Tres conflictos: Yerbateros, Banco Nación y Vicentin
Mario Hernandez
Productores yerbateros siguen adelante con las protestas en Misiones. Ya llevan una semana con medidas de fuerza en rechazo a la desregulación de la producción que dictó Federico Sturzenegger. La crisis financiera de la empresa agropecuaria Vicentin se profundiza, poniendo en duda el pago de los salarios a sus 3.000 empleados. El Gobierno decretó la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima (SA).
El reclamo central de los trabajadores misioneros es la industria del sector pague un precio mayor por el producto que cosechan. Las medidas de fuerza van desde la quema de plantas de yerba mate al costado de las rutas y la interrupción del paso de los camiones que trasladan la materia prima. Podría haber desabastecimiento.
Los conflictos comenzaron por el DNU 70/2023 que impulsó el gobierno de Javier Milei apenas iniciada su gestión. Esa norma le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar los precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada (seca, sin molienda) dos veces al año.
La Justicia frenó el decreto tras el amparo de los yerbateros y del Gobierno de Misiones, pero el Gobierno mantiene acéfala la presidencia del INYM, lo cual le impide convocar a “sesiones” de precios.
Los productores exigen que se les pague al menos $458 por kilo, cifra que incluye un 30% de rentabilidad. Sin embargo, muchas acopiadoras y secaderos están pagando valores muy por debajo de ese monto. En algunas zonas se les está abonando apenas $250. Además, el conflicto se enmarca en un contexto más amplio de crisis económica en la provincia y la falta de intervención estatal para regular los precios.
El bloqueo al transporte de yerba comenzó hace una semana cuando se apostaron frente a dos secaderos de yerba de San Pedro. Ahora el reclamo se extendió a otros puntos de la provincia misionera: Andresito, Jardín América, Montecarlo, San Vicente, Aristóbulo y Overá.
Al borde del estallido social
“Resolvimos no cosechar la yerba hasta que no haya un precio justo”, sostiene Jorge Lizznienz, productor de Jardín América. La desregulación de la actividad a través del Decreto 70/2023, amenaza la sustentabilidad de la actividad y la paz social en la provincia.
Desde mayo del 2023, cuando el DNU 70/2023 de Javier Milei desreguló la actividad yerbatera, y le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la potestad de fijar un precio base para el kilo de hoja verde y el kilo de yerba canchada -seca y con una molienda gruesa-, la actividad se encuentra en una situación crítica.
“En toda la provincia, en distintos puntos, estamos haciendo protestas al costado de la ruta impidiendo la circulación de hoja verde y de yerba canchada”, explica Jorge Lizznienz, pequeño productor de Jardín América. “Los productores resolvimos en asamblea no cosechar la yerba hasta que no haya un precio justo. Queremos que se pague de acuerdo a la grilla de costos que sacó el INYM, organismo que tenía la facultad de poner un precio piso hasta que el decreto de Milei se la quitara”.
La fijación de este precio fue conquistada gracias al histórico tractorazo que en 2001 posibilitó que, precisamente un 21 de febrero de 2002, se sancionara en el Congreso de la Nación la Ley 25.564 que creó el INYM. “Sin este precio piso, con el mercado liberado, los molineros compiten, pero para abajo. Compiten entre las empresas líderes para ganar góndola, pero el sacrificio lo pone el productor al que le pagan un precio por debajo de lo que vale la materia prima. Es una competencia desleal”, sostiene Lizznienz, quien es parte de la Cooperativa de Productores Jardín América, que seca, muele y acopia la yerba que producen y la comercializa con las marcas Flor de jardín y El abuelo yerbatero.
Según la grilla del INYM el kilo de hoja verde debería pagarse al menos 457 pesos y hoy a los productores se les están ofreciendo 220 pesos el kilo de hoja puesto en secadero, pagaderos a 60 y hasta 90 días. “La paritaria para los tareferos, los trabajadores rurales de la yerba, se actualizó y nosotros no podemos pagar ese costo. Es imposible que yo pueda mantener mi chacra a ese precio”, sostiene el productor.
Los productores se organizan en asambleas locales que se autoconvocan en cada pueblo y ciudad. “Estamos al costado de la ruta, sin cortarla, sólo se controla y se impide el tránsito de hoja verde o yerba canchada, con previo diálogo con la Gendarmería o la policía local. Hubo un caso en San Pedro en el que se tumbó la carga. Está parada toda la provincia”, advierte Lizznienz. “Esto puede llevar a un estallido social porque si no empezamos la cosecha, los obreros no tienen ingresos y van a salir a pedir que les den algún sostén de vida”.
