Desde la muerte de Juan Domingo Perón , el encarcelamiento de Isabel Martínez y su posterior exilio, el caso Cristina Kirchner es único, no tanto por el Lawfare (otros dirigentes también padecieron). Se trata ya de acciones físicas materializadas en hostigamientos, agresiones e intento de asesinato, que pusieron en riesgo no solo la integridad física de Cristina sino su vida. No es “sacando del medio de la discusión interna a Cristina” como se resuelve esta etapa compleja. Por el contrario, la solución comienza ubicando su liderazgo en el centro de este debate, centralidad que, por otra parte, le asignó un segmento notablemente extenso de esta compleja sociedad.
Por Artemio López.
En abril de 2016, a 4 meses de asumido el gobierno de MM, Cristina tiene que ir a declarar a Comodoro Py en el marco de las causas que le armaron con el Lawfare. Ese día hubo una multitud de decenas de miles de personas en solidaridad con ella.
Un año después, en abril de 2017, padeció, durante varias horas de la noche, la agresión e intento de invasión de la Residencia de la gobernadora de Santa Cruz, donde ambas se encontraban junto con el nieto de Cristina que era un bebé, por parte de una turba soliviantada por medios de comunicación y servicios de inteligencia. Tuvieron que poner barricadas en la puerta de la residencia para evitar que tiren la puerta abajo.
En agosto del 2018, el juez ahora fallecido C. Bonadío ordenó el allanamiento de su depto. en Recoleta (entre otras propiedades), impidiendo que haya presencia del defensor de parte. El personal que hizo el allanamiento destruyó el depto., llenándolo de agujeros con taladro, desprendiendo artefactos, revestimientos, etc., etc. Lo dejaron un desastre.
En marzo/22, un grupo de personas arrojó piedras hacia la ventana del despacho de Cristina en el Congreso, rompiendo ventanas y objetos en el interior de la oficina. Luego vinieron la condena en la “causa de la obra pública” y el intento de asesinato que falló.
Lo que soportó y aguantó Cristina durante 8 años, estando en el llano (10/12/2015 a 9/12/2017) o desempeñando cargos institucionales (senadora 2017-2019 y vicepresidenta 2019-2023), no tiene precedentes por la particularidad de que no se tuvo que exiliar y no le pudieron impedir el desempeño de cargos públicos, por lo menos hasta la sentencia en la causa de la obra pública (que sí la inhabilita, lo que no se encuentra firme judicialmente).