra la oferta pública y gratuita de carreras que debiera garantizarnos. Cuando decidimos formarnos en el campo socio-educativo y cultural, desde una perspectiva de DD HH, lo hicimos porque creemos que otro mundo es posible. Y en la defensa de esa posibilidad se asienta este reclamo. El cierre de nuestras carreras no solo vulnera nuestro derecho a la educación, negando la educación como derecho, sino también las fuentes de trabajo de las y los docentes que se desempeñan en el I.F.T.S., un espacio de formación que fomenta una mirada crítica de la realidad y un compromiso inclaudicable con los Derechos Humanos de todas y todos, pero especialmente de las mayorías populares.
Nuestra formación nos permite desarrollarnos tanto en ámbitos públicos como privados, en aéreas de salud, educación y cultura. Y es eso lo que quieren impedir, que nos formemos para ejercer y hacer ejercer derechos que, sistemáticamente, se esfuerzan por vulnerar.
Los gestores culturales egresades del Instituto trabajan en la producción de eventos artísticos – culturales, gestión de Centros Culturales, programación de museos, conservación y exhibición de patrimonio cultural. Los pedagogos sociales con orientación en DD HH intervienen en todos los niveles educativos, en equipos de orientación, alfabetización, talleres de prevención y rehabilitación de adicciones, programas de revinculación escolar de niñes y jóvenes, organismos del sistema de protección de derechos, sitios de memoria, centros comunitarios. Nuestra tarea es trabajar con grupos vulnerados para ejecutar políticas de inclusión y ejercicio de derechos.
Cerrar nuestras carreras no solo atenta contra el derecho a la educación y a decidir con qué orientación nos queremos formar. Atenta contra el trabajo que llevamos adelante sosteniendo el tejido social, reparando los daños que el neoliberalismo no se cansa de generar y democratizando el acceso a la educación y la cultura.
El ajuste de Larreta
El GCBA anuncia en toda la Ciudad que proponen una transformación que no para. Y es verdad. No para de quitarnos derechos. Ante eso, nosotres respondemos con organización y lucha. Organización y lucha llevada adelante junto a estudiantes y docentes de otros IFTS afectados por la misma medida.
El hecho de que cierren la única carrera pública y gratuita de la Ciudad de Buenos Aires con orientación en DD HH, solo evidencia el posicionamiento negacioncita del que hacen alarde hace años y pone de manifiesto que si hay algo que verdaderamente no les importa, al jefe de Gobierno y a su ministra de Educación, es la educación pública, de calidad e inclusiva para todas y todos. El recorte intencionado sobre las diferentes opciones educativas, que habilitan otros posibles modos de pensar y habitar los territorios, dan fe de ello.
Estudiantes, docentes y equipo directivo y de administración, exigimos al GCBA que revierta esta medida y reabra las inscripciones para el año próximo de nuestras carreras y de todas aquellas que están siendo cerradas.
Le decimos ¡basta! a las decisiones arbitrarias y tomadas a espaldas de la comunidad educativa. ¡Basta de atentar contra el derecho a la educación y las fuentes de trabajo!
Carreras cuya inscripción ha sido eliminada por el Ministerio de Educación del GCBA:
- Pedagogía y Educación Social con Orientación en DDHH – IFTS Nº 28
- Gestión de Políticas Culturales – IFTS Nº 28
- Ceremonial y protocolo – IFTS Nº 12
- Administración y relaciones del trabajo – IFTS Nº 8
- Administración comercial – IFTS Nº 8
JUEVES 17/11 CESE DE TAREAS DESDE LAS 8:00
10:00 concentramos en Congreso junto a docentes de la provincia de Buenos Aires y los sectores de salud para marchar a Plaza de Mayo
Aumento salarial de emergencia no menor al 50% e indexación mensual
Urgente actualización de las asignaciones familiares
No al vaciamiento de la #ObSBA y respeto de las licencias médicas.
A las 16:30 concentración en la sede central de la Obra social (Av. Rivadavia 6082), unificando con la convocatoria de lxs trabajadorxs y afiliadxs autoconvocadxs.
Titulatización de docentes interinxs de media, superior, normales y socioeducativa. No a los concursos en media sin previa titularización.
En defensa de la educación especial. No al ajuste.
No a la reforma de los planes de estudio en Terciarios
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NO A Los Concursos Sin Titularización En Media
El gobierno pretende hacer los concursos de ingreso en media sin titularización previa y colocando en riesgo los cargos de cientos de docentes interinos.
