DOSSIER
Por Mario Hernandez
La pobreza alcanzó al 49,9% de la población, alrededor de 23 millones de argentinos, lo que representa una baja respecto del comienzo del año, aunque aún se encuentra por encima en la comparación interanual, de acuerdo con la medición del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA).
A principio de año, con el efecto inicial del ajuste en los primeros meses de Gobierno de Javier Milei, la pobreza había llegado a casi 55% de la población, desde el 44,7% de fines de 2023.
Sin embargo, en el segundo trimestre el número empezó a revertirse y en el tercer trimestre retrocedió a 49,9% de pobreza.
En tanto, la indigencia pasó de 11,9% en 2023 a 12,9% en el tercer trimestre de este año.
En este contexto, se relevó que 29,4% de los hogares debió recortar el gasto en medicamentos; 29,9% no pagó tasas o impuestos; y 27,1% no pudo pagar algún servicio.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, dijo que “lo que estamos sufriendo hoy no es sólo el efecto de una política de ajuste sino el agotamiento de un ciclo económico que tiene más de 20 años” y consideró que “la política del actual Gobierno era de alguna manera necesaria”.
Al presentar el informe a la prensa, sostuvo que las políticas de ajuste “se hicieron a un ritmo muy acelerado y con alto costo inmediato”, aunque “tuvieron un impacto regresivo de menor profundidad de lo que podía esperarse”.
Afirmó que “los datos tienen efecto estadístico de la caída de la inflación y que no haya caído el empleo, aunque sí creció la informalidad”.
La baja de la pobreza “no necesariamente se expresa en mayores niveles de consumo” debido a que “hay un incremento del gasto en servicios”, agregó.
Entre 2022-2023-2024 aumentó la proporción de personas en situación de indigencia y pobreza.
Al analizar la pobreza e indigencia en la infancia, se relevó que actualmente 2 de cada 10 niños viven en pobreza extrema.
El 65,5% de los niños en Argentina viven en situación de pobreza y 19,2% en situación de indigencia.
Salvia observó que “hay una desinversión generacional” dado que en 2011-2012 40% de los niños eran pobres y hoy ese número asciende a 65,5%.
Se observa un incremento de la pobreza infantil en los estratos medios pero, sobre todo, una mayor concentración de pobreza extrema en los estratos más bajos de la estructura social. Los niños/as de hogares con menor capital social son los más sufrientes y afectados por la crisis.
Por otra parte, en la Argentina urbana actual el 36,3% de los hogares reciben asistencia económica directa o indirecta por parte del Estado Nacional, provincial o municipal.
Si se calcula la situación sin AUH, otros programas ni pensiones no contributivas, se estima que la indigencia ascendería a 23,2% y la pobreza a 55,4% de la población.
En este contexto, Salvia acotó que “buena parte del problema está en la estructura ocupacional. Argentina no genera buenos empleos”.
Se observa un aumento del subempleo inestable (changas), que alcanza al 23,6% de la población económicamente activa; mientras que sólo 40% de la fuerza de trabajo tiene empleo pleno de derechos (con salario que cubre el costo de vida, estabilidad y aportes de seguridad social).
El deterioro de las oportunidades de empleo y de las remuneraciones se correlaciona con el aumento del porcentaje de ocupados que residen en hogares pobres, con marcadas diferencies entre estratos socioeconómicos.
De acuerdo con el relevamiento, el 35,3% de los trabajadores es pobre.
El Observatorio de la UCA advirtió que “no solo hay que estabilizar la macroeconomía, sino también proyectar un desarrollo con mayor productividad, empleo e inclusión social” y llamó a definir “políticas orientadas a fomentar la inversión, introducir nuevas tecnologías, multiplicar las exportaciones, recuperar el ingreso y hacer posible la creación de más y mejores empleos, junto a un cambio radical en el sistema de seguridad social”.
Salvia sostuvo que “la tendencia de la pobreza es a la baja; es de esperar que la pobreza siga bajando y el Gobierno termine el año por debajo del último trimestre del año pasado”.
