El Gobierno de Javier Milei aumentó esta semana la intervención del Estado nacional para presionar a empresarios y gremios y evitar que las negociaciones paritarias por aumentos salariales no superen el índice mensual de inflación del INDEC.
Por Mario Hernandez
Aunque evitan dar explicaciones sobre la demora en la homologación de algunos convenios y se excusan en cuestiones de tipo legal, por lo bajo en la Casa Rosada admiten que acuerdos de aumentos salariales que superen los niveles de inflación oficial atentarían contra el plan de estabilización del ministro de Economía, Luis Caputo.
En ese marco, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó para el próximo martes a las 14:00 a una reunión entre las Cámaras empresarias de Comercio y Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) para “reformular el acuerdo que firmaron la semana pasada”.
Desde el Gobierno aclararon que “no hay conflicto en el caso del convenio paritario de Comercio” y aseguran que “no hay una decisión, porque todavía se está analizando”, en respuesta a las denuncias de los gremios sobre la supuesta decisión oficial de “no homologar” el acuerdo firmado entre las partes la semana pasada.
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó relativizar el conflicto gremial creciente a raíz de lo que la CGT denuncia como una caída del poder adquisitivo de los trabajadores en el último año, y dijo que el Gobierno “solo puede intervenir en caso de que en los acuerdos entre privados se firme algo que esté fuera de la ley”.
Sin embargo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acusó al Gobierno de “no querer homologarla” porque pretende que “los aumentos queden por debajo de la inflación”.
El acuerdo, rubricado hace una semana para los empleados de Comercio y que fue ratificado por el gremio en un comunicado, contempla un incremento del 5,4% acumulativo, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio).
Pero, según trascendió, desde el ministerio de Economía, objetaron esas cifras porque superan el 1% mensual que busca imponer Luis Caputo en las negociaciones para sostener la desaceleración inflacionaria.
Cerca de Cordero aclararon que “no vamos a plantear nada, sino que ellos (las partes) van a reformular el acuerdo y lo van a traer para homologar el martes”.
La excusa del gobierno en la homologación del Convenio de Comercio fue que se demoró porque “ingresó el viernes 2 de mayo, que fue un día no laborable” y el gobierno “lo está analizando, todavía no hay una decisión”.
Consultado sobre el tema en conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero y candidato, Manuel Adorni se excusó de responder por “desconocer el tema”.
El vocero presidencial también se refirió a los reclamos de aumento salariales de empleados estatales y funcionarios nacionales cuyos sueldos “están congelados por orden del presidente Milei”, mientras que cuestionó las medidas de fuerza de otros sectores privados como los colectiveros de la UTA.
“El Gobierno no va a ceder a la extorsión de un gremio, que entendemos, está lejos de pelear por una cuestión estrictamente salarial” dijo Adorni y atribuyó al conflicto de la UTA una “connotación política”
El mismo miércoles la secretaría de Trabajo decretó la “conciliación obligatoria” en el conflicto por la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias en el sector de la industria metalúrgica, luego de que el gremio de la UOM anunciara un paro de 24 horas en todas las fábricas del país.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictó la conciliación obligatoria por 15 días ante el anuncio por parte de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de un paro de actividades el miércoles 7 de mayo en todas las fábricas del país.
En la resolución dictada el miércoles, Cordero intimó a gremios y a empresarios a “retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”.
Así, el Gobierno “exhortó a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la actividad involucrada”.
La UOM convocó a un paro de 24 horas
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) había convocado a un cese total de actividades por 24 horas en todas las fábricas del país para el miércoles 7 de mayo. La medida se enmarca en el inicio de una nueva etapa del plan de lucha denominado “Primero la Dignidad”, impulsado con el objetivo de reclamar por un salario justo, según indicaron desde el gremio y “en defensa de los derechos laborales, la mejora de las condiciones de vida y el respeto por la dignidad del trabajo”.
La huelga es parte de un plan de acción aprobado en el Congreso Nacional de Delegadas y Delegados Metalúrgicos 2025, celebrado semanas atrás en Mar del Plata, con participación de más de 50 seccionales del país. El mismo contempla paros escalonados de 48 y 72 horas en las semanas siguientes, aunque las fechas exactas aún no fueron definidas.
Abel Furlán, titular de la UOM a nivel nacional, reconoció en el plenario marplatense que “la situación es muy compleja. Ya perdimos 22.000 puestos de trabajo, y tenemos en riesgo entre 30.000 y 50.000 puestos más por la apertura indiscriminada de importaciones. Esto nos preocupa y nos pone con la guardia en alto”.
Paro con masiva asamblea en Acindar
El 30 de abril, cerca de las 10:00 se fue parando la acería, para las 13:00 estaba la planta completamente parada y los trabajadores marchando desde los sectores hacia la portería donde se desarrolló una masiva asamblea para reclamar por el salario.
Los trabajadores de Acindar ArcelorMittal vienen reclamando una actualización paritaria desde junio del 2024. Las eternas negociaciones entabladas por la Conducción Nacional de la UOM con la Cámara Argentina del Acero caen en un nuevo cuarto intermedio y mayor dilación. Desde Villa Constitución se lanzó un plan de lucha que incluye acampe, paro y asamblea para desembocar el lunes 5 de mayo en un paro por tiempo indeterminado si no hay avances en el reclamo.
Los siderúrgicos vienen con los salarios congelados y sufriendo las continuas presiones de una patronal aliada al gobierno y su plan económico, ajustar al pueblo trabajador, al igual que su socio en el negocio siderúrgico Paolo Rocca y el Grupo Techint. Estas patronales aplauden a rabiar las medidas económicas, sociales y políticas de este gobierno que apuntan a quitarle derechos y conquistas a la clase trabajadora, solo alzan la voz cuando se ven afectadas sus ganancias, como ahora con los aranceles en EE UU y reclaman “equilibrar la cancha”. O sea, bajar impuestos y profundizar la reforma laboral.
