Ecuador. Yasuní: Dejar el petróleo bajo tierra

Dejar el petróleo bajo tierra: Yasuní como ejemplo y como aprendizaje en transiciones postextractivistas

En Ecuador finalmente se votará si se debe mantener el petróleo bajo tierra en el ITT Yasuní. Esa iniciativa está repleta de contenidos que pueden ser analizados desde la ecología política.

Eduardo Gudynas

Cartas en Ecología Política No 7

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7 agosto 2023

En las próximas elecciones en Ecuador, además de elegir legisladores y presidente, tendrá lugar un acto aún más crucial. Se deberá votar si continúa o se evita la explotación petrolera en la región amazónica del Yasuní.

Están en juego múltiples asuntos propios de una ecología política de los extractivismos y de las transiciones para dejarlos atrás. Se propone un mecanismo democrático indiscutible para resolver esa disputa, como es el voto de todos los ciudadanos. Se potencia la información sobre los impactos de las actividades petroleras en el ambiente y en los pueblos indígenas amazónicos. Además, quedan al desnudo las maniobras y autoritarismos que los poderes políticos y empresariales emplearon en el pasado para evitar esta votación. Lo que está ocurriendo en Ecuador prefigura acciones similares que podrían seguirse en los países vecinos al organizar sus propias transiciones postextractivistas.

Atendiendo a esta importancia es apropiado compartir algunas reflexiones. Estamos ante una iniciativa muy conocida. Su propósito es mantener el petróleo bajo tierra sin ser explotado el área conocida como ITT-Yasuní; la abreviatura corresponde a los campos conocidos como Ishpingo, Tambococha y Tiputini (que conforman el bloque 43), los que se encuentran superpuestos en parte con el Parque Nacional y Reserva de Biósfera de Yasuní. Entre los múltiples asuntos que están en juego, en esta Carta apenas se considerarán algunos.

Prohibición, moratoria, permanencia

En el ámbito de las transiciones post-extractivistas (en el sentido en que son exploradas desde CLAES y otras organizaciones en la región; 1), tempranamente se manejó la idea de impedir o prohibir ciertos extractivismos a partir de consideraciones sociales y ambientales. Las primeras reflexiones estuvieron inspiradas en las formulaciones ecuatorianas, las que al menos desde el año 2000 planteaban un país postpetrolero (2), incluyendo lo que denominaron como una moratoria de la explotación petrolera.  

Actualmente, en el campo de las transiciones postextractivistas, desde un punto de vista conceptual, se parte de compromisos tales como proteger la biodiversidad y asegurar la calidad de vida de las personas, lo que en el caso amazónico se enfocaría en esos ambientes y en particular en las comunidades indígenas. Los distintos tipos de apropiación, como los extractivismos petroleros, son cotejados contra esas metas, y por lo tanto habrá algunos que pueden ser aceptables, otros en los que la viabilidad depende, por ejemplo, de la gestión o la escala, y finalmente, habrá emprendimientos inaceptables.

Siguiendo ese recorrido, la explotación petrolera en bosques tropicales es inaceptable. Lo es por sus impactos negativos y riesgos de accidentes, los que no pueden ser evitados, anulados, minimizados, remediados o compensados. Por lo tanto, un enclave petrolero sería incompatible con esas condiciones sociales y ambientales. Al mismo tiempo, desde las transiciones se entiende que esas exigencias son independientes de los beneficios económicos, sean directos (como por ejemplo el dinero por exportar crudo) o indirectos (tales como los asociados a la generación de empleo). Como ilustra este resumen, la meta primaria es la protección de la vida, humana y no-humana, y la prohibición es una consecuencia de ese compromiso, pero no un fin en sí mismo.

Estas ideas se corresponden perfectamente con la redacción de la pregunta a responderse en la votación que tendrá lugar en Ecuador. En efecto, el texto dice:

¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?

