Juan Carlos Zambrana Marchetti
El centro del continente Suramericano se incendia cada año de Agosto a Octubre, contaminando con humo el aire de grandes regiones en Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y Paraguay. Lo sorprendente es que, por lo menos en Bolivia, no se trata de fenómenos naturales ni accidentes sino de un crimen descarado que permanece impune.
La palabra crimen, no es una exageración porque los incendios son de origen antropogénico, lo que significa que son causados por el hombre, y su forma de vida. ¿Cuál sería, entonces, la costumbre que normalizó al incendio forestal como parte de la forma de vida de los bolivianos? Resulta que los incendios son provocados anualmente durante la época seca, por consecuencia de la quema indiscriminada para la regeneración de pastizales, y la limpieza de bosques para expandir la frontera agrícola. La motivación para quemar, por lo tanto, es económica, ya que la renovación de pastizales beneficia a la poderosa industria ganadera, y la expansión de la frontera agrícola, a la millonaria industria agrícola nacional e internacional, y también a los colonos o campesinos. El mayor problema es que todos esos sectores tienen mucho poder político, razón por la cual las leyes son tan ambiguas y permisivas, que se las conoce como “leyes incendiarias”, porque aparentan ser protectoras del medio ambiente, pero son tan perforadas que abren mecanismos para la autorización de las quemas “legales”, y para la conversión de bosques protegidos en zonas de monocultivos. Las sanciones para los incendiarios capturados infraganti son tan ridículas, como la conmutación de la pena de cárcel por la de “reforestar” con cien plantines. Toda esa corrupción judicial, política y legislativa se esconde tras la cortina de humo más usada en Bolivia, la guerra interna entre Cambas y Collas, (blancos ricos ganaderos e industriales del oriente boliviano vs. campesinos pobres relocalizados desde el altiplano). La población sufre las consecuencias y se enfurece, pero en cuanto la prensa difunde que los dos bandos involucrados se culpan entre sí por los incendios, se silencia la reacción popular antes de que explote, una vez más, la guerra de identidades “nacionales”. Ese es un tema tabú y explosivo en Bolivia, ya que el reconocimiento que, en lo cultural y político, le dio el Estado Plurinacional de Bolivia a los indígenas, a nombre de los cuales el “Colla” llegó al poder, hizo sentirse excluidos de la bolivianidad, a los “Cambas” blancos, y ricos, que son dueños eternos del poder económico, político y cultural en Santa Cruz. Eso los empujó a consolidar su propia identidad de nación, al margen de Bolivia, y políticamente contrarrevolucionaria. Evo Morales, en ejercicio del poder, aceleró la marcha de los Collas a las tierras fértiles de Santa Cruz, pero esa convivencia incomoda entre Cambas y Collas en tierras ricas de Santa Cruz, incluyó disputas territoriales por la posesión de la tierra, avasallamientos y despojos. Además, empujones, atropellos, abusos, y quejas de ambos lados. Todos eso genera sentimientos muy fuertes que quedan siempre disponibles para quien quiera manipularlos y exacerbarlos hasta producir derrocamientos de gobiernos. Eso hizo el “Camba” Luis Fernando Camacho en el año 2019 para derrocar al “Colla” Evo Morales. Ahora Camacho está en la cárcel, el camachismo derrotado, y los disidentes de ambos bandos en el poder. Arce en La Paz, y Aguilera en Santa Cruz. Todo esto es pertinente, y necesario tener en cuenta, porque es el entorno político, económico y cultural en el cual se desatan los incendios forestales en el oriente boliviano.
El meollo del problema es que el chaqueo (quema controlada) fue legalizado porque desde siempre fue utilizado en la agricultura comunitaria, como la única forma que tiene el campesino para limpiar el terreno para la siembra. Eso era aceptable, en el pasado, porque se trataba de una actividad agrícola de subsistencia. La familia o pequeña comunidad chaqueaba en forma controlada predios pequeños, limpiando primero el entorno para evitar la propagación del fuego. Lo que sucede ahora, como efecto secundario de la inclusión, es que aumentaron las aspiraciones del campesino y eso lo empujó a acoplarse a la actividad agrícola comercial. El problema es que lo hizo sin tener el apoyo económico para la mecanización, por lo cual continúa “chaqueando” como antes, pero en predios más grandes, en los cuales es muy difícil hacer una quema controlada. Las estadísticas muestran, sin embargo, que es bajo el porcentaje de incendios forestales iniciados en estas zonas campesinas. Los incendios más extensos se han originado en los pastizales, donde a los poderosos ganaderos, queman para renovar parte de sus pastizales, y el viento se encarga de secar el fuego de control. Otra gran parte de los incendios forestales favorece a los poderosos agroindustriales, porque expande, de hecho, y por la fuerza, la frontera agrícola que ese sector tanto ambiciona. Todos esos sectores están involucrados, el gobierno es siempre cómplice, y la consecuencia de este crimen impune es que varios millones de hectáreas son incendiadas cada año, matando toda biodiversidad y contaminado el aire que respiran hombres, mujeres, niños y animales en cinco países.