A lo largo del territorio misionero hay 13.500 productores registrados, y se estima que hay un 35% más no registrados. Sumando a los trabajadores, alrededor de 50.000 personas dependen directamente de la producción de yerba mate. “Es la segunda actividad económica de la provincia, luego de la maderera, que tiene escasa cantidad de mano de obra y genera mucho menos puestos de trabajo indirectos que la yerba que mueve la economía provincial”.
La cosecha gruesa, que comienza en marzo, no va a arrancar. A partir del 15 de febrero algunos productores hacen lo que se llama zafrinha, una zafra menor, que tampoco se está llevando adelante.
El mercado de la comercialización de la yerba mate, pese a la cantidad de productores, está severamente concentrado; Las Marías y Playadito manejan entre un 60 y 70% de la producción misionera.
“Yo soy productor de Jardín América Misiones. Soy nacido y criado, segunda generación de yerbateros. Soy asociado de la Cooperativa Jardín América que tiene una masa societaria de 180 productores. Eso nos da un alivio con respecto a muchos que dependen de empresarios”, explica orgulloso Lizznienz. “Nosotros tenemos la bendición de que formamos una cooperativa y tratamos de dar el mejor precio al productor, pero no podemos entrar con nuestro paquete al mercado porque, a pesar de tener una calidad excelente, no podemos competir con los grandes porque ya de Misiones el paquete sale con un impuesto más caro que la provincia de Corrientes: renta provincial nos grava con un 14%”.
Con este valor de mercado el productor no puede pagarle al tarefero y el trabajador no tendrá ingresos. Como broche de oro, al estar desregulado el mercado se permite el ingreso de yerba de Paraguay y Brasil. “De esa forma nos amenazan, si no me vendés más barato, traigo importado. Nosotros luchamos, pagamos impuestos y el gobierno nacional deja importar la yerba de productores que no aportan en el país”.
“Aparte de ser estafados nosotros, son estafados los consumidores, porque están pagando un producto súper caro y al productor le pagan migajas. Tuvimos que salir a la ruta, no nos queda otra, pero no la cortamos, respetamos al otro laburante, el otro también está sufriendo”, concluye Jorge.
Vicentín: incertidumbre sobre el pago de salarios
La empresa cayó en cese de pagos en diciembre de 2019 y en febrero de 2020 solicitó su concurso preventivo de acreedores. En marzo de 2023, la Cámara de Apelaciones de Reconquista, Santa Fe, había homologado una propuesta de pago, pero la empresa Commodities presentó un recurso en contra, que ahora fue aceptado por la Corte.
Uno de los puntos que llevó al rechazo de la homologación fue que la propuesta de Vicentín establecía un pago inicial de US$ 30.000 para cada acreedor quirografario, sin diferenciar el monto total de sus acreencias, lo que generó rechazo entre los afectados.
Con el fallo de la Corte y la imposibilidad de garantizar el pago de salarios, la continuidad operativa de Vicentín es incierta. Los gremios alertaron que 3.000 puestos de trabajo dependen del funcionamiento de la empresa y exigen que se tomen medidas urgentes para evitar una crisis social y laboral de gran magnitud.
La situación de Vicentín sigue en un punto crítico, con trabajadores, acreedores y autoridades pendientes de los próximos pasos que definan el futuro de la empresa.
«Si Vicentín no paga los sueldos, se iniciará un conflicto nacional»
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina anunció que irían a una medida de lucha nacional si Vicentín no abona los salarios de febrero.
La empresa puso en duda su cumplimiento en una reunión con representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo), del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier (SOEAD), de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODYARA) y los Cuerpos de delegados de todas las plantas de la empresa.
Dicha reunión fue el lunes 24 de febrero y según cuenta el gremio el encargado de anunciar el posible incumplimiento de pagos fue el gerente de recursos humanos de Vicentín, Carlos Iglesias, quien mencionó además la posibilidad de frenar la producción o cerrar las puertas. También estuvieron presentes el gerente de Recursos Humanos, Mario Ferreyra, y miembros jerárquicos de la compañía como Daniel Buyatti y Eduardo Gazze.
