El miércoles 30 de abril la CGT realizará una movilización por el Día del trabajador y la trabajadora. La marcha, también fue convocada por las dos CTA y por organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Las organizaciones sindicales no sólo reivindicarán el Día del trabajador, sino que además la concentración servirá para repudiar el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y las reformas que le ordenó al presidente Javier Milei.
En tanto, el Partido Obrero – Frente de Izquierda realizará un acto en la Plaza de Mayo desde las 14:30. Allí hablarán los dirigentes y diputados Vanina Biasi, Gabriel Solano, Néstor Pitrola y Romina Del Plá. También estarán en el escenario representantes de los jubilados, del sindicalismo combativo, de la juventud y el movimiento piquetero.
Mientras tanto, el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, la red de agrupaciones de izquierda, Jubilades y la Juventud del PTS convocan el jueves 1/5 – 14:30 – Estadio Cubierto de Ferro (Avellaneda 1240, CABA). Estarán presentes para saludar al Encuentro, Alejandro Vilca, Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo como diputados y diputadas del PTS-Frente de Izquierda.
Por Mario Hernandez
ATE contra la fusión y supresión de organismos
Luego de que el Gobierno anunciara una serie de decretos para una “refuncionalización del Estado” que implica la fusión y supresión de organismos, y una nueva ola de despidos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará el miércoles 30 de abril en todo el país. En CABA confluirán con la movilización convocada por la CGT.
“Es mentira que quieran fusionar organismos para ahorrar. Lo que buscan es destruir todas las funciones de control y de fiscalización. En realidad, la refuncionalización del Estado, como sostiene Sturzenegger, no es otra cosa que el levantamiento de las barreras para que las corporaciones sigan rapiñando el patrimonio público”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en referencia a las declaraciones televisivas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
En este marco, el dirigente estatal aseguró: “Esta nueva modificación que proponen en la estructura del Estado tiene la finalidad de generar condiciones más adecuadas para saquear nuestros recursos naturales. Es fusionar para la entrega”.
El sindicato advirtió que la fusión de organismos públicos provocaría una puesta en disponibilidad masiva de trabajadores de la planta permanente, vulnerando el derecho constitucional a la estabilidad.
Ante esta situación, ATE concentrará el miércoles a las 14:00 en Irigoyen y Avenida Independencia, a pocas cuadras de dónde estará la cabecera de la movilización convocada por la CGT.
Además, las movilizaciones se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
“Además, esta gestión nos tiene que decir quiénes se benefician con lo producido por los recortes que tanto propagandizan. Está claro que el pueblo no”, apuntó el Secretario General de ATE Nacional y agregó: “El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es efímero. Llegó para darle un poco más de aire a un Gobierno que agonizaba. Es un pulmotor que tenemos que desconectar con la movilización del 30”.
“Se tienen que reabrir las paritarias, corregir el último incremento en función de la evolución que mostraron los precios en el mes de marzo y además iniciar un proceso que permita reparar el daño que sufrió el poder adquisitivo de todos los ingresos en el Sector Público”, concluyó Rodolfo Aguiar.
El sindicato además reclamará por la última paritaria firmada por debajo de la evolución de los precios: los aumentos fueron de 1,5% en enero, 1,2% en febrero y 1,3% en marzo frente al 2,2%, 2,4% y 3,7% de inflación en esos meses. En total durante el trimestre, los incrementos fueron menos de la mitad de la inflación (4% frente al 8,5%).
En este sentido, se puso el foco en los 2.237.334 trabajadores provinciales y 440.687 municipales, cuyos salarios son los más bajos de toda la administración.
ATE también rechazó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no sólo implica un nuevo endeudamiento de al menos 20.000 millones de dólares, sino también una serie de exigencias como una reforma previsional, reforma y flexibilización laboral, reforma tributaria, reforma en el régimen de coparticipación y el intento de privatización de empresas públicas.
Una amenaza al desarrollo científico nacional
La iniciativa del Gobierno de Javier Milei de fusionar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), junto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en un nuevo organismo denominado Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE), ha encendido alarmas en diversos sectores.
Mientras el Ejecutivo argumenta que la medida busca optimizar recursos y generar sinergias, trabajadores y especialistas advierten que podría significar el desmantelamiento de instituciones fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico del país.
El plan de fusión, enmarcado en el Decreto 70/2025, fue comunicado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a representantes de la Mesa de Enlace agropecuaria. La propuesta contempla la creación del INCyTDE, que integraría las funciones de los tres organismos mencionados, con el objetivo de «sinergizar las investigaciones técnicas en lo agropecuario, lo industrial y lo espacial».
Sin embargo, la iniciativa ha generado rechazo entre los trabajadores de las instituciones involucradas. Desde la Asociación del Personal del INTA (APINTA), se declararon en estado de alerta y movilización, denunciando que la medida afectaría el funcionamiento y la continuidad del Instituto.
Por su parte, empleados del INTI, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), expresaron su preocupación por la posible pérdida de funciones específicas y la reducción de personal, advirtiendo que la fusión podría diluir las instituciones y sus roles particulares. Según registros oficiales, el INTA nuclea alrededor de 7.000 trabajadores, mientras que el INTI se compone de aproximadamente 3.000 empleados.
Además, el CONAE abarca cerca de 300 a 500 empleados regulares, por lo que esta fusión afectaría a más de 13.000 empleados estatales. La unificación, lejos de ofrecer soluciones, generaría el despido inmediato de más de 1.500 trabajadores según estiman organizaciones sindicales.
Además, la fusión propuesta podría tener consecuencias significativas en el ámbito científico y tecnológico del país. El INTA, creado en 1956, ha sido un pilar en la investigación agropecuaria, mientras que el INTI ha desempeñado un rol clave en el desarrollo industrial.