Los votantes deberán indicar el Sí o el No a la pregunta. Adviértase que no se utiliza un lenguaje anclado en la idea de la prohibición, sino que se consulta para mantener la situación ecológica actual donde el crudo está bajo tierra. Además, se refuerza el compromiso al sostenerse que la medida será indefinida, con lo cual se evita el riesgo de caer en medidas provisorias.

La experiencia amazónica con distintos enclaves de explotación petrolera fundamenta esta perspectiva. En el propio Ecuador se encuentran innumerables pruebas de contaminación de suelos y agua por derrames, desechos y accidentes de las actividades de la petrolera Texaco, objeto de un proceso judicial por años, que muestran que no existen modos ecológicamente o socialmente aceptables de explotación petrolera (3).

La determinación de las actividades inaceptables en el campo de las transiciones postextractivistas se efectúa considerando los “límites” de apropiación de recursos naturales. Estos pueden ser identificados según los ecosistemas y las actividades involucradas (como por ejemplo, la presencia de sustancias tóxicas o la deforestación) (4).

Dando un paso más, las prohibiciones pueden ser espaciales o sectoriales. En el caso de las prohibiciones espaciales se aplican a un sitio, zona o región ecológica, cuyas características ambientales y sociales implican que un extractivismo es inaceptable. El llamado a dejar el crudo bajo tierra en la región de Yasuní corresponde a esta situación (no se está reclamando prohibir la explotación petrolera en todo el país). Otro caso análogo son las demandas de excluir la minería en regiones de páramos de Colombia. Como puede verse, prevalece un abordaje ecoregional. La cobertura puede ser acotada (tal como oponerse a un enclave específico) o ampliada a una zona o incluso una región ecológica completa.

En las prohibiciones sectoriales se considera que una actividad extractiva no es aceptable en ninguna zona o ecoregión del país. En este caso, los impactos negativos sociales y ambientales no pueden ser revertidos o gestionados adecuadamente en ningún sitio. Un ejemplo es la minería de oro aluvial con mercurio, que por sus severas consecuencias debería prohibirse sea en las regiones andinas como amazónicas. Pueden argumentarse prohibiciones sectoriales, pongamos por caso para tipos específicos de minería, para el fracking en cualquier sitio, o para una agricultura de monocultivo basada en transgénicos y agrotóxicos.

Es importante advertir las posibles diferencias con el término “moratoria”, que es también empleado con mucha frecuencia en esta temática. Esta palabra, en sus significados originales como en su empleo en las políticas públicas o jurisprudencia, refiere a la suspensión de una deuda, de donde existiría por un lado un deudor y por el otro un acreedor. Ese sentido puede emplearse, pongamos por caso, en asumir que  el acreedor es la Naturaleza y que siguiendo el compromiso con sus derechos, se debería imponer una moratoria permanente sobre un extractivismo petrolero, o en algunos tipos de minería, una moratoria temporaria que permitiría la restauración ambiental de sitios dañados. Pero también existe el riesgo en que esa idea sea utilizada para reforzar un abordaje mercantilizado de la gestión, por ejemplo, encauzado en aumentar las compensaciones o indemnizaciones en dinero a cambio de permisos para la explotación petrolera. Estaríamos ante un caso por el cual la deuda implícita en el concepto de moratoria se pagaría con parte de los dineros extractivistas –una postura inaceptable para las transiciones postextractivistas.

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Prohibiciones y aceptaciones

Los reclamos para prohibir emprendimientos extractivos son muy frecuentes en América Latina. Incluyen las múltiples demandas de comunidades locales que rechazan enclaves en operación o el anuncio de nuevos proyectos. Por lo tanto, casi siempre expresan prohibiciones espaciales en sitios específicos. El caso de ITT-Yasuní se refiere a un gran bloque petrolero, donde se ubican varios campos y múltiples pozos en operación. Una situación análoga se puede indicar, por ejemplo, para las exigencias en impedir la explotación minera y petrolera en el Parque Nacional Madidi en Bolivia. También se cuentan reclamos de mayor escala geográfica, como los de evitar el fracking en Argentina o Colombia.

