Luchas de trabajadores estatales, de la salud y universitarios
Mario Hernandez
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) continúa su plan de lucha este jueves 7 de noviembre con una serie de protestas en todo el país, que incluirán paros, asambleas, radios abiertas y cortes de rutas. Se suma la Intergremial de Jujuy que agrupa a docentes, judiciales y municipales. En Santa Fe vuelven a parar los judiciales. Reclamos en los hospitales Garrahan y Posadas. En AA suspenden paritarias. Paro informático en AFIP y Aduana
“La última paritaria fue escandalosa. Un acuerdo que se celebró a escondidas, fuera de todos los ámbitos institucionales mediante el cual se aplicó una rebaja salarial sin precedentes en el sector público. Tenemos que seguir multiplicando las protestas y preparar una nueva medida de fuerza general”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este sentido, el dirigente llamó a “un nuevo paro para terminar con esta farsa de negociación salarial” y poder recuperar “los deteriorados ingresos en la Administración Pública”.
“Aunque el Gobierno hable de la baja de la inflación o de una estabilización de los índices macroeconómicos, eso no se traduce en una mejora de los ingresos. La estructura de gastos mensuales que tienen las familias sigue en aumento (…). El incremento de los combustibles, las tarifas de servicios y los alquileres tienen un efecto acumulativo y cada vez comprenden un porcentaje más alto de los sueldos de los empleados públicos”, agregó Aguiar.
El sindicato reclamará contra el aumento otorgado por el Gobierno nacional del 2% para el mes de noviembre, 1% en diciembre y un bono de 30.000 pesos por única vez, a pesar de que la inflación proyectada para el último bimestre del año es de -al menos- el doble.
Desde ATE advierten que la pérdida del poder adquisitivo en el Sector Público Nacional supera el 34% en lo que va del año y, ante esta última paritaria, la misma podría escalar al 50% para fines del 2024.
Reclaman además por el cese de los despidos en el Estado y la inmediata reincorporación de todos los ilegítimamente cesanteados, como así también el rechazo a las privatizaciones de las empresas estatales y al vaciamiento de organismos.
ATE: la paritaria del terror
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su profundo repudio ante la oferta del gobierno nacional en el marco de una nueva paritaria en la Administración Pública Nacional. El ofrecimiento fue de un 2% para noviembre y un 1% para diciembre, y un bono por única vez de $30.000 no remunerativo.
“Esta paritaria fue un nuevo capítulo en la historia de terror que viven los estatales desde el 10 de diciembre”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“El bono no alcanza ni para cargar medio tanque de nafta, y se necesitarían cuatro bonos de estos para pagar una sola boleta de luz. Además, el incremento salarial tiene nulo impacto en el bolsillo de los trabajadores. El Gobierno ha decidido pasar por la trituradora los salarios del Sector Público”, denunció el dirigente estatal.
En este marco, Aguiar señaló que “hoy los sueldos en la Administración Pública están lejos de cubrir las prestaciones mínimas que están garantizadas por la ley. El empobrecimiento de toda la planta estatal ha sido abrupto. En tan solo 11 meses, el poder adquisitivo ha sido pulverizado”.
“En este momento, ¿Quién podría avalar un 1% de aumento o un mísero bono por única vez? Seguramente alguien que no siente en carne propia las necesidades de los trabajadores. Sólo podría acordar una recomposición de esta naturaleza alguien que ya no vive ni piensa como los trabajadores”, aseguró el dirigente.
“Esta última negociación del año acelera la conflictividad en el Estado. En Navidad y Año Nuevo todo aumenta y estos números estarán aún más desfasados”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.
De esta forma, el 2024 para los estatales cerrará con un aumento salarial del 73%, mientras que la inflación acumulada en lo que va del año ya supera el 101,6% a falta de tres meses por computar.
De mantenerse la tendencia inflacionaria, a fin de año la pérdida del poder adquisitivo en el sector público alcanzaría el 50%.
Cabe mencionar que el otro gremio signatario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 (UPCN) aceptó la oferta del Gobierno.
ATE marchó al Ministerio de Desregulación y finalizó el paro de 36 horas
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) marchó de manera masiva en la Ciudad de Buenos Aires hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para repudiar el ajuste y los despidos del gobierno y exigir mejoras salariales.
La huelga de 36 horas concluyó y el viernes 30 de octubre coparon las calles porteñas a pesar del protocolo anti piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La columna avanzó a pesar de que en la zona del Obelisco la policía intentó impedir el paso de los trabajadores.
En el acto realizado frente al ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que dirige Federico Sturzenegger hubo fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y particularmente al titular de esa área.
“Federico, sos oscuro. No das la cara, te gusta andar en las sombras. Te conocemos bien, Federico. Desde el año 90 que ocupas cargos en el Estado. Sos casta pura”, le recordó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, durante el acto.
“Nosotros queremos manifestar que vos fuiste el que favoreciste el retorno del FMI, el mega endeudamiento, la fuga de divisas. Ya conocemos todos tus experimentos, que es el desguace del Estado y el remate del patrimonio estatal”, agregó.
“A una semana que nos intimaras falsamente a que nos jubilemos, el que se va a tener que jubilar sos vos porque los va a intimar el pueblo”, finalizó Aguiar.