La CONAE, por su parte, ha liderado proyectos espaciales de relevancia internacional. La integración de estos organismos en una única entidad podría comprometer la especialización y la calidad de las investigaciones. Además, la medida se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y reestructuraciones en el sector público.
En el caso del INTA, ya se han implementado retiros voluntarios y la venta de inmuebles, como el edificio ubicado en la calle Cerviño en Buenos Aires, que fue subastado por 18,5 millones de dólares. Estas acciones han sido interpretadas por les trabajadores como señales de un proceso de desmantelamiento institucional.
La propuesta de fusionar el INTA, el INTI y la CONAE en el INCyTDE no puede analizarse aisladamente: forma parte de un ajuste estructural brutal que el Gobierno de Javier Milei está imponiendo sobre el Estado argentino.
Bajo la bandera de la eficiencia y la reducción del gasto público, se esconde una avanzada ideológica que desprecia el rol estratégico del conocimiento, la Ciencia y la Tecnología como herramientas de desarrollo nacional.
Lejos de tratarse de una reorganización racional, esta medida encarna la motosierra que Milei ha prometido aplicar a las estructuras públicas, sin medir las consecuencias a largo plazo para la soberanía científica y productiva del país.
En este contexto, la fusión propuesta no solo amenaza con desmantelar instituciones históricas, sino también con desarticular redes de investigación, desplazar trabajadores calificados y frenar avances en sectores clave como la agroindustria, la industria nacional y la tecnología espacial.
La lógica del ajuste por el ajuste mismo no distingue entre gasto e inversión: lo destruye todo por igual. Y en ese camino, corre el riesgo de hipotecar no solo el presente, sino también el futuro científico y productivo de la Argentina.
Acindar Villa Constitución: siderúrgicos inician plan de lucha por salarios
Los trabajadores de Acindar en Villa Constitución comenzaron el lunes 28 un plan de lucha que podría desembocar en un paro por tiempo indeterminado. El reclamo es por la dilación en la aplicación de paritarias, que lleva ocho meses sin resolución, y en defensa de los puestos de trabajo.
El viernes 25, un congreso de trabajadores siderúrgicos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución resolvió iniciar un plan de lucha en Acindar, uno de los focos productivos más importantes de la zona y con gran impacto en toda la economía de la región.
El congreso decidió “un plan de lucha local por la dilación en la aplicación de paritarias y en defensa de nuestros puestos de trabajo y la industria nacional”.
El lunes se instaló una carpa de lucha en la rotonda de ingreso a Acindar, que seguirá hasta el miércoles, cuando se realizará un paro de actividades de 12 a 15 horas con una asamblea general en la portería, informaron a su vez desde la UOM Villa Constitución en sus redes institucionales.
“De no obtener respuestas favorables, avanzaremos hacia un paro por tiempo indeterminado a partir del lunes 5 de mayo”, indicaron.
“Es fundamental la participación activa de todos los compañeros metalúrgicos”, llamaron desde el gremio. “Extendemos esta convocatoria a toda la sociedad, a las organizaciones sociales y a los gremios amigos”.
“Porque defender la industria nacional es defender el trabajo y el futuro de todo el pueblo de Villa Constitución y la región, como lo ha demostrado una y otra vez la historia de nuestra ciudad y de la UOM Villa Constitución. ¡Unidos y organizados, luchamos por nuestros derechos!”, concluyeron desde la organización gremial.
Desde la asunción de Javier Milei, Acindar atraviesa una sostenida política de ajuste que ya recortó cientos de empleos y que llevó a un fuerte deterioro salarial de sus operarios.
Con Milei se destruyó un tercio de su poder adquisitivo
El Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $ 296.832 en marzo 2025, o $ 1.484 por hora, para los trabajadores jornalizados. No llega a los $300.000 por mes. De esta forma cubre apenas el 58,1% de la canasta básica alimentaria (línea de indigencia) para una familia tipo y poco más del 25% de la canasta básica total (línea de pobreza). Estos niveles son peores que los registrados durante la crisis del 2001, de acuerdo a un estudio elaborado por la economista Mariana L. González para el centro Cifra-CTA.
El poder adquisitivo del salario mínimo se desplomó brutalmente desde la asunción de Milei, acumulando una pérdida de más de un tercio de su valor real entre noviembre de 2023 y abril de 2025. Esto es así porque en las cuatro reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no se alcanzó a un acuerdo, permitiendo que la Secretaría de Trabajo (que conduce Julio Cordero, ex gerente de Techint) determine los aumentos nominales, que fueron prácticamente equivalentes a la propuesta del sector empresario. “Su última resolución, de diciembre de 2024, implicó continuar con la tendencia decreciente del salario mínimo, de modo que se perdió entre el último aumento previo a esta resolución y el mes en curso un 7% de poder adquisitivo”, resalta el informe de Cifra-CTA.
Mientras tanto, la complicidad de las dirigencias sindicales de la CGT y otros gremios facilitan la imposición de paritarias a la baja, lo que consolida el deterioro salarial.
El retroceso actual se suma al deterioro acumulado en años anteriores: el salario mínimo real cayó 44,1% contra noviembre de 2019, y si se mide respecto a noviembre de 2015, la pérdida alcanza el 57,3%. Si se hubiese mantenido el poder de compra desde 2015, el salario mínimo rondaría hoy los 700.000 pesos. Tras este retroceso histórico el valor real del salario mínimo es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad.
Por todo ello, los datos revelan que, a febrero de este año, el salario mínimo cubría menos de una quinta parte del salario promedio registrado en el sector privado.
Este martes 29 de abril se reúne el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) -integrado por representantes de sindicatos, de entidades empresarias y del Poder Ejecutivo- para definir el valor del salario mínimo y de la prestación por desempleo. Bajo la pauta salarial acordada con el FMI que consiste en autorizar subas salariales inferiores el 1% mensual (muy por debajo de la inflación), la tendencia del poder adquisitivo salario mínimo sin dudas continuará a la baja.
La Ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo, vital y móvil (SMVyM) debería ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona. Esto incluye asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Asimismo, debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida. Sin embargo, no cumple ninguna de esas garantías.
El costo de la Canasta Familiar para una familia de cuatro personas es como mínimo de $1.768.976 según los trabajadores de la Junta Interna de ATE Indec, casi seis veces más de lo que establece el salario mínimo.
Es necesario un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar y permita a las y los trabajadores vivir con dignidad. Esta propuesta incluye medidas como la reapertura inmediata de paritarias con cláusulas de actualización automática según la inflación, el blanqueo masivo de trabajadores informales y la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial. Y un plan de lucha nacional que enfrente las políticas de ajuste impulsadas por el FMI y el gobierno.
Trabajadoras domésticas: el 77% no están registradas
Así lo reflejó un informe presentado por la OIT durante el VIII Seminario sobre Economía Informal, que contó con la presencia de representantes de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
El trabajo reveló que los empleadores de clase media y alta, en general, son los que cumplen con el registro de sus trabajadoras, motivados por los beneficios fiscales que implica el proceso, como el descuento en el impuesto a las ganancias. Sin embargo, en la clase media, el desconocimiento y las dificultades económicas dificultan este proceso.
Diana Edith García, directora del Tribunal, manifestó que una de las causas más relevantes de esta problemática surge desde el “desconocimiento” de muchos empleadores sobre la manera de proceder en el trámite que se necesita para poder formalizar a sus empleadas.
“En este tipo de trabajos hay un grado afectivo, familiar. Entonces, el empleador y el trabajador tienen otro tipo de vínculo y, a veces, esa misma afectividad es la que conlleva a la falta de registro. Cuando nos llega el conflicto, ya nos llega con una relación laboral que no ha sido registrada en su totalidad o en parte. Cuando indagamos un poco en esa cuestión, tiene que ver con que mucha gente desconoce cómo proceder a un registro. Creo que hace falta mayor difusión. Me refiero concretamente a los empleadores, que son quienes desconocen de qué manera proceder”, indicó García.
Por otro lado, explicó qué parte de esa población que contrata personal doméstico son adultos mayores, muchas veces enfermos que, ante su necesidad, “tratan de paliar lo que les está haciendo falta y no salen a buscar una ayuda para proceder a un registro”, porque no pueden moverse de sus casas o no tienen el manejo o las herramientas para hacer el registro correspondiente: “Muchas de ellas ni siquiera saben cómo manejar una computadora como para decir, puedo registrar mi empleada por más que lo quieran hace”, añadió.
Otro de los conflictos que también observan desde el Tribunal es que “parte de esa informalidad proviene de trabajadoras migrantes”, que toman esta actividad como su primer trabajo en nuestro país.
“(Las trabajadoras migrantes) toman esto como su primer trabajo, hasta tanto obtengan su residencia y, posteriormente, su documento. En esas condiciones, a veces son ellas mismas quienes piden que no se las registre por diferentes motivos, porque a veces vienen huyendo de situaciones difíciles, vinculadas a lo delictivo, entonces prefieren no estar registradas y, por supuesto, el empleador se lo respeta”, aseguró.
Para García, “no hay una maldad intencional en el empleador” cuando no procede al registro porque, de hecho, otra de los estudios que pudieron hacer es que, dentro de los empleadores, hay una mayor población de clase media, media – alta y alta y destacó que “los que son de mayor nivel económico en general las tienen registradas” porque tienen el “incentivo” de que se produzca “un descuento en el impuesto de ganancias”, sin embargo, en la clase media, que son los que también salen a trabajar y “necesitan que le cuiden al nene”, no llegan a eso.
“Una vez que determinamos que la relación no ha sido registrada o lo ha sido en modo deficiente, nos queda dar intervención con nuestra sentencia al ARCA para que ellos tomen la intervención de su competencia. Sabemos que esos aportes, que eventualmente se recauden en el juicio anterior, no van a ir a parar al trabajador. Directamente, va a ser un juicio contra el que fue su empleador, pero para el Estado. Así que tampoco va a obtener beneficio el trabajador por esa sentencia. Tendría que generarse una modificación legislativa desde ese lugar también”, concluyó.
Cepo al salario en medios públicos
Durante la semana trabajadores y trabajadoras de medios públicos se concentraron en la puerta de la TV Pública y en sedes de Radio Nacional de todo el país para repudiar el congelamiento salarial que sufren desde agosto pasado y exigir una recomposición urgente. Adelantaron que el martes 29 de abril realizarían paros sorpresivos por turnos en unidad con otros sindicatos del sector.
Para el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), esta situación “es parte de la estrategia del gobierno nacional para destruir los medios públicos”. Al respecto, su secretario general, Agustín Lecchi expresó: “Lo que no pudieron hacer por el Congreso de la Nación con la Ley Omnibus, donde los medios públicos fueron exceptuados, ni pudieron hacer con decretos o con la intimidación policial, con vallas durante cuatro meses en nuestro lugar de trabajo, lo están haciendo con el congelamiento salarial (…). Es una política extorsiva, perversa, que ataca psicológicamente, profesionalmente, y no solamente a través del salario, a los trabajadores y trabajadoras”.
Cabe señalar que los salarios de los trabadores y trabajadoras actualmente se encuentran por debajo de la línea de la indigencia y están congelados por la intervención de RTA (Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado) desde agosto. Desde ese mes y hasta marzo, la inflación acumulada fue de 26.4%.