Más allá de los conflictos ante emprendimientos específicos, en las transiciones postextractivistas se pretenden modificaciones de mayor escala. Las propuestas no enfrentan un enclave extractivista específico sino que plantean opciones sectoriales y ecoregionales. La iniciativa ITT-Yasuní no contradice ese propósito, sino que lo complementa. La propia condición de transición hace que se deba comenzar por acciones acotadas como esta, la que serviría como ejemplo para dar los pasos siguientes. Esto hace que propuestas como esa permitan iniciar el recorrido de cambios, y a su vez, se ajusta a un futuro del Ecuador post-petrolero tal como se propuso hace más de dos décadas atrás.

En otros países también se contemplan o logran prohibiciones o limitaciones ante los extractivismos. Por ejemplo, recientemente en Brasil, el Instituto Brasilero de Medio Ambiente (IBAMA) decidió no otorgar la autorización para la exploración petrolera en la costa oceánica frente a la desembocadura del Río Amazonas (5). El actual gobierno Lula no tiene en marcha un programa de transiciones postpetroleras, pero esa medida es compatible con ese fin en un futuro cercano, y también sirve como ejemplo a seguir.

En cambio, otras iniciativas recientes aunque invocan dejar atrás la dependencia con los extractivismos petroleros, en sus formulaciones las medidas concretas apuntan en sentido opuesto. Por ejemplo, si bien en Colombia existen varias discusiones sobre transiciones en energía, a los clásicos actores que promueven explotar el petróleo se suman otros que tienen discursos ambientales pero defienden los extractivismos petroleros o bien el objetivo de sus transiciones es mantener esa explotación (6).

En cambio, el caso ecuatoriano es muy claro y preciso: su finalidad es evitar la explotación petrolera en la Amazonia. Si lo que se busca es dejar atrás los extractivismos petroleros, los instrumentos de acción deben operar acordes a ese sentido.

Un breve recorrido histórico

Lo que se está discutiendo en Ecuador también debe ser entendido en su marco histórico, y ello a su vez ofrece otras enseñanzas sobre la organización de una alternativa transicional. La explotación petrolera de escala se realizaba en el país desde mediados del siglo XX, y siguiendo los vaivenes de los precios internacionales, se diseminó en la Amazonia. Desde aquel inicio se denunciaban los impactos locales, especialmente la contaminación por derrames y la deforestación, la redelimitación de áreas protegidas, o las transformaciones que se imponen sobre los pueblos indígenas. Se evidenciaron impactos como los de Texaco Chevron, indicados arriba, y es así que se instaló el propósito de un Ecuador postpetrolero ya comentado.

Estas cuestiones recibieron un fuerte empuje por Alberto Acosta, primero como participante en organizaciones ciudadanas, y luego, entre 2007 y 2008 como ministro de energía y minas y presidente de la Asamblea Constituyente en el gobierno de Rafael Correa. En esas circunstancias, gracias a su generosidad me fue posible conocer y participar de algunas de aquellas discusiones.  Además de las consideraciones ambientales y las referidas a los pueblos indígenas, se sumaron aspectos económicos y comerciales. Muchos de esos aportes se encuentran en una revisión realizada junto a Acosta, Esperanza Martínez y J. Vogel en 2009 (7).

La primera administración Correa tomó la idea de evitar la explotación petrolera en el ITT Yasuní. Pero ese intento inmediatamente enfrentó resistencias y oposiciones que impidieron que fructificara. Se lanzaron las conocidas alarmas sobre los ingresos económicos que eventualmente se perderían por exportaciones de hidrocarburos y en el seno del gobierno se sumaron condicionamientos y trabas. En 2007, Correa sostuvo que mantendría el crudo en el subsuelo solo si la comunidad internacional compensaba financieramente al país con el equivalente de al menos la mitad de los ingresos previstos por exportar esos crudos.