Frente a esto el Sindicato pronunció: «Ante ese anuncio, que hicieron como si vieran llover, advertimos que si no pagan los salarios de febrero iniciaremos un plan de lucha que paralizará todas las plantas aceiteras del país. No permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo de nuestros compañeros aceiteros ni aceptaremos un peso menos de nuestro salario. No seremos simples testigos de la liquidación de la empresa Vicentín, cuyos principales responsables son sus propietarios, empresarios que la llevaron a esta situación de cuasi quiebra. No permitiremos el desguace de la misma, ni en manos de las multinacionales ni de grupos locales que especulan con su quiebra y liquidación. En este sentido, denunciamos hoy a Vicentín ante la secretaría de Trabajo de la Nación».
Y alertó también: «Vicentin se encuentra concursada y si realizara una cesación de pagos generaría una deuda del tipo post-concursal que llevaría a la empresa Vicentín a la quiebra, porque una empresa concursada no puede tomar nuevas deudas, según lo establece la Ley de Concursos y Quiebras. Si eso ocurre, pondrá en peligro unos 1.300 empleos directos y unos 1.700 empleos indirectos.
«Ante esta situación, advertimos a la secretaría de Trabajo que en caso de no abonarse los salarios y continuar esta situación de incertidumbre en la que no existe garantía para los trabajadores y sus familias, daremos inicio a un plan de lucha tomando medidas gremiales que se extenderán a nivel nacional, con impacto directo en todas las plantas del país, en defensa de los puestos de trabajo y del salario aceitero, único sostén de nuestras vidas», finalizó el gremio.
El anuncio se da luego de que el sindicato le ganara la pulseada a la empresa por el pago de la suma anual extraordinaria que las aceiteras como Vicentín y Explora se negaban a abonar.
El Gobierno transformó por decreto al Banco Nación en una sociedad anónima
El Gobierno decretó la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima (SA). Lo confirmó mediante el decreto de necesidad y urgencia 116/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Según precisó el Gobierno, la decisión busca modernizar la estructura operativa y jurídica del Banco, para alinearlo con práctica corporativo internacionales.
“El presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, fue el mensaje difundido en redes sociales por Manuel Adorni.
Luego en el decreto se estableció que el nombre pasará a ser Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA S.A.) y que seguirá siendo controlado mayoritariamente por el Estado nacional, que tendrá el 99,9 % de las acciones, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina tendrá el 0,1 % restante.
La Justicia suspendió el decreto que transforma al Banco Nación en Sociedad Anónima
El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, suspendió el decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente de la Nación, Javier Milei, en el que transformó al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima.
Lo hizo al dictar una medida cautelar interina en una causa que se inició el año pasado contra una posible privatización de la entidad.
“Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”, sostuvo el magistrado en su resolución de 15 páginas.
Junto con la suspensión, el juez le dio al gobierno nacional cinco días para que presente sus argumentos contra la demanda que se inició.
La privatización detrás de la transformación del Banco Nación y BlackRock en el horizonte
Tras la publicación del decreto presidencial que convierte al Banco Nación en una sociedad anónima y abre la puerta a su eventual privatización, el diputado y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, advirtió que la intención del Gobierno es “avanzar en un proceso de venta de las acciones” y anticipó un plan de lucha sindical en respuesta. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Palazzo aseguró que la decisión se trata de “un negocio para favorecer a amigos del Presidente”, como Larry Fink, CEO de BlackRock, el principal fondo de inversión a nivel mundial.
Un gobierno que lo transforma en sociedad anónima no lo hace para seguir sosteniendo el 100% de las acciones, está claro. Además, tanto el presidente del banco como funcionarios del Gobierno han dicho que la intención de ellos es avanzar en un proceso de venta de las acciones una vez transformada en sociedad anónima.
¿Se imaginaba que un líder sindical iba a encontrar puntos de apoyo en lo que se llamaba antiguamente la oligarquía agropecuaria, que son los productores que ven con preocupación que, en una eventual privatización, el Banco Nación deje de tener como foco el desarrollo y se incline más por maximizar su beneficio?
Ya pasó en los 90 cuando lo intentó Carlos Saúl Menem, fue la misma situación. Primero intentó privatizar e intentó que fuera sociedad anónima para abrir al capital privado, pero no lo logró. Vastos sectores de la sociedad argentina se pronunciaron en contra de esa posible privatización, como lo están haciendo hoy. Esto pasó en los 90, y contamos con el apoyo de muchísimas organizaciones empresarias, lo mismo que está pasando hoy.