Los intereses de esos sectores influencian sus demandas políticas. La Derecha de los Cambas ganaderos y agroindustriales, por ejemplo, exige la expansión de la frontera agrícola en pro de la prosperidad y competitividad. La Izquierda de los Collas, por su lado, exige tierras fértiles, y sus gobiernos como el de Morales, extienden la frontera agrícola para dotárselas bajo la bandera de la inclusión y la igualdad de derechos y oportunidades. Según el presidente Arce, convertido ahora en el peor enemigo de Morales, fue justamente el expresidente quien sancionó las nueve leyes incendiarias, de las cuales él, (Arce) ahora pretende abrogar dos, además de posicionarse como salvador del conflicto al subir las sanciones para incendiarios, pero por simple Decreto.
La verdad es que, estando el gobierno tan involucrado, y tan presionado por esos tres poderosos sectores, la solución solo puede surgir del pueblo. Es la sociedad civil quien tendría que organizar poderosas acciones ciudadanas en defensa de la vida, para exigirle al gobierno una solución real y honesta. Esa presión sería bien recibida por los legisladores y el poder ejecutivo, porque los libraría de la responsabilidad política frente a los tres antes mencionados grupos de poder. Con la Izquierda y la Derecha fragmentadas, se abre paso a un rayito de luz para la racionalidad. A ninguna de las facciones le conviene ser identificada con el problema, a todos les convendría ser parte de la solución, y los bloques más radicales no tienen ya tanto poder como para resistir. Todos querrían hacerlo, incluso Arce ya se adelantó, pero el problema es la pésima calidad de las leyes bolivianas, siempre ampulosas, ambiguas, con perforaciones, con mucha pose, y poco contenido.
Es la hora crucial del pueblo Boliviano, para movilizarse al unísono en defensa de la vida y de la tierra para exigir una ley corta, limpia, y clara. Una ley que abrogue todas las leyes incendiarias, que penalice el aprovechamiento del incendio forestal y que establezca un mecanismo real para comprobar el delito. Esa ley debiera penalizar claramente el aprovechamiento posterior de las tierras incendiadas. Todos sabemos que los beneficiados con los incendios forestales del año 2023 son los que están usufructuando de esas tierras ahora, durante el año 2024, y que los incendios del 2024 beneficiarán a gente que se hará visible a partir del año nuevo 2025, cuando la tierra vuelva a reverdecer, ya sea con renovados pastizales o nuevos sembradíos.
En primer lugar, la nueva ley de protección de la vida y la tierra tendría que declarar intangibles, por un periodo de veda de 10 años, todas las tierras que sean afectadas por incendios forestales, no pudiendo ser utilizadas durante ese periodo para actividad productiva alguna, especialmente agrícola, agroindustrial y/o ganadera, para que la tierra pueda recuperar sus niveles normales de retención de agua, y contenido de carbono y nitrógeno en sus capas superficiales.
En segundo lugar, se tendría que modificar el código penal para introducir el delito de “violación de tierras intangibles por veda ambiental”, y penalizarlo con 5 años de cárcel sin derecho a recurso alguno de libertad.
Como tercer punto, esta ley tendría que hacer realidad lo que, en Bolivia, parece utópico y risible: blindarse contra la corrupción. Tratándose de un daño tan voraz como los incendios forestales, la Ley tendría que establecer tiempos procesales rígidos, cortos, e inexcusables, y extender la penalización de 5 años de cárcel, sin derecho a recurso alguno de libertad, a toda autoridad política, judicial o administrativa que dilate, obstaculice o impida el inmediato cumplimiento de la ley mencionada, o que emita fallo o normativa tendiente a vulnerar los efectos de la ley. Asimismo, la sanción sería aplicable a las autoridades que otorguen dotaciones de tierras, autorizaciones, titulaciones o concesiones en las zonas afectadas.