“Esperábamos indicadores más graves. La sociedad argentina tenía reservas que no medíamos, que hizo que el proceso de crisis se viera amortiguado”; sin embargo, “tenemos problemas estructurales que la crisis actual no los resuelve y está abierto el futuro”, concluyó.
Cuatro millones de nuevos pobres
Por Santiago Núñez
El gobierno de La Libertad Avanza trajo hambre y desesperación en niveles no vistos por su velocidad y profundidad. Toda la política social apunta a consolidar esta nueva radiografía en la que se destacan los casi 2,5 millones de nuevos indigentes. La criminalización de la protesta completa el escenario.
Los 365 días del experimento “liberal-libertario” dejaron varias facetas. Una de ellas es la cuestión social, que aparece constantemente en la discusión política, sobre todo entre los detractores del gobierno de Javier Milei.
El reciente informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) pinta de cuerpo entero la situación del país: el 49,9% de la población es pobre. Casi la mitad del país se encuentra bajo la línea de pobreza: 23 millones de personas. Esto implica un crecimiento de 8 puntos porcentuales y de 4 millones de pobres con respecto a fines de 2023. La indigencia muestra un escenario igual o más dramático: según un informe de noviembre de 2024 del Centro para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la indigencia alcanza a 6 millones de personas y creció un 76% este año (pasó de 3.410.300 personas a 6.012.772).
Una de las problemáticas más importantes son los indicadores de pobreza infantil. Según la UCA, la indigencia en este segmento etario llega hoy casi al 20% y subió casi 3 puntos porcentuales. La pobreza en los menores de 18 años llega al 65,5%, mientras que en 2023 era de 62,9%.
Desde el gobierno, no obstante, hubo ciertos festejos por estos datos. Es que el informe del Indec de septiembre de este año contabilizaba la pobreza en un aumento de 11 puntos porcentuales al cierre del primer semestre, casi en el 53% de la población. La desaceleración de la inflación (menor al 3% mensual en octubre) posiblemente haya sido la causa de esta baja. Pero en tanto no haya una política de aumento de los ingresos, que ni siquiera empardan hoy con la suba de precios, ese nivel de pobreza tenderá a cristalizarse.
La devaluación del 53% en un día, las desregulaciones económicas del DNU 70/2023 y la Ley Bases, la inflación interanual del 193%, la caída del salario mínimo (cerca de un 25%), la baja del salario real y del poder adquisitivo de un 7,8% en el sector privado y un 26,5% en el público (según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, IPyPP) y los despidos son algunas de las causas de este deterioro social. También el profundo recorte fiscal.
Motosierra y licuadora
La motosierra fiscal tuvo entre el filo de sus cadenas las partidas sociales. Un informe del IPyPP estudió el asunto en los primeros doce meses de gobierno.
Indica que el recorte de la partida presupuestaria tomando como referencia 2023 es de 24% en “programas de transferencias de ingresos”. De diez programas o tipos de prestaciones siete cayeron en términos reales. El estudio apunta que se creó uno nuevo este año: los vouchers educativos.
Entre las partidas que aumentaron se encuentran el Programa 1000 días (162%) y el Seguro de Desempleo (116%). El dato es que ambos reflejan un porcentaje muy menor de la participación porcentual total: en la comparativa con 2023, el primero pasa de 0,4% a 1,2% y el segundo de 0,7% a dos.
El único ítem significativo que realmente tuvo un aumento es la Asignación Universal por Hijo (30%), que se duplicó en poder de compra, pero con un atenuante: por las condiciones para acceder al programa, la mayoría de los “beneficiarios” reciben también la prestación Alimentar, que cayó en la ejecución presupuestaria (17%). El poder adquisitivo de estos programas es un 44% mayor en términos reales y está levemente por debajo de principios de 2023. Pero el informe, a su vez, marca un interrogante en relación al futuro: el presupuesto 2025 presenta una derogación de los artículos que hoy calculan los montos, cuya designación quedaría en las manos arbitrarias del Anses.
Todo el resto de las asignaciones sufrieron una fuerte rebaja. La Beca Progresar, única a nivel nacional, pasó de una cobertura de 1.472.438 jóvenes en el primer semestre de 2023 a cubrir 1.023.242 estudiantes en la primera parte de 2024. También cayó su monto real: la partida estuvo congelada hasta agosto y el aumento, en ese mes de 75%, deja a la beca con una caída del 31% interanual. En el presupuesto, la figura del Progresar cayó un 68%.