Algunos sindicatos negocian con el gobierno a espaldas de la docencia
La semana pasada lxs docentes de Educación Media recibimos en nuestro correo electrónico un comunicado que indicaba que, a partir del 10/11, estarán en exhibición los listados de ingreso 2023 para su reconsideración. Más tarde se informó que se pospone la exhibición para el 18 de noviembre.
A esto se suma la circulación de un acta firmada por UDA, AMET, SEDEBA y ADEF en la que supuestamente se acordaron pautas para la realización de los concursos de ingreso, traslado y acumulación (Ver el acta aquí https://drive.google.com/file/d/1IqVlxE4FtkJw5-EvQN8UOl_SP3qpsFFr/view?usp=drivesdk.) ¡Nuevamente a espaldas de la docencia algunos sindicatos amigos del gobierno llevan adelante negociaciones que en nada garantizan los derechos laborales docentes!
Seguir leyendo en https://www.ademys.org.ar/v2/no-a-los-concursos-sin-titularizacion/
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NO A LA REFORMA DE PLANES DE ESTUDIO EN TERCIARIOS
Compartimos pronunciamiento de Docentes del Inst. Superior de Educación Física N° 02 Prof. Federico Williams Dickens.
Alertamos a la docencia de Terciarios y en general sobre las reformas a los planes de estudios que pretende implementar el gobierno. Convocamos a informarse y debatir al respecto para poder organizar un rechazo masivo a esta política.
Acuña y Larreta imponen una reforma del plan de estudios en los IFD (que empezó en los de Educación Física) que profundiza la neoliberalización de la educación y, en consecuencia, la mercantilización y bancarización de la educación ¡No a la reforma de Acuña y Larreta! https://docs.google.com/…/1SOf8io49f-BEPTO9CgSyoH…/edit
No al desafuero de Jorge Adaro
En setiembre de 2021 el Director General de Educación de Gestión Estatal de CABA, Fabián Capponi, se hizo presente en la escuela Nº 19 de Villa Soldati.
Los docentes colocaron carteles denunciando la política del gobierno durante la pandemia, cuando Capponi bailaba en el ministerio sin barbijo y fallecían 35 trabajadores de la Educación, y otras medidas en contra de la escuela pública.
Luego de retirarse de la escuela Capponi regresó acompañado de tres sujetos que no se identificaron e intentaron ingresar a la escuela mientras se retiraban les alumnes.
Esta provocación que fue rechazada nuevamente por la docencia dio lugar al inicio de un sumario por parte del Gobierno porteño, aplicando una sanción a Jorge Adaro y a Juan Manuel Di Vincenzo (docente de la misma escuela y delegado de Ademys) de 30 días de suspensión laboral sin goce de sueldo. Medida que no se puede aplicar por la protección de los fueros sindicales.
Por ello ahora pretenden avanzar con el juicio de desafuero, para quitar los fueros sindicales y aplicar la sanción. Se encuentra a la firma un petitorio impulsado por Ademys que en los primeros días cuenta con la firma de 2.000 trabajadores. Y llamamos a la CGT y las CTA a rechazar esta nueva persecución a la docencia.
Elecciones en Ademys
El martes 29 de noviembre son las elecciones en Ademys para renovar la Comisión Directiva.
Se presenta la Lista Multicolor conformada por Maestros y Profesores (IS), Tribuna Docente (PO), Corriente 9 de Abril (PTS) y Alternativa Docente (MST).
La Agrupación Haroldo Conti (Rompiendo Cadenas) decidió romper con la Multicolor y dividir el sindicalismo combativo. Por lo tanto, se presentan otras tres listas: Haroldo Conti, Docentes en Clase y Política Obrera (Tendencia) y el Nuevo MAS.
La Multicolor, actual conducción de Ademys, llama a seguir apostando a la organización desde cada escuela y distrito escolar en unidad, para seguir fortaleciendo la independencia política y la autonomía sindical impulsando las asambleas abiertas con mandatos de escuela para definir los planes de lucha con la base.
Repudio a ley de Larreta y Acuña contra las cooperadoras escolares
El jueves 14 en la sesión legislativa porteña se sancionó una Ley que regimenta el funcionamiento de las Cooperadoras Escolares, con el voto en soledad del oficialismo. La oposición en su conjunto la rechazó por considerarla persecutoria, como denunciaban las propias cooperadoras que funcionan a diario en la gran mayoría de las escuelas porteñas. “Ni siquiera respetaron los artículos que habíamos pedido”, denunciaban las familias.