Creo que esto no sólo afecta la posibilidad de pérdida de empleo a los trabajadores del sector, en este caso del Banco Nación, sino que también atenta contra la inclusión financiera de vastos sectores de la sociedad y contra la asistencia crediticia de los sectores productivos. Con cierta lógica capitalista, quien invierte plata en una entidad financiera no invierte para hacer asistencia social ni para ver el desarrollo armónico de la sociedad; lo hace para ganar más plata. Y, consecuentemente, su actitud o acción y hacia dónde estará dirigido su plan de negocio será precisamente a lograr nichos de rentabilidad alta con bajos costos.
Esto quiere decir que aquellas sucursales o lugares donde hay pérdidas seguramente no existirán, o aquellas que tengan un desarrollo logístico o geográfico con mucho costo de infraestructura. Tampoco creo que quieran asistir, como lo hace un banco del Estado, cuando hay condiciones climáticas que afectan una cosecha, cuando hay situaciones cíclicas en la economía o cuando hay que acompañar el crecimiento de algún sector económico incipiente.
Claudio Mardones: La decisión del presidente Javier Milei fue plasmar los cambios del Banco Nación a través de un DNU, y ahí vienen dos escenarios. Primero, otra batalla por la validación de un DNU, la bicameral de trámite legislativo, quizás una ofensiva para invalidar en las dos Cámaras, como ya pasó por primera vez el año pasado; o sino un escenario judicial. ¿Cuáles son los frentes que está evaluando?
Nosotros hicimos una evaluación y tomamos tres frentes en los que trabajar. Uno es el aspecto jurídico, y nuestros abogados están trabajando para eso. Nosotros entendemos que es un decreto de facultades delegadas sobre la base del artículo 3 de la Ley Bases, y sobre la base del artículo 48 del decreto 70/2023, que le confería la potestad de transformaciones jurídicas de organismos del Estado, entre otras facultades delegadas que tenía. Esas facultades delegadas que se le dieron son en un exceso porque está transformando en sociedad anónima de derecho privado a una institución que es del Estado, es decir, la saca del ámbito del Estado.
“Quien invierte plata en una entidad financiera no invierte para hacer asistencia social ni para ver el desarrollo armónico de la sociedad; lo hace para ganar más plata”, sostuvo Palazzo.
En la presentación del estatuto social de la nueva sociedad anónima que presentan como anexo en el decreto, establecen la posibilidad de emisión de acciones, pero no dicen quiénes van a ser los dueños de esa nueva emisión de acciones, que es hasta un quíntuple sin autorización. Hipotéticamente, no debería ser nadie que no sea el Estado, porque el Banco Nación fue excluido expresamente de las empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Pero, como esta gente suele atropellar la justicia y los derechos, lo vamos a poner como elemento.
Además, en una de las partes dice que no es necesaria la aprobación del Banco Central de la República Argentina para la transformación societaria. Eso vulnera otra ley, que es la Ley de entidades financieras, que expresa con claridad que ante una transformación societaria o cambio de clave de negocio, tiene que tener la aprobación del Central. Eso lo vamos a atacar, entre otros temas, jurídicamente.
Después, respecto a ser un decreto de facultades delegadas, tiene la misma aplicación de los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, tiene que tener un tratamiento en la Comisión Bicameral de Decretos y luego la aprobación de una de las dos Cámaras. Ahí vamos a tratar de tener los números suficientes y, además, políticamente, para el supuesto de que ellos obtengan esa aprobación, estamos trabajando en la construcción de mayorías para sostener lo que sostuvo el Parlamento con la Ley Bases, y es que es una empresa excluida de posibles privatizaciones.
En el terreno gremial también hemos tomado una definición. A partir del lunes empezamos una asamblea fuera del horario de atención al público. Sigue con una campaña de concientización, la misma que hicimos para juntar un millón de firmas. Más adelante, empezarán asambleas en horario de trabajo con interrupciones de actividades. Si es necesario, se tomará una medida de fuerza más contundente, y para eso nos han facultado el plenario de secretarios generales de todo el país.