UTEP, CTERA, ATE y las dos CTA se sumaron a la jornada que encabezaron los gremios del transporte
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marchó el viernes 30 en contra del hambre que generan las políticas del gobierno de Javier Milei y realizaron ollas populares y unos 500 cortes en todo el país.
De esta manera, la organización se sumó a una jornada que estuvo marcada por el paro nacional de los gremios del transporte y por la huelga que realizaron docentes y no docentes de las universidades. El epicentro de la manifestación de la UTEP fue la Plaza Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, y fueron unos 500 cortes con asambleas y ollas populares en distintas ciudades para visibilizar la situación crítica que viven millones de trabajadores.
“Salimos a las calles en una jornada nacional de lucha en contra del hambre y en el marco del paro de transporte para visibilizar la situación crítica que viven millones de familias trabajadoras en Argentina”, aseguró la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez.
La huelga de los sindicatos de transporte tuvo a la UTA, que agrupa a los colectiveros, como el único sindicato que decidió no hacer paro. El paro afecta a camioneros, ferroviarios y aeronáuticos, entre otros.
Paro de AFIP y Aduana
El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) decidió sumarse a la medida de fuerza que convocó el gremio que engloba a los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por lo que gran parte de los servicios de ambos organismos se vieron afectados.
En el marco del paro del 30 de octubre, que encabezan los principales sindicatos de transporte, logística y distribución, la entidad a cargo de Carlos Sueiro se acopló al plan de lucha que iniciaron el lunes contra el recorte y reestructuración de la planta.
¿Cuáles son los servicios de AFIP y Aduana que no funcionaron?
SUPARA anunció un nuevo paro al remarcar “el nivel de improvisación” de las medidas ejecutadas por el Gobierno respecto a AFIP y señaló: “Solo buscan instalar en la sociedad un concepto errado sobre el sueldo de los trabajadores”.
Por eso, desde el lunes, los empleados de la Dirección General de Aduanas realizaron un cese de actividades entre la mañana y la tarde con apagón informático y asambleas en los lugares de trabajo.
El gremio decidió, además, extender la medida al martes para acoplarse a sus pares de AEFIP, la cartera sindical a cargo de Pablo Flores, que se sumará al paro del 30 de octubre y decidió extenderlo por un día más.
De esta forma, hubo un paro total tanto en los servicios de Aduana y de AFIP que impactó en toda la operatividad del sistema impositivo y aduanero, es decir, en gestiones respecto al monotributo, cargas sociales e impuestos a la exportación.
Los sindicatos realizaron asambleas en los lugares de trabajo junto con el nuevo “apagón informático”. Las medidas duraron 4 horas durante la jornada laboral, mientras que, para el miércoles 30 de octubre, fueron durante 24 horas.
El objetivo de estos pliegos es dar una respuesta a la decisión del Ejecutivo nacional de “achicar” la ahora, ex AFIP. A la vez que señalaron que la resolución tiene “una mirada estigmatizante sobre las funciones y los salarios” de los trabajadores y cerraron que se basa en “un concepto totalmente errado”.
“Examen de idoneidad”
El anuncio del gobierno nacional sobre la implementación de un “examen de idoneidad” obligatorio para más de 40.000 trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN) constituye un nuevo paso en la ofensiva de destrucción del Estado que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei, señalaron hoy desde la Junta Interna de ATE Trabajo.
“El examen que se pretende aplicar es innecesario y arbitrario, ya que los trabajadores y trabajadoras del Estado venimos demostrando desde hace años nuestra idoneidad y correcto desempeño, ratificado año a año mediante el régimen de evaluación que forma parte de nuestra vida laboral”, explicaron, y apuntaron a continuación:
“Muchas y muchos compañeros bajo modalidades contractuales no permanentes (como el Artículo 9 o los contratos monotributistas) llevan años trabajando bajo figuras desvirtuadas que no responden a la transitoriedad para la que fueron creadas. Realizan tareas permanentes y esenciales para el funcionamiento del Estado, pero siguen sin los derechos básicos de estabilidad que esas funciones ameritan”.
Se trata de una responsabilidad del Estado que los viene precarizando, gestión tras gestión, y no de las y los trabajadores.
“Presentada como parte de una supuesta ‘racionalización del Estado’, esta medida tiene como objetivo ofrecer un pretexto de legitimación a la política de despidos masivos, vaciamiento de políticas pública, destrucción del poder adquisitivo de los salarios y la precarización laboral que venimos enfrentando”.
Se vuelven a proponer como novedad mecanismos que existen desde hace largas décadas, o que no se están pudiendo aplicar -como las auditorías a las universidades- por expresa acción del mismo gobierno.
La repetición de este accionar tiene su origen en la falta de conocimiento de los mecanismos del Estado, simple estupidez e ignorancia, combinada con brutalidad y desprecio por las familias trabajadoras.
Esto es, falta de “idoneidad”, que es plaga dentro del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, empezando por el propio presidente.
Una realidad cada vez más evidente no se les escapa a las y los estatales de ATE Trabajo, que indicaron: “Que esta propuesta provenga de un grupo de autoridades y funcionarios que muy dudosamente puedan atravesar con éxito un test psico-técnico, es un aspecto adicional que vuelve más ofensiva aún esta iniciativa oficial”.