El Programa Potenciar Trabajo (actualmente dividido en dos: Programa Volver al Trabajo y Programa Acompañamiento Social) sufrió una caída del poder adquisitivo del 58% a partir de mantener congeladas las transferencias, con la licuación de la inflación. La Pensión No Contributiva por invalidez registró una pérdida de 5,7%. Las partidas presupuestarias designadas a las Asignaciones Familiares cayeron un 23% mientras que el programa Acompañar, que brindaba apoyo económico a mujeres y LGBTI+ en riesgo por situaciones de violencia de género, cayó el 87%.
La línea política
El informe delinea la orientación política y las concepciones sociales que se desprenden de estos recortes. El concepto de “Capital Humano” sugiere un “enfoque mercantilizador”, que desarrolla “dispositivos que promueven un tipo de asistencia que tiene el objetivo de reinsertar a las personas en el mercado de trabajo, bajo el supuesto de que los problemas de empleo tienen su causa en un déficit de capital humano individual, ofreciendo prestaciones que buscan capacitar a las personas para el trabajo”.
El mismo informe del IPyPP denuncia una lógica “anticolectivista” de la política asistencial de Milei, al dejar de lado a las organizaciones sociales y su conocimiento de los barrios y el territorio. De hecho, este recorte es acompañado por una permanente estigmatización de estas agrupaciones. Dice el texto: “La nueva administración de gobierno de La Libertad Avanza declaró, desde su arribo, el objetivo de eliminar la mediación de las organizaciones sociales en la implementación de las políticas, fundamentando que se trataba de ‘gerentes de la pobreza’ (…). Parte de este posicionamiento abarcó la criminalización de la protesta social al incluir en la normativa de los nuevos programas sociales (…) la advertencia de que se daría de baja a titulares que participaran de dichas protestas”.
Ni la política social ni la orientación económica esbozan un intento de terminar con la problemática del hambre y la pobreza. El aumento de la AUH+Alimentar no representa más que una aspirina para una enfermedad terminal: en dinero de hoy, se trata de un aumento de $ 41.939 ($ 94.584 en la asunción de Milei y $ 136.523 ahora). Ninguna otra política podría ser considerada, ni por asomo, positiva, con salarios pulverizados y “el ajuste más grande de todos los tiempos”. Todo mientras las grandes empresas de este país quintuplican sus ganancias, según reflejó IPyPP en un informe anterior.
La lógica del gobierno parece más bien clara: si hay hambre que no se note, que no se exponga. De allí se desprende la estigmatización mediática y la criminalización de la protesta para callar las voces críticas y vaciar la calle. Que dirigentes sociales como Eduardo Belliboni y una parte importante de sus compañeros de la Mesa Nacional del Polo Obrero están procesados en una causa judicial con un sinfín de irregularidades no puede escindirse de esta política económica y social.
Esta semana las organizaciones sociales y piqueteras tuvieron varias instancias de lucha. Una de ellas fue encabezada por el Frente de Lucha Piquetero en La Matanza, el martes. Allí se realizó un acampe cuyo lema principal era “Por una Navidad sin hambre”. La bandera de adelante decía, arriba de todo, “Fuera Milei”.
La historia en carne viva
Por Carlos Del Frade
De casi 13 millones de niñas y niños, siete millones son pobres. Imaginar esos siete millones de caritas de niñas, niños, adolescentes como nuestros hijos, sobrinas, nietos, hermanas, que no pueden comer diariamente, vestirse, bañarse, ir a la escuela, genera la conciencia de la guerra contra la infancia.
Unicef Argentina, al finalizar el año 2024, muestra la dimensión existencial de los resultados de las políticas económicas en la geografía más sensible de cualquier pueblo del planeta, los cuerpos de las niñas, los niños y adolescentes.
La historia en carne viva
Esas cifras ratifican los dos conceptos que desde hace años impulsan estas columnas: la Argentina dejó de ser, hace rato, el lugar en donde los únicos privilegiados eran los chicos y que la concentración y extranjerización de riquezas promueve una guerra permanente contra la niñez y la adolescencia.