Se logró un acuerdo en Acindar
Tras nueve meses sin paritarias, la UOM Villa Constitución logró un acuerdo parcial para los siderúrgicos de planta y algunas tercerizadas, en medio de una negociación nacional estancada y un gremio cada vez más fragmentado.
El acuerdo alcanza a los efectivos que forman parte de la plantilla de Acindar ArcelorMittal y a dos empresas tercerizadas que están encuadradas en la rama 21. Los tercerizados de la rama 17 siguen a la espera de las interminables negociaciones de la UOM Nacional.
Luego de poner en marcha un plan de lucha que consistió en dos días de volanteadas y concentración en el ingreso a la fábrica junto a un tercer día con paro y asamblea masiva, la seccional de la UOM Villa Constitución se disponía a iniciar un paro por tiempo indeterminado. Es ahí cuando la patronal de Acindar llama a un acercamiento entre las partes y un nuevo ofrecimiento.
La negociación terminó siendo favorable para los trabajadores dentro de los límites impuestos por lo porcentajes ya pactados por la UOM nacional y en detrimento de los aportes jubilatorios. Es decir, se consigue alcanzar el índice del IPC con una suma no remunerativa que en abril se transforman en porcentaje (el acordado por la UOM nacional para rama 17) y sirve como piso para las próximas negociaciones.
En un contexto complejo para la negociación salarial, la estrategia impulsada por la conducción nacional encabezada por Furlán y Brunelli, que privilegia acuerdos fragmentados por ramas y demoras en las definiciones paritarias, llevaron a que seccionales como Villa Constitución, deban asumir el desafío de negociar por su cuenta. Si bien esto pone a prueba la organización regional, también demuestra la capacidad de respuesta y firmeza de las bases cuando se trata de defender el salario y las condiciones laborales. Esta experiencia deja en evidencia la necesidad de construir una política gremial más unificada y con mayor protagonismo de las bases en la resolución de los planes de lucha, para que ninguna fábrica tenga que enfrentar sola lo que debería ser una pelea colectiva. Se necesitan más asambleas en todas las fábricas, que sean resolutivas para que las bases puedan expresarse.
Esto no quita el mérito de la disposición de los trabajadores de Acindar de ir a un plan de lucha para actualizar el salario, pero aún queda un largo camino por recorrer.
En primero lugar hay que lograr la unidad de toda la fábrica, entre metalúrgicos y siderúrgicos, entre efectivos y tercerizados y siguiendo con esa lógica, lograr la unidad de toda la seccional para poder ser un polo de referencia de otras seccionales, ya que el malestar salarial es extendido en toda la industria. Hay que coordinar a todas las luchas.
Si bien se logró un primer avance en la actualización del salario de los siderúrgicos de Acindar, los planes de la patronal y del gobierno son mucho más ambiciosos. No solo quieren licuar el salario, sino que avanzan con una mayor flexibilización laboral. Los retiros NO voluntarios, la finalización de contratos y otras maniobras que encuentran dentro de la ya precaria ley laboral, hacen que ya se produjeran cientos de despidos encubiertos y pérdidas de puestos de trabajo, con la consiguiente carga laboral para quienes quedan.
El salario metalúrgico aún queda muy por debajo de la canasta básica que necesita un trabajador para poder sostener una vida digna.
La fuerza del paro reciente en el transporte y la experiencia de sus trabajadores refuerzan una idea clave: cuando la bronca se expresa desde abajo, se pueden torcer las decisiones de las conducciones que dudan con las patronales. El ejemplo de los choferes, que enfrentaron a sus propias direcciones para hacer sentir su reclamo por salarios dignos, muestra que la organización desde las bases y la coordinación entre sectores son el camino. Esta misma lógica tiene que guiar a los metalúrgicos: impulsar en Acindar, y en cada taller asambleas reales, con los delegados votando mandatos que expresen lo que pasa en las líneas de producción y avanzar en la unidad con otros sectores en lucha.
Hay que hacerlo desde abajo, con la fuerza que ya se demostró en Villa. Luchar sirve para mostrar el descontento y la disposición a pelear por lo justo da resultados, por eso no hay que quedarse en esa etapa y lograr avanzar contra los planes de los empresarios, el gobierno y el FMI.
La pelea de los metalúrgicos tiene que transformarse en la pelea de todas las familias de Villa, luchando por salario, pero también por condiciones laborales y puestos de trabajo. En Acindar no sobra nadie, no permitamos que se sigan perdiendo puestos que repercuten en toda la ciudad.
Los empleados de Comercio firmaron una nueva paritaria
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato más grande del país, cerró un nuevo acuerdo paritario que eleva el salario básico a $1.123.000, incluyendo el adicional por presentismo. La mejora salarial contempla una suba del 5,4%, que se aplicará en tres etapas: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio.
La presión sindical contra el techo paritario del 1% se hizo sentir en las últimas semanas. Distintos sectores adelantaron que los próximos acuerdos serán de corto plazo y con cláusulas de revisión. “Ese tope ya no corre más”, remarcaron.
Por otro lado, un informe de la Fundación Capital indicó que los salarios del sector privado formal cayeron en promedio un 3% en el primer trimestre del año. A este deterioro se suma la incertidumbre sobre una posible aceleración inflacionaria tras el levantamiento del cepo cambiario, que podría obligar a nuevas rondas de negociación.
En este contexto de conflicto creciente, la CGT se movilizó el miércoles 30, en la previa del Día del Trabajador, en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional.
