Jueves 27: paro y movilización de trabajadores del Estado
Mario Hernandez
El jueves 27 de marzo con el objetivo de evitar 50.000 nuevos despidos. “Tenemos que evitar que a fin de mes el Gobierno ejecute un nuevo recorte en el Estado. Todos los contratos que vencen el 31 deben ser renovados de manera automática. No toleraremos cesantías masivas”, afirmaron desde ATE.
La jornada incluirá una movilización al ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ubicado en Avenida Roque Sáenz Peña al 700 de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Federico Sturzenegger.
Los contratos que vencen el 31 de marzo suman más de 50.000 y desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exigen su renovación automática y anual, según establece la Resolución 26/24 de ese Ministerio.
“Nos vamos a movilizar hasta el Ministerio que conduce Sturzenegger porque es él el arquitecto, el que propone compensar el costo fiscal de los 800 millones de dólares que supone la baja de retenciones al campo y la eliminación de impuestos a los autos de alta gama con un nuevo achique del sector público proponiendo el cierre y la fusión de numerosos organismos. Además, tenemos que romper con el congelamiento salarial en la Administración Pública. Deben reabrirse de manera inmediata las paritarias y garantizar que el daño que sufrieron los salarios sea reparado”, expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
La paritaria estatal quedó 44,4% por debajo de la inflación en 2024 y este año los aumentos en los primeros meses también quedaron relegados frente al IPC: 1,5% en enero y 1,2% en febrero, con las negociaciones habiendo pasado a un cuarto intermedio desde entonces
Beneficiarán con aumentos salariales a los funcionarios que despidan trabajadores
La Decisión Administrativa 7 de Jefatura de Gabinete publicada el jueves 20 en el Boletín Oficial plantea un cambio en el régimen de asignación de unidades retributivas que puso en alerta a los gremios estatales porque aducen que, por un lado, podría significar un aumento indirecto en los ingresos de subsecretarios, directores o coordinadores -congelados por decisión de Javier Milei desde el inicio de la administración- o bien otorgar un plus a agentes en cuyas dependencias a cargo se haya generado un “ahorro” por el despido de trabajadores.
Para el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, la enmienda autoriza “a los funcionarios políticos a incrementarse sus sueldos en proporción al ahorro generado por el despido de trabajadores de carrera hasta alcanzar el sueldo de un ministro”, a lo que denominó una práctica “de la casta repartiéndose nuestros salarios”.
El dirigente sindical menciona el artículo 5 de la mencionada normativa que establece que “podrán asignarse unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen del Gabinete de Asesores en el artículo 2° de la presente decisión administrativa en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de la dotación de personal de la respectiva Jurisdicción”.
Fuentes oficiales admitieron que la norma “tiene en cuenta en la cantidad de UR recibidas por ministerio la eficiencia lograda en la estrategia del Gobierno de promover la reducción del gasto público para que crezca la economía en base al superávit fiscal”.
En UPCN, en tanto, advirtieron que, si bien la reglamentación asigna estos suplementos en los altos funcionarios, también dispone “una cantidad de unidades retributivas que las manejan los ministros y la secretaría general de la Presidencia con total discrecionalidad y se las pueden dar a quienes quieran”.
En los ministerios grandes estos suplementos ascienden a cifras que oscilan entre $ 10/120 millones, señalaron.
«Auditoría trucha» de Sturzenegger en la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Así lo denunciaron en un comunicado urgente desde la Junta Interna ATE Trabajo: «en estos días se encuentra finalizando en nuestro organismo una auditoría a cargo de funcionarios del ministerio de Destrucción del Estado de Federico Sturzenegger, que vienen reuniéndose desde la última semana de febrero con las autoridades responsables de las áreas sustantivas y transversales de la STEySS. Esta desagradable visita, que ya se ha desarrollado en otras reparticiones del Estado Nacional, tiene el evidente objetivo de revisar las funciones, metas y dotación de cada área con el fin de avanzar en una nueva etapa de achique y desguace del Estado Nacional. Es un procedimiento que enciende todas las alarmas y preocupaciones, y que registra el antecedente inmediato de los más de 2.500 despidos ocurridos en el ex ministerio de Desarrollo Social, hoy degradado en la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del ministerio de Capital (In)Humano, del que somos parte».
