Los últimos números de la economía argentina (enero-febrero-marzo 2025).
Milei avanza en el acuerdo con el FMI en medio de una economía que no arranca
Mario Hernandez
Indicadores de la tercera semana de marzo: El Banco Central vendiendo dólares para atender una mayor demanda del mercado, la brecha cambiaria aumentando al 20%, la tasa del riesgo país en el mayor nivel en varios meses
El DNU con el que Milei se autoriza a sí mismo a un nuevo endeudamiento con el FMI, quedó firme en Diputados el miércoles 19 y coyunturalmente descomprimió la situación de los mercados. Tuvo 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Hubo 5 diputados de Catamarca y Santiago del Estero de Unión por la Patria que se ausentaron para no ir contra el gobierno.
Con la legislación actual, si una de las Cámaras valida un DNU, queda firme. Para su rechazo sí es necesario que lo hagan las dos. Durante la sesión quedaron planteados un sinfín de irregularidades sobre este decreto, tildado de inconstitucional e ilegítimo. La frase más repetida: “están votando darle un cheque en blanco”. Es que el DNU 179/25 implica autorizar al Poder Ejecutivo a un nuevo acuerdo, pero sin saber montos, sin fijar un monto máximo de endeudamiento, ni conocer cuáles serán las exigencias del FMI. La izquierda sumó otra irregularidad: “no podemos sesionar con un Congreso militarizado” dijo Nicolás del Caño, y Christian Castillo lo comparó con un estado de sitio.
El apoyo para logar este blindaje vino del mismo lado de siempre. El PRO, la UCR, la Coalición Cívica, una parte de los radicales de Democracia para Siempre y buena parte del bloque que lidera Pichetto que finalmente acompañó. Fue clave también el alineamiento de los diputados que responden a gobernadores, como los de Innovación Federal, y hasta del peronismo (como los tucumanos de Jaldo, ex Unión por la Patria). Jugaron a favor del gobierno los mandatarios de Salta (Sáenz), Misiones (Pasalaqcua) y Río Negro (Weretilneck) -en Innovación-; el de Córdoba (Llaryora), Chubut (Torres) y Entre Ríos (Frigerio) -en Encuentro Federal-; Mendoza (Cornejo), Jujuy (Sadir), Santa Fe (Pullaro), Chaco (Zdero) y Corrientes (Valdés) -en ambos bloques radicales-; y el de Neuquén (Figueroa) y Santa Cruz (Vidal). Los de Unión por la Patria también hicieron sus aportes al gobierno: vía los 3 tucumanos de Jaldo que votaron a favor, y con la ausencia de los 4 catamarqueños de Jalil (Nóblega, López, Ginocchio, Ávila) y 1 de Zamora de Santiago del Estero (Campitelli).
Es el primer DNU que el Congreso le valida al gobierno, y es la primera vez que La Libertad Avanza pisó el acelerador para llevar un decreto presidencial al recinto. El apuro tuvo que ver con la convulsión que hay en “los mercados”. El viernes el BCRA tuvo que vender u$s 474 millones, el lunes u$s 56 millones y el martes u$s 215 millones y siguió vendiendo miércoles y jueves acumulando US$ 1.008 millones desde el viernes pasado. Todo esto en el marco de la creciente protesta social, con jubilados y jubiladas rodeando el Congreso con el apoyo de miles de personas que se oponen al plan de Milei. Ese fue motivo de otro apuro: que la sesión termine antes de que comience la movilización y con un Congreso militarizado. Apenas 20 minutos antes de la convocatoria callejera se hizo la votación.
A pesar de que el gobierno logró este miércoles blindar el DNU de la deuda con el FMI, entró en zona de declive. En la calle crece el descontento y los jubilados se convirtieron en un símbolo de la resistencia al ajuste del gobierno, ganando cada vez más apoyo. Los llamados “mercados” muestran su desconfianza con el plan del gobierno y su promesa de que no habrá devaluación.
Desde la criptoestafa, la imagen de Javier Milei viene cayendo y ni en las redes sociales le estuvo yendo bien. El DNU se sostiene, pero se está configurando un combo explosivo para el gobierno. De la mano del FMI, puede acelerarse. Como les ocurrió a todos los gobiernos que terminaron en el Fondo.
El préstamo con el FMI ya está cerrado y contempla la suba del dólar: los pasos que faltan para anunciarse
Por Alejandro Rebossio
La devaluación controlada al 1% mensual tiene los días contados. El Gobierno y el Fondo ya pactaron el futuro endeudamiento y el aumento del tipo de cambio, pero no pueden confirmarlo públicamente antes de ciertos procedimientos burocráticos. Mientras, el mercado especula con el peso y ya hubo reacciones tras la votación en el Congreso.
Dado que el gobierno de Milei ha hecho más ajuste fiscal y monetario del que pedía el Fondo, en esos dos asuntos no hay debate alguno. El asunto que estaba en discusión es el cambiario porque el organismo considera que el crawling peg (suba gradual del dólar oficia) del 1% mensual es insustentable, convirtió al peso en la segunda moneda más sobrevaluada del mundo, y hay que acelerar su marcha y caminar más rápido hacia la liberación del cepo cambiario.
Milei y Caputo coincidían en el objetivo final de levantar el control cambiario, pero han apostado hasta ahora en un peso fuerte para bajar la inflación. Un peso sobrevaluado o un dólar barato desincentivan la producción nacional de bienes y servicios y, por consiguiente, la acumulación de reservas en el Banco Central al alentarse la importación y moderar la exportación, con lo cual el día de mañana la Argentina no tendría las divisas para devolver los préstamos con el Fondo.
Pero en los últimos días el FMI y el Gobierno se han puesto de acuerdo en la manera de elevar el tipo de cambio y salir del cepo, pero no lo pueden anunciar en público antes de que se oficialice el SLA. Caputo ha sido torpe en sus recientes declaraciones con medios amigos sobre el futuro del régimen cambiario y ha provocado ruidos en el mercado. Lo que está claro es que el crawling peg al 1% mensual, con una inflación que supera el 2% mensual, tiene los días contados. La salida es un secreto que guardan o deberían guardar los funcionarios del Gobierno y del Fondo para evitar especulaciones en los tipos de cambio, los bonos y las acciones. Sin embargo, los comportamientos recientes de los mercados financieros han demostrado que algunos operadores tienen o creer tener la verdad sobre qué ocurrirá e invierten y ganan plata en consecuencia.
