Los retos del zapatismo hoy: cárteles, gobierno y militarización
En el tercer artículo de la serie de “30 años del levantamiento del EZLN”, se hace un recuento de la extraordinaria presencia de las fuerzas de seguridad en Chiapas, en comparación con otros Estados de México, y de cómo la narcoviolencia se hizo presente en este Estado del sureste mexicano.
Las celebraciones del 30 aniversario del alzamiento zapatista, entre el 30 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024, muestran al mundo que el proyecto rebelde indígena sigue vivo y más que vigente. Sin embargo, los mismos zapatistas advertían que las celebraciones no se daban en un momento cualquiera y al tiempo que invitaban a participar, “desalentaban”, e informaban de la situación alarmante que venía gestándose desde hace tiempo en el Estado. “Chiapas, al borde de una guerra civil”, así tituló el EZLN lo que se estaba viviendo en el estado el 19 de septiembre de 2021. No estaban mintiendo, porque lo que hoy se vive en el Estado fronterizo es eso, el inicio de una guerra que involucra a diferentes actores de la sociedad civil, fuerzas armadas y de seguridad del Estado, supuestos grupos de autodefensas, así como dos cárteles de la delincuencia organizada con cuando menos tres escisiones de ellos.
¿Qué es lo que veían los zapatistas? ¿Qué los obligó a publicar un comunicado tan duro que hoy se ha hecho realidad? Principalmente cuatro cosas: la presencia permanente de paramilitares, como la ORCAO; la militarización creciente durante el sexenio actual, con cerca de 25.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y policías estatales y municipales, distribuidos en los 124 municipios; la aparición de un cártel nuevo en la zona, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que le disputaba el Estado al cártel que siempre había tenido presencia en Chiapas, el Cártel de Sinaloa; y la creciente ola de migrantes que cruzaban por la Frontera Sur buscando llegar a Estados Unidos y que les representaban “ganancias fáciles” a los grupos criminales. Un caldo de cultivo perfecto para que en el estado estallara la violencia.
Sobre la presencia paramilitar acosando a los zapatistas se ha hablado desde los años noventa y también de la inacción de las autoridades, su complacencia y su financiación. Sin embargo, pese a tratarse de un peligro permanente, el EZLN había logrado lidiar con ellos y contener sus embates. A lo largo de estas tres décadas han comunicado sobre sus ataques y han exigido al gobierno que cesen las agresiones, que incluso han llegado al asesinato de varios compañeros. La militarización en Chiapas tiene también décadas, pero nunca se había observado tanto como ahora. Para finales de 2023 había en Chiapas 24 cuarteles de la Guardia Nacional, agrupados en cuatro zonas militares.
Según la información oficial, de los 25.000 elementos de seguridad que tienen presencia permanente en el estado chiapaneco, 12.000 son efectivos militares. Son muchos más que los que hay en otros Estados con mayor extensión territorial como Durango (4.000), Sonora (6.000) o Chihuahua (7.000), así que parece ser que la causa de tal despliegue no se explica por el tamaño del Estado. Tampoco lo explica la cantidad de habitantes que hay en Chiapas (5,5 millones), si lo comparamos con Estados como Guanajuato (6, 6 millones y 6.600 elementos), Michoacán (4, 700 millones y 6.500 elementos) o la Ciudad de México (9, 13 millones y 200 elementos). Y mucho menos la incidencia delictiva, donde Chiapas ocupa el penúltimo lugar con una tasa de 17,9 por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 133,9 por 100.000 habitantes, y hay estados como Colima con menos de 800.000 habitantes y una tasa de 263,9 delitos por cada 100.000 habitantes. Entonces ¿qué explica que el gobierno haya militarizado a ese nivel el estado de Chiapas? Entre otras razones, por su megaproyecto estrella, el tren mal llamado “maya”, que cruza por varios territorios zapatistas y al que ellos se han opuesto desde su anuncio.
Cuando la narcoviolencia alcanzó Chiapas
López Obrador ha acusado al EZLN de ser un grupo “conservador”, “con ropajes de izquierda, dizque muy radical” y ha insinuado que “sus líderes” lucran con la pobreza de la gente. Suponemos que para evitar que protestaran o impidieran la imposición de sus proyectos, el actual presidente mexicano decidió encerrarlos, vigilarlos y contenerlos militarmente en lo que termina de construir su megaproyecto.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado la constante presencia de militares en las comunidades zapatistas, incluidos recorridos terrestres y vuelos rasantes. El presidente ha descalificado estas denuncias y ha dicho que tales recorridos no existen y que si los hay es para brindarle seguridad a la gente.