La ley que reglamentaba el funcionamiento de las cooperadoras escolares databa de la época de la última dictadura militar, y su modificación venía siendo un reclamo histórico de la comunidad educativa. Sin embargo, con menos de una semana de debate y con cambios de articulado a último momento Juntos por el Cambio aprobó esta nueva Ley sin contemplar ni uno de los pedidos de las familias que sostienen las cooperadoras. Por el contrario, es un ataque a las cooperadoras y habilita la persecución de sus miembros por posicionamiento ideológico.
La Legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, señaló: “Quiero hacer una reivindicación muy grande del rol que cumplen las cooperadoras. Como me decían las familias, quisiéramos estar juntando plata para excursiones o viajes para los chicos, materiales para música o recreación, pero no. Tienen que estar juntando plata para papel higiénico o como en pandemia para alcohol en gel, todas cosas esenciales que el Estado no entrega”.
Esta nueva ley que dicen desde Juntos por el Cambio, “viene a acabar con la política y la grieta en las escuelas”, en realidad es un ataque al rol social de las cooperadoras y habilita la persecución a las familias que pretendan exigir al Estado que cumpla con su función de sostener y mejorar la educación pública, estatal y gratuita.
Agregaba Alejandrina: “Dicen que las cooperadoras no pueden tener conflicto de intereses, ni promulgar ideologías. Esto significa que no pueden denunciar las injusticias, la falta de vacantes, los techos que se caen en las escuelas. Sin embargo, son los mismos que meten estafadoras a dar clases de finanzas o mandan a los pibes de secundaria a trabajar gratis a Rappi y empresas de amigos”.
Y apuntó contra García Moritán, jefe del bloque Republicanos Unidos, quienes fueran los autores de esta Ley: “En las escuelas y en la televisión hace ideología. En televisión contó cómo le paga a sus empleados por debajo de la línea de pobreza, mientras se vanagloriaba de que no sabe cuántos baños tiene su mansión. Por eso esta gente no tiene autoridad para reglamentar una institución solidaria. Solo les interesa perseguir y regimentar la protesta”.
“Recordemos que las cooperadoras eran parte de la entrega de las viandas en las escuelas en medio de la pandemia, por eso es tan importante el rol solidario que cumplen. Y además esto se pudo hacer gracias al fallo judicial que conquistamos por una alimentación sana. Fallo que surgió del amparo que presentamos junto a muchas de estas mismas cooperadoras. Esto es lo que quieren perseguir y controlar a las mismas para que no puedan reclamar más”, denunciaba Alejandrina Barry.
Junto a esta Ley y también entre gallos y medianoche Juntos por el Cambio presentó un proyecto sobre becas escolares. Así lo explicó Barry “hablan de ampliar la educación y en este caso las becas, pero con esta Ley lo que hacen es reducir de 12 meses a 9 la entrega de becas”.
“Los que hacen estas leyes no mandan sus hijos a la escuela pública y la atacan constantemente. Empezaron contra los docentes con la modificación del Estatuto, siguieron contra los secundarios y contra el rector del Acosta. Ahora contra las cooperadoras”, afirmaba Barry.
Y para finalizar salió a denunciar uno de los negocios más turbios del Gobierno porteño “Si tanto les preocupa las escuelas, porque no tratan nuestro proyecto de estatización de los comedores escolares, bajo control de la comunidad educativa”, se preguntaba y agregaba: “Claramente no porque es un negocio para amigos y encima entregando un pésimo servicio, nada más y nada menos, que en la alimentación de nuestros pibes”, refiriéndose a las denuncias, casi semanales, que surgen desde las escuelas por alimentos en mal estado, podridos o escasos y de malísima calidad en el mejor de los casos.
El derecho a la educación, el derecho a ser escuchado y la derecha
Por Darío Balvidares
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a 366 familiares responsables de los estudiantes que participaron de las tomas de escuelas, entre fines de septiembre y principios de octubre.
Además de las denuncias penales, el propio gobierno también comunicó que fueron cursadas 21 denuncias “por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a los $ 50.538.442,45”.
La ministra Soledad Acuña, remite al viejo latiguillo pro-punitivo sobre que las “acciones tienen consecuencias”. ¿Y las acciones de prepotencia gubernamental, las manifestaciones desvalorizantes y peyorativas de funcionarios como la propia ministra, habiendo tratado de fracasados a les docentes, no tiene consecuencias?
Confundir un acontecimiento estudiantil por reclamo de derechos con un delito y alinear su poder “amenazador” para disciplinar en función de sus intereses ideológicos debería tener consecuencias para el funcionariato que se yergue con pretendidas lecciones de moral y civismo, propias de la más rancia pedagogía de la opresión.