Francos admitió que el Gobierno pone techo en las paritarias
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció públicamente que el Ejecutivo está interviniendo en las negociaciones salariales, presionando para que se cierren acuerdos a la baja. Según Francos, “si uno permite que los salarios se vayan más allá de lo que se ha establecido como pauta, los precios después aumentan”.
Esta intervención oficial en las paritarias se produce en un contexto de creciente tensión con amplios sectores de trabajadores, que denuncian una pérdida del poder adquisitivo y rechaza las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno. Como se vio el pasado martes, donde los choferes de las líneas de colectivos protagonizaron un fuertísimo paro, exigiendo un aumento salarial que eleve el sueldo básico y el fin del cepo a las paritarias, reclamando paritarias libres, y acusando a los dirigentes de la UTA de no reflejar sus demandas en medio de la avanzada del Gobierno. Al mismo tiempo, le exigieron a la conducción que dé continuidad a un plan de lucha hasta imponer sus reclamos.
La creciente pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas concretas en las negociaciones salariales han generado un malestar que se traduce en desconfianza hacia las conducciones sindicales quienes ceden ante los intereses del Gobierno.
Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propuso una reforma en el sistema de negociación salarial, sugiriendo que se pase de los Convenios colectivos nacionales actuales a acuerdos regionales, afirmando que el modelo argentino actual es demasiado rígido y no tiene en cuenta las particularidades regionales ni la productividad de cada zona.
“Mientras que en Argentina las negociaciones salariales son nacionales y sectoriales, en Alemania se llevan a cabo de manera regional. Italia, por ejemplo, tiene un sistema similar al nuestro”, señaló el funcionario del gobierno de Javier Milei.
La medida del tope a las paritarias impuesta por el Gobierno afecta directamente a los trabajadores, al limitar sus posibilidades de acceder a aumentos salariales acordes con la inflación y el aumento del costo de vida. Al establecer un techo para las negociaciones salariales, el Ejecutivo protege los márgenes de ganancia de las empresas, evitando que los aumentos impacten de manera significativa en sus costos laborales. Esta política, en lugar de beneficiar a los trabajadores, prioriza los intereses de los sectores empresariales, que mantienen sus ganancias intactas.
Nuevo ajuste sobre el salario
En el primer trimestre del año la inflación retomó un sendero ascendente y las paritarias establecieron aumentos salariales decrecientes.
En este informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma se cuantifica la caída en términos reales del salario de convenio y se plantea el desafío de cara a los próximos meses en un contexto de marcado deterioro del ingreso de los trabajadores y trabajadoras.
Paritarias intervenidas y nuevo salto inflacionario: un nuevo ajuste sobre el salario real
La dinámica de la negociación salarial en los primeros meses de 2025 tuvo un cambio sustancial en comparación con el 2024. Ya en diciembre el Gobierno Nacional había comenzado a dejar trascender que no homologaría aumentos que estuvieran por encima de una pauta no escrita, pero que estaría en línea con un escenario de caída de la inflación que, al menos en el plano discursivo, era defendido por las autoridades oficiales.
La intención oficial apuntaba a, en el mejor de los casos, congelar el salario real en los niveles de fines de 2024. Para el sector privado registrado ello hubiera implicado en promedio volver a los niveles de noviembre de 2023, mientras que para el sector público se trataba de establecer una nueva normalidad salarial aceptando un recorte en torno al 15% en términos reales. Considerando un período más extenso, el nuevo equilibrio salarial hubiera implicado, de ser exitosa esta política oficial, una caída salarial del 20% en el sector privado y del 35% en el sector público en comparación con finales de 2017.
La inflación de febrero, levemente superior a la de enero (2,4% contra 2,2%) puso en duda que el Gobierno fuera a conseguir este objetivo. El 3,7% de marzo mostró el fracaso de la política oficial en este punto y volvió a poner presión sobre el salario real y sobre las paritarias. Frente a un escenario de precios acelerándose, el congelamiento de las paritarias necesariamente tiene como consecuencia una caída del salario real.
El impacto de este proceso en el primer trimestre del año fue muy heterogéneo. Mientras algunas actividades pudieron sostener el valor real del salario de convenio, principalmente aquellas que tenían cuotas pendientes pactadas en negociaciones efectuadas en los últimos meses de 2024, otras tuvieron retrocesos muy significativos.
Salario de convenio, variación en términos reales primer trimestre 2025
| Actividad | Variación diciembre 2024 – marzo 2025 |
| Cuero | 2,6% |
| Maestranza | 1,5% |
| Sector público PBA | 0,4% |
| Gastronómicos | 0,2% |
| Mecánica | -0,7% |
| Químicos | -1,0% |
| Construcción | -1,6% |
| Camioneros | -1,9% |
| SMVM | -2,3% |
| Carga y descarga | -2,6% |
| Comercio | -3,1% |
| Entidades civiles y deportivas | -3,3% |
| Gráficos | -3,7% |
| Metalúrgica | -3,9% |
| SINEP | -4,2% |
| Alimentación | -4,3% |
| Perfumistas | -4,3% |
| Sanidad (clínicas) | -4,5% |
| Textiles | -4,6% |
| Judiciales nacionales | -6,2% |
| Casas particulares | -6,8% |
La situación seguramente se agravará en abril. Difícilmente la inflación de este mes se ubique por debajo de la de marzo, mientras que son muchas las actividades que tienen aumentos ya pactados inferiores al 2% (alimentación, carga y descarga, entidades civiles y deportivas, SINEP, gastronómicos, camioneros, textiles, sanidad, entre otros). En otras palabras, a menos que se produzca una reapertura generalizada de las paritarias, no solo aquellas que deberían negociar sus salarios para el mes de abril sino también de las que ya pactaron acuerdos que incluyen este mes, el escenario más factible es un nuevo retroceso de los salarios de convenio en términos reales.