Por otro lado, hay que tener claro que la presencia de cárteles en el país es añeja y que Chiapas no ha estado exento de esto. Se sabe que desde los años noventa hay presencia de grupos de la delincuencia organizada que controlan el ingreso de drogas provenientes de Centro y Sudamérica. El cártel de Sinaloa era hasta hace tres años el único con presencia clara en el Estado; la facción controlada por Ismael ‘El Mayo’ Zambada, construía pistas clandestinas en las que aterrizaban avionetas cargadas de drogas y vigilaba el tránsito seguro de estas hasta que desde el sur partieran para el norte del país. Y como sucede en todo México, mientras sea un solo cártel el que controle el territorio, muy pocas veces habrá sucesos de violencia como los que sí ocurren cuando otro cártel intenta arrebatárselo. Eso pasó en Chiapas en los últimos tres años.
Ismael Zambada García tenía a un hombre “de confianza” en la zona desde mucho tiempo atrás. Su nombre era Gilberto Rivera Amarillas, alias ‘El Tío Gil’, que fue detenido en Guatemala en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017 donde era reclamado por la Corte de Distrito Este de Columbia. Desde que ‘El Tío Gil’ llegó a Chiapas, se hablaba de su estrecha relación con quien desde 2012 y hasta 2018 ocupó el cargo de Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, durante los gobiernos de Juan Sabines, del PRD, y Manuel Velasco, del Partido Verde. En el año 2018, Rivera Amarillas fue candidato a diputado federal por el distrito VII de Chiapas por la alianza del PRI con el PVEM. “El Tío Gil” murió en 2017 a causa de una enfermedad terminal en una cárcel de Estados Unidos y lo relevó en Chiapas su hijo, Ramón Gilberto Rivera, alias ‘El Junior’, pero fue asesinado en 2021.
Tras su muerte apareció un nuevo personaje en la zona, Jesús Esteban Machado Meza, lo apodan ‘El Güero Pulseras’. Se sabe que nació en Culiacán, Sinaloa, y que fue enviado por ‘El Mayo Zambada’ para sustituir a Gilberto Rivera. Sin embargo, ya para 2021 se sabía que el CJNG había iniciado su incursión a Chiapas, así que al llegar ‘El Güero Pulseras’ al Estado encontró en otro personaje cercano a ‘El Mayo’, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias ‘El Señor de los Caballos’, no a un aliado, sino a un rival, porque que quería ocupar el lugar de ‘El Junior’. Cuando Valdovinos Mendoza supo que no sería él el encargado de la zona, traicionó a Zambada García y se alió, junto con su gente, con el cártel Jalisco Nueva Generación. El escenario estaba listo para que empezara la guerra.
Pero no es tan sólo el trasiego de drogas —cocaína y precursores químicos para metanfetaminas y fentanilo— lo que está en disputa. Desde hace unos 10 años, agravada por la pobreza y la violencia que se vive en prácticamente todos los países de Centro y Sudamérica, la migración ha crecido de forma exponencial. Aquellas enormes caravanas de hace unos ocho o nueve años con gente de Honduras, Guatemala o El Salvador, llamaron la atención de las organizaciones criminales. Representaban decenas de miles de millones de dólares para ellos, si lograban controlar su flujo y se apoderaban del negocio del tráfico de personas. Así, los cárteles, además de controlar la ruta del trasiego de drogas, empezaron a controlar la ruta del paso de migrantes a quienes extorsionan, secuestran o asesinan si no pueden pagar o se niegan a hacerlo.