La ministra Acuña entrevistada en el programa “Está Pasando” de la señal TN conducido por Pepe Gil Vidal y Sandra Borghi, manifiesta su “preocupación” por el tiempo que duró la toma y concluye que la demanda civil de más de 50 millones de pesos, iniciada con la intervención de la Procuración, es “lo que le costó a los vecinos de la ciudad que las escuelas hubieran estado cerradas; la pérdida de posibilidad de trabajo de los docentes y también las obras de infraestructura de mantenimiento que también tuvieron que frenarse por el período en que las escuelas estuvieron cerradas…”
La conductora del programa, siguiendo el hilo del discurso punitivista de la ministra, pregunta: “¿Cuál cree que debería ser una sanción o una pena para estos padres?”. La configuración de ese imaginario periodístico, también punitivista, supone que la actitud de respaldo de las familias en el reclamo estudiantil, constituye delito y por lo tanto debe ser “sancionado” o “penalizado”. Este tipo de reflexiones generan efectos comunicativos y emocionales. En principio intentan construir opinión pública contra el derecho a la protesta y los efectos emocionales los constituyen en fomentar la generación de culpabilidades, que, por otra parte, son inexistentes.
La conductora, obsecuente con la postura de la ministra, difícilmente, muy difícilmente, pueda pensar en los derechos de les estudiantes, en la legitimidad de su protesta, lejos de eso, pregunta por las “penas” que deberían tener “estos padres”.
Lo que lleva a la titular de la cartera educativa a la hipocresía esquizofrénica de negar la persecución y al mismo tiempo reafirmar la supremacía moral que naturaliza el acecho judicial y la criminalización de la protesta: “Nosotros en primer lugar no estamos buscando ni perseguir, ni culpabilizar, lo que queremos es educar en democracia y marcar que las acciones tienen consecuencias es parte de este educar, de enseñar a convivir democráticamente con posiciones diversas…” luego argumenta que las denuncias a los familiares son la consecuencia de la “intrusión de un espacio público…”.
Desde un “nosotros” exclusivo niega lo que efectivamente hicieron, denunciar y culpabilizar, amedrentar con policía que en horas de la noche lleva “citaciones” y busca información en los domicilios de les estudiantes que participan del reclamo con la toma de la escuela.
Por un momento tuve la misma sensación, cuando se conoció ese accionar policial de rastrear domicilios, de una especie de continuación de aquella propaganda televisiva y radial, de la dictadura genocida, que decía: “Sabe dónde están sus hijos ahora”.
Pero continuemos con el programa de la entrevista a Soledad Acuña; el otro conductor, cuando la ministra habla de “intrusión”, tiene la ocurrencia de titular, “Instrucción y destrucción”, e intenta subrayar hechos de “destrucción” durante las tomas, para dar paso a la pregunta: “¿A usted (a la ministra) le sorprendió el nivel de destrucción y violencia empleado en esas escuelas?”.
La respuesta no se hizo esperar para continuar con las acusaciones, en este caso con las escuelas secundarias “que más se vandalizan” y las inversiones que realizan en infraestructura, pero no tuvo más que reconocer que durante las tomas hubo “chicos que querían como remediar el hecho de que estaban cerrando la escuela y estuvieron haciendo trabajos de pintura de bancos, de sillas, de aulas…”. Lo que demuestra, claramente, que les chiques tuvieron, seguramente, varias jornadas para pensar, debatir e incluso cubrir los déficits ministeriales en cuanto a infraestructura y equipamiento.
Hay algo más interesante respecto del punitivismo, la conductora, muy suelta de lengua dice no entender bien el tema de la culpabilidad de las familias y pregunta: “qué es lo que se le está pidiendo a la justicia que haga con estos padres”. Siguiendo su línea de razonamiento, el poder ejecutivo debe decirle al judicial qué es lo que debe hacer con “estos padres”.
Dos seudo periodistas delante de un micrófono incitando a la violencia institucional, además de ignorar que el ejecutivo no puede “pedirle” al poder judicial “qué deben hacer…”, aunque seguramente, la “ignorancia” deviene del costumbrismo a comportamientos serviles que también ostenta un sector importante del poder judicial, tan habituados a festejar desde ciertas empresas de noticias.
Al poco entendimiento esgrimido por la conductora y a su pregunta ignorante, la ocupante del ministerio de educación responde: “Hay dos planos, por el lado de los chicos, de los estudiantes, que son menores de edad, hay medidas que son compensatorias del daño que hicieron, que tiene que ver con lo pedagógico, entonces cerraron y dispusieron que no hubieran días de clase, esos días se recuperan (…) por eso la extensión del calendario regular. Por otro lado, los estudiantes que tomaron (la escuela) tienen una falta injustificada, con lo cual, muchos corren el riesgo de perder la regularidad, entonces van a tener que compensar esos días yendo a clases los sábados y si no (van) tienen otra falta injustificada (…) y tendrán que rendir todo el año libre. Por otro lado, están las consecuencias de los adultos, que ya no es pedagógico, ahí entra lo contravencional y penal y la figura que estamos utilizando es la intrusión de un espacio público, que está en el código contravencional y penal”.