Elizabeth Peger: Uno de los argumentos del Gobierno para avanzar en el achique del Estado tiene que ver con la necesidad de reducir gastos. En este caso, es paradójico porque el Banco Nación no es un Banco que genera pérdidas, al contrario, registra rentabilidad. ¿Por qué, se avanza con este primer paso hacia una privatización? ¿Tiene que ver con despejar el horizonte crítico que generó el escándalo cripto? ¿Tiene que ver con cierto interés a quién se incorpora como capital privado al banco?
Porque tanto la Ley Bases, decreto 70/2023 y decreto que transforma en sociedad anónima, casi como un copia y pega, pusieron que era a los efectos de terminar con el déficit, de eficientizar la operatoria y de lograr un mayor control. El Banco genera utilidad. En 2024, generó una utilidad de 1.400 millones de dólares. Una muy buena nota de PERFIL de este fin de semana establece los balances de los últimos tres años y han generado 11.800 millones de dólares. El 50% del Banco lo podrías vender en esa plata, como mucho. En tres años de rentabilidad tenés la plata en la que lo querés vender.
El principio de eficiencia no es aplicable porque el Banco Nación es el primer banco en la Argentina, con mayor rentabilidad, líder en depósitos y créditos y con mayor amplitud geográfica en el sistema. El principio de control tampoco es aplicable en esta situación porque tiene más controles que cualquier empresa pública y privada porque, aparte de su auditoría interna y externa, lo revisa la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central.
¿Cuál es el razonamiento? En principio, creo que ideológicamente puede llegar a tener esa mirada porque ya ha hecho público que es un topo que llegó para destruir el Estado desde adentro. La segunda puede ser porque lo hace un día antes de viajar a Estados Unidos a una reunión que tenían con el Fondo Monetario Internacional, y cual, si fuera una ofrenda, lleva la posible privatización del Banco. El fondo lo pide siempre, el tema es que el Gobierno acepta esa imposición o no.
La tercera tiene que ver con una cosa muy a lo bruto, que sería que necesiten dólares para sostener el tipo de cambio. La cuarta opción tiene que ver con el hecho de que, tras el bochornoso escándalo de las criptomonedas el 14 de febrero, quisieron con esta medida intentar salir de un escenario de negatividad en las redes, desviar la atención de la negativa respecto a lo que hizo el presidente, quien hoy está imputado por estafa.
Todo esto puede ser una explicación, pero mi inclinación es hacia una quinta hipótesis, que tiene que ver con favorecer negocios y personas cercanas a él, como ocurrió con el caso de la criptomoneda $Libra. Si con la criptomoneda se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares, imaginate vendiendo un activo de la Nación de 30.000 millones. Yo me inclino porque sea un negocio favorecer a amigos del presidente.
EP: ¿Qué amigos podían ser?
Durante el tratamiento de la Ley Bases, el presidente tuvo una conferencia con el CEO de BlackRock, en donde se ofreció a comprar todo lo que Argentina vendiera. Ahí pueden encontrar uno.
“Estafador”. La Bancaria rechazó el decreto de Milei para convertir el Banco Nación en SA
Antes de viajar a Estados Unidos, Javier Milei firmó un decreto para transformar al Banco Nación en una sociedad anónima. El gremio bancario manifestó su “absoluto rechazo”. La Justicia Federal ya había determinado que se necesita una ley del Congreso para realizarlo porque el Banco Nación quedó excluido de la Ley Ómnibus “Bases” de remate y saqueo. En medio de la crisis política por la criptoestafa $Libra, el gobierno de ultraderecha busca pisar el acelerador y fugar hacia adelante.
Desde La Bancaria señalaron que la medida es “anticonstitucional” porque el Banco Nación está excluido de la Ley “Bases”, tal cual lo reafirmó la Justicia Federal, y apuntaron contra Milei: “estafador”.
Desde las entrañas del gobierno de ultraderecha salieron a apoyar y justificar la medida. El troll que oficia de vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó mediante uno de sus tweets la decisión de Milei de profundizar la destrucción del Estado. “El presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, escribió.
Por su parte,
Federico Sturzenegger, defendió el decreto asegurando que “era necesario” y que elimina “privilegios”, sin molestarse en precisar cuáles.
“El Banco Nación posee los mejores números en cuanto a rentabilidad del sistema financiero, concentra la mayor cantidad de clientes, de depósitos, de otorgamiento de créditos y asistencia tanto a empresas como individuos, es el banco más grande del país”, señalaron desde La Bancaria.