El cártel de Sinaloa se convirtió en traficante de personas e instauró una ruta que va desde Chiapas a Tijuana, Baja California, pasando por los Estados del Pacífico, principalmente. Por su parte, el cártel Jalisco Nueva Generación se hizo de la ruta que va desde Chiapas a Tamaulipas, pasando por los Estados del Golfo de México. Las disputas por adueñarse de los destinos de los migrantes son constantes. La organización defensora de migrantes “1800 migrante”, con sede en Nueva York, ha reportado incontables secuestros multitudinarios de ecuatorianos, guatemaltecos o venezolanos. Los migrantes son secuestrados, llevados a casas de seguridad y desde estos lugares si traen dinero para pagar los llevan a la frontera, sino llaman a sus familiares en Estados Unidos o en sus países de origen exigiéndoles el pago de su rescate. Se habla de que piden a cada migrante entre 5.000 y 10.000 dólares. Y todo esto ocurre en un Estado completamente militarizado donde la presencia de los criminales no se podría explicar sin la colusión de todas las autoridades y obviamente de los elementos castrenses.
Comunidades indefensas ante connivencia entre fuerzas de seguridad y cárteles
A mediados de enero de 2024 circularon en las redes sociales una serie de vídeos donde se observaban a grupos de pobladores enfrentándose a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que pretendían ingresar a las comunidades del municipio de Chicomuselo. Durante los primeros días de ese mes hubo una serie de enfrentamientos entre criminales del CJNG y el cártel de Sinaloa. Los pobladores habían pedido ayuda al gobierno, pero esta no llegó, sino hasta ese día. Los pobladores ya habían decidido no permitir que los militares ingresaran a su municipio, por desoír su súplicas de ayuda publicadas en varios comunicados, pero también porque acusaban a las fuerzas de seguridad de estar coludidas con los cárteles. La gente asegura que hay militares que colaboran con el cártel de Sinaloa y otros lo hacen con el CJNG. En un comunicado firmado por la Sociedad Civil del Pueblo de Chicomuselo, los habitantes exigían al gobierno que retiraran a los elementos de las fuerzas de seguridad, porque su ingreso provocaba enfrentamientos en sus pueblos, entre militares que colaboraban con algún grupo del crimen organizado y los enemigos de estos. Los elementos militares, por su parte, acusaban a los ciudadanos de no permitirles el ingreso a sus pueblos porque estaban protegiendo a los cárteles. Y ante todo esto, el gobierno de López Obrador insiste en que se está atendiendo la problemática y no pocas veces asegurando que “se exagera”.
En uno de los comunicados más recientes, en el que informaban sobre la reestructuración Zapatista, el subcomandante Moisés dejaba clara la respuesta de las comunidades: “Se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares. Nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros”. Militarmente se desconoce la capacidad actual del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero sí se conoce su poderosa organización social que poco a poco fue ganando más territorios a lo largo de los años, porque han encontrado soluciones a problemas añejos que ningún gobierno o partido político ha podido o querido resolver.
La idea que implementarán sobre la nueva forma de poseer la tierra puede ser clave ante las organizaciones criminales que los amenazan. Tengamos en cuenta que los cárteles tienen por meta apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible; ellos llaman a estos lugares “la plaza”. La estructura actual del EZLN impediría que puedan quedarse con esos territorios, porque las organizaciones criminales para apoderarse de un rancho o una propiedad, lo que hacen es amenazar y hasta quitarle la vida a los dueños. La propuesta del EZLN les impediría lograr esto, porque los territorios, los ejidos, dejarían de tener propietarios y serían propiedad de lo que ellos llaman “el común”, es decir de todo aquél que esté dispuesto a trabajar esa tierra, cosecharla y repartir las ganancias entre todos. ¿A qué dueño o dueños podrían intimidar los cárteles? ¿A todo un pueblo? ¿A toda una comunidad? Esto también da revés a uno de los grandes problemas comunitarios que fueron el origen conflictos entre comunidades, la posesión de la tierra.
En su discurso durante la celebración del 30 aniversario del levantamiento zapatista, el subcomandante Moisés nos deja también claro que pase lo que pase, ellos seguirán adelante con su lucha anticapitalista, ahora con el ingrediente de la más brutal de las manifestaciones del capitalismo, el narcotráfico: “No podemos humanizar el capitalismo y nadie nos va a decir cómo somos nosotros los pueblos (…) Nosotros vamos a seguir ese camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen nos vamos a defender. Por eso, los hemos hecho un lado a lo largo de 30 años”.
fuente: https://www.elsaltodiario.com/ezln/retos-del-zapatismo-hoy-carteles-gobierno-militarizacion
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