Se podría escribir un tratado sobre la pedagogía de la opresión en el siglo XXI, en los casi 7 minutos de entrevista no hubo una sola referencia a cuáles fueron las causas por las cuales se llegó a las tomas de las escuelas. Ninguna apreciación sobre el derecho al reclamo, a la protesta y a que después de meses de ir por las vías administrativas y los canales de comunicación formales y no haber ninguna respuesta ministerial, se decidió la medida para ser visibilizados en lo que había para decir, la toma.
El somero análisis que intentamos en este artículo pinta cuál es el modelo pedagógico que enarbola el partido gobernante, en el que la sumisión y la aceptación acrítica son los fundamentos donde los días de clase deben funcionar como castigo. La amenaza de quedarse libres y perder el año es parte de la didáctica alienatoria que imponen aquellos que dicen que les interesa la educación, pero no aclaran que su modelo de “educación” se funda en la pedagogía de la obediencia, donde el derecho al reclamo y a ser escuchados es conculcado, cercenado de cuajo por estos discursos televisivos de la punición a la juventud que se visibiliza en uno de sus ámbitos naturales, la escuela.
Acuña ha dejado en claro que la supremacía moral del gobierno impone las formas de relación y de comportamiento y si no obedecemos a sus intereses e imaginarios le indicarán al poder judicial qué figura de desacatamiento deben aplicarnos, código contravencional y penal en mano.
El plexo de la brutalidad manifiesta con discursos amenazantes de tomo moralista con el que Acuña “seduce” a una porción de la población tanto contra la docencia como contra la juventud es un indicador palpable que la intencionalidad política es nada más que disciplinar en el orden de sus propias taxonomías del “derecho”, aunque debería decir de la derecha.
El título del presente artículo pone en un plano de igualdad dos derechos que aparecieron en la superficie del conflicto que genera la derecha por la toma de escuelas, porque “el derecho a ser escuchado”, es derecho de les estudiantes y es deber del gobierno como garante de esa obligación del Estado, “escuchar”; sin embargo, es el propio estado que no cumple con la obligación, invocando, desde el gobierno, el derecho a la educación.
Sucede que el desprecio por “los que caen en la escuela pública”, por “los fracasados” devenidos en docentes son sus prejuicios y odios de clase. Las demandas de les chiques, por no recibir viandas en cantidad suficiente y además de dudosa calidad nutricional e inclusive en mal estado, no parece ser un reclamo menor.
Sobre todo, cuando en muchos casos presupone una comida, teniendo en cuenta que según los propios datos del INDEC del primer semestre 2022, el 50,9% del grupo etario entre 0 y 14 años es pobre.
Mientras que, en la selecta y rica Ciudad de Buenos Aires, sobre un universo total de 3.079.000 habitantes el 40% se reparte en 5,9% indigente; 14,4% pobre; 7,6% vulnerable y 12.1% en situación de fragilidad, de acuerdo con estadísticas y censos de la Ciudad. Un universo del 40% debe albergar un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que sí necesitan de esa vianda que debe ser además nutritiva, no promiscua e insuficiente.
La Auditoría General de la Ciudad (AGC) ha producido diversos informes en los que detectan irregularidades tanto en las cantidades de viandas entregadas a algunas escuelas de manera insuficiente, aún con el reclamo pertinente de la falta realizado por la autoridad escolar, aunque el devengado fue por un total de viandas que no coincidía con la entrega real; es decir que el concesionario cobró más de lo que efectivamente entregó.
Entre otros casos también la AGC señala que “La Empresa concesionaria Equis Quince S.A. no cumplimentó durante el período 2019 con el envío de los protocolos de análisis de su Planta Elaboradora y sus resultados de productos lácteos (…) La empresa concesionaria Equis Quince S.A. no cumplimentó ante la AGC con la presentación de la documentación relativa a Habilitación y Certificado de Registro Nacional de Establecimiento (…) Se ha observado que la Empresa Rodolfo Ferrarotti S.R.L. comparte el depósito de mercaderías y materias primas con la concesionaria Treggio S.R.L. en Pilar 1436, siendo que la Habilitación fue extendida a la Av. Directorio N° 7042 Piso PB.”.