“Esos números han sido logrados siendo un banco público y estatal, sin desatender su función social para la cual fue creado, sosteniendo a lo largo de su rica historia el desarrollo de la industria, el campo, las pymes y a los ciudadanos y ciudadanas en general. Es contradictorio querer vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa”, apuntaron desde La Bancaria, y clarificaron: “quieren robarse el patrimonio de la Nación”.
El Secretario General de la Asociación Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, profundizó en el tema esta mañana en declaraciones radiales, señalando que se trata de un nuevo negociado y un intento de correr el foco de la agenda pública de la criptoestafa.
Javier Milei, que ahora avanza en un intento de privatización del Banco Nación, es “el mismo que está denunciado por estafador, que lo investiga el FBI, que fugó el oro y nadie sabe dónde está, que —según periodistas— su entorno cobra las audiencias”, aseguró, en comunicación con la AM 750.
“Ese presidente es el que acaba de emitir un decreto para avanzar con la privatización de un banco, de un bien nacional cuyo valor es de 30.000 millones de dólares”, detalló, y apuntó: “Por eso entendemos que es un negociado a todas luces. Uno más, donde seguramente tendremos que contar con la voluntad de muchos legisladores para rechazar cualquier intento de privatización parcial o total”.
“Esto ocurre porque tiene las facultades delegadas por la Ley Bases”, añadió Palazzo, “y lo dicen en el fundamento del decreto. Presentemos nosotros un proyecto para que se cancele esta delegación, habida cuenta de toda esta estafa que significa el cripto-gate en el que está involucrado como partícipe necesario”.
En tanto, sobre el negociado, precisó: “Este es el segundo paso. La semana pasada hubo una reunión en Estados Unidos con autoridades del banco para tratar de colocar una obligación negociable”.
“Esto es un título que saca el banco y que dice que necesita 1.000 millones de dólares. Alguien compra esa emisión y tiene vencimientos. Si vos no pagás, te ejecutan la garantía”.
En el marco de toda esta maniobra, dijo Palazzo, van a poner al Banco Nación como sociedad anónima “para poner de garantía las acciones del banco”.
Por su parte, según Eduardo Berrozpe, dirigente bancario y Coordinador del Foro Economía y Trabajo, este movimiento es un “manotazo” del presidente Javier Milei en el marco del nuevo viaje a Estados Unidos del presidente para buscar fondos.
“Primero, Milei en su desesperación de la cripto estafa, tenía que llevar algo a Estados Unidos y pegó este manotazo para privatizar el Banco Nación, desconociendo que el Congreso excluyó esa posibilidad”, afirmó.
Y precisó: “Lo hizo porque le debe llevar algo a los Estados Unidos. Pegó este manotazo. Y lo debe hacer porque necesita ofrecerlo a los grandes fondos de inversión para que mantengan los dólares en el país y no se interrumpa la estafa de la bicicleta financiera y necesita su apoyo con el acuerdo con el FMI”.
El decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial, dispone en su Artículo 1° “la transformación del ente autárquico BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (BNA S.A.) en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de acuerdo con las disposiciones de este decreto, bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550 – T.O. 1984, como continuadora del ente autárquico en todos sus derechos y obligaciones y sometida a la Ley N° 21.526”.
La medida, que lleva la firma de Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, señala que los accionistas del BNA S.A. serán: el Estado Nacional con el 99,9% del capital social, el cual “ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía”, y la Fundación Banco de la Nación Argentina, quien tendrá la titularidad del 0,1 % del capital social.
Desde su nombramiento como titular del BNA, Daniel Tillard empujó la agenda en pos de la conversión de la entidad en sociedad anónima, lo que podría convertirse en un paso previo para la privatización parcial o total. Recientemente, mediante un comunicado, el banco reafirmó los planes impulsados por Milei.
Tillard, ligado en su momento a Domingo Cavallo, tiene al igual que otros funcionarios de Milei un profuso prontuario. En la década del 90 fue liquidador de Obras Sanitarias tras su privatización, un proceso que terminó en escándalo con su esposa, la economista Julia Couzo Peñaloza de Tillard, y un hermano de ella, de profesión abogado, prófugos de la Justicia, con pedido de captura nacional e internacional. También en la misma década fue acusado de haber sido partícipe de la malversación de fondos millonarios de la Administración Nacional del Seguro de Salud, el PAMI y la DGI con una gerenciadora de salud, denominada Pánasis. Mucho más recientemente, en la campaña electoral de 2023, su apellido reapareció ligado a la sociedad de bolsa Max Capital, acusada de promover una corrida cambiaria contra el entonces ministro y candidato a presidente Sergio Massa.