La mitad de los trabajadores ganó menos de $600.000
El Gobierno celebra la desaceleración de la inflación, pero en el día a día no se siente en los bolsillos. Esto ocurre porque el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y los programas sociales se desplomaron en la era Milei. Se profundizó el deterioro del poder de compra de los años anteriores. Además, el Gobierno congeló las paritarias.
Según datos del Indec, el 50% de los trabajadores percibió menos de $600.000 en el cuarto trimestre del año pasado. Mientras que el 80% de los asalariados ganó menos de $1.000.000 en el mismo período. Es decir, que la mayoría de la clase trabajadora vive con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de Ate Indec (el promedio del cuarto trimestre del año fue $1.579.867). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
El informe del Indec confirmó la gran desigualdad en ingresos entre varones y mujeres, aunque Milei lo niegue. En el cuarto trimestre de 2024 los varones tuvieron un ingreso promedio de $801.409, mientras que el de las mujeres fue de $591.097. El ingreso promedio de la ocupación principal de las mujeres fue 25,4% menor al de los varones en el cuarto trimestre 2023 mientras que en el mismo trimestre de 2024 fue de 26,2%.
En tanto, el documento da cuenta de la desigualdad de ingresos entre los trabajadores formales e informales. El informe muestra que el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $925.994, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $415.730.
En el caso de los hogares, cuando se considera el ingreso total el 50% tenía ingresos menores a $1.000.000. En tanto, la brecha entre los hogares con más y menores ingresos es casi 14 veces, considerando que en el primer caso el ingreso medio al hogar fue de $3.869.302 y en el segundo, de $259.387.
Es urgente un aumento de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, trabajadores y programas sociales. Junto a la incorporación de cláusulas gatillo que actualice el salario mes a mes según la inflación.
Salario mínimo en picada
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) –valor que fija un piso salarial de referencia– perdió un tercio de su poder adquisitivo, entre noviembre de 2023 y abril de este año. Esta caída es acumulativa. Si no hubiese perdido capacidad de compra, hoy debería ubicarse en $ 700.000 y es de $ 296.862. Comparado con las líneas de pobreza y de indigencia, la situación es peor que la del 2001.
Estos datos surgen de un informe realizado por Mariana L. González, publicado por CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina
Compartimos los puntos principales del informe:
Desde la asunción del actual gobierno, el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo en una forma brutal. En efecto, entre noviembre de 2023 y abril del año en curso, el poder de compra de este salario se redujo en más de una tercera parte.
Esta reducción, sumada a la de años anteriores, implica que quede desdibujada su función como herramienta para fijar un piso salarial. En febrero de este año, el salario mínimo representó menos de una quinta parte del salario promedio registrado del sector privado.
A lo largo de 2024 hubo cuatro reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En todas ellas, ante la falta de acuerdo, fue la Secretaría de Trabajo quien determinó los aumentos nominales, que fueron prácticamente equivalentes a la propuesta del sector empresario. Su última resolución, de diciembre de 2024, implicó continuar con la tendencia decreciente del salario mínimo, de modo que se perdió entre el último aumento previo a esta resolución y el mes en curso un 7% de poder adquisitivo.
La pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en abril de 2025 en un nivel real que es 44,1% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,3% menor que noviembre de 2015. Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de compra a lo largo de este tiempo, estaría actualmente cerca de los $ 700.000.
Tras este retroceso histórico el valor real del salario mínimo es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad, cuando, como sucede en la actualidad, esta política se había abandonado como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad salarial.
La comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación peor que la del año 2001. El salarió mínimo en la actualidad equivale a solo el 58,1% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza.
Los trabajadores perdieron US$ 160.000 millones
Entre 2017 y 2024, los trabajadores argentinos han vivido una de las peores pérdidas de ingresos de las últimas décadas. Según el reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), la caída del salario real produjo una transferencia de ingresos desde los asalariados por la descomunal cifra de 164.000 millones de dólares (tomando el tipo de cambio oficial) en dicho periodo. Este fenómeno, lejos de ser un accidente, es el resultado de políticas económicas deliberadas implementadas por los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y actualmente Javier Milei, orientadas a beneficiar al gran capital en detrimento de la clase trabajadora.
CIFRA-CTA detalla que esta transferencia, representa una caída en la participación de lo producido en el país para los trabajadores de forma sostenida en el tiempo. La inflación, acompañada de devaluaciones recurrentes, ajustes en tarifas y congelamientos salariales, ha sido el principal mecanismo para este traslado de recursos desde los bolsillos de quienes producen la riqueza hacia las arcas de quienes la concentran.
En el informe los investigadores Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti explican que “la participación de los asalariados en el ingreso nacional cayó 7,8 puntos porcentuales (del 51,8% al 44,1%), lo que implicó una transferencia regresiva de recursos hacia el capital, el ingreso mixto (cuentapropistas) y los impuestos netos”. También detalla que el reparto se distribuyó de la siguiente manera: “el excedente de explotación aumentó en 2,5 puntos porcentuales, la incidencia del ingreso mixto bruto ascendió en 3,2 puntos y el peso relativo de los impuestos netos de subsidios se incrementó en 2,04 puntos entre 2016 y 2024”.
El gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) sentó las bases de este proceso de saqueo. Con un discurso de “apertura al mundo”, su política económica incluyó un fuerte endeudamiento, la vuelta al FMI en 2018 y una devaluación que disparó los precios del mercado interno. La consecuencia fue una caída del poder adquisitivo de los trabajadores y el aumento de la pobreza.