En los días previos a la aprobación del acuerdo en Diputados y ante todo los rumores de devaluación, los dólares paralelos y el riesgo país subieron y las acciones cayeron. Este jueves, tras la votación parlamentaria, el dólar blue desciende 2,7%, a $1.245; el MEP o Bolsa, 0,7%, a 1.277; y el contado con liquidación, 0,9%, a 1.279. El riesgo país disminuye 1,9%, a 762 puntos básicos, como reflejo de la recuperación de los títulos de deuda pública en dólares. En cambio, el índice de la Bolsa porteña, el S&P Merval, aún duda y retrocede 1%. Tal vez sea el reflejo de que un acuerdo con el Fondo le asegura divisas a la Argentina para saldar sus pasivos, pero al mismo tiempo implicaría una depreciación mayor del peso que debilitaría la cotización de las empresas.
La inflación trepó en febrero: 2,4%
La inflación de enero fue del 2,4% y así mostró una pequeña aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, y la interanual se ubicó en el 66,9%. Sin embargo, el índice del segundo mes del año tuvo una particularidad: el aumento de Alimentos y Bebidas, que fue del 3,2%, superó por primera vez desde mayo el índice general. El incremento de la carne tuvo un rol clave en la dinámica del mes: subió entre un 5,6% y un 9,7%, según la región. Se trata de una cifra que más que duplica y, en algunos casos, casi cuadruplica el nivel general.
Volviendo al índice del segundo mes del año, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (3,7%). A su vez, la inflación núcleo, que no contempla la performance de los precios estacionales y regulados, arrojó un 2,9% cuando los analistas encuestados por el Banco Central (BCRA) en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) vaticinaban un 2,3% para el segundo mes del año. Por el contrario, los dos rubros que registraron las menores variaciones en febrero de 2025 fueron Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (1,0%) y Prendas de Vestir y Calzado (0,4%)
“La inflación mensual se aceleró en febrero, rompiendo la tendencia de desaceleración. El IPC núcleo del 2,9% muestra que la presión inflacionaria sigue presente. Las próximas mediciones serán claves para evaluar si la tendencia al alza se mantiene”, explicó Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).
El Gobierno salió a mostrar el lado positivo del dato de febrero: Con esta variación, la inflación en el segundo mes del año fue la menor para un febrero desde el año 2020. También, la variación interanual se desaceleró por décimo mes consecutivo. “El análisis de medias móviles permite evaluar la dinámica del proceso de desinflación más allá de la volatilidad de muy corto plazo. En esta línea, la media móvil de tres meses fue del 2,4% mensual, el menor registro desde agosto de 2020, en tanto la de seis meses fue del 2,7% mensual, la menor variación desde octubre de 2020”, sostuvieron desde el Palacio de Hacienda.
Los datos de las consultoras proyectan en marzo un valor cercano al de febrero: un 2,2%.
“Estamos ante un fraude que involucra al FMI”
El Foro de Economía y Trabajo elaboró un documento en base a la situación económica y financiera de la Argentina gobernada por el presidente libertario Javier Milei.
Ante el Comunicado Oficial de la Presidencia de la República Argentina, que el día 6 de marzo de 2025 informó que envía al Congreso de la Nación un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para un nuevo endeudamiento con el FMI, hacemos saber:
No es necesario ningún acuerdo con el Fondo Monetario. Y menos con cláusulas secretas que no se comunican al Congreso de la Nación Argentina para su tratamiento ni se ponen en conocimiento de su Pueblo, que siempre paga las consecuencias.
El presidente Milei requiere su aprobación “a ciegas”, desconociendo que nuestra Constitución Nacional en su art 75 determina que corresponde al Congreso: “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” (inc. 7), estableciendo que es el Poder Legislativo quien tiene la potestad de aprobar o rechazar tratados y concordatos con las organizaciones internacionales (inc.22). Y no cumple con la Ley 27.612 que establece que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente” (art.2°).
No cabe duda de que las condiciones de ese acuerdo no se hacen conocer pues implican la cesión de importantes activos nacionales, y profundizarán el ajuste económico impuesto por el actual gobierno, para acelerar una brutal transferencia de recursos de los trabajadores, jubilados y familias hacia:
a) las grandes corporaciones financieras de las que, en los hechos, el FMI es garantía en última instancia aun en contra de los intereses de los países que lo integran, como sucedió en 2018 por la gestión de Luis Caputo habilitando una fuga de capitales por 44.000 millones de dólares.
b) las grandes exportadoras, importadoras y oligopolios formadores de precios que liberados de obligaciones por los decretos de Javier Milei imponen precios excesivos a los alimentos, la energía, el transporte, los medicamentos, la atención a la salud, e insumos imprescindibles para la industria.
c) los comisionistas u operadores que pudieran estar vinculados incluyendo corporaciones financieras y sus directivos, funcionarios, legisladores, consultoras y bufetes especializados que pueden haber coadyuvado o coadyuvan a “gestionar” el círculo vicioso del endeudamiento, incluso criminalmente y atentando contra el orden económico financiero. **
Con este esquema y esas condiciones, que también afectarán el tipo de cambio, no es que los “precios caros” bajarán como dice el mismo Luis Caputo, actual ministro de Economía. Lo que seguirá bajando es el poder adquisitivo de las familias y la demanda en el mercado interno, profundizando la economía del desastre.
El gobierno miente. No es cierto que la deuda no aumentará por este nuevo acuerdo. La deuda externa aumentará. Y las decisiones de este gobierno y los sucesivos quedarán condicionadas a las metas ocultas que se acuerdan con el FMI.
Es decir, estamos ante un nuevo y gigantesco fraude que -como en 2018- no podría hacerse sin el concurso de las autoridades del Fondo, que no pueden desconocer que así se empuja a Argentina hacia un default, lo que incluso pudiera ser un objetivo, habida cuenta de la crítica situación en un mundo donde se multiplican los conflictos y se potencian las guerras.
En ese contexto, Argentina está en una grave emergencia institucional, con graves carencias de seguridad jurídica, donde el titular del Poder Ejecutivo declarando su objetivo de destruir el Estado, se arroga facultades legislativas, y el Poder Judicial está afectado en parte, pero en todas sus jurisdicciones, de un grave deterioro institucional, como entre otros hechos señala la designación por decreto de Jueces de una Suprema Corte de Justicia que demora deliberadamente pronunciamientos en cuanto a denuncias sobre los hechos señalados, particularmente sobre la deuda externa.
Cabe por cierto preguntarse, si, según el presidente Milei, el objetivo que es “destruir al Estado” ¿cómo puede esperarse que éste cumpla su obligaciones nacionales e internacionales?
Por lo mismo volvemos a señalar:
1) La deuda con el FMI deben pagarla quienes se beneficiaron con ella. El Congreso de la Nación en uso de sus facultades constitucionales y legales debe retomar, tratar y aprobar el Proyecto* para la creación de un Fondo Nacional para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con recursos provenientes de quienes no cumplieron con sus obligaciones tributarias legales y/o se beneficiaron de ella. Esto en su parte que se considere legítima, lo que requiere que se den curso a las denuncias que obran en manos de la Justicia, inclusive fundadas en detallados informes de la Auditoría General de la Nación. En este sentido haciéndose cargo del riesgo moral e institucional asumido, ese Fondo también debe devolver los sobrecargos que cobró y suspenderlos de inmediato.