Lecchi advirtió que el daño que se está haciendo a los medios públicos no pasa sólo por el trato a sus trabajadores, sino también en los contenidos que se presentan: “(En los últimos días) vimos una situación vergonzosa (en la pantalla de la TV Pública), que fue a un ex asesor del gobierno de Alberto Fernández, Antonio Aracre, dando clase de cómo timbear, de cómo poner plata en la bicicleta financiera en un acto totalmente provocativo a los trabajadores y a toda la población (…). En la pandemia, la Televisión Pública servía para darle clase a los pibes y pibas que no podían ir a las escuelas para educarse. Lo mismo otros medios públicos como Encuentro, Paka Paka. En cambio, hoy la Televisión Pública la pretenden usar para enseñar sobre la timba financiera en beneficio de los sectores concentrados del capital”.
Plan de lucha y paro por tiempo indeterminado en Cerro Negro
Luego del despido de 96 trabajadores en la empresa de cerámicos, en asamblea se resuelve paro por tiempo indeterminado y acampe en la fábrica con sede en la localidad de Olavarría. Desde Huella del Sur conversaron con Gustavo Bustamente, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO).
Huella del Sur (HS): ¿Cuál es la situación de los ceramistas en la ciudad de Olavarría?
Gustavo Bustamante (GB): La situación de los trabajadores desde hace varios meses viene siendo muy complicada. Sobre todo, por la caída del despacho de materiales. En ese momento éramos 362 trabajadores.
EL 19 de marzo la empresa Cerro Negro (que forma parte del grupo empresarial Sociedad Comercial del Plata), decide frenar una línea de producción de pisos cerámicos, argumentando que a raíz de la apertura de importaciones están entrando muchos materiales y mucha cerámica de Brasil y de China. También lo que viene sucediendo es la baja de las ventas, que es otra realidad. Se cayeron terriblemente los despachos de materiales. Entonces la empresa decide suprimir la línea productiva y despedir a 96 compañeros.
El mismo día de los despidos se realizó un paro en toda la producción de la empresa: dos líneas más de pisos de porcelanato y una planta de ladrillos, todos ubicados en el mismo predio.
HS: ¿Qué sucedió una vez que se anunciaron los despidos?
GB: Comenzamos un plan de lucha. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires llama a una audiencia de urgencia, también el mismo día y dicta una conciliación obligatoria. Desde ese momento comenzaron las reuniones y las negociaciones.
Nosotros fuimos directamente a La Plata, allí se realizan las audiencias entre nosotros el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría, SOECO y la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina Federación Obrera (FROCRA), el Ministerio y la empresa. Así llegamos al último día de la conciliación obligatoria el pasado miércoles 23 de abril. Habíamos conseguido la reincorporación de algunos trabajadores y otros habían decidido el retiro voluntario.
HS: ¿Finalizó la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo, pero no hay reincorporación del total de los despedidos?
GB: Sí, así fue. Al no estar reincorporados la totalidad de los trabajadores se retoman las acciones de un plan de lucha a partir del jueves 24 de abril desde las 0:00. Se realizó una asamblea de trabajadores donde también participó Domingo Moreira, Secretario General de la FOCRA y compañeros de otras filiales. Por decisión de asamblea se define concentración de trabajadores en la planta y un paro por tiempo indeterminado de toda la fábrica, medida que continua hasta la fecha. Es entonces cuando la empresa lo que hace es volver a despedir a los trabajadores que habían sido reincorporados.
HS: ¿Cuál es la situación al día de hoy?
GB: Estamos por el reclamo de reincorporación de todos los compañeros despedidos y las acciones continúan con el paro total de la planta y los compañeros trabajadores afuera de la fábrica acampando.
El ministerio de Trabajo llamó a una reunión para el lunes 28 de abril a las 12:00 en la ciudad de La Plata, esto se encuentra por fuera de la conciliación obligatoria y se realiza para acercamiento de las partes, reanudar el dialogo y esperamos que se resuelva este conflicto con las reincorporaciones de los trabajadores despedidos.
En Olavarría la situación de los trabajadores está siendo muy complicada, no sólo para nosotros los ceramistas sino para muchos trabajadores. A la fecha hay más de 1.100 despidos, muchas canteras están complicadas por la paralización de las obras públicas, hace una semana cerró la Fábrica de Bolsas Industriales (FABI). La compañía tenía 65 años de trayectoria. Despidieron a 150 trabajadores.
El mejor alumno del FMI con trabajos más precarios y peores pagos
Por Natalí Risso
Argentina se convierte en el mejor alumno del FMI con trabajos más precarios y peores pagos.
A pesar del pedido formal del Fondo de “profundizar las flexibilizaciones en materia de empleo”, las medidas impulsadas por el Gobierno parecen haber llegado antes de tiempo. Los salarios son cada vez más bajos y crece el pluriempleo en condiciones poco favorables.
“Vieron que ando buscando trabajo, no saben lo que me pasó”, empieza el video que en febrero pasado publicó la tiktoker Anahí Cejas. “Voy a una entrevista y me dicen que mi jornada laboral sería de lunes a lunes de 10:00 a 20:30, excepto los sábados, de 10:00 a 21:30. Es decir, 64 horas semanales. Les contesto que bajo el convenio de trabajo que rige en nuestro país el máximo de horas semanales es de 48. Y la chabona me dice sí, pero tendrías otras flexibilidades, como media hora para almorzar y flexibilidad para pedir horas si necesitás hacer trámites. Me ofreció $750.000 y, con total impunidad, se atrevió a decir: Bueno, ¿empezás el lunes?”. [1]
Mientras el staff técnico del FMI evalúa positivamente lo realizado hasta ahora por el gobierno de Javier Milei en materia laboral, se viralizan cada vez más videos de TikTok de jóvenes volviendo frustrados de entrevistas de trabajo en las que les plantean exigencias laborales muy altas y salarios muy bajos.
A pesar del pedido formal del FMI de “profundizar las flexibilizaciones en materia de empleo”, las medidas impulsadas por el Gobierno parecen haber llegado antes de tiempo, llevando a un escenario de empleos más precarios, peores pagos y un creciente pluriempleo en condiciones poco favorables.
