Industria láctea. La láctea ARSA que produce para SanCor suspende su producción y deja en suspenso el funcionamiento de sus plantas. Despedidos en Don Torcuato. SanCor anuncia acuerdo con una de las mayores productoras de manteca de Sudamérica y nombra un nuevo Directorio. Fallo a favor de los trabajadores.
Por Mario Hernandez
Mientras suspende y despide trabajadores, Sancor reactiva su producción
La empresa láctea Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), conocida por producir postres, yogures y flanes bajo la marca SanCor, anunció la suspensión de su actividad productiva durante un período de 30 días. La medida, comunicada oficialmente a través de una carta interna, responde a un “contexto de creciente complejidad operativa y financiera”.
En el comunicado, ARSA enumera entre las principales causas de la decisión los prolongados cortes de suministro eléctrico en sus plantas, embargos judiciales en Córdoba por reclamos salariales y la dificultad para acceder a recursos económicos, agravada por la situación de la empresa Vicentín, con vínculos financieros indirectos. «Pese a los esfuerzos que estamos realizando, no podemos continuar», lamentaron.
La paralización afecta a sus dos plantas ubicadas en Arenaza (provincia de Buenos Aires) y Monte Cristo (provincia de Córdoba). De los 500 trabajadores que formaban parte del plantel, actualmente permanecen activos alrededor de 240, quienes desde hace meses venían cobrando sus salarios de manera fraccionada y con importantes reducciones.
Durante los últimos meses, la empresa había intentado negociar con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) un esquema temporal para sostener el funcionamiento: turnos alternados, pago del 50% del salario más un adicional. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo y la operatividad de las plantas fue limitada.
El grupo Maralac, de origen venezolano, a cargo de la gestión de ARSA, indicó que se mantendrá en contacto con los trabajadores ante cualquier novedad. “En caso de que las condiciones se modifiquen y podamos reactivar operaciones particulares o retomar turnos, se comunicará de manera oportuna”, señalaron desde la firma.
Si bien el volumen de producción de ARSA no representa un porcentaje alto dentro del sector lechero nacional, la situación afecta directamente a los trabajadores y a la dinámica económica de las localidades donde operan las plantas.
El futuro de la empresa queda, por ahora, sujeto a la evolución del contexto económico y a posibles alternativas que permitan reactivar la actividad en los próximos meses.
Decenas de despedidos de Sancor en la localidad de Don Torcuato
Trabajadores de Sancor en Don Torcuato (Partido de Tigre) denuncian despidos arbitrarios de 63 personas y falta de respuestas de la empresa ante el pedido de reincorporación y pago de meses adeudados.
Las bajas fueron notificadas a principio de año y desde ese momento no obtienen soluciones. “Nos tuvieron tres semanas con vueltas y seguíamos yendo a trabajar. Para el último día en el que nos tenían que depositar el sueldo en vez de depositarnos nos llegan un telegrama avisando que estábamos despedidos”, contó Martín Alfonso, uno de los despedidos.
Los trabajadores también denuncian falta de acompañamiento del sindicato. Mientras tanto, la planta de Don Torcuato se encuentra cerrada por los despidos masivos pero los ex empleados aseguran que la fábrica abrirá nuevamente con la gente que quiere el gremio y la empresa.
Alfonso remarcó que todavía no les depositaron ningún mes adeudado. “Pedimos mediante un telegrama la reincorporación. A mí no me respondieron todavía, pero a algunos sí de que no se los iba a reincorporar y que la plata que ellos figuraba que nos iban a liquidar iba a ser esa y nada más. Así ya pasaron cuatro meses y no hubo ningún tipo de liquidez”, agregó.
Los trabajadores continúan exigiendo respuestas concretas a sus demandas, mientras realizan acciones de lucha.
Nuevas autoridades, viejos problemas en SanCor
La otrora Gran Empresa Láctea Argentina, madre de cooperativas (patronales), comenzó el año 2025 con nueva conducción y sus plantas paralizadas, sin la existencia de medidas gremiales.
De procesar en el pasado más de 4.000.000 de litros de leche diarios, hoy está por debajo de los 300.000. Se trata de la misma empresa que, vendiéndolas, redujo drásticamente el número de sus plantas industriales y se deshizo de líneas enteras de productos y marcas, desconociéndose en general el destino de los ingresos por la enajenación de dichos activos.