2) El Congreso de la Nación debe hacerse cargo de toda negociación sobre la deuda pública tal como dispone la Constitución Nacional y derogar con urgencia las facultades legislativas que inconstitucionalmente se ha arrogado y se han concedido al Presidente de la República, hoy en extremo condicionado por su voluntad de destruir el Estado y por la investigación de una estafa en criptomonedas y tráfico de influencias que se está investigando también en los Estados Unidos.
3) El Congreso de la Nación tiene mora en constituir una Comisión de Seguimiento de la deuda externa, que investigue el acuerdo contraído ilegalmente por el Gobierno del Sr. Mauricio Macri con el FMI, organismo que lo otorgó violentando de manera flagrante su propio Convenio Constitutivo, con riesgo moral y conociendo sus consecuencias. Debe hacerlo de inmediato.
4) Argentina debe garantizar el funcionamiento constitucional del Estado, y la debida seguridad política, para ello y por las razones señaladas debe iniciarse el procedimiento de Juicio Político.
5) Todas y todos los legisladores nacionales tienen obligaciones inexcusables en relación a estas cuestiones, incluyendo la que hace a la inmediata derogación del DNU por el que, el Poder Ejecutivo, pretende imponer el nuevo acuerdo con el FMI. Y análogas obligaciones tiene la Suprema Corte de Justicia.
Las naciones integrantes del Fondo Monetario deben tomar nota, y las autoridades de este organismo deben hacerse cargo de que en estas condiciones es evidente la inviabilidad del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas. Es decir, podrá ser calificada como deuda odiosa la generada en este acuerdo y por lo tanto sujeta a un default selectivo de la Nacion Argentina, habida cuenta que se conocen de antemano las consecuencias.
*FORO ECONOMIA Y TRABAJO
Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Noemí Brenta, Hugo Castro, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Santiago Mancinelli,
Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva
Coordinador: Eduardo Berrozpe
El consumo sigue en caída y las ventas de supermercados acumulan 15 meses de retracción
La canasta alimentaria sigue subiendo, sobre todo en el rubro alimentos. Los consumidores ajustaron sus gastos en bebidas, artículos de limpieza, de hogar y ropa y productos de higiene. La caída fue mayor en el AMBA, según una consultora privada.
El consumo de productos básicos ya registra 15 meses de caída consecutiva, con fuerte impacto en rubros como bebidas sin alcohol y alcohólicas. Desde junio hasta diciembre del 2023 inclusive, la Argentina registró siete meses de crecimiento en el consumo masivo con picos en septiembre (8,5%) y octubre (8%). Sin embargo, desde enero del 2024 todos los meses fueron de caída: inició con una retracción del 3,5% interanual en enero del 2024 y lleva 15 períodos consecutivos, hasta el 9,8% del pasado febrero.
Según la consultora Scentia, se registró un 10,2% de caída mensual desde el primer mes del 2024, con picos en septiembre (-22,3%), octubre (-20,4%) y noviembre (-20%). No obstante, desde octubre del 2024 la caída del consumo transita cuatro meses de desaceleración.
Los rubros con mayores caídas entre febrero del 2025 y febrero del 2024 fueron bebidas sin alcohol (-18,8%); bebidas con alcohol (-16,2%); productos considerados de consumo “impulsivo” (-10,5%); artículos de limpieza de ropa y hogar (-9,7%); y productos de higiene y cosmética (-8%).
Las ventas sufrieron una retracción en supermercados y autoservicios de todo el país, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la caída fue del 8,3%, como en el resto de las provincias argentinas, que tuvieron en promedio una reducción del consumo de 4,9%.
En este escenario, la canasta alimentaria anotó en febrero su mayor suba en seis meses. El costo de la canasta básica alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, trepó un 3,2% en febrero, el registro más alto desde septiembre del año pasado. La canasta básica total (CBT), que determina la línea de pobreza, también se aceleró, aunque a un menor ritmo.
El informe publicado por el INDEC mostró que, por primera vez en nueve meses, la canasta básica alimentaria subió por encima de la canasta básica total. Esto se dio en un contexto de mayores aumentos en algunos alimentos, fundamentalmente en la carne.
De este modo, una familia “tipo”, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó en el segundo mes del año $1.057.923 para no ser considerada pobre, de acuerdo con la metodología oficial, mientras que para no caer en la indigencia requirió $468.108.
“La caída de ventas en enero y febrero fue aún más profunda de lo esperado”
En medio de una inflación que sigue siendo alta, los almaceneros deben adaptarse a las fluctuaciones del mercado y a un consumidor cada vez más exigente con los precios.
Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que, a pesar de la inflación del 2,2% en febrero, el panorama para los almacenes no es tan positivo.
En enero las ventas cayeron un 10%, y en febrero la caída fue incluso más profunda”, comentó. A pesar de esta caída, los precios no aumentaron de manera significativa en estos dos meses.
Además, el entrevistado destacó que algunos productos como el aceite aumentaron un 7%, mientras que otros, como los lácteos, registraron incrementos más moderados, por encima del 2%.
El presidente de la Federación consideró que, a pesar de la inflación y las dificultades, aún hay margen para que los empresarios reduzcan los precios. “En diciembre, cuando la inflación alcanzó un pico de casi el 25%, los precios fueron muy altos. Hoy, el arroz, por ejemplo, ha pasado de costar 4.000 pesos a 1.300 pesos”, explicó. Este ajuste en los precios refleja una posible oportunidad para reducir aún más los costos para los consumidores.
El pan lactal de marca PyME cuesta la mitad que el de las grandes marcas, y los consumidores lo han adoptado”, comentó.
Este fenómeno también se extiende a las bebidas. Hace unos años, las gaseosas PyME no se encontraban en muchos almacenes, pero hoy representan casi el 50% de las ventas. La razón, según Savore, es simple: “Las marcas tradicionales están muy caras”.
Cambio en los hábitos del consumidor
El comportamiento del consumidor también ha cambiado notablemente en los últimos años. El entrevistado aseguró que hoy en día, los compradores prefieren productos más baratos, incluso si solo hay una diferencia pequeña en el precio. “El consumidor se va al producto de al lado si cuesta un peso menos”, explicó.
Nos permite decir que no vendo más a 13, vendo a 12,50″, agregó. Además, las ofertas impulsadas por tarjetas de crédito han resultado ser efectivas para fomentar las compras, mejorando las ventas en tiempos de incertidumbre económica.
Proyecciones para el futuro cercano
En cuanto a las expectativas sobre la inflación, Savore cree que la tendencia se mantendrá estable. “Creo que por meses la inflación será del 2%, aunque se esperaba un pico más alto para marzo. Sin embargo, la mercadería está más estable”, afirmó.