Esa es una cuestión frecuente en los debates sobre transiciones, por la cual se asume que cualquier medida de conservación implica una “pérdida” económica por una renta que no se lograría en tanto no se explotaría la Naturaleza. Es evidente que esas consideraciones parten de concebir al ambiente apenas como una canasta de recursos naturales que están allí para ser extraídos, y que no hacerlo sería una tontería desde el punto de vista de la economía y del desarrollo.

Para enfrentar ese cuestionamiento se buscaron mecanismos de financiación; por ejemplo, la venta de “bonos” equivalentes a volúmenes de crudo dejados bajo el subsuelo. Esto además hacía la iniciativa más atractiva a contrapartes internacionales muy preocupadas con los gases invernadero y el cambio climático. Pero eso implicó que la protección del Yasuní pasó a ser contingente y dependiente de recolectar una compensación en dinero. Los límites y condiciones sociales y ecológicas pasaron a estar supeditados a fines económicos.

El gobierno llamaba “plan A” a esa recolección de dinero (estimada en ese momento en unos US$ 3 600 millones, por no extraer unos 902 millones barriles), y si fracasaba, se pasaría a lo que denominaba como “plan B”, permitiéndose el ingreso de las petroleras.

Finalmente, en 2013, Correa abandonó el “plan A” y se permitió la explotación en la zona. Esa decisión fue parte de un acelerado viraje del gobierno hacia los extractivismos (tanto en hidrocarburos como en minería). Paralelamente, la retórica y la gestión estatal intensificó críticas y hostilidad contra las organizaciones ciudadanas, especialmente ambientales e indígenas. Se insistía en un optimismo tecnológico, aduciendo que solamente una milésima parte del Parque Yasuní sería afectado por las petroleras. Esos dichos complementaban a la argumentación anterior; a los intereses económicos le agregaba la ilusión de resoluciones tecnológicas que evitarían los impactos ecológicos.

Es importante tener presente estos encadenamientos de ideas porque en su esencia se repiten hoy, pongamos por caso en Colombia, con aquellos que sostienen que los impactos de petroleras y mineras serían mínimos o gestionables, y que lo único relevante serían los dineros que aseguraría exportar esos recursos. Como es evidente esa argumentación es no sólo incorrecta sino escuálida. Téngase además presente que en 2011, en Ecuador, se presentó una evaluación multicriterial que consideraba las opciones de explotación como preservación, y la evidencia era claramente favorable a mantener el crudo en tierra (8).

También se cayó en otra contradicción sustantiva, ya que en 2008 se aprobó la nueva constitución ecuatoriana por la cual se reconocieron los derechos de la Naturaleza. Bajo ese marco constitucional, la explotación petrolera en la Amazonia se volvía prácticamente imposible ya que se estarían violando esos derechos (9).

A pesar la decisión del gobierno Correa, el empuje por preservar esa zona amazónica no retrocedió, y desde organizaciones ciudadanas se comenzaron a recolectar firmas para disparar un mecanismo constitucional por el cual se debería hacer una consulta popular. Se conformó el colectivo Yasunidos, que desempeñó un papel fundamental en obtener esas adhesiones (que debían ser al menos 583 mil). La campaña fue atacada por el gobierno y otros sectores de formas cada vez más intensas, incluyendo burlas, amenazas y hasta la criminalización de personas y organizaciones. En 2014 se presentaron un estimado de 750 mil firmas. Sin embargo, las autoridades electorales de ese momento desecharon unas 400 mil firmas aduciendo todo tipo de excusas. No se concedió la consulta ciudadana (10).