Qué dice el Staff Report
“El staff celebra la implementación de la histórica legislación estructural (Ley Bases). Los esfuerzos deben continuar con la aplicación de más reformas orientadas a aumentar la flexibilización del mercado laboral”, consigna el informe que el staff técnico del FMI publicó acerca del Acuerdo con Argentina.
El documento presenta no solo las metas cuantitativas en materia de reservas, emisión monetaria y gasto público que el Gobierno debe cumplir para acceder a los desembolsos acordados. Les da un gran espacio a las reformas estructurales, cuya implementación recomienda, en algunos casos, con plazos como la impositiva –deberá ser presentada al staff a fines de 2025– o la previsional –para finales de diciembre de 2026.
En materia laboral, el organismo es particularmente elogioso de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Menciona la implementación de “reformas orientadas a permitir mayor flexibilidad para negociar salarios y el régimen de despido a nivel sectorial”, o el fondo de cese laboral que aún no tuvo adhesión de ningún Convenio colectivo de trabajo. “No es mensurable su impacto real, pero definitivamente da un mensaje claro de flexibilización”, comenta el abogado laboralista e investigador Juan Manuel Ottaviano.
Pero el FMI también deja en claro su diagnóstico estructural: “El mercado laboral argentino sigue siendo altamente inflexible, con serios obstáculos a la formalización del empleo, entre ellos las elevadas cargas sociales, los costos de contratación y despido, y las trabas burocráticas y administrativas”, y sugiere “continuar con los esfuerzos” en este sentido.
La tarea hecha
“Yo no leo una imposición de una nueva agenda en el Staff Report. De hecho, el FMI le está reconociendo al Gobierno que sobre cumplió también las metas laborales. El Gobierno ya hizo todo lo que podía hacer y más, pero con un efecto negativo en condiciones laborales y sin un efecto positivo sobre el crecimiento del empleo”, explica Ottaviano.
En un año y medio de gestión, el gobierno de Javier Milei comenzó a implementar muchas de las reformas que el FMI elogia. Las principales fueron aprobadas a través de la “Ley Bases” a fines de junio del 2024 y están comprendidas en título IV “Promoción del empleo registrado” y en el título V “modernización laboral”.
- Extensión del periodo de prueba de 3 a 6 meses o hasta 1 año en función del tamaño de la empresa, lo que permite los despidos sin causa ni indemnización a los trabajadores durante ese periodo. Esta medida generó una aceleración en la rotación laboral, sobre todo, en sectores que ya contaban con ese tipo de esquemas como el comercio, turismo o algunos administrativos que no requieren tiempo de entrenamiento. En un contexto en el que estas actividades mercado internistas se encuentran en recesión, se utiliza como un mecanismo de ajuste de los empleadores para mantener plantillas que no aumenten la antigüedad. “Es el tema de consulta actual como laboralista: quienes pierden el trabajo o buscan su primer empleo, entran a un nuevo laburo y saben que tienen medio año de inestabilidad. Llegando a ese mes los despiden y, generalmente, los contratan en otro local del mismo rubro”, explica Ottaviano.
- Crea la figura del “colaborador”. De esta manera un “trabajador independiente” puede contratar hasta tres colaboradores que deberán hacerse cargo individualmente de sus aportes previsionales, a la obra social y a la ART y se eliminan las multas por incumplimiento en el registro de trabajadores contratados.
Sobre estas medidas, Ottaviano no ve un gran cambio, aunque sí admite que “produce impacto por el mensaje de flexibilización laboral”. “Lo que sí es cierto es que a 1 año de la gestión de Milei bajó la cantidad de asalariados (con mejores esquemas de protección laboral) y aumentó la cantidad de no asalariados particularmente monotributistas, lo cual implica una mayor precarización del mercado de trabajo argentino. Posiblemente la figura del colaborador promovió esto último”, complementa Dario Romano, coordinador del Área de Trabajo y Producción del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
- Crea un fondo de cese laboral que pretende terminar las indemnizaciones por despido. Éstas serían reemplazadas por un fondo sostenido por el empleador a lo largo del período en el que el empleado está activo. A pesar de ser mencionada especialmente como una de las medidas elogiadas por el FMI, la norma no tuvo efecto en las negociaciones colectivas de trabajo –hasta ahora, ningún convenio la tomó–; y es difícil de medir en términos de negociaciones individuales.
- Se incorpora como causal de despido con causa medidas o acciones llevadas adelante por los empleados en el marco de conflictos laborales. Si bien el gobierno atribuye a esta normativa una merma de la conflictividad salarial en documentos oficiales, Ottaviano propone hacer un “zoom out”, y agrega otros factores como el disciplinamiento salarial, el desempleo, o las condiciones laborales precarias que, desde 2017, generaron una baja en las manifestaciones en este sentido.
- Se promovió un “blanqueo laboral” que estipula la condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a la regularización de relaciones laborales que, sin embargo, no fue exitoso.
“Los datos de 2024 revelan que la flexibilización laboral no sirve para bajar la informalidad, sino que, por el contrario, puede incrementarla, empeorando la calidad del trabajo en todas sus formas”, asegura Romano sobre el último informe sobre informalidad que publicó el INDEC.
La verdadera reforma: disciplinamiento salarial
Si bien el Gobierno se pega al proyecto de “Promoción de Inversiones y Empleo” presentado por la diputada libertaria Romina Diez como la hoja de ruta a seguir en el camino de la flexibilización, aplica un disciplinamiento en el mercado laboral a través de una medida no regulatoria: el techo sobre las paritarias que intenta evitar que las negociaciones superen el “ancla” fiscal y cambiaria.