De los 30.000 empleos perdidos en la Pymes en 2024, 10.000 fueron del sector textiles y calzado
La pérdida de puestos de trabajo es uno de los aspectos que más inquieta a los empresarios industriales pymes en la actualidad, frente a la falta de competitividad o la fuerte presión fiscal de la que dan cuenta. En efecto, estiman que de los 30.000 puestos de trabajo que perdió el sector industrial en 2024, más de 10.000 corresponden a esa cadena de textiles y calzado.
En esa agenda de competitividad la industria ha señalado que, con los actuales niveles de presión fiscal, informalidad, falta de acceso al crédito y demás desequilibrios, la competencia frente a las importaciones de bienes finales, en especial de algunos países, se torna claramente desigual y desleal.
“Desde FEBA hace tiempo que venimos advirtiendo acerca de medidas oficiales que repercuten negativamente en el desempeño de las pymes argentinas. Entre ellas, la apertura de importaciones de diversos productos o la desregulación de la prestación de distintos servicios. Esos impactos se potencian ante un contexto cotidiano en el que las pequeñas y medianas empresas lidian con situaciones adversas como la presión fiscal, falta de financiamiento o informalidad”, señaló Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA.
Los sectores afectados han registrado aumentos por debajo de la inflación general. En este sentido, cabe señalar que, en enero el rubro textil registró un aumento de precios del 0,6% mientras que la indumentaria de producción textil aumentó un 1%. Por este motivo, el aumento de prendas de vestir y calzado en IPC en febrero dio 0,4%, muy lejos del incremento de precios de otros sectores de la economía”.
Adicionalmente, expresaron que los sectores calzados, textil e indumentaria están especialmente afectados por los problemas de comercio ilegal, contrabando y falsificación marcaria, entre otras. Del último relevamiento del CEU-UIA, un 33% de las empresas relevadas afirmaron que el contrabando las afectaba negativamente, llegando al 80% en el caso de las empresas del sector calzado e indumentaria.
“Estamos ante una medida que pone en peligro la actividad de la industria del calzado, textil y de indumentaria, tres rubros que generan empleo y proveen artículos de consumo primario a toda la población”, aseguró Camilo Alberto Kahale de FEBA.
Y agregó que la decisión pone en riesgo la competitividad de las pymes de esos sectores, que ya atraviesan dificultades. “Las consecuencias de estas decisiones arbitrarias se manifiestan en lo económico, pero también en lo social, ya que miles de familias de trabajadores se verían afectadas”,
Desde las organizaciones empresariales de la Provincia de Buenos Aires insisten en la necesidad de tener una coordinación entre la agenda de competitividad y la integración comercial para no seguir profundizando la caída de la producción industrial y el empleo, en especial mediante la baja de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
29 entidades del sector textil y del calzado rechazan la baja de aranceles a la importación
Los empresarios textiles están movilizados ante la decisión del Gobierno Nacional de reducir los aranceles a importación de ropa, vestimenta y calzado, tal como anunció hace unos días Luis Caputo. Ahora, la cadena de valor textil, indumentaria y calzado de todo el país unida, acaban de publicar una carta en la cual 29 asociaciones de empresarios y trabajadores, “no comparten que la baja de aranceles a la importación sea la solución”.
Según esgrimieron, primero hay otras decisiones que debería enfocar el gobierno para ayudar a la competitividad de las firmas locales. “Primero debemos bajar impuestos para los que producen en el país y luego, diseñar una estrategia de integración comercial, para no profundizar la caída de la producción industrial y la pérdida de empleo, y beneficiar a los consumidores”, aseguraron.
La decisión de bajar los aranceles al ingreso de calzado, indumentaria e insumos textiles del exterior -que en el caso de la indumentaria será del 35% al 20%- renovó el malhumor que tenía la industria textil por las medidas que viene tomando el Gobierno en favor de la importación, con el objetivo de reducir los precios.
Varias cámaras industriales del sector, y hasta la Unión Industrial Argentina (UIA) salieron en defensa de la industria y advirtieron por un fuerte impacto en el empleo, si la medida se concreta.
La crisis de la construcción en Argentina
El sector de la construcción en Argentina atraviesa una crisis profunda, donde las deudas impagas, la inestabilidad financiera y la falta de pago por trabajos realizados están afectando gravemente tanto a las empresas como a los trabajadores.
Para hablar sobre este tema, Gerardo Antonio Fernández, expresidente de la Confederación PYME, expresó que, “el sector está mal, o muy mal, en cualquiera de sus segmentos o secciones”. La obra pública nacional se ha visto severamente afectada desde la llegada del nuevo gobierno en noviembre de 2023.
“Se abandonaron los contratos, quedaron impagos los saldos de facturas emitidas y obras ejecutadas”, lo que ha dejado a muchas provincias en una situación económica compleja.
Fernández detalló que las empresas constructoras se han visto obligadas a soportar una deuda creciente por trabajos realizados, pero no pagados. “Las empresas habían invertido capital de trabajo y no se les pagó”, explicó el exdirigente de la Confederación PYME. A pesar de que las obras fueron ejecutadas y auditadas, las facturas emitidas siguen sin ser saldadas.
Además, las empresas tuvieron que continuar con otros gastos adicionales, como el pago de impuestos sobre facturas no cobradas y el mantenimiento de obras en curso. “Las empresas han tenido que seguir pagando las pólizas de fondos de caución, la luz para mantener seguridad, y los serenos”, indicó Fernández.
“Si las pymes empiezan a tener problemas financieros, van a empezar a recortar personal”.
Esto no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la viabilidad de las empresas. El ex presidente de la Confederación PYME señaló que, si bien algunas empresas han intentado adaptarse al ajuste, “lamentablemente, en muchos casos está perdiéndose” y las pymes no están pudiendo soportar la presión financiera.
El aumento de los costos de construcción
Los desarrolladores inmobiliarios también enfrentan un aumento significativo en los costos de construcción. “El metro cuadrado de construcción subió el 77% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024″, señaló Fernández, comparando este aumento con el incremento del 40% del dólar en el mismo período.
No estamos hablando ni de la semana pasada ni del mes pasado. Estamos hablando ya de un año y fracción”, dijo Fernández, subrayando la gravedad de la situación.
Para finalizar, Fernández agregó: “Con facturas impagas y costos crecientes, las empresas constructoras se encuentran atrapadas en una espiral económica difícil de romper y el drenaje de las empresas ha sido muy grande”.
El Gobierno frenó 469 obras públicas en todo el país y ya adeuda $ 127.200 millones
El gobierno de Javier Milei tiene pisado los pagos por $127.200 millones a empresas contratistas de obras públicas, lo que demora el traspaso de las obras a las provincias con las que la Nación firmó convenios a lo largo del año.