Estas son algunas de las “irregularidades” que la propia Auditoría constata en el Informe de lo auditado, en este caso, a la Dirección General Servicios a las Escuelas (DGSE); Ministerio de Educación, Asistencia Alimentaria Inicial y Primaria, en el que se detectan estas y otras tantas “desprolijidades” de las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno de la Ciudad en relación con el reclamo vinculado a las viandas.
Pero volviendo al alucinatorio ministerial, cargando “culpas” y “responsabilidades” en las familias de les estudiantes, es necesario recordar que las cuestiones patrimoniales y sus eventuales deterioros provocados, siempre son responsabilidad de los adultos a cargo, no es la toma una cuestión diferencial, solo que en este caso la ministra Acuña utiliza el tema del patrimonio como punto de presión para desalentar las tomas y de esa forma mitigar los justos reclamos.
Es necesario que la ministra y ese par de conductores televisivos sepan que la ley 26.061 de Protección a niños, niñas y adolescentes, en el artículo 24 instituye taxativamente: “DERECHO A OPINAR Y A SER OIDO. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:
- a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés;
- b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo”.
En el mismo sentido el artículo el artículo 39 de la Constitución de la Ciudad establece que: “La Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados…”.
¿Cuál es el lugar para peticionar, sobre los reclamos que como ya dijimos habían agotado las demás vías? La respuesta es simple, si los reclamos se refieren a la vida escolar y afectan sus realidades diarias, el lugar de peticionar es la escuela.
Pretender intimar con “intrusión de espacio público” a quienes como sujetos de derecho realizan sus protestas en su espacio natural, es pretender forzar la interpretación sobre lo público, que en definitiva es lo común y pretender encontrar o inventar un delito es nada más que la exposición de la obscenidad política de quienes se pretenden supremacistas morales, tramando y decidiendo los destinos y las conductas del resto de la población conculcando un derecho sobre otro.
Lo importante es que tanto les estudiantes de las tomas y sus familiares que no sólo brindan el respaldo afectivo sino el acompañamiento para que ejerzan como sujetos activos de derecho, inscriben con su reclamo y protesta el “derecho a la educación”, justamente porque el derecho a la educación incluye las buenas condiciones de infraestructura, y las viandas saludables, hoy más necesarias aún por las condiciones sociales.
Lo que vulnera la dignidad es que haya que hacer un formulario de declaración de pobreza para recibir un precario refrigerio o incluso ni siquiera recibirlo, aunque el conjunto de la población, como diría la ministra, lo paga porque está facturado por el concesionario.
Lo concreto es que la ministra habla por televisión, pero no da respuesta a los problemas planteados desde antes de las tomas, recordemos que también en la protesta se menciona la promiscuidad en algunas prácticas conveniadas con empresas para la realización de las ACAP (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y los estudios superiores) que como habíamos dicho en “Las tomas de escuelas y The Truman show” las orientaciones de los convenios firmados por el ministerio tiene un fuerte contenido ideológico que impacta en la formación desde la pedagogía instrumental.
Pero además de la cuestión ideológica de mercado que impregna las ACAP, denuncian con toda su potencia que incluyen no sólo trabajos precarizados, sino que quienes están a cargo de las actividades no son docentes de les estudiantes.
Es bueno volver a mostrar los documentos que ofician de testimonios que, tanto en el Hoyts Abasto como en Cinemark Palermo, estudiantes con orientaciones en Comunicación y en Economía y Administración van a hacer sus ACAP a estos lugares para acomodar espectadores y para el armado y entrega de alimentos y bebidas.
En el otro caso denunciado por les chiques de las tomas remite a las prácticas laborales en el Regente Palace Hotel – Ferrari SA, para estudiantes con las siguientes orientaciones, Turismo y Economía y Administración, pero la tarea a realizar era “contabilizar blancos en el sector del lavadero y acompañar a las mucamas en el aseo de las habitaciones con todo lo que ello implica…”.
Me pregunto si es para esto que la ministra firma los convenios con el Grupo Fundaciones y Empresas (GDFE) creado por el ministerio para estas actividades por las cuales, como contraparte, se les dará un “‘sello de empresa comprometida con la educación’ que otorgará beneficios a aquellas instituciones que sean proveedoras de las prácticas educativas”. Léase, exenciones impositivas.
¿Quién pagará por las empresas que tengan esos beneficios y por lo tanto el estado de la Ciudad dejará de recaudar? ¿O se achicará el presupuesto para educación?