“La agenda de reformas (NdR: impulsadas en el proyecto de ley) es una reposición del DNU 70/23, que tendría pocas chances de ser aprobado por el Congreso después de ser declarado inaplicable por la justicia”, comenta Ottaviano. Y agrega que una reducción de las contribuciones patronales no es consistente con otra de las exigencias del FMI, que es ajustar jubilaciones a la vez que se extienda la seguridad social a los trabajadores informales sin hijos (los que no cobran la AUH). “El mayor problema de la agenda acordada con el Fondo es que además de profundizar una flexibilización que no arrojaría resultados positivos en la creación de empleo de calidad, es que es inconsistente, contradictorio como política”, remata.
Nota de CdP
Aunque no figura en ninguna ley, la Secretaría de Trabajo interfiere sobre los Convenios Colectivos, que a la vez disciplinan la negociación de los contratos fuera de convenio.
Desde enero, los salarios de convenio, que se adaptaron al ancla de cerca del 1% mensual, aumentaron por debajo de la inflación. En enero, aumentaron 1,1% frente al 2,2% de inflación, en febrero 1,8% versus el 2,4% de aumento de precios y en marzo 1,9% versus 3,7%, según consigna el director del centro de investigación y estudios sobre el mundo del trabajo (Cetyd) de la UNSAM Matías Maito.
La reforma laboral ya está en marcha, y no hubo necesidad de votarla
El apoyo del FMI a la reforma laboral parece más una justificación para la flexibilización que una verdadera apuesta por la creación de empleo de calidad. Lo que se está consolidando es un modelo de empleo que profundiza las desigualdades y limita las oportunidades de los trabajadores.
Notas
[1] Además de la clara violación de la duración de la semana laboral que relata este testimonio, la canasta básica alimentaria (sin contar los otros gastos) subió en marzo 5,9% (10,3% en el primer trimestre del año) y un hogar de cuatro integrantes requirió 495.616 pesos para comer y no caer en la indigencia. Un hogar de 4 miembros necesita 1.157239 pesos para no caer en la pobreza.
¿Qué pasa con el Correo Argentino?
Demoras, recortes y sueldos desfasados. Esa es la realidad que atraviesan empleados de Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (CORASA, también conocidos como Correo Argentino) desde hace semanas, con consecuencias que ya se sienten en cada rincón del país. La situación comenzó a visibilizarse a través de redes sociales, cuando pequeños, medianos y grandes emprendedores comenzaron a advertir a sus clientes que los envíos estaban demorados por una serie de medidas de fuerza adoptadas por los trabajadores postales.
“Cerramos el 2024 con un 80% de devaluación de nuestro salario producto de la inflación acumulada, y nos ofrecen aumentos por debajo de la inflación mensual”, dijo por su parte la Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT).
Según cifras del sindicato, hoy un distribuidor con 5 años de antigüedad cobra $600.000, con un desfasaje salarial estimado en un 70%-80%.
La tensión escaló este último mes (por abril 2025), tras una serie de 500 despidos a nivel nacional y el inicio de los retiros voluntarios. En Córdoba, por ejemplo, se perdió el 40% del personal, pasando de 1.400 empleados a menos de 1.000 en un año. “En algunas localidades del interior, ya no queda ninguna oficina operativa”, indicó Díaz. “Perdemos el 30% o el 50% de la capacidad operativa”, explicaron.
La semana pasada los trabajadores comenzaron a tomar horas extras y también se ofrecieron a trabajar fines de semana para normalizar la situación.
Esta semana será clave. El gremio espera que la empresa presente una nueva propuesta paritaria. “Queremos un sueldo digno para los trabajadores. Ojalá podamos arribar a alguna solución. “La semana próxima nos estaremos reuniendo”, adelantó Díaz.
Mientras tanto, desde la asociación piden disculpas a los usuarios por los retrasos: “Les pedimos disculpas. Nosotros queremos hacerles entender de que más allá de que nuestro reclamo es justo, también pagan ellos porque los paquetes no llegan. Estamos tratando de llegar a una solución”.
Persecución judicial a dirigentes de la CTA Autónoma en Misiones
En una resolución del 15 de abril pasado, notificada el martes 22, el Juzgado Correccional y de Menores N° 1 de Posadas fijó la fecha del debate oral en la causa iniciada contra la Secretaria General y el Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma de Misiones, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, por haber participado de las protestas salariales que sectores docentes llevaron adelante entre los meses de abril y junio de 2024.
Desde el Monitor de Respuestas Represivas Estatales y Paraestatales contra las organizaciones del campo popular del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma realizaron una entrevista a la Secretaria General de la CTA-A Misiones, Mónica Gurina, la periodista y Secretaría de Comunicación, Alicia Rivas, y el abogado Eduardo Paredes, a cargo de la defensa, para conocer el caso en mayor profundidad.
¿En qué contexto ocurre este avance en la judicialización de la protesta?
Alicia Rivas: “La judicialización contra la conducción de la CTA Autónoma de Misiones, específicamente contra su secretaria general y su adjunto, forma parte de una represalia y un intento de disciplinamiento hacia los sectores que protagonizaron la lucha salarial del año pasado, conocida como “el misionerazo”. Esto se suma a la criminalización y el encarcelamiento de referentes de la protesta policial, quienes además fueron exonerados de las fuerzas sin sumario previo ni derecho a defensa. El objetivo es claro: evitar que trabajadores de la educación, la salud, estatales, pequeños productores y movimientos sociales vuelvan a ocupar las calles para visibilizar la crítica situación que atraviesan”.
“Mónica y Leandro han sido dos de los principales referentes de la protesta en la provincia. Además, conducen la Central que, durante los últimos 20 años, organizó y encabezó las movilizaciones más importantes contra un gobierno provincial que profundizó la precarización laboral y salarial de los trabajadores, desatendió a los pequeños productores, fomenta la concentración de tierras y ahora avanza en un régimen que viola el derecho a la protesta, buscando disciplinar, condicionar e incluso encarcelar a dirigentes sindicales”.
¿Cuál es la realidad de las condiciones de vida de los trabajadores en Misiones?