Se trata de una deuda heredada a la que la Casa Rosada se comprometió regularizar, con el objetivo de traspasar la responsabilidad de la ejecución de las obras a las provincias.
Son obras que contemplan redes cloacales, provisión de agua potable, desagües, saneamiento, estaciones de bombeo, acueductos, CDI, autopistas, corredores viales, escuelas, hospitales, puentes, plantas depuradoras, pluviales, repavimentación, conectividad, defensa de inundaciones, entre muchas otras.
Según la información recopilada son 469 obras que están frenadas en veinte provincias a lo largo y ancho del país y que la Casa Rosada tiene como compromiso. A las obras mencionadas hay que sumarles las que tienen financiamiento de organismos internacionales, y las obras municipales a las que Nación y las provincias se comprometieron a encontrar la mejor manera de que sean financiadas, según surge de los convenios firmados.
Infografía Obras Públicas 20240831
En efecto, extensísimos listados de obras que se encuentran sin certezas sobre su futuro.
Un dato: la cifra adeudada con empresas contratistas representa 1,3 veces el presupuesto que la Casa Rosada ha destinado para la agencia de inteligencia, SIDE. ¿Prioridades?
En total hay 21 provincias que han firmado convenios con Nación para el traspaso de las obras. Solo la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires no lo hicieron. Las obras realizadas en territorio porteño no necesitan ser conveniadas. Los otros dos distritos no firmaron por diferencias políticas. Esa es la lectura que hacen en Casa Rosada, al mismo tiempo que aseguran estar dispuestos a trabajar con todos los gobernadores.
Hasta Formosa firmó, solo que no hubo foto entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine y el gobernador Gildo Insfrán, tal como sucedió en el resto de los casos.
La secretaría que conduce Giovine está en Economía, bajo la órbita de Luis “Toto” Caputo, último responsable de las cuentas públicas.
A lo largo de los últimos meses Francos y Giovine recibieron en la Casa Rosada a la gran mayoría de los gobernadores, uno por uno, para sellar los traspasos de las obras que fueron anunciados con “bombos y platillos” en el marco de la austeridad fiscal que detenta el Gobierno.
Es que la gestión de Milei ha paralizado la obra pública desde su inicio y el Presidente ha dicho creer en más de una oportunidad en el “modelo chileno” para realizar obras de infraestructura, lo que nunca se puso en práctica.
La provincia que mayor cantidad de obras pendientes tiene es Neuquén (57), le siguen Salta (47), Tucumán (44), Catamarca (43), Chaco (39), Córdoba (35), Misiones (33), Corrientes (28), Entre Ríos (27) y San Juan (25).
El ranking de provincias continúa con Santa Fe (20), La Rioja (17), Jujuy (14), Santiago del Estero (12), Chubut (11), Tierra del Fuego (8), San Luis (5), Mendoza (2), Río Negro (1) y Santa Cruz (1). Los datos de Formosa no se encuentran disponibles por no estar contemplados dentro de la fecha de corte del pedido de información.
Más allá de la cuestión numérica, la demora en la cancelación de las deudas abre un foco de conflicto con las provincias, sobre todo con las aliadas que ven en la dilación falta de gestión y ningún premio por los apoyos políticos. La bronca de los gobernadores es creciente y podría intensificarse en las próximas semanas en la medida que los acuerdos realizados entre la Casa Rosada y los mandatarios continúen siendo incumplidos.
Otro punto de conflicto es el incumplimiento de Nación respecto de los directores de Vialidad Nacional. Engranajes claves en la agilidad de la gestión. La Casa Rosada eyectó a varios directores. Francos escuchó los reclamos en la una reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio, pero no hubo respuestas.
En esa misma reunión los mandatarios también se llevaron promesas de cancelaciones de deudas y saneamiento de los números entre Nación y Provincia.
En Gobierno explican que la dilación de las obras se debe a su vez a factores administrativos y la dificultad de reanudar los trabajos cuando estuvieron varios meses parados. Al mismo tiempo, señalan que cerca del 25% de las obras están reactivadas, aunque a un ritmo menor del deseado.
En los convenios firmados, Nación y las provincias se comprometen a “adoptar las medidas que resulten pertinentes a los fines de que la Provincia asuma la financiación y/o ejecución” de las obras, lo que hasta el momento no está sucediendo.
Sin presupuesto aprobado, Milei aprovecha y profundiza el ajuste en 2025
Por Cristian Carrillo
El recorte del gasto dispuesto en la prórroga presupuestaria publicada el jueves 13 es incluso mayor al que se desplegaba en el proyecto de que el mismo Gobierno presentó ante el Congreso el 15 de septiembre.
Sin tratamiento del proyecto de Presupuesto de este año, el Gobierno avanzó en la prórroga de la ley de leyes vigentes desde 2023. El Gobierno aprobó la “adecuación” de los gastos y recursos de Presupuesto 2023, prorrogado al ejercicio 2025. La prórroga incluye un ajuste de 1,96 billones de pesos en los recursos (-26,7% interanual descontada la inflación) y un tijeretazo del gasto de 1,51 billones (-26,3% interanual). El recorte es incluso mayor al que se desplegaba en el proyecto de Presupuesto que el mismo Gobierno presentó ante el Congreso.
“El nivel de ingresos y gastos previstos para 2025 es inferior al que rigió en 2024, lo que pone en evidencia que ineludiblemente habrá ampliaciones en el cálculo de los recursos y también en las autorizaciones de gastos y aplicaciones financieras, que solamente se podrán realizar mediante una Ley o DNU”, señala el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Tal como se preveía, el gobierno de Javier Milei contará –a partir de no contar con un presupuesto aprobado para el actual ejercicio- total discrecionalidad para ampliar, reducir y reasignar partidas. Si se compara con el proyecto de Presupuesto presentado el 15 de septiembre por La Libertad Avanza, se destaca un recorte de gastos y recursos aún mayor en esta ampliación. En la iniciativa que no fue tratada en el Congreso, el recorte del gasto era de 22,5 por ciento en los recursos y de 18,4 por ciento en los gastos. La prórroga contempla además un deterioro del resultado financiero, que cerraría con un déficit de 6,56 billones de pesos, equivalente al 7,5 por ciento de los ingresos totales.
Afinando los números con motosierra
Este jueves el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la segunda prórroga del Presupuesto 2023, dando cumplimiento artículo 27 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que estipula que en los casos en que, al inicio del ejercicio financiero, no se encontrase aprobado el presupuesto general para la Administración Nacional, el Poder Ejecutivo está facultado a realizar las adecuaciones necesarias en recursos, en gastos y de aplicaciones financieras.
Por el lado de los recursos totales, se determinó un total de 88,01 billones de pesos para el ejercicio 2025, lo que representa una caída nominal de 1,96 billones respecto al total de recursos previstos al cierre del año 2024, lo que ajustado por inflación implica una variación de -26,7 por ciento interanual. Si se considera el monto previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que era de 113,6 billones de pesos, la diferencia asciende a 25,59 billones.