“En lugar de exámenes, exigimos el fin de la precarización laboral y el pase a planta permanente para garantizar el reconocimiento y la estabilidad que estipula la Constitución Nacional”, reclamaron desde ATE Trabajo: “La estabilidad laboral no es un privilegio, es un derecho fundamental que asegura la independencia en el ejercicio de la función pública. Con estas medidas, el gobierno nacional profundiza su plan de ajuste y desguace del Estado, atentando contra su rol al servicio del pueblo y el desarrollo profesional de miles de trabajadoras y trabajadores”.
“¡Basta de precarización y ataques a las y los estatales! ¡Por estabilidad laboral y recomposición salarial! ¡No al “examen de idoneidad” como excusa para despidos y ajuste! ¡Por un verdadero desarrollo de carrera, que jerarquice nuestras funciones y fortalezca las políticas públicas!”, concluyeron su comunicado.
Jujuy: la Intergremial lanza medidas de acción
La dirigencia de los distintos sindicatos nucleados en la Intergremial realizó una rueda de prensa en Plaza Belgrano para referirse a la complicada situación salarial de las y los trabajadores estatales. El paro por tiempo indefinido del Cedems y otras medidas fueron anunciadas por parte de los demás gremios.
Apenas iniciada la actividad tomó la palabra la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, quien se refirió al importante acatamiento al paro por tiempo indefinido que comenzó el lunes 4 y fue votado en la última asamblea del gremio de las y los docentes de los niveles medio y superior, fruto del enorme descontento del sector docente a las miserables ofertas de recomposición salarial por parte del Ejecutivo provincial. Planteó un rechazo absoluto de las bases a esta cuestión y la necesidad de contar con aumentos que sean equivalentes al costo de vida. También convocó a sumarse a la marcha de antorchas que realizaron en tarde del lunes.
A su turno, el referente de los profesionales de la administración pública (Apuap), Nicolás Fernández, manifestó el rechazo absoluto al porcentaje con que fueron liquidados los salarios estatales, producto de una decisión unilateral de los funcionarios del Poder Ejecutivo como una continuidad de las políticas de recorte salarial desde que inició la administración radical. Y anunció un paro de 48 horas para miércoles y jueves de esta semana. Asimismo, se refirió al superávit de las cuentas provinciales que mencionan los funcionarios y sacan a relucir en sendas declaraciones mediáticas, contrastando a la exigua suma que representaría este aumento en los bolsillos de los trabajadores.
Sebastián López, dirigente de los obreros y empleados municipales, planteó que estarán acompañando la marcha de antorchas convocada por el Cedems. También informó que el sector irá a un paro de 48 horas, que coincidirá con el paro de los trabajadores nucleados en Apuap. Ante la consulta, por parte de algunos medios presentes en la conferencia, sobre qué sucederá con las medidas anunciadas si el Gobierno realiza un llamado al diálogo, la respuesta fue contundente: “las medidas se mantienen tal y como fueron votadas”.
Jujuy: Denuncian causas armadas contra dirigentes sociales
Organizaciones sociales, originarias, sindicales, políticas, y de Derechos Humanos convocan para este martes 5 de noviembre a una conferencia de prensa para denunciar juicios y armados de causas a dirigentes de las organizaciones sociales y políticas de Jujuy.
Será desde las 10 en lasede del Cedems, ubicada en Balcarce 162 de San Salvador de Jujuy.
“La elevación a juicio sin ningún tipo de pruebas, fundamentos y que violan los derechos más esenciales, amerita la más amplia difusión y el mayor repudio. ¡No a la criminalización de la protesta! ¡Abajo la reforma, arriba las wiphalas! Basta de persecución política. Por el cese de la criminalización, expresaron desde el Frente de Organización en Lucha, una de las organizaciones convocantes.
Contacto: Sebastián Fernández (delegado nacional del FOL): 388-503-6629.
Suspenden la medida que ordenaba reincorporar pilotos despedidos de Aerolíneas
La Cámara del Trabajo revocó el fallo que ordenaba la reincorporación de tres pilotos de Aerolíneas Argentinas, que fueron despedidos en septiembre en el marco de un reclamo salarial a la empresa, hasta analizar el caso en profundidad.
La medida cautelar en primera instancia había sido dictada por la Jueza Stella Maris Vulcano en la causa que impulsó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), y ordenaba a Aerolíneas Argentinas la “reinstalación provisoria en su puesto de trabajo” de Walter Rodolfo Schonfeld, Javier Eduardo Weledniger y Carlos Diego Sepliarsky, ya que consideró que los despidos habían sido arbitrarios y afectaban el derecho a la libertad sindical y a la protesta.
Sin embargo, la firma apeló y la Cámara del Trabajo, revocó esa cautelar por dos votos a uno. La jueza Diana Cañal, interpretó que se debía garantizar “la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” y que estaba “en juego, a causa de la rescisión del contrato de trabajo decidido por la empleadora, la pérdida del trabajo y su carácter alimentario”. Mientras que, el Juez Alejandro Perugini y Mario Fera, tuvieron otra interpretación.
