Los movimientos sociales, políticos, sindicales y de derechos humanos, entre otros, rechazaron los anuncios de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre el “protocolo para el mantenimiento del orden público” que pretende reprimir la protesta social y encarcelar a quienes se manifiesten en contra del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.
Desde el Polo Obrero rechazaron el protocolo contras las protestas en la vía pública y señalaron que Bullrich está “amenazando a aquellos que van a protestar porque no van a aceptar tener una navidad sin un plato de comida”, expresó el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
“Estamos frente a un ataque en regla, un ajuste brutal y que además es amenazado con la represión”, insistió Belliboni, quien además remarcó que estas medidas promete “frenar la bronca popular que se está generando, y eso se va a expresar en las calles”.
Por su lado, Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) recalcó que la protesta social es un derecho y que protocolo anunciado por la ministra es “represivo y no resuelve ningún conflicto social ni gremial, sino que apunta a la estigmatización de la protesta social, que es un derecho constitucional”.
“La protesta social es un derecho y no daremos ni un paso atrás”, remarcó.
Además, criticó la parte del protocolo que persigue a las familias que participen de las movilizaciones con niñeces e infancias. “Se anuncian penas contra familias hambreadas y niñeces que no tienen garantizado los derechos básicos como el techo y la comida. Patricia Bullrich pretende profundizar su proyecto personal represivo y de criminalización de los movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos que se oponen al brutal ajuste que este gobierno comenzó a ejecutar en su primera semana”.
Sánchez señaló que las organizaciones sociales que persigue la ministra de Seguridad “son las mismas que estamos donde el Estado no quiere llegar” porque organizan ollas populares y organizan la vida social en esas comunidades.
“Si quieren que el ajuste lo pague la casta que dediquen mayor tiempo a la legislación y decretos a impedir la fuga de capitales y la estatización de deudas privadas. Que los esfuerzos estén dedicados a perseguir a quienes desde sus lugares de poder y privilegio atentan contra el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y sobre todo al sector de la economía popular”, aseveró.
El legislador porteño del Polo Obrero, Gabriel Solano, dijo que el 20 de diciembre por un nuevo aniversario por la represión del 2001, habrá marchas en todo el país que Bullrich no puede impedir porque caería en una ilegalidad. “Va a haber marchas en las 24 provincias de la Argentina y eso si Patricia Bullrich lo quiere prohibir no tiene la facultad legal para hacerlo. Si pretende hacerlo de todos modos, se va a colocar en la ilegalidad”.
“En la Argentina existe el derecho constitucional a manifestarse. Nosotros reafirmamos acá el derecho que existe a peticionar, a manifestarse, que es el derecho de un pueblo a defenderse frente a semejante agresión”, expresó.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudió las medidas anunciadas por Bullrich y adelantó que pedirá la derogación por vía judicial del protocolo antipiquete.
El organismo indicó que “la norma contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico y abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de implementarlo reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras”.
“La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos rechaza la deplorable decisión gubernamental, anuncia que postulará su derogación por vía judicial y reafirma su compromiso en defensa de las libertades y los derechos fundamentales que la norma pretende cercenar”, consideró.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó en un comunicado que el protocolo “va a impedir con represión la protesta social”.
“Bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales”, añadió la organización.
Bullrich anunció que va a impedir con represión la protesta social.
Lo hizo en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales. Bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales.
👇🧵— CELS (@CELS_Argentina) December 14, 2023