En la misma línea, señalan con respecto a la figura de Sturzenegger, figura repetida del ajuste durante el gobierno de Fernando De La Rúa, el de Mauricio Macri y hoy en el gobierno de Javier Milei: «resulta aberrante que uno de los personajes que más daño le ha hecho a nuestra economía y a nuestro pueblo durante sucesivas gestiones de gobierno, se erija hoy en juez y verdugo de cientos de políticas públicas y programas sociales que atienden las necesidades y derechos de los sectores más vulnerados, avanzando sobre los puestos de trabajo de las y los trabajadores estatales que los garantizamos cotidianamente. La misma gestión que impulsa deliberadamente el desfinanciamiento presupuestario y el vaciamiento y parálisis de las líneas de gestión, hoy asume cínicamente el papel de auditor del resultado de sus propias acciones, en un acto de perversidad casi sin precedentes», remarcan.
Las y los trabajadores del organismo señalan que «no sobran trabajadores, faltan políticas públicas» y, en ese sentido, agregan: «a lo largo y ancho de nuestro país crecen las cifras de desocupación e informalidad laboral, mientras el gobierno nacional sigue haciendo campaña electoral con la estigmatización y el despido de trabajadores y trabajadoras estatales. Desde la Junta Interna de ATE-Trabajo estamos convencidos que en este contexto de deterioro social y miseria es más importante que nunca la presencia de nuestros compañeros y compañeras en sus puestos de trabajo en Ciudad de Buenos Aires y en todas las Agencias Territoriales del país, poniendo el cuerpo ante la crítica situación social que atraviesa la mayor parte de nuestro pueblo. Aun cuando nos consta la correcta actitud de diversas autoridades de la Casa que en las reuniones con los sicarios de Sturzenegger fundamentaron técnicamente la pertinencia y necesidad de las tareas y funciones desarrolladas en nuestra STEySS, lxs trabajadorxs sabemos muy bien que el objetivo de esta ‘auditoría trucha’ es dar un paso más en el plan de despidos masivos y destrucción del Estado Nacional», sentencian.
Ante esta amarga situación, desde la junta interna se declaran en «Estado de Alerta máxima en defensa de las políticas públicas y los puestos de trabajo», y anuncian: «redoblaremos la organización en cada sector de trabajo, aunando fuerzas y promoviendo una inteligencia común con todos los actores institucionales de la STEySS que compartan la defensa irrestricta de todas las áreas, funciones y puestos de trabajo de nuestro organismo. ¡Fuera Sturzenegger! ¡En Trabajo NO sobra nadie!», finaliza el comunicado de las y los trabajadores estatales.
ATE protestó contra la nueva ola de despidos
Trabajadores estatales realizaron el miércoles 5 de marzo un paro y movilización contra los 2.000 despidos ejecutados de forma cobarde, el viernes a última hora antes del feriado de Carnaval, en el Ministerio denominado “Capital Humano”, a cargo de Sandra Pettovello, y en otras áreas del Estado. Además, alertaron sobre la eliminación de políticas sociales implementada por el gobierno y denunciaron lo que consideran un ensañamiento contra los empleados públicos.
En este contexto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó el mes de marzo con nuevas protestas en CABA ante la reciente ola de despidos y el recorte salarial en todos los sectores laborales.
“En este momento el Gobierno está atado con alambre y la economía a punto de explotar. Milei se sostenía en expectativas que una buena parte de la población ya perdió. Más allá de su relato fantasioso, el fracaso de esta gestión es evidente”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
ATE realizó protestas en el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, en la sede central de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y en el ex Ministerio de Desarrollo Social. Además, adelantaron que convocarán a un Plenario Federal de Delegadas y Delegados para la próxima semana y así definir la continuidad del plan de acción y votar una nueva huelga general.
“Empiezan a renunciar todos los profesionales porque ya no pueden cumplir con las prestaciones exigidas por ley. Con los despidos masivos y el recorte de salarios, nos conducen a una catástrofe social. Con este presidente y sus ideas, el Estado está muy lejos de articular el bien común y promover el desarrollo humano. Todo el tejido social se está resquebrajando y el entramado productivo destruyendo”, señaló Aguiar en referencia a la renuncia masiva de profesionales de los programas de vacunas, VIH, lepra y tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación.