La decisión judicial se da en el marco de una serie de medidas de fuerza que llevan adelante los y las trabajadoras de Aerolíneas Argentinas, reclamando por la recomposición salarial y en contra de la privatización de la empresa.
“Existe en la causa una controversia de aristas complejas vinculadas a la causal del despido directo que requiere de un mayor debate y prueba, y que, por consiguiente, excede el acotado marco procesal de una medida cautelar” y, por lo tanto, no habría “motivos para disponer la urgente e inmediata reinstalación que se pretende”, declaró Perugini. Se evidencia así el carácter abiertamente antisindical del fallo, atacando el derecho de los trabajadores no garantizando, en primer lugar, los puestos de trabajo.
En el trasfondo de este conflicto, se encuentra el plan privatista del Gobierno que busca no solo reducir los derechos de los trabajadores, sino que aspira a la apertura del cielo argentino a los negociados de empresas privadas. La dura pelea que llevan adelante las trabajadoras y los trabajadores aeronáuticos contra la avanzada de Milei necesita del apoyo de toda la clase trabajadora.
Aerolíneas Argentinas suspendió paritarias
Luego de varias jornadas con vuelos demorados y cancelados por una serie de medidas de fuerza de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en los centros de formación y entrenamiento de pilotos (Cefepra), Aerolíneas Argentinas suspendió las citaciones para las reuniones paritarias que tenían programados con los gremios de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y APLA.
Según informaron desde Aerolíneas, reiteraron el pedido de suspender esta medida de fuerza e hicieron énfasis en la protección de los pasajeros, a los que tildaron de “víctimas directas”.
“A pesar de contar con las herramientas para evitar estas cancelaciones, desde APLA hubo una manifiesta falta de interés y de voluntad en hacer que esos vuelos se operen”, lamentaron en el comunicado.
Y remarcaron: “Esta provocación irresponsable de las autoridades de APLA demuestra que el conflicto salarial es una excusa para las autoridades del gremio -no así para sus afiliados- para dar una batalla política personal. Y en este acto, arrastraron la posibilidad de continuar cualquier tipo de intercambio con los otros gremios a pesar de su voluntad de continuar las conversaciones”.
CABA: Enfermeros y enfermeras se movilizaron para reclamar ser reconocidos como profesionales
Enfermeras y enfermeros reclamaron frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que su carrera sea reconocida como profesional.
La manifestación sucedió durante el debate de la Comisión de Salud respecto al proyecto que busca avanzar con esta reivindicación, que cuenta con apoyo de la gran mayoría de los bloques opositores al PRO. Christian Acosta, enfermero del Hospital Ramos Mejía y parte del Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE), señaló que el proyecto fue presentado por Unión por la Patria, el FIT, la UCR, un sector de La Libertad Avanza y el bloque de Marcela Ocaña, Confianza Pública.
“Se pusieron de acuerdo y se le iba a dar dictamen de mayoría porque daban los números”, expresó.
Hasta el momento, las y los trabajadores de Enfermería son reconocidos como administrativos generando una importante brecha salarial respecto al resto de los profesionales de la salud. “Nos mantienen cautivos en la carrera administrativa”, remarcó Acosta y exigió la inclusión a la carrera profesional. “El gobierno de la Ciudad nos está dejando afuera de la carrera profesional”, cerró.
Sigue el conflicto de salud en todo el país
En Neuquén comenzó hoy una retención de tareas que durará toda la semana. El 7 de noviembre habrá paro total de actividades en la provincia. Los profesionales de la salud, nucleados en Siprosapune, reclaman la carrera sanitaria, equiparación salarial para todos los trabajadores y rechazan las amenazas del gobierno de Figueroa de declarar ilegal la medida de fuerza.
Después del paro y las movilizaciones del día miércoles 30, la Asamblea de Delegados de Asspur, en Río Negro, decidirá sobre la continuidad del plan de lucha, ante la falta de respuesta del gobernador Weretilneck a su reclamo de recomposición salarial.
Los trabajadores de la salud de San Luis, representados por APTS, realizaron un paro el viernes en el hospital Maternidad de Villa Mercedes, el Centro Oncológico Integral y el Hospital de Salud Mental. Esta semana, los paros continuarán en otros establecimientos, en reclamo del pase a planta y la no eliminación del full time.
En La Rioja, Aproslar está en estado de alerta y movilización ante el incumplimiento del gobierno de Quintela de recomponer el salario básico y aumentar el valor de las guardias.
Luego del paro del martes 29 convocado por Aprosa, ante una oferta salarial insuficiente, el gobierno dictó la conciliación obligatoria en Santa Cruz.
En el hospital Posadas continúan las medidas de visibilización y movilización, reclamando la reincorporación de los despedidos por la administración del presidente Milei.
En la Ciudad de Buenos Aires, el miércoles 6 a las 10 horas, los trabajadores del Hospital Oncológico Roffo, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, realizaron una radio abierta en las puertas del establecimiento. En tanto, los trabajadores del CESAC nro. 1 del barrio de Núñez, acompañados por organizaciones comunitarias, rechazarán la decisión del gobierno de la Ciudad de poner en venta el predio del centro que atiende miles de pacientes por mes.
