Suba de medicamentos PAMI, disolución de organismos y despido de trabajadores.
Por Mario Hernandez.
Luego del triunfo de Javier Milei, los precios de los medicamentos más usados por personas mayores escalaron, según detalla un informe del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA), el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC). “A finales del mes de noviembre se registró una suba del 25,7%, en diciembre el incremento alcanzó 40,9%, en enero sumaron 13,6%, en febrero ajustaron al 15,0%, en marzo al 8,4%, en abril al 2,5%, en mayo al 3,8%, en junio al 2,8%, en julio ajustaron 5,0%, en agosto 3,0%, en septiembre 1,7%, en octubre 1,6% y en noviembre 1,3%, desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023 los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 210,7%, superando ampliamente a la ya elevada inflación de ese mismo período: 201,5%”, detalla el documento.
“El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 194%. Entre esos 10 productos se encuentran el DAFLON 500, un venotónico utilizado para aumentar la tonicidad de las venas y vasculoprotector utilizado para aumentar la resistencia de los pequeños vasos sanguíneos, que aumentó 228% y la ASPIRINA PREVENT, un anti agente plaquetario utilizado para reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, angina de pecho, angioplastia coronaria, ACV no hemorrágico, que aumentó 217%”, advierte el informe. Estos medicamentos son bienes de primera necesidad para gran parte de la población, especialmente para los adultos mayores.
En este contexto de fuerte suba de los remedios el Gobierno decidió dejar sin cobertura del 100% en medicamentos a los jubilados que ganen más de $388.500.
El Gobierno fue recortando a lo largo del año la cobertura en medicamentos de PAMI para jubilados y pensionados. “Recientemente se decidió limitar el acceso de hasta 5 medicamentos sólo a los jubilados de hasta 1,5 jubilaciones mínimas. Los jubilados alcanzados, de todas formas, deben realizar un trámite para obtener el beneficio. Esta medida había tenido un antecedente en agosto de 2024. En ese momento, la obra social de los jubilados redujo 44 moléculas farmacológicas que tenían cobertura 100% en su vademécum. En junio se habían reducido otras 11 moléculas”, detalla el informe.
Ajuste a las jubilaciones
Javier Milei profundizó el ajuste a las jubilaciones que hicieron los gobiernos anteriores. El poder de compra de las jubilaciones registra en promedio (10 meses) una caída real de 23,3%, según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Otra manera de ver el deterioro del poder de compra de los haberes es comparar los aumentos de las jubilaciones en relación a los precios de los remedios. Según el informe de CEPA, desde la asunción de Javier Milei, la jubilación mínima con bonos, en términos de la canasta de medicamentos PAMI, sufre una caída de 39,6 puntos porcentuales entre diciembre 2023 y noviembre 2024. En el caso de la jubilación mínima sin bonos la caída para el mismo período es de 22,5 puntos porcentuales.
“La jubilación mínima con bonos, en términos de la canasta de medicamentos PAMI, sufre una caída de 39,9 puntos porcentuales entre junio 2023 y noviembre 2024. Por su parte, la caída de la jubilación mínima sin bonos en el mismo período es de 43,0 puntos porcentuales”, añade el documento.
El Gobierno decide seguir ajustando a los jubilados y jubiladas mientras los grandes laboratorios amasan grandes fortunas como Hugo Sigman, Silvia Gold e hijos, que integra el ranking de Forbes de los multimillonarios argentinos, (dueños y fundadores de Insud Pharma, un conglomerado farmacéutico) con una fortuna de 6.300 millones de dólares. La casta empresaria sigue de fiesta.
Ante orden judicial el gobierno disolvió el organismo encargado de distribuir medicamentos
En el último día hábil judicial del año pasado, el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo del juez Marcelo Bruno Dos Santos, otorgó la medida cautelar solicitada en la acción de amparo colectiva, que impulsaron la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil ( ALAPA); la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA); Asociación Civil SOSTEN; Fundación Entrelazando Esperanza; Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP); y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo, con el patrocinio letrado de la Red de Abogades de Argentina (RADA), en abril de 2024. Además de entregar los medicamentos que había interrumpido, el fallo obliga al ministerio de Salud, bajo la dirección de Mario Lugones, “a asegurar un procedimiento eficaz que garantice la rápida resolución de los expedientes”.
«A comienzos del 2024, el gobierno interrumpió la atención en la DADSE con el pretexto de reorganizarla. De ahí en más, se produjeron demoras en la provisión de la medicación que, como denunció Fesprosa y contabilizaron varias organizaciones, provocaron por lo menos, sesenta fallecidos a la fecha», explicaron desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Y agregaron que «si bien el Ministerio de salud teóricamente ´absorbería´ las funciones de la disuelta Dirección, no puede descartarse que su disolución se deba a una maniobra para eludir el fallo judicial».