“Inevitablemente la conflictividad irá en aumento. En el Congreso le mostraron una Constitución al Presidente y todo el Gobierno se desequilibró. Los estatales tenemos que seguir más que nunca con la Constitución en la mano ejerciendo los derechos de huelga y manifestación”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Por su parte, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, cuestionó el rol de la funcionaria de Javier Milei en el ex Ministerio de Desarrollo Social. “¿Cuál fue el mérito de esa ministra? ¿Qué hace esa ministra? El único mérito posible que ellos pueden evaluar es la desaparición del Estado”, afirmó.
Por ello, llamó a la organización y la lucha de los trabajadores. “Frente a la desaparición y el desguace, nosotros y nosotras estamos obligados, 24/7, a organizarnos y militar en cada lugar donde estemos: en el trabajo, en las escuelas, en las fábricas, y si nos toca en la calle, en la calle. Tenemos que participar y organizarnos porque a Javier Milei lo tenemos que derrotar donde más le duele: en la calle, con la gente, con el pueblo trabajador”, sostuvo.
Por su parte, Ingrid Manfred, secretaria adjunta de la Junta Interna de ATE, también reivindicó la necesidad de unidad en la lucha para defender los puestos de trabajo y las políticas de Estado. “Vamos a seguir luchando, vamos a sostenernos, abrazarnos, contenernos y continuar con la lucha”, enfatizó.
La conducción nacional de ATE exigió la reincorporación inmediata de todas las y los trabajadores cesanteados ilegalmente y puestos en disponibilidad en el Ministerio de Capital Humano, Acumar, y todos los organismos que se vieron afectados por esta decisión del Gobierno.
Además, ATE demandó una recomposición salarial urgente para todos los ingresos del sector público que en 2024 perdieron el 44,4% de su poder adquisitivo. Cabe recordar que en lo que va del año el Ejecutivo otorgó tan solo un 1,5% para enero y 1,2% en febrero. Además, el último encuentro paritario realizado a fines de febrero pasó a un cuarto intermedio sin fecha definida para una nueva reunión.
Pettovello cerró el área que hubiera asistido a los inundados
El viernes 28 de febrero, en la víspera de un fin de semana largo, decenas de trabajadores de la Dirección Nacional de Emergencias fueron despidos vía correo electrónico. Así, Sandra Pettovello daba por cerrado el único organismo encargado de enfrentar catástrofes.
A los pocos días, los cesanteados se movilizaron hasta el ministerio de Capital Humano para alertar sobre las consecuencias de este nuevo ajuste, sobre todo en un contexto de cada vez más graves fenómenos climáticos producto del cambio climático.
Por desgracia, no pasó una semana de aquel reclamo para que la naturaleza les diera la razón: intensas lluvias acaban de sacudir la provincia de Buenos Aires -y en particular, Bahía Blanca.
Trabajadoras despedidas de la Dirección de Emergencias contaron que algunos de los sectores afectados por los despidos fueron los famosos depósitos en los que la ministra Sandra Pettovello mantiene retenidos alimentos y otro tipo de mercaderías.
Como viene sucediendo, estos tampoco servirán para asistir a los miles de bonaerenses afectados tras estas lluvias. Tampoco fueron de gran utilidad en diciembre 2023, cuando un temporal se cobró la vida de 13 bahienses y dejó la primer gran muestra de desprecio de la administración Milei, que se acercó al territorio para tomarse una foto, pero ninguna ayuda: “Ustedes van a poder resolver la situación”.
El trasfondo de este nuevo recorte se inscribe en la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei, que desde su asunción despidió a más de 30.000 estatales y desmanteló áreas clave del Estado.
La Dirección Nacional de Emergencias tenía un rol crucial en la coordinación y gestión de crisis en Argentina. En las últimas décadas, este organismo fue protagonista en la respuesta a eventos que marcaron a fuego la memoria colectiva: las inundaciones de Santa Fe en 2003, que dejaron un saldo de miles de evacuados; el alud de Tartagal en 2009, con decenas de víctimas fatales; y la erupción del volcán Puyehue en 2011, cuya nube de cenizas paralizó el sur del país.