En Escobar, provincia de Buenos Aires, una numerosa asamblea de trabajadores pidió al ministro Kreplak la remoción del director del hospital por maltrato y violencia laboral.
En el Hospital Garrahan, en tanto, convocado por la Asociación de Profesionales y Técnicos, autoconvocados y ATE, habrá paro con un festival solidario el viernes 8.
El miércoles 6, a las 15 horas, en el mismo hospital, Fesprosa será parte de un Cabildo Abierto, donde organizaciones de salud de todo el país prepararán una acción nacional de unificación de las luchas en defensa de los derechos laborales y de la salud pública.
Hospital Garrahan votó paro y movilización en defensa de la salud pública
Esta medida se enmarca en una jornada de lucha que incluirá una movilización junto a residentes de CABA, Nación y Provincia, así como con el hospital Bonaparte, las familias que dependen de estos servicios de salud y los estudiantes universitarios que actualmente sostienen más de 72 facultades tomadas en 30 universidades, mientras las asambleas continúan reuniendo a miles de estudiantes y docentes en defensa de la educación pública.
La decisión del paro fue tomada en una asamblea masiva, reflejando el descontento y la preocupación que las y los trabajadores de la salud tienen ante las políticas de ajuste que afectan al sector. El hospital Garrahan, viene de varias semanas de paro y abrazos al nosocomio por aumento salarial, por un régimen de insalubridad y contra los recortes de presupuesto. Se hicieron presentes en la asamblea general del hospital Garrahan diferentes sectores de trabajadores en lucha, como del hospital Bonaparte que vienen enfrentando en unidad y en asambleas desde abajo, las amenazas de cierre y reestructuración por parte del gobierno nacional.
También estudiantes de las facultades de Medicina y Psicología vinieron a dar su apoyo a la lucha del hospital Garrahan, contando cómo se están organizando para dar la pelea al ataque del gobierno.
En este sentido, la unidad con los residentes, estudiantes en toma y otros sectores de la salud, es fundamental para resistir los embates del ajuste del gobierno de Milei, del FMI y de los gobernadores.
La movilización del 22 de octubre fue un paso adelante para fortalecer la unidad entre los diferentes actores del sistema de salud. Los residentes de CABA, Nación y Provincia han sido parte activa de esta resistencia, organizándose en asambleas por abajo, formando comisiones y participando en acciones conjuntas con otros hospitales y sectores en lucha.
Las familias que se atienden en estos hospitales también han mostrado su apoyo, entendiendo que hay que luchar por la defensa de la salud pública, ya que es un derecho y no un privilegio.
La jornada del 22 de octubre fue un hito en la lucha por la salud pública, demostrando que la unidad y la organización por abajo son importantísimas para enfrentar las políticas de ajuste. La consigna: “Atención, atención, estamos defendiendo la salud y la educación”, resuena con fuerza, uniendo a trabajadores, estudiantes y familias en una causa común.
Nuevos despidos en el Hospital Posadas
El gobierno ataca nuevamente a la salud pública y sus trabajadores, con una nueva tanda de despidos en el Hospital Nacional Posadas. El jueves 17 de octubre comenzaron a llegar las notificaciones. Se trata de profesionales como kinesiólogos o del área de salud mental, ayudantes de Enfermería, técnicos y administrativos de servicios generales y de la guardia, que en particular se encuentra diariamente colapsada por la alta demanda.
Agatha Elsesser, una de las despedidas, con 11 años de antigüedad, que trabajaba en la guardia y es delegada, contó que “este es otro ataque a los trabajadores y a los pacientes, porque el plan del Gobierno es de recorte presupuestario vía el desfinanciamiento, como con las universidades, e ir desmantelando servicios y también con despidos. Pero, por lo que estamos relevando, en este caso en particular, echaron a los trabajadores que, frente a despidos anteriores, acompañamos a los profesionales, a los residentes y otros sectores atacados del Hospital. Nos despiden porque acá hay un plan de fondo para destruir el hospital y lo vamos a defender”.
Malvina Vila, otras de las despedidas, con 13 años de antigüedad, agregó que “este viernes vamos a realizar una asamblea para definir cómo enfrentar este ataque de Milei, como lo hicieron los trabajadores en el Hospital Laura Bonaparte por la salud pública, o lo están haciendo los estudiantes defendiendo las universidades o los jubilados ante el veto. Acá lo que está en juego es la salud pública, gratuita y de calidad y nuestros puestos de trabajo”.
El Gobierno acordó con ATE que el Hospital Bonaparte no se cierra
Luego de 96 horas consecutivas de protestas y de la ocupación del edificio, el Ministerio de Salud acordó con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que el Hospital Nacional Licenciada Laura Bonaparte no va a cerrar, que la totalidad de los servicios continuarán funcionando con normalidad y que no habrá ningún trabajador despedido.
“El ministro de Salud de la Nación acaba de acordar con ATE que no habrá clausura de servicio, ni cierre del Hospital Laura Bonaparte. Este es el triunfo de la decisión de luchar de los trabajadores y de la masividad demostrada en las calles”, informó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
“Frente a la disposición del Poder Ejecutivo de garantizar el funcionamiento pleno del hospital, de todos sus servicios y de todos los puestos de empleo, vamos a suspender las medidas de fuerza en el hospital, pero vamos a mantener la marcha de salud para el día jueves”, agregó el dirigente. La comunicación se dio en una reunión mantenida en el ministerio de Salud entre el sindicato y las autoridades.