Los promotores de la consulta no se dieron por vencidos, y ya bajo otro gobierno, lograron en 2022 que el Consejo Nacional Electoral reconociera que habían cumplido con el número de firmas necesario, y meses más tarde, el 19 de mayo 2023, la Corte Constitucional dictaminó que era válida la solicitud de llevar adelante una consulta popular para mantener el crudo indefinidamente bajo tierra (11). La consulta que se realizará en agosto de 2023 es heredera directa de toda esta historia y esa pujanza ciudadana.

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En este relato, aunque esquemático, surgen otras enseñanzas. Las recientes decisiones de las autoridades electoral y constitucional, y diferentes investigaciones, desnudaron las artimañas y maniobras que el correismo realizó años atrás para evitar por todos los medios posibles una consulta popular (12). Quedó en evidencia que un gobierno a favor de los extractivismos está dispuesto a cercenar los mecanismos democráticos para continuar con la explotación de la Naturaleza, y que no sólo anula la participación e información ciudadana, sino que llega a criminalizar a líderes y organizaciones.

El contexto presente

La consulta ha servido para potenciar los debates sobre la necesaria preservación de la Amazonia  y sus poblaciones, y el papel que tiene en ello una prohibición de la explotación petrolera. En el actual debate ecuatoriano se repiten argumentos que insisten en vaticinar un cataclismo económico si se dejara de exportar ese petróleo. Pero esos dichos son cada vez más simplistas y al mismo tiempo la evidencia de los efectos negativos de la explotación petrolera son cada vez más irrebatibles (13).

A diferencia de años atrás, en este caso el correismo no disimula su apoyo a los extractivismos petroleros. Su candidata, Luisa González, se expresó a favor de la explotación petrolera, recurriendo al conocido argumento de las pérdidas económicas. En cambio, el candidato Yaku Pérez, quien padeció personalmente de la persecución bajo los gobiernos Correa, y que como abogado acompañó a muchos perseguidos, busca preservar el área. Su posición es clara y defiende votar “Si” para mantener el crudo en el suelo en Yasuní, lo que a su vez concuerda con sus conocidas críticas contra la minería y en defensa del agua (14).

Al momento de compartir este documento no es posible vaticinar si en la consulta popular triunfará la opción de mantener el crudo bajo tierra o si se continuará con su extracción. Más allá de eso, pueden adelantarse algunas conclusiones. La primera es que la perseverancia de las organizaciones ciudadanas, en especial Yasunidos, alcanzaron esta una enorme victoria por la cual la ciudadanía finalmente podría decidir. Pese a todos los obstáculos y después de batallar por años, se logró el llamado a la consulta popular.

La segunda es que, tanto la iniciativa como los debates frente a ella, vitaliza las reflexiones y análisis sobre las transiciones postextractivistas. Se habilita imaginar esa posibilidad en acciones concretas y en consultar a toda la ciudadanía. Al mismo tiempo, se obliga a aquellos actores políticos que defienden los extractivismos, a dejar en claro que sus discursos en defensa de la Naturaleza son apenas poses publicitarias y prevalecen sus intereses económicos.

El tercero, es que es un ejemplo de la utilización de mecanismos democráticos. Se complementa con la necesidad de abordar la comunicación e información ciudadana para llegar a todos, incluso los más escépticos. Las transiciones postextractivistas sólo son posibles desde una radicalización de la democracia.

En cuarto lugar, estamos ante un esfuerzo que debe ser observado con atención desde los países vecinos. Es especialmente relevante, pongamos por caso, para Chile ante el debate que está en marcha sobre la minería de litio, o en Colombia, considerando la resistencia a la minería de carbón. En cualquiera de esos países se deberían encaminar procesos de “yasunizar”, sea por mantener los recursos en tierra como por consultas verdaderamente democráticas. Finalmente, todo este proceso es un recordatorio de la necesidad de observar, recuperar y analizar las experiencias propias de América Latina.

fuente: https://ecologiapolitica.substack.com/p/carta07yasuni

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