Exfuncionarios, como un exdirector que colaboró con gestiones de Alicia Kirchner y Sergio Berni, han destacado en redes sociales la importancia de la Dirección en estas emergencias, subrayando su capacidad para articular recursos y salvar vidas.
En las calles y en las redes, la indignación crece y abundan posteos en redes señalando que “desmantelar lo que funciona no es ajuste, es desidia”. En el caso de la Dirección Nacional de Emergencias podríamos decir mucho más que eso, pero por decoro sólo diremos que -cuando menos- es inhumano e insensible.
Baños impidió el ingreso de delegados y trabajadores a la Secretaría de Derechos Humanos
La Secretaría de Derechos Humanos amaneció otra vez con policías en la puerta y con listas negras. Lo mismo ocurrió en el Archivo Nacional de la Memoria, ambos ubicados en el Espacio Memoria ex ESMA.
Por orden del secretario Alberto Baños, las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso a delegados, delegadas y 71 trabajadores y trabajadoras que no adhirieron al nuevo retiro “voluntario” propuesto por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Se trata de una nueva provocación del funcionario, que disfrazó de formalidad una decisión que no es más que una represalia luego de que un grupo de trabajadores y delegados cuestionaran el intento de quitar los carteles de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pegados en el edificio en reclamo de reincorporaciones y contra la política de vaciamiento del gobierno.
El propio Baños estuvo a cargo de la tarea, junto a la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Carolina Cordara, y el Director de Coordinación Estratégica, Alejandro Urroz, para vaciar el edificio para que pudiera ser filmado por un equipo de Presidencia de la Nación.
Ante la resistencia que generó la acción, que viola la libertad de expresión sindical, el funcionario decidió licenciar a las personas que no hayan aceptado el plan de retiro e impedir que accedan al edificio, ni siquiera para retirar sus efectos personales.
Así lo dejó escrito en un mail que mandó: “Se suscitaron diversos acontecimientos con participación de trabajadores que viendo próxima, inminente e irreversible su desafectación del plantel de la Secretaría -sea por decisión propia o por la de sus Superiores en virtud de su no apego al trabajo, constancia de concurrencia, etc.- incurren en actos de indisciplina, sabedores que nula consecuencia tendrá su proceder”, señaló.
“Esos actos de indisciplina se patentiza en abandonar sus puestos de trabajo, deambulando por el predio en el que se encuentra instalada la Secretaría, no cumpliendo con sus labores, participando y organizando reuniones de índole social en forma constante, realizando el pegado de carteles que, so pretexto de un reclamo sindical, evidencian claramente expresiones ideológicas en franca violación a lo establecido en el Decreto 1084/2024, realizando, asimismo, un destrato hacia sus compañeros que no compartan su proceder y, agrediendo de palabra a sus Superiores cuando, o son llamados al orden, o se intenta poner orden edilicio en la Secretaría, llegando a la agresión física hacia esos Superiores o hacia el personal de custodia de la Policía Federal Argentina, siempre en una clara actitud intimidatoria”, manifestó el secretario.
La presencia masiva de policías filtrando a quienes pueden ingresar parecía imposible hace unos años. Sin embargo, se repitió varias veces desde fines del año pasado, cuando se inició un plan para vaciar el Ministerio de Justicia y a la Secretaría en particular, para dejarla con sólo la mitad de su planta.
El ajuste viene dejando áreas muy importantes al borde de quedar sin poder funcionar y en esta oportunidad afectó directamente las tareas de quienes llevan adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad, ya que entre los despidos están los abogados Fernando Almejún y Nicolás Tauber Sans, representantes de la Secretaría en las causas Campo de Mayo y Primer Cuerpo del Ejército, y Adriana Taboada, la única integrante que quedaba del cuerpo de peritos.