En palabras de los autores: “la fuerte caída durante el gobierno de Macri (del 51,8% al 46,2%) estuvo vinculada a la salida de capitales que se produjo en 2018 y 2019, y que determinaron diversos episodios de devaluación con sus consiguientes impactos en los precios, la actividad económica, la ocupación y los salarios reales”. En el estudio afirman que en promedio durante la gestión de Juntos por el Cambio la pérdida para los trabajadores fue de más de US$ 15.000 (siempre a tipo de cambio oficial) por año.
El Frente de Todos asumió en 2019 con la promesa de revertir el ajuste macrista, pero los hechos demostraron otra realidad. Lejos de mejorar los ingresos de los trabajadores, el gobierno de Alberto Fernández profundizó las medidas de ajuste para cumplir con el acuerdo firmado con el FMI.
Los salarios reales continuaron en caída mientras los empresarios aumentaban sus ganancias ya que la productividad (cantidad promedio producida por hora trabajada) no descendió hasta el 2023 como si lo había hecho durante el macrismo. El informe de CIFRA afirma que el robo adicional sobre los trabajadores fue de US$ 29.600 millones en promedio por año.
Con Javier Milei al mando desde 2023, las cifras continúan en caída. Sus políticas ultraliberales, sustentadas en el respaldo del FMI y ejecutadas por su ministro de Economía, Luis Caputo, han acelerado la transferencia de ingresos. Los especialistas estiman que durante 2024 la transferencia de ingresos fue por US$ 33.900 millones. Las reformas laborales y previsionales propuestas, junto con un nuevo acuerdo con el FMI, buscan profundizar el ajuste y asegurar que los grandes empresarios y especuladores aumenten sus ganancias.
Frente a este panorama, es fundamental la organización de los trabajadores para luchar contra los planes de ajuste con propuestas concretas para enfrentar esta situación: reducción de la jornada laboral sin baja salarial, prohibición de despidos, salarios que cubran la canasta familiar y el desconocimiento soberano de la deuda con el FMI. Estas medidas buscan no solo detener el ajuste, sino también revertir la transferencia histórica de ingresos hacia los sectores empresariales poniendo la economía en función de los intereses de las grandes mayorías.
¿Cuánto se necesita para llegar a fin de mes?
La Junta Interna de Ate Indec calculó que en marzo un trabajador necesitó $ 1.768.976 para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja mayor de 30 años con dos menores en edad escolar. Este valor se compone de $ 613.191 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 1.155.785 para acceder a otros bienes y servicios básicos.
Los trabajadores del Indec aclaran que, no es ningún ideal, pero incluye el pago del alquiler, ítem que no está considerado en la canasta de pobreza que elabora el organismo. La canasta, que realiza la Junta Interna de Ate Indec, contiene un ingreso requerido en la actualidad para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y su núcleo familiar.
“Ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado es este ejercicio”, destacan los trabajadores del Indec.
El Gobierno devaluó y las grandes empresas alimenticias comenzaron a remarcar los precios.
Milei y Caputo con la complicidad de los dirigentes sindicales impusieron paritarias por debajo de la inflación y se juegan a mantener el ancla salarial. Según relevó la consultora CP, el 80% de los Convenios colectivos de trabajo estudiados muestran caídas mensuales en 2025. La devaluación que impuso el FMI empeorará el deterioro del poder adquisitivo de los salarios por el salto de la inflación.
Contra las paritarias del FMI, hay que exigir en cada gremio que se convoquen asambleas y un plan de lucha para frenar este saqueo. Es necesario un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales que ubique el mínimo al valor de la canasta familiar (en marzo: $1.100.267), la incorporación de cláusulas gatillo que actualice el salario mes a mes según la inflación y hay que pelear por recuperar todo lo perdido en los últimos años.
Estatales y municipales de Córdoba realizaron masivas protestas
En una jornada marcada por la conflictividad gremial, trabajadores estatales y municipales de Córdoba realizaron el jueves 8 múltiples movilizaciones en el centro de la ciudad, en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales y por la situación de la obra social Apross. Las protestas, encabezadas por gremios como el SEP, Suoem, UEPC y Judiciales, incluyeron una marcha hacia la sede de Apross y una multitudinaria asamblea municipal frente al Palacio 6 de Julio.
La protesta central fue convocada por una decena de gremios estatales que exigieron una audiencia con el Gobierno provincial tras el incremento de los aportes a Apross y a la Caja de Jubilaciones. Los sindicatos denunciaron un recorte de prestaciones en la obra social, especialmente en el interior provincial, y apuntaron contra el déficit de financiamiento. “Hoy los activos aportamos casi el 6% y el Estado sólo el 3,5%”, remarcó el titular de UEPC, Roberto Cristalli.
Por su parte, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) marchó de manera independiente hacia la sede del Ministerio de Obras Públicas para continuar con su reclamo paritario. El gremio exige que parte de los adicionales se integren al salario remunerativo y que se aplique la nueva ley de salud. La dirigencia adelantó que el próximo lunes se realizará un plenario provincial con más de 700 delegados para definir nuevas medidas.
El Sindicato de Empleados Judiciales también tuvo una fuerte presencia en la movilización y mantiene un conflicto con el Tribunal Superior de Justicia por aumentos salariales y nombramientos. Este viernes habrá una asamblea extraordinaria en la que se podrían definir nuevos paros.
En paralelo, el Suoem realizó otra asamblea pública en la esquina de 27 de Abril y Arturo M. Bas. El secretario general del gremio, Rubén Daniele, denunció congelamiento salarial, precarización laboral y cuestionó los aumentos en los aportes a Apross y la Caja: “Vamos a profundizar el plan de lucha”. También advirtió que la última asamblea será el martes 13 de mayo y responsabilizó al gobernador Martín Llaryora y al intendente Daniel Passerini por el conflicto: “Vienen por nuestros salarios y nuestro trabajo”.
