Es generalizada la desinformación sobre la Ley nacional N° 27.610 y las consecuencias legales de su incumplimiento para los profesionales de la salud.
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Aunque la ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está vigente desde diciembre de 2020, la realidad cotidiana demuestra que ese derecho está muy a mitad de camino, o en todo caso que su implementación es dispar y depende esencialmente de la voluntad política.
Más allá de algunas miradas diferentes, en eso coincidieron Susana Martínez, de la comisión de Género del Colegio de Psicólogos de Tucumán; y María Julia Constant, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, de La Plata. Ambas fueron entrevistadas en el programa “De Ida y Vuelta, debates del campo popular”, la producción sonora del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). Aportó su voz, desde Radio Encuentro de Viedma, Cristina Cabral.
En mayo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, firmó la resolución que actualiza el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Fue a partir de una serie de situaciones que dejan en evidencia no sólo la falta de capacitación de profesionales, sino también múltiples situaciones de maltrato y violencia a la que han sido sometidas niñas y mujeres.
Es generalizada la desinformación sobre la Ley nacional N° 27.610 y las consecuencias legales de su incumplimiento para los profesionales de la salud.
Amnistía Internacional Argentina advirtió que aún “persisten” en el país “obstáculos para el efectivo acceso a la interrupción del embarazo en condiciones de calidad” en el sistema de salud privado y señaló que “más de la cuarta parte de los reclamos por barreras en el acceso a la IVE de personas con cobertura privada se resolvieron en el sistema público”, lo que agudiza el “colapso” del sector.
Salud Pública presente
Susana Martínez, de la comisión de Género del Colegio de Psicólogos de Tucumán, explica con una mirada positiva que en esa provincia “se implementa la ley de una manera interesante, el programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio provincial está involucrado; cualquier persona puede llamar en cualquier momento a una línea para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Hay una línea que atienda esa demanda y la deriva a un centro cercano al domicilio”, enumera.
Añade en ese sentido que “se ha buscado en el interior que haya efectores IVE, para que hagan la consejería y la prestación, la entrega del misoprostol, por lo menos en los hospitales más grandes. Hay una demanda importante de IVE y se ha encontrado ese modo de dar respuesta, incluyendo la capacitación de médicos y médicas. Las personas se sienten contenidas en esa línea y se explican los alcances de la ley”.
Insiste en que desde que se implementó la ley hubo capacitaciones y la idea es que sean permanentes: “Se ha ido capacitando de manera piramidal, al principio los directores de hospital, para que se conozca la ley y quedara claro que el Estado debía dar respuesta, no es cuestión de querer o no querer, sino una obligación. Lo más interesante es que no hay cuestionamientos a la ley”.
-¿Cuáles son las demandas no satisfechas?
-Obstáculos hay. Los que encontramos, por lo general, pasan por la falta de profesionales que quieran ser prestadores de la ley IVE, porque hay médicos que se amparan en la objeción de conciencia. Pero son pocos para una población como la de Tucumán. Otro obstáculo es que hay desinformación en relación a los alcances de la ley. Hay por ejemplo profesionales que les dicen a las personas que ya no puede acceder y está de 13 semanas, y sí se puede.
-¿El sistema público a veces se ve colapsado por la falta de prestaciones privadas?
-Vemos que las prestaciones privadas dilatan la incorporación en el Programa Médico Obligatorio. Las obras sociales a veces dan turnos a más de un mes, y entonces se busca en el sistema de salud, que da respuesta más rápida. Yo diría que entre el 80 y el 90 por ciento de las prestaciones IVE son del sistema público.
“Implementación dispar”
María Julia Constant, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, de La Plata, y de la organización “Las Azucenas”, tiene una mirada más crítica.
Dice: “En general, la implementación de la ley es muy dispar en todo el país. En la ciudad de La Plata hay cinco hospitales provinciales que ya garantizaban el aborto legal; ahora hay mucha mayor demanda. Sí hay muchas dificultades en el ámbito municipal, hay 47 centros de atención primaria en los barrios, pero solo se atiende en cinco y hay un solo ecógrafo. Esto se repite en muchos municipios”.
Interpreta que “hay una posición política, claramente, porque los recursos los distribuye el gobierno provincial. Faltan profesionales, eso pasa en muchos municipios. Pero en La Plata es una posición política anti-derechos. No les quedó otra que habilitar algunos centros porque hubo presiones, movilizaciones y hasta recursos judiciales”.
A su criterio, hubo algún paso adelante a partir de la ley: “Se avanzó en tener más tranquilidad en muchos lugares, se trabaja con más distensión con la práctica legal, pero eso en algunos lugares, también hay ejemplos en contrario. Hay mayor tranquilidad para el trabajo y se ha avanzado en la provisión de la medicación. Pero falta mucho: difusión, capacitación, dedicaciones exclusivas de profesionales y que pase lo mismo en todo el país”.
“También es dispar cómo llega la medicación a distintos centros, incluso hay sectores con la posición política de no aplicar la ley, ni siquiera retiran esa medicación”, remarca.
Ejemplifica: “Teniendo ya la ley, hubo dos muertes por abortos clandestinos en Santiago del Estero. Y se debe garantizar la información, el traslado, y no se hace. Las clínicas privadas derivan a los hospitales públicos”.
-¿Qué sectores son los que buscan impedir el ejercicio de ese derecho?
-Siempre los mismos sectores, de las distintas iglesias, algunos referentes políticos como el de Juntos por el Cambio que gobierna en La Plata, o Franja Morada en la Dirección de Bienestar Estudiantil. Son definiciones políticas, pero el Estado debe crear un organismo de control, lo dice la ley. Y la Campaña lo que reclama es más difusión de esa ley, con presupuesto acorde, porque no se puede pedir ejercer un derecho si se lo desconoce.
Fuente: https://agencia.farco.org.ar/destacada/la-ive-un-derecho-a-mitad-de-camino-debate-de-ida-y-vuelta/