Almejún, que también es delegado sindical de ATE, cree que esta nueva tanda de despidos y finalización de contratos pone en riesgo el rol de la Secretaría en esas causas. “En particular, yo estoy en las causas vinculadas a Campo de Mayo y a partir de hoy me negaron el acceso, me dijeron que tengo prohibido el ingreso a mi lugar de trabajo, que también me impide a mí ejercer la tutela gremial representando a mis compañeros”, explicó y consideró que Baños tiene una saña particular con la Asociación de Trabajadores del Estado “porque no convalidamos las políticas que están queriendo llevar al desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos”.
Apenas unos días atrás, ATE había denunciado tareas de inteligencia por parte de la policía en una asamblea de trabajadores. Almejún señala que muchos de los despedidos participaron de esa asamblea.
Así la Policía Federal, en este caso la sargento Aranda amedrenta e intimida trabajadorxs, sacando fotos y filmando en una asamblea en la Secretaría de Derechos
Humanos. pic.twitter.com/xStzy636ey
En un comunicado difundido, el Cuerpo de delegados de ATE denunció la persecución y “la política de aprietes dentro del organismo”, con constante “presencia de fuerzas de seguridad para intimidar y hostigar a Ixs trabajadorxs”.
“No permitiremos que el gobierno avance en la destrucción de la Secretaría de Derechos Humanos ni en la persecución a quienes sostienen las políticas públicas de memoria, verdad y justicia”, aseguró el sindicato.
Marcha federal en defensa de Vialidad Nacional
Los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional se movilizaron contra los despidos masivos que planea el gobierno nacional. La convocatoria se realizó en la Ciudad de Buenos Aires en la que confluyeron empleados del organismo nacional de todo el país.
Los empleados aseguran que están en riesgo unos 5.000 puestos de trabajo ante el posible cierre del organismo. “Tenemos un gobierno que nos congela el salario y se jacta y juega con la guita”, señaló Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyA), durante la manifestación.
La dirigente sindical criticó al gobierno de Javier Milei por el ajuste brutal sobre la clase trabajadora, mientras el ministro de Economía Luis Caputo busca endeudar al país otra vez ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un DNU. “Es un gobierno que es una timba con una labor como la del ministro de Economía que se jugó la guita de la deuda y ahora nos vuelve a endeudar. Nos han declarado la guerra y estamos dispuestos a pelear”, agregó.
También alertó que no van a permitir que se vendan las distintas dependencias y terrenos con los que cuenta Vialidad Nacional. “Para ellos somos un número millonario que van a terminar vendiendo”, insistió Aleña.
Medios públicos exigen recomposición salarial urgente
Ante la falta de respuesta del interventor Eduardo González a los planteos por el congelamiento salarial expresados por las Comisiones Internas y las Asambleas de los medios públicos, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires lo intimamos formalmente para que cumpla con su obligación de negociar.
A los reclamos iniciados por FATPREN en el marco de la paritaria de Radio Nacional, sumamos los de la TV Pública y RTA / APESAU (Télam). En esas empresas, desde diciembre de 2023, los salarios apenas se han actualizado en 74,4%, 71,2% y 72,5% respectivamente. Mientras que la inflación acumulada es del 173% según los índices del INDEC.
La gestión de los medios públicos pregona querer alcanzar la productividad del sector privado. Sin embargo, esos porcentajes de recomposición quedan lejos de las negociaciones que tuvimos desde el SiPreBA con las Cámaras privadas de prensa escrita, radial y televisada, en las cuales para el mismo período obtuvimos actualizaciones por encima del 125% en las tres ramas. Por otra parte, la situación también implica un incumplimiento de la normativa del propio gobierno nacional, en sus decisiones administrativas 28/24 y 1/25.
Todo esto demuestra el doble discurso y el desprecio de la intervención hacía los trabajadores y las trabajadoras. Así como es evidente que el ataque al salario es parte de una política artera que busca destruir los medios públicos, su calidad profesional y la dignidad de nuestros compañeros y compañeras.
Hacemos responsable al interventor Eduardo González por las consecuencias que pueda generar la falta de negociación salarial, teniendo en cuenta que el salario reviste carácter alimentario, y nos reservamos la posibilidad de iniciar acciones legales y gremiales.
Sindicato de Prensa de Buenos Aires – 6 de febrero de 2025
POR LAS PROVINCIAS
Privatización de YCRT: «vamos a dar la batalla legal y también en las calles»
ATE informó que mediante una carta documento intimó al presidente Javier Milei por el intento de privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y aseguró que es el paso previo a la judicialización del caso si no retrotraen esta medida urgentemente.