“El Bonaparte nos muestra el camino. Siempre sostuvimos que a un Gobierno que prioriza el déficit cero y no le importa el hambre de los niños y los jubilados, hay que confrontarlo. Luchar sirve, hay que resistir en la calle todas las políticas destructivas de este Gobierno”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Esta decisión llega luego de cuatro días de ocupación del hospital por parte de los trabajadores a partir del momento exacto en el que su director, Cristian Baldino, informó la intención de cerrar el nosocomio. La instrucción de parte de las autoridades, en ese momento, había sido la clausura total del servicio de guardia y las internaciones del único Hospital Nacional con especialización en salud mental y adicciones en el que trabajan 612 profesionales.
Ahora, la nueva decisión informada por el Secretario de Acceso y Equidad en Salud, Pablo Enrique Bertoldi Hepburn, es la de reestructurar la institución garantizando la prestación de servicios con total normalidad y dar continuidad al personal a fin de cumplir con las misiones y funciones del organismo.
Actualmente hay 40 pacientes internados, a los cuales se les brindó la atención necesaria garantizada por los trabajadores durante los cuatro días de protesta, y en lo que va del año se han recibido 98.000 consultas. Además, en lo que va del año le brindaron atención a más de 25.000 personas.
Cabe destacar que, durante la jornada del lunes, el sindicato había anunciado una medida de fuerza el jueves en el Bonaparte. La misma fue suspendida a partir de la decisión del Gobierno, pero se mantiene la movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.
Por la salud y la educación públicas
Miles de personas se congregaron el martes 22 de octubre en Plaza de Mayo para manifestarse contra las medidas del Gobierno en materia de educación y salud públicas. Estudiantes y trabajadores realizaron a lo largo del día una jornada de lucha que incluyó clases públicas desde temprano y un acto a metros del Cabildo, sobre un camión que sirvió de escenario.
Las principales columnas partieron desde el Congreso Nacional con médicos, residentes, enfermeros y personal administrativo del Hospital Garrahan -que se encontraban haciendo un paro por 24 horas-, el Hospital Bonaparte y el Hospital Posadas. Estaban acompañados por militantes de izquierda, jubilados, organizaciones sociales y autoconvocados.
En Plaza de Mayo se encontraron con docentes y alumnos universitarios, que desde las 10:00 estaban realizando clases públicas frente a Casa Rosada, donde se vivió una situación incómoda para el presidente Javier Milei, quien cumplía ese día 54 años y salió al balcón que da a la plaza a saludar. Sin embargo, se encontró con cantos y abucheos de los estudiantes.
Tatiana Fernández Martí, secretaria general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, contó que se realizaron clases de 13 facultades y también de Profesorados que decidieron adherir a la medida.
“Lo hacemos frente a la Casa Rosada para que no haga la vista gorda frente al desguace que está haciendo a la UBA. El salario básico de un docente universitario es de 128.000 pesos. Venimos a defender nuestro derecho a estudiar y a que los trabajadores tengan acceso libre y gratuito”, expresó.
Por su parte, Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docentes (AGD) de la UBA, en el segundo día de paro nacional de docentes y no docentes, afirmó que “venimos a visibilizar nuestra lucha y pedimos una recomposición salarial urgente”.
“Se darán 120 clases públicas, enfrentando el vaciamiento por el ahogo presupuestario, en conjunto con los estudiantes que están haciendo tomas en las universidades de la UBA, pero también con las de General Sarmiento y de San Martín para demostrar cómo trabajamos cada día”, detalló.
Ministerio de Justicia: fraude laboral y despidos encubiertos
Aunque Cúneo Libarona se pasee por los canales de televisión oficialistas posando de defensor de la ley, en su Ministerio reina el fraude laboral. En el marco del plan “motosierra” del Estado de Milei, Caputo y Sturzenegger, el ministro busca despedir y precarizar a 3.000 trabajadores estatales con el cierre de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina que está bajo su órbita.
Acara fue creado como Ente Cooperador del Ministerio en los 80 y es quien gestiona todo el sistema de formularios y patentes para la compra-venta de vehículos. Maneja fondos millonarios mes a mes que son parte de los fondos del ministerio de Justicia, una caja codiciada por cada gobierno de turno. Así, al igual que las gestiones anteriores, Milei y sus apóstoles de la desregulación y baja de impuestos a los que más tienen buscan quedarse con esta tajada para sus negocios y los de sus amigos.
Con los años Acara se transformó en una suerte de tercerizada del Ministerio, contratando bajo la modalidad de Ley de Contrato de Trabajo a miles de estatales y pagando los mal llamados “incentivos” al personal de planta permanente (una compensación “en negro” frente a los salarios de hambre de otra buena parte de la planta ministerial).