Las manifestaciones impactaron en el funcionamiento de servicios públicos y el tránsito en el centro de Córdoba. La confluencia de reclamos evidenció el malestar creciente entre los gremios estatales y su crítica a las “políticas de ajuste” implementadas por el Ejecutivo provincial.
Ginecólogos y neonatólogos de toda la provincia pararon por mejores salarios
Profesionales de Neonatología y Maternidad de la provincia de Córdoba realizaron un paro de actividades que implicó cortar la atención en consultorios para visibilizar el reclamo por mejores salarios. Si bien hubo acatamiento de los profesionales de la salud pública provincial, hubo atención de urgencias, demandas oncológicas y cesáreas programadas.
Ramiro Tiano, ginecólogo obstetra del Hospital Regional Aurelio Crespo de Cruz del Eje, contó que el reclamo del sector en el que trabaja es para incluir algunos ítems al salario “que no fueron otorgados en el reclamo del 2022 con las grandes manifestaciones del colectivo médico de Córdoba”.
“A Nosotros no nos actualizaron para recibir el adicional por actividad crítica que el resto de guardia, que el resto de los compañeros sí”, detalló.
En el caso de neonatología y obstetricia, “en el 2022 cuando se arreglaron esos aumentos y esas nuevas recategorizaciones del sueldo, no se nos estuvo en cuenta directamente”. Eso generó que el sueldo de estos especialistas quede estancado.
Además, remarcó cómo esta situación salarial condiciona a la formación de nuevos especialistas. “Con ese panorama, muchos jóvenes desestiman estudiar medicina porque saben que el título de médico después les va a dar un sueldo muy chiquito”.
Este viernes 9 numerosas organizaciones sociales ganarán la calle “en defensa del trabajo y el salario”
*JORNADA NACIONAL DE LUCHA* VIERNES 9 DE MAYO
*EN DEFENSA DEL TRABAJO Y EL SALARIO*
Más de 40 organizaciones nos unimos en las calles para defender el trabajo, el salario y la ayuda social para quienes más lo necesitan. A 17 meses de la asunción del gobierno de Milei, los datos son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones. El trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía.
El Salario Social Complementario (Volver al Trabajo, $78.000) quedó reducido a una limosna, porque la ministra Pettovello decidió desengancharlo del Salario Mínimo Vital y Móvil, dejando que la inflación lo licúe hasta hacerlo desaparecer. Hoy, más de 5 millones de personas en situación de vulnerabilidad enfrentan una situación desesperante. Por eso, nos movilizamos en todo el país: para visibilizar los problemas que vivimos las y los trabajadores que todos los días sostenemos comedores, trabajamos en el reciclado, contenemos a personas en situación de vulnerabilidad, defendemos nuestros barrios del avance del narcotráfico, trabajamos en la vía pública, producimos los alimentos y potenciamos la industria textil.
Hacemos muchas tareas esenciales mientras cobramos un ingreso cada vez más miserable bajo el concepto de Salario Social Complementario. Hoy ese complemento está en su piso histórico, sin actualización, y con la inflación destruyendo su poder de compra. Además, quitaron el monotributo social, dejando sin cobertura de salud a más de un millón de personas y sus familias, discontinuaron la entrega de alimentos a decenas de miles de comedores populares que sostienen a sus comunidades. Por todo esto, nos movilizamos en todo el país y en CABA desde el mediodía, para exigir:
Aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo.
Ampliación del programa.
Continuidad del Monotributo Social.
Devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.
¡La salida es colectiva!
¡La unidad y la organización popular son nuestra fuerza!
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco (STADYCA) iniciaron una huelga nacional en todas las plantas y establecimientos desmotadores
En un comunicado oficial, los sindicatos informaron que la medida fue tomada luego del fracaso en la negociación paritaria. «Tomamos esta decisión ante la intransigencia mostrada por las empresas, que se negaron sistemáticamente a mejorar la oferta salarial, que ya fue rechazada por los compañeros paritarios de la FTCIODYARA y STADYCA. Una negociación paritaria que se extendió artificialmente por la mala fe empresaria, que ha utilizado mecanismos tales como el presentarse en forma individual ante la secretaria de Trabajo de la Nación y no a través de la Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos (ADAA), que es la Cámara patronal.», comunicaron.
Y agregaron: «Toda esa estrategia la llevaron adelante mientras los salarios de las trabajadoras y los trabajadores desmotadores de algodón continúan perdiendo su capacidad adquisitiva mes tras mes. Estas empresas desmotadoras que exportan miles de toneladas de algodón pretenden desconocer que sus ganancias son fruto del esfuerzo de los trabajadores, a cuyo justo reclamo hoy le niegan una respuesta satisfactoria.»
«Las trabajadoras y los trabajadores desmotadores de algodón cumplirán la huelga con unidad, solidaridad y conciencia de clase, porque con el ejercicio del derecho de huelga es como garantizamos alcanzar el salario digno que merece nuestro trabajo.», finalizaron en el comunicado.
La UTA convocó un paro el 6 de mayo
Tras finalizar la conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno nacional y una oferta salarial de miseria presentada por los empresarios del rubro, el gremio convocó a un paro de colectivos desde las 00:00 del martes pasado.
La medida convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), para todo el país, se da en respuesta a una oferta del sector empresarial de un aumento correspondiente para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de menos del 6%, más sumas fijas para algunos meses. Un aumento a cobrar recién en junio que ni alcanzaría a cubrir la inflación de febrero (2,4%) y marzo (3,7%).