Dentro de los recursos corrientes, la principal diferencia se debe a la disminución de los Ingresos Impositivos que, respecto al total de recursos vigentes al cierre del año 2024, asciende a 5,65 billones de pesos, con una caída del 32,4 %. “Esta disminución coincide exactamente con el nivel de impuesto PAIS previsto en el ejercicio 2024, lo que implica que el resto de los impuestos repiten el nivel nominal de 2024 y, en consecuencia, que no se da cumplimiento a lo establecido en el mencionado artículo 27 en cuanto a los Ingresos Impositivos, ya que no se realizó una estimación para el nuevo ejercicio”, señala ASAP.
La prórroga prevé un incremento en la recaudación de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social en 3.796.190 millones de pesos (-13,9 por ciento interanual), compensando parcialmente la caída proyectada en la recaudación. En cuanto a los ingresos no impositivos, se prevé menores recursos para el 2025 (-102.467 millones de pesos, -29,5 por ciento).
Por su parte, los gastos previstos para el ejercicio 2025 ascienden a 94,57 billones de pesos, lo que representa una reducción de 1,51 billones en comparación con el cierre del ejercicio 2024 (-26,3 por ciento). Si se considera el total de gastos contemplado en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que era de 115,92 billones de pesos, la diferencia es de 21,35 billones.
Entre los cambios de la estructura de funcionamiento, se observa que a nivel institucional se crea el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con su respectivo Servicio de Administración Financiera, mientras que se disuelve el Ministerio del Interior y el Ministerio de Infraestructura, tal como estaba previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025. En el caso de Interior, los créditos pasan principalmente a Jefatura de Gabinete, mientras que los de Infraestructura, pasan a Economía.
Milei y Caputo celebran el ajuste en jubilaciones, salarios y educación
Por Laura Muñiz
El presidente y el ministro de Economía festejaron el superávit fiscal de 2024. Esto significó un fuerte recorte a las jubilaciones, pensiones, transferencias a las universidades, provincias, subsidios al transporte, energía y salarios de los trabajadores públicos. No hubo motosierra a la casta como prometió sino a la clase trabajadora.
El presidente Javier Milei terminó su primer año con un superávit fiscal de $1,7 billones (0,3% del PBI), según comunicó el 17 de enero el Ministerio de Economía. La fórmula para alcanzarlo fue la motosierra y la licuadora a las jubilaciones, pensiones, transferencias a las universidades, provincias, subsidios al transporte, energía (implicó suba de tarifas) y salarios de los trabajadores públicos. ¿Poda a la casta? Nada de eso, la casta mantiene sus privilegios.
“Se trata del primer superávit financiero anual en 14 años, y el mayor en 16 años (…) El resultado fiscal publicado hoy debe entenderse como un hito en nuestra historia. Es el resultado de un liderazgo extraordinario de nuestro presidente Javier Milei” escribió el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X. El presidente también celebró la noticia y aseguró que “las promesas se cumplen”. Déficit cero es una realidad”. Javier Milei oculta que durante la campaña electoral prometió ajustar a la casta, pero eso no ocurrió. Se ajustó a los trabajadores, jubilados, estudiantes, y desocupados mientras la “casta empresaria” ganó millones bajo el primer año de gobierno de La Libertad Avanza.
Luis Caputo aseguró en X que “no hay más déficit en Argentina”, que “la inflación seguirá bajando y con ella, el nivel de pobreza”. El ministro también prometió que la economía crecerá fuertemente en 2025 y que habrá inversiones. Se trata de una mirada optimista de Luis Caputo ya que aún la economía no se recupera, hay vencimientos de deuda que debe afrontar el Gobierno este año y pocos dólares para pagar, y las reservas del Banco Central siguen en rojo. El ministro implora al FMI por un nuevo acuerdo, pero en caso de acordarse significará una nueva hipoteca para el pueblo trabajador e incluirá las clásicas exigencias del Fondo de más ajuste y contrarreformas.
Recortes a fondo
En 2024 los gastos totales cayeron 25,9% en términos reales en relación a 2023 y los recursos totales lo hicieron en un 3,5% en el mismo período, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Los principales recortes del 2024 en términos reales en relación al año anterior fueron en:
Transferencias a provincias (-75,6%): el Gobierno recortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), las transferencias a las Cajas Previsionales Provinciales, y los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN).
Programas sociales (-47,5%): se ajustaron Políticas Alimentarias (-17,4%), Volver al Trabajo y Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo) (-61,1%), explicado principalmente por la pérdida de poder de compra de las prestaciones, al mantenerse constante el valor de los planes sociales desde diciembre 2023 (acumularon una pérdida del 54,1% real en un año). También hubo recortes en Becas Progresar (-61,2%).
Subsidios económicos (-37,8%): se recortaron subsidios a la energía (-37,3%) lo que se tradujo en un aumento de las tarifas de los servicios públicos, y al transporte (-35,5%) que también implicó suba del pasaje de colectivo y de tren.
Transferencias a universidades (-25,1%): pérdida salarial de los docentes y no docentes, ajuste en los gastos de funcionamiento universitario y de los hospitales universitarios.
Gasto en personal (-19,8%): ajuste a los salarios de los trabajadores públicos y despidos. El Gobierno se jacta de avanzar con la motosierra en el Estado como ocurrió recientemente con los despidos en el sector salud.
Jubilaciones y pensiones (-15%): en el acumulado del año, el gasto en jubilaciones y pensiones se contrajo en términos reales como consecuencia de la actualización de haberes por debajo de la inflación. Es decir, la inflación carcomió el poder de compra y hay jubilaciones de hambre. Según OPC, el poder de compra de los haberes superiores al mínimo registró una caída real de 18,7% en el promedio de 12 meses respecto de igual período de 2023; en tanto, los haberes mínimos (con bonos) perdieron 15,0%.
Por su parte, si bien la partida correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó en 2024 en términos reales, lo destinado a intereses de deuda casi triplicó lo que recibió la AUH (3,33 billones de pesos versus 9,34 billones de pesos). El capital financiero festeja.
Mientras Milei y Caputo ajustan a la clase trabajadora y a los sectores populares, el Gobierno benefició a los grandes empresarios, los bancos y al capital financiero. Hay que enfrentar las medidas ajustadoras de Milei contra el pueblo trabajador. La CGT siguen dejando pasar los ataques en complicidad con el gobierno de Milei y la CTA, que dirige gremios importantes en docentes, salud, otros sectores públicos no está convocando a una lucha unitaria y a la altura del ataque. Es urgente que los sindicatos llamen a un plan de lucha unificado para enfrentar el saqueo en curso y resistir los despidos en cada lugar de trabajo.
