La Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano repudia el Decreto de Necesidad y Urgencia de este gobierno libertario neofascista que deroga la vigencia de la Ley 26.160 y sus prórrogas, con el único propósito de permitir la libre explotación de la Madre Tierra y despojar a las comunidades indígenas de sus legítimos derechos, reconocidos en Tratados Internacionales y la legislación nacional.
En los fundamentos del DNU este gobierno expresa que “… la situación… se ha agravado debido al incremento de inscripciones de comunidades indígenas en los respectivos registros…”, “… incrementando notoriamente las inscripciones de las ‘supuestas’ comunidades,…”, “…Que así es como se pasó a tener MIL SEICIENTAS VEINTISEIS (1626) comunidades reconocidas al día de la fecha.”.
En la mentalidad fascista supremacista de este gobierno es inaceptable un país con el escandoloso número de 1626 comunidades indígenas. Remarcamos que según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, en Argentina hay una población indígena de 1.306.730 personas (‘supuestas’ para Milei); si tenemos en cuenta que en promedio una comunidad indígena no supera el número de 100 familias, aún habría otras 1626 comunidades que por distintas razones todavía el Estado no les dio la posibilidad de ser registradas. Es decir, comunidades que aún no se les garantizó el derecho constitucional de “reconocer la personaría jurídica” según lo determina el Art. 75, Inc. 17 de la Constitución Nacional.
También sostiene el gobierno en los fundamentos del DNU que “…ha llevado a que se vean amenazados o restringidos los derechos de los ciudadanos legitimados con respeto a la titularidad de la tierra y a la libre circulación, se han bloqueado el desarrollo de inversiones…”; falseando la realidad donde quienes han visto y continúan viendo amenazados o restringidos sus legítimos derechos por parte de inversores y la arbitrariedad judicial han sido históricamente y son las comunidades indígenas a quienes el Estado nunca les dio la posibilidad de reconocerles la titularidad de los territorios que en forma tradicional y pública ocupan, en forma ancestral. Una clara muestra de esto es la negativa del Congreso, la falta de voluntad política de los gobiernos, de sancionar la ley de propiedad comunitaria, ordenada por la Constitución Nacional y el Código Civil. Además, estos fundamentos del DNU son contrarios a Tratados Internacionales suscritos por el país donde el Estado se compromete a reconocer “… a los pueblos interesados el derechos de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan…” (art. 14 Convenio 169 OIT).
Sostiene el DNU que la vigencia de la ley 26.160 ha provocado “…graves daños ambientales…”, responsabilizando implícitamente a las comunidades indígenas de tal situación. Afirma que mediante su suspensión se garantiza “…el rápido ingreso de inversiones…”. Por el contrario, lo real es que los cada vez más reducidos espacios donde se ha preservado el medio ambiente son justamente aquellos donde no han podido llegar con su mentalidad extractivista y ecocida los inversores de Milei. Son estos espacios de medio ambiente protegidos donde habitan las comunidades indígenas en una relación de armonía transmitida de generación en generación en forma milenaria.
Como bien lo expresa el DNU, “…el Gobierno Nacional ha establecido como uno de sus pilares principales el respeto irrestricto a la propiedad privada… sobre los que se ha fundado la REPÚBLICA ARGENTINA…”. Es importante recordar que uno de los pilares sobre los que se ha fundado la República Argentina fue el saqueo y la expulsión de los pueblos originarios de sus territorios, para lo que no se dudó en recurrir al genocidio, la esclavitud, la explotación y las peores formas de sometimiento físico, mental y espiritual de los pueblos indígenas.
Por todo esto DENUNCIAMOS la manifiesta inconstitucionalidad de este gobierno, el expreso incumplimiento de leyes y Tratados internacionales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas; sostenido en una ideología responsable de los mayores ecocidios, etnicidios y genocidios de la historia.
CONVOCAMOS a las demás Organizaciones Indígenas hermanas a un nuevo PARLAMENTO INDÍGENA frente al avasallamiento de derechos; instamos a los Congresistas al rechazo de este DNU e invitamos a todos los sectores populares en lucha por una sociedad justa y digna a sumarse a la defensa de nuestra Madre Tierra.
ATUCHAJPA SUJLLAYAJ
UNION SOLIDARIA DE COMUNIDADES
USC
PUEBLO DIAGUITA CACANO
(Santiago del Estero – Argentina)