El pasado 28 de marzo la UTA ya había convocado a un paro por las condiciones salariales y la propuesta, que fue levantado tras la conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional. Vencida la conciliación obligatoria tuvo lugar una reunión en la secretaría de Trabajo donde las empresas volvieron a proponer un aumento de miseria, por lo que terminó sin un acuerdo.
La propuesta salarial consta de un incremento remunerativo de menos del 6% recién que comenzaría a cobrarse en junio y sumas fijas no remunerativas de $ 40.000 para mayo, $ 50.000 en junio y $ 70.000 en julio. A raíz de esa oferta el gremio convocó nuevamente a una medida de fuerza que comenzó a las 00:00 del martes 6 de mayo y duró 24 horas.
El reclamo del gremio es elevar el básico desde $ 1.200.000 actuales a $ 1.700.000. A marzo de este año la Junta Interna de ATE Indec calcula que la Canasta Básica para una pareja con dos hijas o hijos a cargo debería ser como mínimo $ 1.768.976.
Por esta situación los cuerpos de delegados de CABA y las zonas oeste, sur y norte hablan de “una crisis alarmante por la pérdida de poder adquisitivo. Ya no hay más tiempo, nuestros compañeros no pueden esperar que las respuestas dependan de acciones tibias o conformistas que terminan en acuerdos salariales a la baja”. Razón por la que le exigen al Consejo Directivo del sindicato, que tiene acostumbrado a sus trabajadores a anunciar paros y levantarlos, que “contemple un paro de actividades por tiempo indeterminado hasta que se resuelva la recomposición salarial exigida”.
Las Cámaras empresariales se excusan en que los números no les dan, viniendo de años y años de beneficiarse con esquemas de subsidios millonarios con los que acumulan ganancias siderales mientras garantizan un sistema de transporte cada vez más degradado para millones de trabajadores y usuarios. En la reunión anterior las empresas ni siquiera realizaron un ofrecimiento salarial. La noticia se conoce a pocos días de un aumento establecido del 6% desde mayo para las líneas de colectivo dependientes de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, así como en la red de subtes.
La Línea 60 adhirió y movilizó al Puente Saavedra
Los trabajadores de la Línea 60, distantes tanto del oficialismo como de la oposición mayoritaria de la UTA, cumplieron de forma contundente con la medida de fuerza y el reclamo de aumento salarial. “La mayor propuesta salarial hecha por las Cámaras empresarias es del 6%. Una burla, cuando nuestro salario inicial de bolsillo ($950.000) está por debajo de la línea de pobreza”, denunciaron.
“La jornada de paro fue buenísima. En la línea 60 paramos al 100%, en la cabecera de Ingeniero Maschwitz habrán salido 10 colectivos”, detalló el delegado Néstor Marcolín. “Estamos hace 4 meses con paritarias paradas, nos querían dar unas migajas. De lo que hay que hablar es de una recomposición salarial porque a los trabajadores no nos alcanza la guita”.
Marcolín fue más allá en sus demandas y propuso una mejora más profunda: “Nosotros creemos que la recomposición tendría que ser de $2.500.000 en mano más paritarias”, aseguró. También señaló la necesidad de discutir condiciones laborales más equitativas: “Tiene que haber una equiparación salarial entre los choferes y los trabajadores de técnica, porque se jubilan a los 65 años mientras que los choferes, a los 55, y ganan muchísimo menos salario, estarán en $750.000 en mano”.
El paro se da en un contexto de disputa interna dentro del principal gremio del transporte urbano, la UTA. El actual secretario general Roberto Fernández enfrenta críticas por parte de sectores que consideran que la organización no defiende adecuadamente los intereses de los trabajadores. Su principal opositor estos últimos años, Miguel Bustinduy, perdió las elecciones internas, se desafilió de la UTA y se pasó al gremio alternativo UCRA, de la CTA Autónoma. Además, logró mantener la representación de cerca de la mitad de los choferes del AMBA, quienes no adhirieron al paro convocado por Fernández, restándole fuerza a la medida.
Sobre la coyuntura política, Marcolín fue contundente: “Nosotros creemos que con el paro no se va a destrabar el problema así nomás porque acá hay un problema político muy grande. El gobierno no quiere destrabar las paritarias, le puso un cepo y no quiere dar aumento de más del 1,5% y ahí vamos a estar en problemas”. Y continuó: “Esto con un paro de 24 horas no se va a destrabar. Tienen que llamar a un paro escalonado con medidas de fuerza y que, en el próximo paro de 36 horas de la CGT, se tiene que sumar”. El delegado consideró que, en el paro anterior convocado por la Confederación, la UTA “carnereó el paro”.
El techo paritario
Más allá de disputa interna que existe entre los sindicatos del servicio de colectivos, lo cierto es que crece entre los gremios la queja por el techo que el gobierno le impuso a las discusiones paritarias. El poderoso gremio de los empleados de Comercio que lidera Armando Cavalieri con más de 1,2 millones de afiliados ya anunció que insistirá con el acuerdo salarial alcanzado con las Cámaras patronales que supera el techo paritario que cuida la secretaría de Trabajo. Y es que Cavalieri consiguió un incremento del 5,4 % pero que sube a poco menos del doble cuando se consideran rubros no remunerativos que conforman el salario del trabajador de Comercio. La secretaría de Trabajo advirtió que no lo homologará e incluso se metió el ministro de Economía, Luis Caputo, que les pidió a las Cámaras empresarias que retrocedan en lo acordado. Por ahora no tuvo éxito.
Los empleados de Comercio no son los únicos, vienen por detrás otros sindicatos que buscarán romper ese techo salarial.