Inicialmente, el proyecto original de la Ley Ómnibus “Bases” de saqueo y entrega enviado al Congreso por el gobierno de Javier Milei incluía al Banco Nación dentro del listado de empresas a privatizar. Sin embargo, durante la discusión en el Congreso quedó excluido, de igual manera que ocurrió con Aerolíneas Argentinas e YPF.
Además, la Justicia Federal definió que el Mega DNU 70/2023, citado por el gobierno en el decreto de hoy, no permite avanzar con la privatización del Banco Nación.
En septiembre de 2024 el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla, resolvió que las normas actualmente vigentes no permiten la privatización del Banco de la Nación Argentina y que para hacerlo es necesario que lo disponga el Congreso mediante una ley formal.
Compartimos el comunicado de La Bancaria:
¡¡¡ESTAFADOR!!!
Desde la Asociación Bancaria expresamos nuestro absoluto rechazo al reciente decreto firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, que pretende transformar al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima.
El Banco Nación posee los mejores números en cuanto a rentabilidad del sistema financiero, concentra la mayor cantidad de clientes, de depósitos, de otorgamiento de créditos y asistencia tanto a empresas como individuos, es el banco más grande del país. Esos números han sido logrados siendo un banco público y estatal, sin desatender su función social para la cual fue creado, sosteniendo a lo largo de su rica historia el desarrollo de la industria, el campo, las pymes y a los ciudadanos y ciudadanas en general. Es contradictorio querer vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa.
El 25 de abril del año pasado se juntaron más de un millón de firmas en contra de su privatización, donde luego de una gran movilización al Congreso Nacional fueron entregadas todas las firmas recolectadas. Se realizaron conjuntamente distintas acciones, como asambleas, abrazos al banco, protestas en cada punto del país, se visibilizó la importancia de tener un banco público para todos los argentinos y argentinas. Finalmente, el BNA fue excluido de la posibilidad de privatización, parcial o total, en la denominada Ley Bases, y sin embargo el presidente insiste en transformarlo en S.A. para luego privatizarlo, cuando por otro lado el Juez Ramos Padilla resolvió que no pueden avanzar en una privatización si no es con una ley en el Congreso. ¿A que amigos querrá beneficiar esta vez, entregándole el negocio más rentable del sistema financiero argentino?
Un presidente denunciado por estafador, que puede terminar preso por las investigaciones que se realizan tanto en la República Argentina, en la Comisión de Valores de EE. UU. y el propio F.B.I., pretende arrebatarnos por la fuerza el banco. Periodistas (incluida la esposa de uno de sus ministros) denuncian que les cobran coimas para que el presidente los atienda o les dé una reunión, que se llevaron sin ningún escrúpulo el oro del BCRA y sin dar ninguna explicación, que estafan con criptomonedas truchas y ahora directamente quieren robarse el patrimonio de la Nación.
La paciencia del pueblo y de la gente se agotó, por el hambre, por la falta de trabajo, por los jubilados, porque las pymes quedan al borde de la quiebra por las importaciones y porque después del escándalo de las estafas con criptos, quieren terminar de saquear todo lo que puedan y en el tiempo que les quede. Claramente ya no van a tener el apoyo popular, ni siquiera los medios amigos pueden sostener semejante desmanejo, desidia e inoperancia. Como siempre sostuvimos no tienen un plan de gobierno, tienen un plan de negocios. No permitiremos que destruyan el patrimonio nacional que pertenece a todos los argentinos y argentinas.
Nos declaramos en estado de alerta y movilización. ¡¡¡En el día de hoy habrá una reunión de los cuerpos orgánicos del Sindicato para determinar el plan de acción a seguir, en defensa del Banco Nación y de la Banca Pública!!!
NO A LA SOCIEDAD ANÓMIMA, NO A LA PRIVATIZACIÓN.
¡¡¡¡ES OTRA ESTAFA!!!!
Buenos Aires, 20 de febrero de 2025
SECRETARIADO GENERAL NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA
Fuentes: Página/12, Red Eco Alternativo, Canal Abierto, Anred, Perfil, Indymedia Trabajadoras/es