The Guardian criticó a Milei en un editorial
El diario inglés The Guardian, uno de los más prestigiosos del Reino Unido y vocero del progresismo, criticó con dureza al presidente Javier Milei en un editorial. La visión de The Guardian sobre el año de austeridad en Argentina: recortes dolorosos, pobreza creciente y una apuesta geopolítica se titula el texto, que en la bajada señala lo siguiente: “En sus primeros 12 meses, Javier Milei ha impuesto medidas económicas drásticas, lo que ha provocado protestas mientras apuesta por un rescate del FMI”.
“Una recesión sumió a más de la mitad del país en la pobreza en los primeros seis meses de 2024″.
Más adelante, subraya que “Milei no ganó las últimas elecciones, sino que el gobierno anterior las perdió”, al recordar la inflación promedio del 8 % mensual en octubre de 2023. “Después de su victoria, la inflación mensual se disparó al 25 % antes de volver a caer por debajo del 3 % en noviembre”, afirma el editorial, que explica el salto inflacionario.
En otro párrafo, destaca que “la capacidad de Milei para prevenir una reacción depende de factores externos”, debido a que, tras el préstamo de 44.0000 millones de dólares del FMI en 2018 “está buscando fondos adicionales para aliviar los controles cambiarios sin provocar una liquidación del peso”. Si eso pasara, “un escenario así podría reavivar la inflación y dañar la popularidad de Milei antes de elecciones clave para el Congreso”, mientras que “el FMI sigue desconfiando de que sus dólares se utilicen para apuntalar el peso, una táctica utilizada anteriormente por Argentina”.
El país, desde 2018, recuerda The Guardian, “ha dependido de los rescates del FMI y, cada vez más, de los préstamos de Beijing, convirtiéndose en el mayor receptor de fondos comerciales chinos de América Latina”. Esto último “plantea un desafío geopolítico, con presión de Trump para retirarse de China, una medida que a Milei podría resultarle difícil resistirse”.
En el final, manifiesta que “las políticas de Milei han infligido un dolor significativo con pocos beneficios visibles”, con una inflación del 160 % en su primer año de gestión. “En lugar de representar una ruptura con el pasado, la agenda de Milei se hace eco de las de administraciones de derecha anteriores, cuyos miembros ahora forman parte de su gabinete”, remarca el diario.
El editorial cierra así: “Como observó el historiador económico Michael Bernstein, ‘laissez-faire’ a menudo se traduce como ‘laissez-nous faire’: dejar que los intereses corporativos operen con una supervisión mínima. Estas políticas podrían enriquecer a unos pocos elegidos en Argentina –o en la América trumpiana–, pero para la mayoría conducen a mayores dificultades y desigualdad. La apuesta de Milei es que puede engañar a suficientes personas para que dejen que el desorden lo limpie su sucesor. Es una apuesta cínica y miope que descuida la necesidad de reformas significativas en Argentina”.
“Hay pérdida de trabajo formal y un aumento del trabajo informal y monotributo”
La economista Marina Dal Poggetto analizó la situación económica y los pronósticos para el año que comienza. “El Gobierno está usando el esquema cambiario para bajar la inflación y eso es lo que sostiene el caudal político de Milei”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).
El campo alertó de esta situación de manera muy pacífica hasta hace dos semanas atrás, cuando empezamos a ver algunos quebrantos. No necesariamente de empresas del agro, sino fundamentalmente de proveedoras del agro que, frente al cambio de régimen, tuvieron alguna dificultad para pagar parte de la deuda, de los pagarés.
Y eso te vuelve a poner en agenda la situación del campo. Y más que una presión por una devaluación, lo que hay es una presión para bajar las retenciones. El gobierno en el final del año tenía dos mecanismos: uno era el impuesto país, que en principio desapareció, se había creado por cinco años y expiró el 24 de diciembre. Y el segundo mecanismo son las retenciones. Y desde el punto de vista macroeconómico habría sido más razonable bajar retenciones y dejar el impuesto país, por el nivel del tipo de cambio. Un impuesto expiraba y el otro, de alguna forma, te hace a la consolidación fiscal. Por lo tanto, hay una dificultad para mantener el esquema tal cual está planteado.
Vamos a ver cómo sigue, pero por lo pronto, el Gobierno está usando el esquema cambiario para bajar la inflación. Y la baja en la inflación y la reactivación de la economía, montada en la expansión del crédito que está generando este tipo de cambio cada vez más fijo, es lo que sostiene el caudal político de Milei. Y es lo que sostiene esta dinámica financiera que retroalimenta positivamente lo financiero, lo económico y lo político de cara al año electoral. Vamos a ver cómo sigue esa pulseada.
Hay algún paralelismo entre los 90 y hoy para el campo. O sea, dólar barato, peso caro. Obviamente, depende del precio internacional de las commodities, que eso está afuera. Pero, desde el punto de vista interno, al campo, ¿le afecta un dólar barato?
Me parece que los 90 fueron muy largos. Sobre el final de los 90 hubo un precio de la soja particularmente bajo, 140 dólares que llegó a tener en el gobierno de De la Rúa con un dólar que se había atrasado. Argentina era cara en dólares, sobre todo después de la devaluación de Brasil en 1999. Y lo que tenías era un sector que había acumulado un alto endeudamiento y llegaste al final de la convertibilidad con una situación muy complicada del sector. Mi lectura es que hoy la situación de deuda del sector es mucho menor, digamos este el problema de endeudamiento no está en la misma situación que en los 90.
Sí creo cuando combinas el precio en pesos de la soja sin retenciones estás volviendo a niveles parecidos a los de fines de los 90. Con una productividad distinta, o sea, en vez de un salto en la productividad, tenés un deterioro en términos de caminos, en términos de infraestructura, en términos de presión impositiva adicional a las retenciones.
Es uno de los sectores más competitivos de la argentina, sujeto a una presión impositiva particularmente alta. Una presión impositiva muy distorsiva, porque te cobran sobre el precio y no sobre la rentabilidad. Las retenciones son un esquema distorsivo, que eventualmente vos lo podés usar como un esquema transitorio cuando el tipo de cambio es muy alto, como fue después de la salida de la convertibilidad. O cuando el precio es muy alto, te diría que sobre todo cuando el tipo de cambio es muy alto en el arranque de un esquema de estabilización
La desocupación sube al 6,4% y crece la precarización
El jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó nuevos datos alarmantes sobre el mercado laboral argentino. Según el informe, la desocupación alcanzó el 6,4% en el último trimestre de 2024, marcando un preocupante aumento respecto al 5,7% registrado en el mismo periodo del año anterior. Este incremento refleja las consecuencias de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei. El acuerdo que están negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sólo podrá traer un empeoramiento de las condiciones laborales.