Comunicado de las organizaciones ante el fallo judicial
DADSE: EL PODER JUDICIAL FEDERAL OBLIGA AL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN A ENTREGAR LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES QUE HABÍA INTERRUMPIDO Y A ASEGURAR UN PROCEDIMIENTO EFICAZ QUE GARANTICE LA RÁPIDA RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES
- Resuelva, en un plazo de 10 días, todos los pedidos de medicamentos que lleven más de 60 días de demora.
- Adapte, en un plazo de 20 días, todos los trámites pendientes para que su resolución no exceda los 60 días, conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
El fallo confirma las denuncias respecto a la grave paralización en la gestión de subsidios de mediano y bajo costo, así como en las ayudas a familiares. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la falta de gestión ha afectado profundamente a miles de personas, privándoles de los medicamentos esenciales para garantizar su derecho a la Salud, corolario del derecho a la vida.
Además, la resolución subraya la obligación del Estado de cumplir con los principios básicos del derecho administrativo, estableciendo plazos claros y transparentes en la tramitación de expedientes, permitiendo que cada persona conozca el estado de su solicitud y acceda a sus derechos de manera efectiva.
Este fallo no solo es una victoria judicial de las organizaciones, sino que refuerza un principio fundamental: el derecho a la salud es un derecho humano básico. El acceso a medicamentos que salvan vidas no puede ser obstaculizado por la ineficiencia administrativa ni por decisiones políticas que vulneren la dignidad de las personas. La demora en la entrega de medicamentos esenciales pone en riesgo la vida de las personas y agrava su sufrimiento y el de sus entornos afectivos, por lo que garantizar una respuesta oportuna y efectiva es una obligación ineludible del Estado.
Seguiremos trabajando para que cada persona en Argentina pueda acceder a los tratamientos que necesita sin dilaciones injustificadas y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho a la salud como pilar esencial de la igualdad y la justicia social.
Denunciaron que el gobierno excluyó a la sociedad civil de la participación en políticas de salud pública
Una vez más, e incumpliendo con la ley, no convocaron a la sociedad civil a ser parte de la mesa de presentación del Boletín Epidemiológico Nacional N° 41 de VIH e ITS del Ministerio de Salud. Este evento fue un claro ejemplo de la falta de transparencia y la exclusión deliberada de la participación de la sociedad civil en decisiones críticas de salud pública.
La sociedad civil, que incluye a organizaciones de personas con VIH, activistas y expertos, fue censurada y silenciada, negándole la oportunidad de hacer preguntas y participar en el debate sobre los datos presentados. Esto como consecuencia que, por primera vez en los años de presentación del Boletín, no han participado autoridades del ministerio de Salud, dejando solo la presentación a cargo del equipo técnico, que se veía impedido de dar respuestas a las demandas de la comunidad.
Es escandaloso que el ministerio de Salud de la Nación admita un aumento significativo en casos de sífilis, y un 20% más de nuevas notificaciones por VIH (de 5300 notificaciones pasaron a 6400 en 2023), de los cuales el 45% son diagnósticos tardíos. Sin embargo, no abordan de manera clara cómo enfrentarán esta crisis, especialmente en un contexto de recorte presupuestario del 76% para 2025.
Nos negaron respuestas sobre cómo planean dar una verdadera respuesta al VIH cuando el presupuesto para 2025 cubre tan solo 20 mil tratamientos, mientras que admiten que el sistema de Salud Pública proveyó tratamientos a más de 70 mil personas durante el 2023.
¿Cómo se espera avanzar en la respuesta al VIH y la sífilis sin los recursos necesarios? ¿Cómo planean proteger la salud y el bienestar de las personas con VIH en este contexto de recorte presupuestario? ¿Por qué la única respuesta a nuestras preguntas fue que las consultas las hagamos por otros canales? ¿Cómo prevenimos nuevos casos de VIH, sífilis y otras ITS sin una prevención combinada, sin compras de preservativos?
Exigimos que se garantice la participación de la sociedad civil y la transparencia en la toma de decisiones relacionadas con la salud pública. Exigimos que se asignen los recursos necesarios para abordar el aumento de los números de VIH y sífilis en el país.
No podemos permitir que la falta de acción y recursos ponga en riesgo nuestra salud y bienestar. No vamos a dejar que nos silencien. Estamos aquí para visibilizar lo que ellos quieren ocultar: la NO RESPUESTA AL VIH por parte del Gobierno Nacional.
No somos solo un número estadístico, somos personas.
El ministerio de Salud cerró 15 organismos y «pone en riesgo la continuidad de los tratamientos»
En primer lugar, fue la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, quien denunció la disolución de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), mediante el decreto 1138/24, el organismo encargado de distribuir la medicación oncológica y para enfermedades raras y poco frecuentes y lo publicó en el primer boletín del año, el 3 de enero. Luego, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, publicó un listado de los organismos disueltos en sus redes sociales. Por su parte, la Red de Trabajadoxs Sociales en Tuberculosis del AMBA, están juntando firmas para evitar el cierre de las coordinaciones de Tuberculosis, Lepra y Hepatitis: «Exigimos que se restituyan estas Coordinaciones para garantizar políticas de salud inclusivas y con perspectiva de Derechos Humanos».