El plan implica por lo tanto despedir a 2.500 trabajadores contratados por este ente recaudador. Aquellos considerados “imprescindibles” por los funcionarios de cada área pasarían a ser contratados bajo la precaria modalidad de Artículo 9 (contratos renovables trimestralmente, sin antigüedad ni estabilidad). A su vez, la planta permanente perdería parte de su sueldo (en muchos casos hasta el 50%) ante la eliminación del “incentivo” pagado por el Ente.
Frente a este nuevo ataque, en distintas asambleas que se realizaron en los sectores, las y los trabajadores del Ministerio vienen exigiendo que tanto ATE como UPCN se pongan al frente de la pelea contra los despidos, el plan de retiros voluntarios y la precarización laboral, votando medidas de forma democrática en asambleas de afiliados y no afiliados, coordinando y unificando acciones.
El martes 29 de octubre, en el marco del paro de 36 horas de ATE, se realizó una asamblea unificada en las puertas del Ministerio. Pese al intento de la Junta Interna dirigida de la Verde y Blanca que solo hablaran delegados/as para convertir la asamblea en un acto de presencia, las y los trabajadores impusieron que se abriera el micrófono para proponer nuevas acciones para las próximas semanas como la movilización a las puertas de Acara y una nueva asamblea unificada para votar otras medidas.
Pullaro encarcela maestros
En un violento operativo, el miércoles 16 de octubre detuvieron en Rosario a cinco dirigentes gremiales, tres de ellos docentes, por haber participado en la movilización del 12 de septiembre en la Legislatura santafesina, contra la reforma previsional que impulsaron el gobernador Pullaro y la UCR, con el apoyo del Partido Socialista.
Entre los detenidos se encuentra Franco Casasola, docente, periodista y miembro de la Comisión Directiva de Amsafe Rosario, junto a Román González y Diego del Castillo de Curbelo (Amsafe Rosario), Maximiliano Molina (ATE Rosario) y Daniel Vázquez.
Diversas organizaciones sociales, sindicatos y organismos de Derechos Humanos se pronunciaron repudiando este accionar que recuerda a la dictadura, y exigen la inmediata liberación y cese de las causas para los detenidos.
En la enorme convocatoria del miércoles por la tarde en Gobernación se expresaron todos estos apoyos, a los que se sumó una gran columna de estudiantes que venían de votar la adhesión y participación en una asamblea en Humanidades y Artes.
Amsafe Rosario convocó a un cese de tareas mañana durante todo el día, para viajar a la capital santafesina a exigir la liberación de los detenidos.
Además de las declaraciones de Amsafe Rosario, ATE Rosario y de la conducción provincial de Amsafe, La CTERA reclamó por el cese de la persecución y la criminalización de la protesta social, y exigió la liberación de los compañeros detenidos.
Los cinco trabajadores y referentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Amsafe Rosario y el Sindicato Municipal de Venado Tuerto, que fueron detenidos tras violentos allanamientos, fueron imputados en los Tribunales Provinciales de Santa Fe.
La causa que se les abrió es por los incidentes ocurridos en las puertas de la Legislatura provincial, en el mes de septiembre, cuando se trató la Reforma Previsional.
La acusación estuvo en manos de las fiscales Laura Urquiza y Yanina Tolosa, quienes les achacaron los delitos de daños agravados e impedimento del funcionamiento del Congreso.
Los imputados transitarán el proceso en libertad con medidas cautelares que contemplan presentarse cada 30 días en el ministerio Público de la Acusación, fijar domicilio en la provincia de Santa Fe y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros a la Legislatura.
La causa judicial que se les sigue a los dirigentes gremiales se inició tras los incidentes ocurridos el pasado 12 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados trató y aprobó la reforma jubilatoria en Santa Fe. Una multitudinaria marcha llegó a las puertas de la Legislatura donde se produjeron varios incidentes cuando un grupo intentó ingresar al recinto y, tras la aprobación de la ley, algunos manifestantes rompieron la puerta de ingreso y arrojaron objetos en medio de una fortísima represión policial.
En tanto, desde las diversas organizaciones gremiales apuntaron contra el gobierno de Santa Fe que conduce Maximiliano Pullaro y calificaron el accionar judicial como “una investigación de perfil intimidatorio y antidemocrático sobre el derecho a la protesta”. En sus argumentos remarcaron que las detenciones se dieron en medio de violentos allanamientos, que eran innecesarios, porque todos los detenidos podrían haber sido citados y se hubieran presentado voluntariamente, ya que los gremios responden por sus referentes.
“Quiere llevarse puesto el convenio colectivo”
Por Ignacio Cagliero
El Sindicato de Obras Sanitarias salió al cruce de las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro. Desde el Ejecutivo provincial denunciaron los “privilegios” que gozan algunas empresas del Estado y deslizaron que no se abonará el premio anual por productividad a los trabajadores de Aguas Santafesinas (Assa), que ronda los tres millones de pesos. Desde el gremio desmintieron que los trabajadores gocen de privilegios y advirtieron que podrían judicializar la decisión. “Estamos hablando de un monto que prorrateado en el año son 175.000 pesos por mes”, explicó Silvio Barrionuevo, secretario general del gremio y director obrero de Assa. “Lo que buscan es borrar de un plumazo todo lo que se logró en un convenio colectivo de trabajo durante tantos años”, añadió.