Mónica Gurina: “Los trabajadores en Misiones son pobres. Los empleados provinciales están mal, pero los municipales directamente en la indigencia, y muchos estatales también. Para que tengas una idea: una maestra de grado cobra $ 571.000, cuando según ATE-INDEC necesitamos al menos $ 1.700.000 para superar la línea de pobreza. La situación es de falta de derechos en todos los sectores.
“Por ejemplo, los tareferos, que cosechan la yerba, hoy no tienen precio. Los productores, al no poder vender a un valor adecuado, pagan miserias a los tareferos, que son los más olvidados y empobrecidos. Sus hijos van a nuestras escuelas, donde el Estado destina solo $380 por día por niño para la alimentación. Con eso no alcanza ni para comprar caramelos.
“Los trabajadores desocupados no consiguen empleo, y los jubilados están en una situación desesperante: no tienen acceso a los remedios del IPS, el vademécum se reduce cada vez más, y sus haberes son miserables. Por eso siguen reclamando en la plaza: los jueves, los jubilados de María Blanca y de educación; los miércoles, los jubilados provinciales.
“La situación es de extrema necesidad y se agrava día a día. Los servicios públicos son inaccesibles: una familia que tenga apenas una heladera, un ventilador y un lavarropas paga $100.000 de luz con un salario de $500.000. En Posadas el agua potable –manejada por una empresa extranjera– cobra $30.000 de consumo mínimo, y si la usás, la factura puede llegar a $100.000. Con esos números, es imposible sobrevivir en Misiones con salarios de hambre”.
¿Cuál es el objetivo del gobierno al iniciarles causas y elevarlas juicio?
Mónica Gurina: “Lo que vemos es un gobierno que lleva más de 20 años en Misiones, donde ha instalado fundaciones como el Parque de la Salud, el Centro del Conocimiento o el IFAI, por donde se fugan grandes capitales sin control alguno. Un Estado que no se preocupa por quienes lo sostienen —los trabajadores de la educación, la salud, la red vial, el registro civil— pero que sí monta un aparato represivo contra la protesta.
“El objetivo es claro: poner una mordaza. No solo con persecución y criminalización, sino incluso con leyes provinciales que buscan prohibir las manifestaciones. Quieren que, ante la crisis, no haya protestas.
“Con estas medidas, el gobierno intenta amedrentarnos, fomentar el individualismo y matar la solidaridad. Quieren que tengamos miedo, que no salgamos a las calles. Que todos piensen: “Total, el problema es solo de algunos dirigentes”. Pero cada vez que hablamos, lo decimos claro: cuando criminalizan a Leandro y a mí, es porque salimos a decirle a Rovira y a Milei, que campeaba alambre entre los docentes y las maestras de grado, que los porteros no tienen ropa, que las escuelas se nos caen en la cabeza, que en el comedor te pagan $380 por gurí para que no comas ni medio alfajor.
“Estas medidas están para que más de uno tenga temor: “Si criminalizan a los dirigentes, imaginate a mí, que no lo soy”. Pero nosotras vamos a resistir, vamos a presentarnos en la justicia, pero esta respuesta es en términos colectivos. Ninguno de nosotros estaría judicializado si no fuera por la lucha de nuestros compañeros en la calle”.
¿Qué impacto puede tener en la organización de las y los trabajadores?
Mónica Gurina: “Para nosotros, esto tiene un saldo positivo. Hay una Central que pelea, mientras otros se esconden. La CTA Autónoma pone el cuerpo en cada lucha, mientras algunos gremios firman acuerdos a la baja y hasta se alían con el gobierno. Para nosotros es un orgullo estar en esta disputa por los derechos de los trabajadores. Algunos lo verán como una debilidad, otros lo exagerarán, pero en lo personal y en lo gremial, es un acierto seguir al lado del reclamo de cada trabajador”.
¿Qué causas se les iniciaron y qué consecuencias puede tener?
Eduardo Paredes: “A Mónica y Leandro se les inició un proceso por “entorpecimiento del transporte público”, un delito con pena baja, vinculado a los cortes de calle durante las protestas por mejoras salariales. Paradójicamente, esas movilizaciones lograron que el gobierno accediera a negociar y otorgara aumentos. Ahora, además, les imputan “desobediencia”.
“En términos concretos, no van a ir detenidos. El riesgo real es que se siente un precedente peligroso: judicializar el corte de ruta en el marco de luchas sociales es gravísimo. Por eso vamos a llevar este caso hasta las últimas instancias, incluso a la Corte si es necesario.
“Misiones tiene un estándar constitucional muy bajo, con un Poder Judicial débil y un gobierno que funciona como un unicato desde hace años. Pero será clave el apoyo de todos los gremios a partir de octubre, cuando comience el juicio. Simbólicamente, es importante que esto se resuelva bien, para mandar un mensaje claro: la criminalización de la protesta no puede avanzar”.
Ingenio El Tabacal: flexibiliza, cambia el esquema laboral y reduce salarios
El secretario General del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA), Ramiro Villalba, denunció que la empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos, que tiene a su cargo el manejo del Ingenio El Tabacal (en Hipólito Yrigoyen, departamento Orán), anunció una reorganización en el esquema de trabajo que implicará una reducción de los salarios de los trabajadores.
Un comunicado firmado por Jorge Smichouski, gerente de Relaciones Laborales del Ingenio, dirigido a los “colaboradores” de la empresa, informó que con la nueva modalidad “se tiene en cuenta el bienestar del personal, el cumplimiento de las normas laborales y operativos y la mejora continua de nuestros procesos productivos”.
“Uno de los principales ejes en el cambio de la modalidad de trabajo que solo impactará en algunas áreas será la implementación de un sistema sin rotación (mañana, tarde y noche), y de cambio en el esquema de turnos de trabajo de 6 por 1,5 por 1 y 7 por 1”, apuntó la empresa. Y añadió que la intención es la “reducción de la fatiga asociada a la rotación de turnos”, así como a lograr “Mayor equidad y cumplimiento de los derechos laborales”; “Disminución en la probabilidad de tener un accidente por rotación de turnos” y un “Incremento en la productividad”.