Luego de aprobado el nuevo organigrama y publicado en el decreto 1138/24, derogó 15 organismos, pero no hay información proveniente del Ministerio de cómo se llevarán adelante las tareas que estos desenvolvían a diario.
¿Cuáles son los organismos perjudicados?
-Dirección de Géneros y Diversidad
-Dirección Nacional De Recursos Físicos
-Dirección de municipios y comunidades saludables
-Dirección de Investigación en Salud
-Dirección de Interoperabilidad, Estándares y Desarrollo
-Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud
-Coordinación De Equipamiento Médico y de Arquitectura Sanitaria
-Coordinación De Salud Familiar
-Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales
-Coordinación De Uso Apropiado De Antimicrobianos
-Coordinación De Zoonosis
-Coordinación De Tuberculosis y Lepra
-Coordinación De Hepatitis Virales
-Dirección de Integración de Información Sanitaria
-Coordinación De Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios
Por su parte, a través de sus redes sociales, los trabajadores de las Coordinaciones de Tuberculosis, Lepra y Hepatitis Virales de Nación lanzaron un comunicado buscando apoyo y difusión sobre el impacto que tendrá el cierre del organismo.
Comunicado de los trabajadores de las Coordinaciones de Tuberculosis y Lepra y de Hepatitis Virales de Nación
El 30 de diciembre el Ministerio de Salud de la Nación derogó las Coordinaciones de Tuberculosis y Lepra y de Hepatitis Virales, dos pilares fundamentales en la lucha contra estas enfermedades.
La tuberculosis, una enfermedad directamente ligada a la pobreza, está en aumento en Argentina, en 2023, hubo 14.914 casos, en 2022, fallecieron 733 personas por esta enfermedad. Se presentan casos cada vez más graves en niños y adolescentes. Y los casos aumentan particularmente en la juventud: en 2020, 1667 casos, en 2021, 1917, en 2022, 2101, y en 2023, 2294 casos. Su atención requiere políticas públicas sostenidas y con perspectiva de derechos humanos para garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento. La decisión tomada por el Gobierno pone en riesgo la continuidad de los tratamientos, la entrega de medicación, la realización de estudios, exponen a toda la población a enfermarse y retrocede en los compromisos internacionales asumidos para combatir estas enfermedades prevenibles y tratables.
Desde Sociedades Científicas, la Sociedad Civil, trabajadorxs de la salud y usuaries, nos unimos en defensa de una salud pública inclusiva, accesible y de calidad, que se ve atacada día a día con el recorte presupuestario en distintas áreas y con el intento de privatización que avanza en forma continua. Por eso, invitamos a la comunidad en general a sumar su firma para exigir al Ministerio de Salud que restituya estas Coordinaciones y garantice una respuesta integral a estas problemáticas de salud.
Podés sumar tu firma ingresando al siguiente formulario
23 trabajadores de la salud fueron cesanteados en Río Negro
“Para muchos trabajadores de la salud, el comienzo del nuevo año no es motivo de celebración”, expresaron en un comunicado desde la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur). El día 31 de diciembre, más de veinte trabajadoras y trabajadores fueron despedidos, “dejando en evidencia, una vez más, el ajuste que viene haciendo Weretilneck en la Salud Pública de Rio Negro”, según denunciaron desde el sindicato.
Para el gremio, “el mismo gobierno que convoca a profesionales de otras provincias y publicita supuestas acciones para la recuperación del sistema sanitario público es el que hoy despide a decenas de trabajadores y trabajadoras que cumplen sus funciones en los hospitales de la provincia”.
Desde Asspur exigieron la inmediata reincorporación de todos los despedidos y el pase a planta de todos los y las trabajadoras de la salud, con el fin de que la estabilidad laboral no dependa del gobierno de turno.
El ministerio de Salud, uno de los más perjudicados por el ajuste
El informe del Indec sobre la dotación de personal en la administración pública consigna que de diciembre de 2023 a noviembre de 2024 la planta se redujo en un 11% (pasó de 341.473 empleados a 304.191). Pero no en todos los casos sucedió lo mismo: la jefatura de Gabinete experimentó un crecimiento en su planta del 38,1% (pasó de 3.057 a 4.222 empleados), el ministerio de Economía amplió su personal en un 12,3% (pasó de tener 8.623 a 9.682 empleados), y el ministerio de Justicia se amplió en un 5,5% (de 1.490 trabajadores a 1.572).
Mientras tanto, el ministerio de Capital Humano, el único para el que el presidente prometió una “billetera abierta”, fue el que más personal perdió durante el año: pasó de 19.329 trabajadores a 14.057, lo que implica una reducción del 27,7%. Le siguió el Ministerio de Salud, que pasó de 8.765 empleados a 7.359 (-16%).
Fuentes: La Izquierda Diario, Anred, Prensa Fesprosa