No es casual que, en tiempos del desprecio, como solía repetir Ernesto Sábato, tenga en la hipocresía la mayor forma de encubrimiento, mostrando a la pibada como victimaria y no como víctima.
De allí la inútil y perversa idea de castigar a quienes cometen el 0,45 % de los homicidios en el país, como son los menores de dieciséis años.
A mayor dependencia y depredación mayor es el cinismo, por eso varias administraciones, la nacional y distintas gobernaciones quieren llevar la edad de punibilidad hasta los doce años.
Por eso hay que pensar los números que muestra el observatorio de Unicef Argentina.
Los números de los santos inocentes
Sobre un total de 12.218.500 niñas, niños y adolescentes hasta diecisiete años que viven en estos parajes, alrededor de siete millones tienen necesidades básicas insatisfechas.
Una cosa es escribir el número y otra muy distinta es tomarse el tiempo para imaginar siete millones de caritas de niñas, niños y adolescentes, iguales o parecidos a nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, nuestras sobrinas, nuestros sobrinos, hermanas o hermanos que no pueden comer todos los días, vestirse, bañarse o ir a la escuela.
Ese simple ejercicio, que dura segundos por la imposibilidad de poner en la cabeza de cada uno más de veinte caritas, genera la conciencia de los resultados de la guerra contra las pibas y los pibes.
En el país del sur del mundo, hay también 706.292 niñas, niños y adolescentes que no tienen asistencia escolar. A los que sumar, restar, escribir o leer, les resulta casi imposible en los días de la Inteligencia Artificial.
En la geografía en la cual la educación pública ya era pensada en tiempos de la emancipación de España y cuya crónica siempre formó parte de esa difusa constelación de valores llamada orgullo nacional.
Otras encuestas de otras instituciones agregaron, desde hace tiempo, la contundente cifra de miles y miles de pibas y pibes a los que nunca se les narra un cuento ni tienen acceso a un libro en sus hogares.
Sobre un total de 12.218.500 niñas, niños y adolescentes hasta diecisiete años que viven en estos parajes, alrededor de siete millones tienen necesidades básicas insatisfechas.
Fenomenal proceso de ingeniería social que condena a miles y miles de niños, niñas y adolescentes al presente inmodificable, en el que se enseña que no hay posibilidad de cambiar la realidad porque nunca les sugirieron que debe transformarse el presente para ser felices y comer perdices.
También dicen los números de Unicef que hay 706.960 niñas, niños y adolescentes que trabajan y que hay otros 237.845 que buscan trabajar, conformando una población económicamente activa de 944.805 niñas, niños y adolescentes destinados a distintos tipos de explotaciones.
Nada menos que en el país que supo consagrar el derecho laboral más importante de América del Sur durante décadas.
En cercanía del día de la masacre de los santos inocentes, los números de Unicef remarcan el tamaño de la violencia contra la pibada.
Números que deberían configurar un llamado a la construcción de una sociedad absolutamente distinta, no en el futuro, sino en el presente.
Estas cifras, en definitiva, repiten las viejas consignas de esta columna, hace rato que en la Argentina los únicos privilegiados terminaron siendo los primeros perjudicados y que la guerra contra la niñez continúa sin prisa y sin pausa.
Fuentes: Web oficial de Unicef Argentina, diciembre de 2024.
El presupuesto para niñez y adolescencia, más de un 70% más bajo que el ejecutado en 2023
Según un informe presentado por el colectivo de organizaciones de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes Infancia en deuda, la inversión del Estado en este grupo social viene disminuyendo desde 2021 de manera constante.
“Es preocupante la situación para este año, en que no habrá Ley de presupuesto: el presupuesto real en derechos de NNA en 2024 es un 72,7% menor que el ejecutado en 2023 y un 78,5% que el ejecutado en 2021”, destacaron en un comunicado. Esto, “genera que, en un país con altísimos niveles de inflación, las partidas queden completamente desactualizadas y se produzca un ajuste considerable sobre la inversión”. Además, “hace que el Poder Legislativo pierda su potestad de fijar nuevamente las prioridades del gasto y establezca los límites que considere necesarios al uso de recursos por parte del Poder Ejecutivo”.