Al final del comunicado, se sostiene que se analizó “caso por caso para comunicar el impacto económico individual, así como la variación de días de descanso que tendrá cada trabajador. Estos impactos serán compensados económicamente según corresponda”.
Por su parte, Ramiro Villalba confirmó que la compensación tiene que ver justamente con la pérdida del salario de los trabajadores en caso de cambiar la modalidad de trabajo.
Actualmente, si bien cumplen turnos rotativos durante 8 horas, los trabajadores obtienen doble paga cuando trabajan los sábados después de las 13:00 y los domingos. Con la nueva modalidad, que la empresa traduce en un sistema de 5 días de trabajo por uno de descanso, y turnos fijos, los trabajadores ya no podrán cobrar esas diferencias.
Villalba contó que las novedades fueron comunicadas por la empresa al STA. Tras la reunión, los sindicalistas rechazaron los anuncios de manera categórica, dado que consideraron que solo fueron imposiciones sin posibilidad de establecer un diálogo.
“Fuimos porque pensamos que nos sentaríamos a hablar por otros reclamos”, dijo Villalba. El 14 de abril el gremio inició una quita de colaboración durante las últimas cuatro horas por turno en reclamo por la falta de cumplimiento en los ingresos de algunos trabajadores, además de las “amenazas” con el cambio de horario laboral.
Sin embargo, la empresa los llamó para anunciar lo que Villalba leyó como una “imposición extorsiva, arbitraria y abusiva en contra de todos los trabajadores”.
El STA arrastra un conflicto anterior con El Tabacal que llevó a dictar una conciliación obligatoria por el despido de 24 trabajadores. En el proceso, cuyo plazo ya terminó, no hubo acuerdo y los despidos fueron judicializados. En ese momento el Sindicato había denunciado en la Secretaría de Trabajo de la provincia que la empresa incumplía con la conciliación. Villalba contó que el organismo oficial no respondió al pedido de sanciones contra la empresa.
Por esta nueva situación, los trabajadores cumplirán las quitas de colaboración los martes, jueves y sábados. Para el domingo 27 a las 10:00 prevén encontrarse en una asamblea para decidir los pasos a seguir.
Nueva represión a jubilades y marcha a Plaza de Mayo
Como cada miércoles, jubiladas y jubilados junto a organizaciones solidarias se concentraron ante el Congreso de la Nación para protestar y realizar una ronda. En esta ocasión, además, marcharon hacia Plaza de Mayo.
Una vez más, la ministra represiva Patricia Bullrich dispuso un grotesco operativo, y gasearon y golpearon a manifestantes y trabajadores de prensa al comienzo de la jornada.
Un nuevo ejercicio de la violencia estatal tuvo lugar el miércoles 23 contra los jubilados y jubiladas que reclaman mejoras en los haberes, la restitución de la entrega de medicamentos gratuitos y rechazan el ajuste y los ataques a las libertades y garantías democráticas de parte del gobierno de ultraderecha de Javier Milei y Victoria Villarruel.
La jornada empezó más temprano que los últimos miércoles, pero la represión no faltó a la cita.
En los alrededores del Congreso hubo una persona detenida y 13 personas heridas por efecto de los gases lacrimógenos, entre ellos, jubilados y trabajadores de prensa, reportaron los equipos de monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria.
En el desproporcionado operativo actuaron las fuerzas Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval, PFA y policía motorizada de la Ciudad.
Tras la vuelta al Congreso, los jubilados, acompañados por movimientos sociales y sindicatos, marcharon a Plaza de Mayo.
El grotesco, desproporcionado operativo de fuerzas federales desplegado alrededor del Congreso tuvo su continuidad en otro similar de efectivos de la Policía de la Ciudad, que acompañaron la columna hasta la Plaza.
Tanto uno como el otro obstaculizaron el tránsito más que facilitarlo o garantizarlo, su supuesto objetivo declarado. Por el contrario, en el marco del ajuste salvaje que recorta derechos, cada uno de los carísimos operativos semanales de cientos y cientos de efectivos dispuestos para ejecutar el Protocolo antiprotesta de Bullrich existen para limitar y negar el derecho constitucional a la protesta y sembrar el terror mediante el ejercicio pedagógico, cotidiano, impune y obsceno de la violencia del Estado contra los más vulnerables.
“La marcha pacífica fue escoltada por policía motorizada de Ciudad de Buenos Aires portando armas reglamentarias. Los manifestantes fueron delimitados por cordones policiales”, agregaron desde la CPM, que realiza el monitoreo en coordinación con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de CABA.
Una vez en la Plaza de Mayo, las y los jubilados realizaron un acto. Entre los oradores se contó el histórico dirigente de la Mesa Coordinadora de Jubilados, Marcos Wolman, que recordó que hay dos millones de jubilados que cobran menos de 360.000 pesos, incluido el bono de 70.000 que da el gobierno.
Además, señaló que son “más de 3 millones los que reciben el haber entre 300 y 400.000 pesos”.
Por otro lado, pidió que el reclamo de los jubilados sea una bandera de unidad de toda la clase trabajadora. “Estamos planteando la necesidad de ampliar la unidad. Es una lucha de la clase trabajadora por el salario, la jubilación, los medicamentos. Nosotros luchamos y vamos a seguir”, remarcó.
Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, La Izquierda Diario, Página/12, Perfil, Red Eco Alternativo, Nota Al Pie, Mundo Gremial, Por Huella del Sur, Anred, https://ctaa.org.ar, InfoGremiales
Compañeros, esto es un pésimo modo de comunicar lo que está sucediendo. Hacer una nota tan larga, ¿cuántos llegamos al final de ella?