Los gremios que cerraron un mejor aumento en mayo de 2025
Aceiteros
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) se reunieron con las Cámaras del sector y acordaron un aumento sobre los salarios de abril.
De acuerdo a la última negociación, se estableció subir el salario básico de la actividad a $ 1.770.174 en el mes de abril (a cobrarse en mayo) y a $ 1.875.186 el básico de julio 2025.
Los aumentos serán de: 13,3% para abril, 15,3% para mayo, 17,3% para junio y 20% para julio. Además, se otorgará un pago retroactivo por única vez de $ 500.000 para la categoría inicial y de $ 646.000 para la máxima.
Bancarios
El gremio que conduce Sergio Palazzo anunció un aumento escalonado con la inflación, como se estableció en los meses de enero y febrero de 2025.
La misma fórmula se aplicará en marzo, abril y mayo de 2025. Además, se le sumará un bono por participación de ganancias, por lo que el sueldo básico rozará los $ 1.800.000 por mes.
Vale destacar que el retroactivo del mencionado acuerdo deberá ser abonado junto con los salarios de abril, es decir, a pagarse en mayo.
Sanidad
La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) confirmó un incremento del 8,6% a partir de abril para el personal de laboratorios medicinales y veterinarias (Convenio Colectivo 42/86).
Asimismo, se estableció una suba de 5,2% para los trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico y servicios de emergencias. El último porcentaje será de un 1,6% sobre abril.
Suspendieron el recorte salarial en el ministerio de Justicia
La Justicia hizo lugar a la medida cautelar presentada por los trabajadores y ordenó al Estado nacional que suspenda la aplicación de la Resolución 376/24 del ministerio de Justicia que dejaba sin efecto el pago del “Incentivo Ente Cooperador ACARA”.
“Este suplemento salarial representa más del 50% del salario de las trabajadoras y trabajadores del área, por lo que su eliminación significaría un gravísimo perjuicio material y moral, afectando derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos”, afirmaron en un comunicado desde el gremio
El fallo, emitido el 28 de abril de 2025, reconoce el carácter remunerativo y alimentario de dicho incentivo, conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Cello” y “Ferrara Muñiz”.
Este suplemento salarial representa más del 50% del salario de las trabajadoras y trabajadores del área, por lo que su eliminación significaría un gravísimo perjuicio material y moral, afectando derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de Derechos Humanos.
El juez sostuvo que la supresión del incentivo constituye una reducción salarial ilegítima, violatoria de los principios de intangibilidad del salario, de progresividad en materia de derechos laborales y de razonabilidad administrativa. Además, subrayó que el daño a los trabajadores es mucho mayor que cualquier eventual afectación del interés público, ya que el incentivo se abona desde hace décadas y su eliminación carece de sustento jurídico válido.
ATE Capital reafirmó que el fallo representa un avance fundamental en la protección de los ingresos de quienes cumplen funciones esenciales en la Administración pública.
“Seguiremos impulsando la incorporación definitiva del incentivo al salario y exigiendo la reparación de los daños causados por este intento de ajuste.
¡Por un Estado al servicio del pueblo, con salarios dignos y derechos garantizados!”, finalizaron
Trabajadores de la clínica Los Cedros reclamaron contra despidos y salarios adeudados
El pasado 21 de abril, frente a las puertas de la clínica en San Justo, las trabajadoras convocaron a una acción para visibilizar el ataque empresario.
Desde hace meses, los trabajadores de la clínica enfrentan una situación insostenible con despidos y falta de pago de sus salarios. La empresa alega una crisis económica, pero están llevando a cabo remodelaciones en las instalaciones y tercerizando sectores como hemodiálisis y hemodinamia. Para los trabajadores se evidencia un plan de vaciamiento y reestructuración que implica la privatización de servicios que impactan en los pacientes.
“Nosotras movemos esta clínica todos los días, pero cada vez el servicio que brindamos es peor porque nos recortan todo, expresó indignada una enfermera. Las prestaciones que ofrecemos son lo máximo que podemos darles, ya que nos recargan en el trabajo y no les importa la calidad, solo ganar más plata”.
Ya se han visto en la propia Zona Oeste casos de negocios privados de la salud con empresarios que adeudan salarios de meses, no pagan aguinaldos o descartan empleados despidiendo y justificando con crisis que no son tales. Tal ha sido el caso de la ex Clínica Constituyentes de Morón, que luego reestructuró, cambió de firma y continuó haciendo negocios con los mismos dueños, pero sin pagar ninguna de sus deudas con empleados. Teniendo en cuenta esta experiencia, desde el sindicato de sanidad (ATSA Hurlingham) sería importante impulsar un plan de lucha serio para lograr las reincorporaciones y pagos adeudados.
Uno de los grandes problemas que viene enfrentando el municipio que gobierna Fernando Espinoza es el de la crisis en la salud, así como ahora los trabajadores de la Clínica Los Cedros se cansaron de los malos tratos y salieron a denunciarlos, los trabajadores municipales de salud vienen llevando una lucha por recomposición salarial, denunciando la falta de insumos y también el vaciamiento en la salud pública por los bajos salarios.
La pelea en defensa de la salud tiene que ser una sola. La unidad y coordinación es lo que va a dar la fuerza a cada pelea como fue con CEMEFIR, evitando el cierre del edificio.
El lunes 21 de abril las trabajadoras de la Clínica Los Cedros volvieron a poner en discusión el servicio de salud en el municipio. Es fundamental la mayor solidaridad con las trabajadoras que se plantan ante el avasallamiento empresarial.
Fuentes: Página/12, Perfil, La Izquierda Diario, Indymedia Trabajadoras/es, Red Eco Alternativo, Radio Central Ferroviaria / Agencia FARCO, Resumen Latinoamericano, Anred