Otra de las apuntadas por la Casa Gris es la Empresa Provincial de Energía (EPE). Desde el gremio Luz y Fuerza deslizaron que hay malestar por las declaraciones, pero se mostraron cautos a la espera de una reunión con las autoridades provinciales para tener más detalles.
Las declaraciones del gobernador se dan en el marco de un “plan de austeridad” que buscan imponer desde la gestión. Ese proceso, en Aguas Santafesinas incluyó la eliminación de gerencias, la revisión de ingresos a planta permanente y la intensificación de los controles sobre horas extras. Los directivos de la firma deslizaron algunas irregularidades que consideran insólitas, como viajes al exterior con goce de sueldos, trabajadores a los que se les detectaron hasta 40 horas extras en un solo día, gastos desproporcionales destinados al uso de celulares y la presencia de familiares del titular del gremio, Silvio Barrionuevo, que cobrarían altos sueldos en la empresa.
Los gremios responden
En el gremio de Obras Sanitarias las declaraciones de Pullaro cayeron naturalmente mal. “Nosotros creemos que los privilegios de los que habla el gobernador seguramente deben ser por los sueldos de la parte jerárquica de la empresa, que están por encima de los 4 millones de pesos. De lo contrario, no sabemos de qué privilegios nos habla”, refutó Barrionuevo. Según explicó el dirigente gremial, los sueldos de los trabajadores están muy lejos de esos montos: mientras que un trabajador de base cobra alrededor de 850.000 pesos, entre los jefes y capataces, que tienen gente a su cargo, el salario puede llegar 1.800.000 pesos.
Judiciales vuelven al paro miércoles y jueves
En la jornada del martes 5 de noviembre, los afiliados al Sindicato de Judiciales de Tribunales, MPA y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) decidieron retomar el plan de lucha.
En diferentes asambleas, en todas las sedes de la Provincia de Santa Fe, por amplia mayoría se aprobó el plan de lucha:
- Miércoles 06/11: Paro con asistencia turno mañana de 9 a 13 horas y turno tarde 4 horas a partir del fichaje de ingreso.
- Jueves 07/11: Paro sin asistencia a todos los lugares de trabajo.
“Seguimos esperando del Gobernador, la firma de los decretos y el pago de los retroactivos salariales”, afirman.
El Gobierno de Milei anuncia el cierre del Ente de Obras Hídricas ENOHSA
El Gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo clave en la expansión y mejora de los servicios de agua potable y cloacas en Argentina. Esta medida, enmarcada en un plan de ajuste del Estado, afectará directamente a millones de argentinos que dependen de estas obras para acceder a servicios básicos de infraestructura sanitaria e implicará la pérdida de 230 puestos de trabajo especializados.
El ENOHSA, con 61 años de trayectoria, fue una herramienta fundamental para llevar agua potable y saneamiento a las regiones más vulnerables del país, donde el sector privado no suele invertir. A través de su gestión, se ejecutaron obras cruciales en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y provincias con menores niveles de acceso a estos servicios. Actualmente, el 80% de la población argentina tiene acceso a agua potable, y alrededor del 60% cuenta con sistemas de cloacas, cifras que varían considerablemente entre regiones, lo que hace indispensable la labor de este ente para cerrar la brecha.
El anuncio de la disolución del ENOHSA no solo pone en riesgo la continuidad de proyectos en marcha, sino que también amenaza con un retroceso en los avances logrados en materia de salud pública y desarrollo social. El acceso al agua segura y a un adecuado sistema de saneamiento es fundamental para prevenir enfermedades y garantizar una mejor calidad de vida, especialmente en comunidades marginadas.
Además, el cierre del ENOHSA implicará la pérdida de cientos de puestos de trabajo especializados. Actualmente, el organismo cuenta con 230 trabajadores altamente capacitados, cuya experiencia en la planificación y ejecución de obras de saneamiento ha sido vital para el éxito de los proyectos. Desde la llegada de la nueva gestión, el personal del ENOHSA ya ha sufrido un recorte del 35%, afectando significativamente su capacidad operativa. La desvinculación de estos trabajadores no solo significará la pérdida de empleos, sino también de conocimientos técnicos esenciales para garantizar la sostenibilidad y calidad de las obras.
José Luis Lingeri, secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), expresó su profunda preocupación. “Cerrar el ENOHSA es un golpe brutal no solo para los trabajadores sanitaristas, sino para todos los argentinos que aún hoy no tienen acceso a agua potable y saneamiento. Esto significa desmantelar un organismo que históricamente ha garantizado un derecho fundamental. Estamos hablando de salud pública y de dignidad. Las consecuencias serán gravísimas, sobre todo para los sectores más postergados”.
El ENOHSA no solo ejecuta y supervisa obras, sino que también ofrece asistencia técnica a gobiernos locales, asegurando que los proyectos sean sostenibles a largo plazo. Su cierre representa un golpe directo a las comunidades que más necesitan estos servicios, aumentando la vulnerabilidad de miles de familias que podrían ver comprometido su acceso al agua potable y a instalaciones sanitarias básicas.
Fuentes: Perfil, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Indymedia Trabajadoras/es, Página/12, Agencia FARCO, Anred, InfoGremiales, Resumen Latinoamericano, Prensa Fesprosa