Las áreas más críticas en cuanto a presupuesto son salud y educación.
“Se observan significativas reducciones en términos reales en algunas políticas”, explicó Juan Camisassa, coordinador de Protección Social de CIPPEC, que también es parte de Infancia en Deuda. Entre los ejemplos, mencionó, se encuentran las Becas Progresar. “Tomando lo ejecutado en los primeros tres meses de 2023 y de 2024, el programa tuvo una variación interanual negativa del 45,7%”.
En cuanto al nivel de vida, el informe destaca los “altísimos niveles de pobreza extrema” y hace hincapié en la disminución de la cobertura de la AUH. En 2019, en promedio, cubría el 61% de una Canasta Básica Alimentaria y el 24% de una Canasta Básica Total. “A febrero de 2024, cuatro años después, sólo permite cubrir un 40% y un 18%, respectivamente”.
“Un grupo importante de políticas a observar es el de las transferencias monetarias a familias con NNyA”, continuó Camisassa, quien señaló además que “el gasto en asignaciones familiares para trabajadores formales (y, consecuentemente, su monto) se ha reducido durante el último año”.
La baja, agregó, es consecuencia “del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad que se encarga de actualizar los montos de las asignaciones, aprobada en diciembre de 2020” algo que hizo que por la dinámica inflacionaria de los últimos años “este mecanismo haya estado consistentemente por debajo de la inflación”.
Por otro lado, detalló, “la AUH también se actualiza mediante este mecanismo, mientras que la Prestación Alimentar se hace de forma discrecional”. Ambos valores sufrieron reducciones reales durante 2023. “Sin embargo, en enero de 2024, el Gobierno decretó un aumento del 100% en ambos montos, lo que implicó una recuperación sustancial de su valor real”.
Desde Infancias en Deuda insistieron en la necesidad de atender a este grupo, más teniendo en cuenta que en solo seis años “más de 3, 5 millones de NNyA (casi 30% del total) se convirtieron en pobres y más de 3,1 millones en indigentes (casi 26% del total)”.
Ante este panorama, destacan también que “el Estado Nacional Argentino redujo drástica e intempestivamente la asistencia a organizaciones barriales, comedores escolares y otras que prestan un servicio alimentario directo y gratuito”.
Por otro lado, desde el colectivo impulsan la revisión de la exclusión de adolescentes de entre 15 y 17 años de la Prestación Alimentar. “Por la limitación etaria del Programa, 558.118 adolescentes solamente reciben la AUH y cubren apenas el 40% de una alimentación mínima”, afirmaron.
Mientras se reducen las partidas para NNyA, señala el informe, “el Estado sostiene hace años gastos tributarios, que son recursos que el Estado deja de percibir para beneficiar actividades, zonas, contribuyentes y/o consumos. Algunos tienen un fin redistributivo, pero muchos de ellos son injustos”. Por eso, y en este contexto crítico, consideran que entre estos beneficios injustos deberían rever cuestiones como “la exención impositiva del pago de impuesto a las ganancias a juezas y jueces, la exención del pago de impuestos de bienes personales a inmuebles rurales, o la dispensa del pago del impuesto al valor agregado de los honorarios de directores de sociedades”.
Para Camisassa también es importante destacar los avances de los últimos años. Entre ellos “la incorporación de la AUH al pilar no contributivo del Régimen de Asignaciones Familiares, el establecimiento de la actualización automática al igual que el subsistema contributivo, la incorporación de trabajadores/as monotributistas -históricamente excluidos- a la cobertura de Asignaciones Familiares y la integración de la AUH y las asignaciones familiares a través del sistema de Cobertura Única a la Niñez y la Adolescencia de ANSES”.
No todas las necesidades de los niños pasan por lo meramente económico, pero sí están atravesadas por él. “Los niños y adolescentes están tomando más registro de la situación económica. Tal vez no con preocupación, pero sí están tomando mayor registro de lo que pasa en las familias”, explicó Vanesa Lavaselli, psicóloga infantil. “La recomendación es que hay que cuidarlos del mundo de los adultos. Obviamente no pueden vivir aislados del contexto en el que estamos, pero sí hay que tratar de cuidarlos de las informaciones que reciben”.