En la carta documento dirigida a Milei, el sindicato le hace saber al mandatario que con los artículos 8 y 9 de dicho DNU, el Ejecutivo nacional pretende arrogarse la facultad de derogar un Convenio Colectivo de Trabajo plenamente vigente, violentando no sólo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino también los Convenios 87, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«El presidente Milei no tiene facultades para disponer de cambios en la figura jurídica de la empresa. Ni siquiera puede ampararse en los poderes que oportunamente, y de manera cómplice, fueron delegados por el Congreso. Este decreto no sólo vulnera el derecho adquirido y constitucional a la estabilidad que tienen los trabajadores, sino también que violenta el orden jurídico internacional y numerosas disposiciones de la OIT», denunció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
«Además, hay que comprender que lo que está en juego es la soberanía energética. Tiene que quedar claro que vamos a defender hasta las últimas consecuencias el carácter estatal de la empresa. No vamos a permitir que un Gobierno que llegó asegurando que iba a garantizar la reactivación productiva de la empresa ahora quiera venderla», concluyó Aguiar.
El 24 de febrero de este año, la empresa carbonífera estatal había sido convertida en sociedad anónima mediante el Decreto 115/25, lo que el gremio rápidamente denunció como un paso previo para la privatización de la misma.
Actualmente, «son 2.200 trabajadores activos y más de 1.500 los jubilados que dependen directamente de YCRT», informó ATE que, además, agregó que «entre la mina de carbón, la mega usina carboeléctrica y el puerto de Punta Loyola, le dan vida a la economía de tres ciudades de la provincia de Santa Cruz: 28 de Noviembre, Río Turbio y Julia Dufour».
Trabajadores de Correo Argentino reclamaron aumento salarial
El martes 18 de marzo, las y los trabajadores postales se manifestaron en las escaleras del Correo Argentino en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Exigieron un aumento salarial urgente porque están debajo de la línea de la pobreza. La caída del poder adquisitivo de sus sueldos se fue acelerando en los últimos meses y aumenta el descontento en diferentes sucursales del país.
La convocatoria fue a las 16:30, luego de concluir la jornada laboral de quienes trabajan en la histórica sucursal de Río Gallegos. Las banderas del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (SITRACYT), pancartas, bombos y redoblantes ya estaban en las escaleras listas para iniciar la actividad. Unos minutos después, se inició la protesta.
“Aumenta todo, menos el sueldo”, decía un cartel. Y a medida que las y los trabajadores se ubicaban en las escaleras, recibían respaldo de la gente que transitaba por la vereda, junto a los bocinazos de los vehículos que pasaban por la avenida Néstor Kirchner. Además, se acercaron para solidarizarse, el secretario general de la filial local del gremio docente ADOSAC, Juan Valentín, y el secretario administrativo, Miguel Del Plá, quienes están en conflicto por el cierre de las paritarias y la probable implementación del presentismo que intenta imponer el gobierno provincial de Claudio Vidal.
Según los trabajadores postales, su salario perdió un 40% del poder adquisitivo en poco más de un año, llegando a estar debajo de la línea de la pobreza. Se calcula que la Canasta Básica Familiar está valuada en $1.346.00 para la Patagonia (según datos de la Universidad de San Juan Bosco), y un salario en Correo Argentino, no supera el millón de pesos con la mayor antigüedad. Mucho peor, es la situación de quienes trabajan en la zona centro y norte del país que apenas superan $700.000 de salario.
En abril del 2024, hubo un feroz ataque al Correo Argentino, por parte del gobierno nacional de Javier Milei, con más de 1.800 y alrededor de 3.000 retiros voluntarios. Además, se cerraron cerca de una decena de sucursales en la Patagonia y otras localidades de la provincia de Buenos Aires. El repudio de los vecinos de las localidades afectadas, a las brutales medidas que afectaron el servicio postal, no se hicieron esperar y hubo abrazos solidarios en varias sucursales para evitar que fueran cerradas. Además, se logró impedir su privatización, sacando a la empresa postal de la Ley Bases.