El derecho a la educación es dinámico y se construye todos los días porque y entonces sí incluye el derecho a la infraestructura de calidad, a las viandas de calidad y el trabajo no puede confundirse con un empleo precario bajo la mirada de un jefe de personal, porque las prácticas laborales deben tener una función pedagógica y una estrategia didáctica.
El derecho al reclamo por las mejoras educativas y el derecho a la protesta contra los desaguisados ministeriales, son parte constitutiva del derecho a la educación, cuanto más si quien tiene que escuchar y atender los reclamos, desfila por sus canales vasallos amenazando, culpando, generando mayores conflictos, provocando dispendio de dinero con cartas documento y citaciones, porque esa es la estrategia de la pedagogía de la opresión.
No hay diálogo sobre educación, porque la educación en las escuelas públicas no debe pasar de un entrenamiento, mera instrucción en función de generar perfiles flexibles y adaptables en les egresados, solo con el manejo de ciertas habilidades que sean de interés del mercado para la empleabilidad. Estos son los conceptos del currículum “oculto” del grupo neoliberal, Fundación Sophia, donde Soledad Acuña se inició como pasante reclutada por su entonces director, Horacio Rodríguez Larreta.
En el mundo de Sophia, no hay educación pública, hay pedagogía del sometimiento y pérdida de derechos. El mundo de Sophia es el imaginario del gobierno donde se instalan los supremacistas morales, líderes de la desposesión.
La toma de escuelas tiene una tradición como hecho político y pedagógico, la respuesta ministerial/gubernamental es un hecho reaccionario y antidemocrático.
Video de la entrevista en TN
Fuente: https://tramas.ar/2022/10/26/el-derecho-a-la-educacion-el-derecho-a-ser-escuchado-y-la-derecha/
El jueves 17 pararon y movilizaron docentes bonaerenses en unidad con los trabajadores de la salud
El paro fue impulsado por las seccionales de Tigre, Bahía Blanca, Marcos Paz y la lista Multicolor provincial. Fue la continuidad de contundentes medidas de lucha contra el ajuste y la precarización educativa que profundiza el gobierno de Fernández y Kicillof.
La masividad de los paros docentes expresan el gran malestar que hay entre les trabajadores de la educación ante el ajuste, la sobrecarga laboral, la pérdida salarial y la crisis social que golpea a las familias de las escuelas.
Mientras las y los trabajadores de la salud dan un verdadero ejemplo de lucha en las calles y vienen de tener un gran triunfo en CABA, empatándole a la inflación y luchando en unidad y con un método asambleario, las conducciones sindicales de la CTA-T con Yasky y Baradel a la cabeza, dan la espalda a las exigencias de plan de lucha y convocaron a un acto para el mismo jueves 17, en el estadio Maradona de la ciudad de La Plata, con Cristina Fernández de Kirchner como principal oradora.
Con la presencia de representantes de la CGT, de la Corriente Federal de Trabajadores y las dos CTA, Yasky habló el lunes 14, en conferencia de prensa, en nombre del “movimiento sindical” y el “espacio aliado de organizaciones PyMEs” y dijo: “Espontáneamente surge el pedido, el clamor, para que la vicepresidenta de la Nación vuelva a ser presidenta del país”. Y aclaró que “se tiene que discutir en una mesa común, con los distintos sectores que integran el Frente de Todos”.
Mientras el FDT y la oposición de derecha piensan en 2023, distintos sectores de trabajadores, como docentes de distintas provincias y trabajadores de la salud vienen protagonizando luchas testigo que dan cuenta del descontento por las condiciones laborales y el atraso salarial frente a un ajuste que se profundiza, a tono con el acuerdo con el FMI.
Asamblea ordinaria en Suteba La Matanza
El miércoles 23/11 se realizó la primer Asamblea ordinaria, donde se vota la memoria, el balance y la política gremial, dirigida por la Celeste en el distrito de La Matanza, luego que ocupara la seccional con maniobras fraudulentas.
Esta es la primera en seis meses, sin que haya tenido difusión, con un temario acotado, y que dio una votación distorsionada que no refleja la realidad de la docencia.
Hoy mientras la inflación licúa los salarios, hay aumento de la sobrecarga laboral, metieron la reforma con la 5ª hora, continúan los programas de precarización laboral y una maestra gana $90.000, quieren naturalizar que las maestras trabajen dos o tres cargos para vivir. Nos quieren bajar las expectativas y conformarnos con las migajas, como dijo CFK “con la democracia no se come, no se educa, no nos cura, pero vivimos”. ¿Esto es lo que tiene para ofrecer el gobierno que defiende La Celeste?