Respecto de los cuidados en general, Camisassa advierte que es una de las necesidades más apremiantes. “Apenas el 33% de los menores de 4 años acude a un espacio de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) para la primera infancia”, algo que también varía según el poder adquisitivo de las familias: “el 28% de los niños de 0 a 4 años del quintil de ingresos más pobre (20% de menores ingresos) acude a un espacio CEC, valor que asciende al 50% en los de mayor nivel socioeconómico”, sintetizó.
73,3%: el verdadero número de la pobreza en Argentina
Por Alfredo Serrano Mancilla y Mariana Dondo
Un estudio publicado el pasado 13.8.2024 señala que la pobreza en Argentina llega al 73,3 %
Desgraciadamente, la pobreza en Argentina se puede observar por todas partes: en las calles, en los hogares, en los supermercados, en las fábricas, en las tiendas, en los hospitales, en las escuelas.
Hay muchas cifras que corroboran este ‘Mal Vivir’ en estos ocho meses de gobierno de Milei. Y todas coinciden en lo mismo: la clase media apenas existe y la clase pobre es la mayoritaria.
Si analizamos los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Primer Trimestre de 2024 casi que podríamos afirmar que el ingreso promedio es muy poco representativo de la realidad social. Con una distribución tan desigual resulta mucho más riguroso analizar el valor de la mediana que el de la media. ¿Por qué? Porque apenas hay hogares argentinos que tengan ingresos cercanos a la media, y porque la media no está en la mitad de la distribución sino desplazada hacia la derecha, como se puede advertir en el gráfico 1. Existe un 68% por debajo de ese ‘valor medio’ y un 32% por encima.
Lo más pertinente entonces sería prestarle atención al valor de la mediana: el 50% de los hogares argentinos tienen un ingreso mensual per cápita por debajo de 198.000 pesos.
Esta mitad del país es pobre. Esta mitad y un poco más: la pobreza en Argentina afecta al 55% de la sociedad.
Pero este número es insuficiente para dimensionar la pobreza real, debido a que este tipo de medidas ignoran a los hogares que cuentan con ingresos muy próximos al umbral. Es decir: si un hogar posee 100 pesos más que el valor de la canasta básica total (CBT), solo 100 pesos más, dejaría de ser considerado pobre según los cálculos habituales. Sin embargo, ¿sería correcto afirmar que un hogar con un ingreso per cápita de 222.332 pesos mensuales es pobre, pero un hogar con un ingreso per cápita de 222.352 pesos mensuales no lo es?
La respuesta debe exigir sentido común: no es correcto.
Por tanto, resulta fundamental en lo político saber cuántos hogares están justo por encima de ese umbral; con unos pesos más, pero no demasiado más.
Porque esos hogares son ‘casi pobres’: están justo en el límite, son vulnerables, y de ninguna manera son clase media.
En el gráfico 2, observamos que existe un 18,3% de hogares ‘casi pobres’ que tienen ingresos en el rango de 1 a 1,5 CBT.
En definitiva, si realmente nos preocupa la pobreza en serio, deberíamos contemplar la suma de los unos y los otros, los ‘pobres’ más los ‘casi pobres’. O sea: un 73,3%.
Tres cuartas de la sociedad argentina ‘malviven’, pero aún seguimos hablando de un país de clase media.
Si no asumimos este diagnóstico, esto es, que la Argentina de hoy vive mayoritariamente en condiciones de pobreza, seguiremos insistiendo en el error de proponer un proyecto político, social y económico sin anclaje en la realidad.
Alfredo Serrano Mancilla es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España. Realizó estancias predoctorales en Módena y Bolonia (Italia) y Québec (Canadá) y un postdoctorado en la Université Laval (Québec, Canadá). Es especialista en economía pública, desarrollo y economía mundial.
Mariana Donda es doctora en Ciencias Sociales y Humanas (U.N. Quilmes). Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Política y Gestión Pública (U.N.Quilmes). Diplomada en Control y Gestión de Políticas Públicas (FLACSO). Licenciada en Economía (UBA). Docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio.