También hubo solidaridad con un despido emblemático de la ciudad de Trelew (Chubut), a finales de abril del año pasado. Allí fue cesanteada Olga Norambuena, siendo jefa de familia y con una hija discapacitada. Con la ayuda de organizaciones sociales, organizaciones políticas y artistas, lograron reincorporarla, luego de once meses de lucha, el pasado lunes 17 de marzo.
El descontento entre los trabajadores postales crece, por la angustiante situación económica que están atravesando y lleva a un fuerte cuestionamiento a las federaciones gremiales que están dejando pasar el ajuste. El pasado 14 de marzo, hubo una importante manifestación de los empleados postales de la sucursal de Rosario (Santa Fe), una de las ciudades más importantes del país.
Judiciales neuquinos rechazan nueva oferta salarial
Luego de cuatro meses de conflicto atravesado por paros, retiros, asambleas y movilizaciones, el Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de Neuquén (Sejun) volvió a rechazar el miércoles 12 una oferta salarial del TSJ.
El ofrecimiento fue similar a las ofertas rechazadas en noviembre y febrero: sumas no remunerativas como las percibidas por el resto de los trabajadores y trabajadoras estatales y docentes de la provincia, aunque sin ningún otro mecanismo de recomposición. Entre la última oferta y la realizada el martes 11 mediaron, además, descuentos masivos por las medidas de fuerza realizadas. La única diferencia fue una suma por única vez de $50.000. La suma equivale a un cuatrocientosavo (1/400) del salario de un vocal del TSJ.
Las asambleas se realizaron por Circunscripción. La posición de la conducción del Sejun, que impulsó aceptar la propuesta, resultó mayoritaria en las asambleas de Zapala, Chos Malal, Rincón de los Sauces y Aluminé, mientras que, en Neuquén Capital, Cutral Có, San Martín de los Andes, Villa la Angostura y Junín de los Andes se impuso el rechazo. Tras la asamblea en la Ciudad Judicial de Neuquén, una movilización se dirigió al TSJ a exigir una recomposición salarial diferenciada, para que la misma no beneficie a los magistrados y funcionarios con sueldos de privilegio, sino a los empleados y empleadas.
En el Poder Judicial de Neuquén, los empleados y empleadas representan el 56% de la planta, mientras que los funcionarios y magistrados (que cada vez son más y no atraviesan concursos de un año de duración para ingresar), son el 44%. Sin embargo, estos últimos acaparan el 58% de la masa salarial. Mientras un empleado puede cobrar $1.400.000, los vocales, las máximas autoridades del Poder Judicial, llegan a embolsar $20.000.000 mensuales. Además, cuentan con otros privilegios como camionetas 4×4 con choferes a su entera disposición.
Cabe recordar que las y los judiciales, al igual que el resto de los sindicatos del sector público provincial, percibieron un recorte salarial en el mes de enero de 2024. Ese mes, en el cual la inflación en la provincia alcanzó el 24,5%, los salarios, por política del gobierno provincial, se congelaron. Este ajuste en los salarios se complementó con el aumento en los aportes personales al ISSN del 6%. La pérdida de poder adquisitivo del salario fue de un 25% de un mes al siguiente.
En ese contexto, las actualizaciones por IPC que proponen continuar durante 2025 no sólo no recuperaron esa pérdida salarial, sino que la empeoraron. Por un lado, porque las actualizaciones no contemplan el IPC neuquino, que en 2024 fue 20 puntos más alto que el nacional, sino un promedio de ambos. Pero, además, la canasta de consumos no pondera correctamente los gastos en las tarifas de servicios públicos, alquileres, entre otros, que se incrementaron muy por encima del IPC.
El malestar entre los empleados y empleadas judiciales se explica tanto por la consolidación del ajuste salarial, como por la dilación de la respuesta al reclamo de la implementación de los títulos del CCT. Esos títulos fueron aprobados por ambas partes (el Sindicato y el Tribunal) en septiembre de 2023.
Fuentes: Tiempo Argentino, Clarín, Agencia Farco, La Izquierda Diario, Anred, Red Eco Alternativo, Indymedia Trabajadoras/es, Canal Abierto