Desde que asumió el gobierno en diciembre de 2023, Javier Milei ha promovido un programa económico basado en recortes presupuestarios y flexibilización laboral. Estas medidas, lejos de generar el “shock de crecimiento” prometido, han llevado a una grave contracción del empleo. Entre el último trimestre de 2023 y el último de 2024, se sumaron más de 115.000 desocupados, mientras que el empleo informal también se vio severamente afectado por la contracción del consumo interno.
Los sectores más golpeados son la industria manufacturera, la construcción y los servicios públicos. En la industria, las suspensiones y despidos masivos se convirtieron en una constante, mientras que, en la construcción, la falta de inversión estatal paralizó numerosos proyectos de infraestructura, dejando a miles de trabajadores en la calle. En el sector público, el ajuste drástico redujo en decenas de miles la cantidad de empleados, afectando a áreas esenciales como salud y educación.
El PBI cayó 1,7% en 2024, como consecuencia directa de las políticas de ajuste. Esta recesión, lejos de ser un “sacrificio necesario” para estabilizar la economía, ha exacerbado la crisis social. La desocupación no solo aumentó en términos absolutos, sino que también se profundizó entre los sectores más vulnerables: jóvenes, mujeres y trabajadores informales.
En la comparación interanual (entre el último trimestre del 2024 y el del 2023) los ocupados demandantes pasaron del 15,5% al 16,6%, y la presión sobre el mercado de trabajo del 27,4% al 29,4%, reflejando que hay más personas buscando empleo como consecuencia de la caída en los ingresos (y el aumento de la desocupación). Son casi un millón de desocupados y casi 2,5 millones de ocupados que buscan activamente otro trabajo o más trabajo, solo contando los aglomerados urbanos que cubre el Indec (sobre el total de la población los números son mayores).
Como explicó el especialista Luis Campos, en su cuenta de la red social X: “En paralelo, la calidad del empleo se deterioró significativamente. Los asalariados no registrados crecieron del 35,7% al 36,1% y los cuentapropistas del 22,6% al 23,8%. En ambos casos, los valores más altos para un cuarto trimestre desde al menos el 2018”. El investigador agregó: “El que hace hincapié en la comparación entre el cuarto trimestre del 2024 con el tercero está haciendo trampa. Mucha estacionalidad ahí. Si te muestran los datos crudos y te dicen que la desocupación bajó, salí corriendo.” En referencia a la interpretación errada de los datos por parte del oficialismo.
La industria metalúrgica acumula una caída del 13,3% en once meses
La actividad de la industria metalúrgica argentina cerró los primeros once meses de 2024 con una contracción acumulada del 13,3%, según el último informe de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA). En noviembre, la caída fue del 7,3% interanual, mientras que comparado con octubre registró un descenso del 1,1%, en un contexto marcado por la baja demanda y el retroceso de la obra pública.
El sector enfrenta niveles de utilización de capacidad instalada cercanos al 50% y una disminución del empleo del 1,7% interanual en noviembre, lo que refleja el difícil panorama que atraviesa. A pesar de esto, algunos segmentos, como agroindustria, lograron un desempeño positivo con un crecimiento del 4,2% interanual, mientras que las exportaciones aumentaron un notable 25%. Por su parte, las importaciones se redujeron un 8%, lo que podría ayudar a mitigar la competencia externa.
La caída en las exportaciones de productos con valor agregado, el aumento de costos y la pérdida de competitividad, especialmente frente a la devaluación del real en Brasil, afectan la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas del sector.
Además, la Cámara reclamó pagar menos impuestos y reformas laborales como una supuesta receta de crecimiento sostenible para las pymes metalúrgicas.
Según el informe, la apertura de importaciones podría agudizar las dificultades para estas empresas, que ya operan bajo presión en un mercado deprimido.
12.000 empresas menos
Desde que gobierna Javier Milei cerraron 11.931 empresas y entre los sectores más afectados se encuentran comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, servicio de transporte y almacenamiento, construcción y el rubro profesionales, científicos y técnicos. En término relativos, el más perjudicado es la construcción, con una pérdida del 6,5 % en el total de empleadores.
Si se compara la cantidad de empresas que declararon trabajadores entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 se redujo de 512.357 casos a 500.426 casos: cerraron 11.931. “La mejora de 941 empleadores experimentada en el bimestre agosto-septiembre no llega a compensar la caída de 1.687 experimentada en julio respecto a junio”, sostiene el informe publicado por el Centro de Economía Política (Cepa) en base a indicadores de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) sobre la Seguridad Social.
En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó 2,19 %: una pérdida de 215.981 puestos de empleo que pasaron de 9.857.173 a 9.641.192.
En el detalle de los grupos más afectados en términos absolutos fueron Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas con una pérdida de 2.515 empleadores, Servicio de transporte y almacenamiento con 2.187 empresas perdidas, Construcción con una reducción de 1.417, y Servicios profesionales, científicos y técnicos con una pérdida de 1.405 empleadores, en todos los casos de noviembre 2023 a septiembre 2024.
En términos relativos, la construcción quedó en primer lugar con 6,5 % menos del total de empleadores y es el sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo: quedaron sin su empleo 85.233 trabajadores, lo que representa el 17,9 % del total de despidos en esta etapa, explican desde Cepa.
En el ranking de cierres le siguen los sectores de servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, con una contracción del 5,8 % y los servicios de transporte y almacenamiento, con una disminución de 5,5 % y 55.316 puestos de trabajo menos. Asimismo, Industria manufacturera y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria pasaron de 37.530 y 35.827 empleados respectivamente.
En los primeros diez meses de la gestión libertaria la reducción de empleadores está centrada en las empresas de hasta 500 trabajadores. El 99,5 % del total de los casos tienen esa característica. El 0,5 restante lo explican 61 empresas con más de 500 empleados.
Si embargo, la pérdida de empleo fue mayor cuanto más grande era la empresa. El 57,2 % del trabajo registrado se redujo en compañías que superaban los 500 empleados: 123.534 personas debieron enfrentar quedarse sin su fuente de ingresos. Al contrario, es ese mismo ciclo que va entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores fue menor: disminuyeron sus puestos de trabajo en 92.447 casos, explicando el 42,8 % del total.
En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores achicaron su personal 2,58 %, pasando de 4.782.973 a 4.659.439; las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 1,82 %: de 5.074.200 a 4.981.753.
De acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el tercer trimestre de 2024 la tasa de desempleo en Argentina se ubicó en el 6,9 por ciento, lo que representa una suba de 1,2 puntos respecto del 5,7 del mismo trimestre del 2023: alrededor de 300.000 personas ampliaron la cifra de desocupados. En cuanto a la cantidad de personas que estando ocupadas buscan más trabajo, creció casi un 18 %.
Fuentes: Agencia NA, Perfil, APU, Resumen Latinoamericano, Página/12, InfoGremiales, La Izquierda Diario, El Destape