Fuentes Celag
El 43% de los trabajadores ocupados cayó en la pobreza
De acuerdo con el último informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), la inflación de los trabajadores alcanzó un 2,9% en noviembre, cifra que repite el registro de octubre. En términos acumulados, los precios subieron un 123,3% en los primeros once meses del año y un 177,9% en los últimos doce meses. A pesar de la desaceleración interanual de la inflación por séptimo mes consecutivo, el impacto en los ingresos de los trabajadores ha sido devastador.
Según este estudio, la pobreza laboral se profundizó de forma alarmante en 2024: el 43% de los trabajadores ocupados se encuentran bajo la línea de pobreza, cifra que asciende al 77,8% entre los desocupados. Desde 2017, cuando solo el 18% de los trabajadores eran pobres, más de 6 millones de personas cayeron en esta situación. “La caída en los ingresos generó un fenómeno muy perverso: el de estar incluido en la producción siendo pobre en la distribución”, afirmó Nicolás Trotta, ex ministro de Educación y director del CCD. Trotta vinculó esta problemática a una caída sostenida del poder adquisitivo desde la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri, que no logró revertirse durante las gestiones posteriores.
El informe detalla que los aumentos de precios estuvieron impulsados por el capítulo de Alimentos y bebidas (+3,3%), particularmente frutas (+5,5%) y verduras (+4,4%), con el resto de los rubros mostrando incrementos menores al promedio general. Además, servicios regulados como Vivienda (+2,8%), Educación (+2,9%) y Salud (+2,7%) reflejan una carga significativa en los hogares, especialmente en un contexto de pérdida del salario real. “El ajuste de precios regulados dispuesto por el gobierno contribuyó a la inflación y deterioró aún más los ingresos de los trabajadores”, explicó Fabián Amico, coordinador del IET.
Por otro lado, el informe destaca la desigualdad en el impacto de la pobreza dentro del universo laboral. Mientras los asalariados registrados y los trabajadores calificados presentan tasas de pobreza inferiores al 30%, los asalariados informales y los no calificados superan el 60%.
El Gobierno piensa en armar un “Indec paralelo”
Después de celebrar una proyección de la UCA que ubicaba una baja de la pobreza para el último trimestre del año, el gobierno anunció la creación de un Indec paralelo para medir la pobreza.
El proyecto lo conduce Sandra Pettovello quien piensa en armar un “índice de Capital humano” que se elaborará usando distintas variables más allá de los ingresos.
“No pensamos que iba a bajar tanto”, dijo Pettovello ante los periodistas de la Casa Rosada. Lo dijo en referencia a la proyección que hizo la Universidad Católica en la que se sospecha que el índice de pobreza quedará anclado en el 38 % de la población. Algo que no parece ir de la mano con la recesión que afronta el país ni tampoco con la exponencial caída del consumo, aunque sí puede anotarse un poroto el gobierno con la desaceleración de la pobreza. Fue allí que haciéndose carne de la medición -que, vale la pena remarcar, no es oficial- Pettovello anunció un nuevo índice de medición. “Estamos trabajando con el Consejo (Nacional de Coordinación de Políticas Sociales) para medir la pobreza no por ingresos, estamos haciendo un Índice de Capital Humano. No puedo especificar cuáles son las variables (que empleará) porque todavía me tienen que presentar el trabajo”, detalló ante los cronistas acreditados.
Y completó: “No podemos cambiar el índice del INDEC, lo va a seguir midiendo a su manera cada seis meses. Éste va a ser el Índice de Capital Humano específicamente. Lo queremos tener listo lo antes posible pero no sabemos el mes en que va a ser”, agregó.
La suba del empleo formal es casi inexistente y si bien hay un aumento de monotributistas y trabajadores informales, forman parte de la población ocupada, pero con sueldos debajo de la línea de la pobreza. Fue por eso que insistió en que el Consejo analizará los números de la proyección de la UCA. “Tenemos que ver por qué bajo tanto la pobreza”, dijo.
Fuentes: InfoGremiales, Perfil, Tiempo Argentino, Página 12