“La Fangio no se toca. Sus docentes tampoco”
La Escuela de Educación Secundaria Técnica “Fundación Fangio” está en el Km 43 de la Ruta 3 en Virrey del Pino. A escasos metros de la conocida fábrica de camionetas Mercedes Benz, de quienes dependen desde que abrieron. “Ahora quieren separar todo. Es como que se están despegando”, cuenta un docente. “La Fangio” es un espacio importante de formación de técnicos en La Matanza desde su fundación en 1962 que proveyó a la Mercedes Benz de trabajadores calificados.
El sábado 19 de noviembre, alumnos, ex alumnos, docentes y familiares fueron parte de la esperada primera muestra de fin de año luego de la pandemia. La preparación del evento se fue mezclando con el enojo y desgano de alumnos, docentes y padres que empezaban a sentir los ataques de la empresa y la fundación. “Cuando nos enteramos del arancelamiento, fue la gota que rebalsó el vaso”, cuenta Alberto Frank, docente y actualmente delegado. La empresa decidió que, a partir del 2023, los nuevos ingresantes deberían pagar un arancelamiento.
“Es una serie de recortes que fueron pasando a lo largo de los años y nosotros no nos dimos cuenta -reflexiona el docente-, el transporte, después el comedor de fábrica, después el acceso al ateneo que era el espacio para hacer actividades físicas, el uniforme” y también el hostigamiento a docentes para recortar horas de clase, “prácticamente obligándolos a que renuncien, siendo totalmente ilegal esa práctica”, aporta Franco, profesor de mecánica. Nos cuentan que con el sindicato SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) tuvieron varias instancias de mediación en el ministerio de Trabajo “y todavía no está resuelto”.
“Están tratando a los chicos como números. Nosotros nos dimos cuenta que vinieron a implementar una política de recorte y lo están haciendo”, cuenta indignada Carolina, madre de dos alumnos de la Fangio.
Docentes, familias y alumnos de la escuela se vienen organizando. Primero contando boca en boca, a través de grupos de whatsapp y pensando las mejores formas para no permitir el ajuste en la escuela. Durante el día de la muestra llevaron pecheras para visibilizar, en una jornada que ya había empezado con pasacalles en la entrada del barrio con una consigna clara: “La Fangio no se toca. Sus docentes tampoco”. Durante la muestra, también se generaron reuniones espontáneas donde los docentes contaron su visión a los familiares, que se seguían interiorizando de lo que viene pasando. Hasta el hijo de Juan Manuel Fangio se sumó a las cientos de firmas de la nota presentada.
En la previa a la muestra y ante los pedidos de explicación de las familias, los representantes legales de la escuela y de la Fundación Fangio convocaron a una reunión en la que planteaban que debían ingresar de a dos familias “por falta de lugar”. Finalmente, la reunión se terminó haciendo con todas las familias pero se negó cualquier problemática de recortes y el representante legal expresó que “no tenían que dar ninguna explicación ante estos cambios”.
“El acceso a la educación era libre para todos los alumnos de la comunidad educativa de Virrey del Pino, La Matanza y alrededores”, cuenta Carolina, haciendo referencia a que pasará a ser una escuela excluyente por el poder adquisitivo, una preocupación de varios familiares.
La contracara a los avances de la multinacional y la Fundación para arancelar la educación, son los lazos de solidaridad entre familiares, docentes y alumnos para resistir este avasallamiento y pelear por la educación gratuita y de calidad.
Docentes universitarios convocaron a dos jornadas de lucha
La primera fue el miércoles 23 y la próxima será el martes 29 de noviembre para exigir al gobierno nacional el adelantamiento de la paritaria de revisión salarial planteada para el mes de diciembre y un bono de fin de año. La decisión se tomó en el marco de un Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica.
“El plenario manifestó su rechazo a la exclusión del bono que fuera otorgado al personal no docente de las Universidades Nacionales. En ese sentido, sumó a su pliego de reivindicaciones la exigencia del bono para toda la docencia universitaria y preuniversitaria del país. Asimismo, seguimos reclamando la derogación del Impuesto a las Ganancias sobre el salario, la mejora de las jubilaciones y el refuerzo de emergencia para las Obras sociales universitarias. Las y los secretarios generales de las asociaciones de base de CONADUH analizaron el escenario adverso en el que se encuentra tanto la docencia universitaria y preuniversitaria como la clase trabajadora en su conjunto frente a la situación inflacionaria y el cumplimiento del programa económico del FMI. Además, volvieron a expresar la preocupación y malestar de lxs afiliadxs ante el agravamiento de las condiciones salariales debido al avance de la inflación”, expresaron desde Conadu Histórica.
Fuentes: elgritodelsur.com.ar, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, El Socialista.