Aunque en los últimos tiempos la atención estuvo puesta en el conflicto mantenido con su personal por falta de pago de haberes, lo cierto es que la responsabilidad de gestión y administración que propios y extraños califican como desastrosa, corresponde al Consejo de Administración de la cooperativa que, hoy por hoy, encabeza su flamante presidente, el Ing. Oscar Sapino en reemplazo de Alberto Sánchez, ex presidente de la empresa a quien no pocos señalan como el auténtico responsable de la debacle.
Los que lo conocen, afirman que Sapino exhibe un perfil resolutivo, pero reflexivo y dialoguista a la vez, muy distinto al de confrontación permanente de su antecesor quien a raíz del mencionado conflicto laboral llegó a “militarizar” la casa central de la cooperativa con policías y gendarmes armados en los sectores de producción mezclándose con los operarios, cuyas imágenes provocaron gran revuelo e indignación social.
El actual presidente tiene por delante una tarea ciclópea, y no duda por ello en solicitar colaboración a distintos actores en la búsqueda de alternativas de solución, tal como lo hiciera a través de la nota cursada al Secretario General del Consejo Directivo Nacional de ATILRA, Héctor “Etin” Ponce, quien ya en el pasado intentó contribuir al salvataje apoyando el armado de un fideicomiso de rescate que finalmente no prosperó por decisión de la empresa. Al respecto, Ponce y Sapino coinciden en la necesidad de conservar la fuente de trabajo, destacando la importancia estratégica de la Casa Central con asiento en Sunchales.
Las fuentes consultadas aseguran que en estos días considerados como “tiempo de descuento”, se llevan a cabo rondas de conversaciones con inversores interesados quienes, lógicamente, solicitan las correspondientes garantías legales para que los activos que pudieran gestionar en un eventual acuerdo para reflotarla queden libres de toda contingencia referida al pasivo de la empresa. Este es un tema que el nuevo Consejo de Administración de SanCor C.U.L. encabezado por el Ing. Sapino, deberá resolver de manera inmediata para salvar la empresa.
Sancor reactiva su producción de la planta de Devoto
La planta ubicada en Devoto es una de las tres que Sancor tiene en la provincia, que volverá a la producción tras un acuerdo productivo con la láctea cordobesa Elcor, propietaria de la marca La Tonadita, a la cual en la planta ubicada en Devoto le fabricará manteca a fazón.
De esta manera ambas empresas trabajarán, como lo hicieron tiempo atrás, de manera conjunta, y consistirá en la entrega de la crema (materia prima) por parte de Elcor para la elaboración de manteca con la marca La Tonadita.
Además, se prevé la elaboración del mismo producto con la marca Sancor que será distribuida, junto a otros productos, por la empresa de Villa María, donde la cooperativa no tiene presencia comercial.
La planta ubicada en Devoto es donde elabora manteca y el queso crema de la marca Mendicrim, que es una de las marcas más reconocidas de Sancor en el consumo interno.
Por otra parte, el concurso preventivo de Sancor sigue cumpliendo etapas procesales y la empresa negocia para incorporar un inversor a su estructura.
Elcor es una de las mayores productoras de manteca de Sudamérica y emplea a más de 300 personas.
En 2024, produjo alrededor de 4.000 toneladas mensuales. También tiene presencia en más de 20 países, como Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay, Chile y Estados Unidos.
Un fallo favorable a los derechos de los trabajadores
El conflicto entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) con Lácteos Vidal derivó en una larga disputa judicial tras la acusación de la empresa contra trabajadores afiliados al sindicato de ejercer violencia. Luego de casi cinco años, el Juzgado de Garantías N° 3 de Trenque Lauquen “resolvió no hacer lugar al pedido de elevación a juicio oral” que había reclamado la fiscalía contra un grupo de empleados por “compulsión a la huelga”. El juzgado determinó el sobreseimiento total de todos los trabajadores imputados.
“Esta sentencia marca un precedente: la protesta social pacífica no puede ser criminalizada bajo el falso pretexto de ‘coacción’ cuando no hay violencia física real”, afirmó Gonzalo Díaz Cantón, abogado defensor de los trabajadores imputados.
Según advirtieron los abogados, el juzgado estudio en profundidad los diferentes testimonios de los trabajadores que habían sido supuestamente damnificados y concluyó que, aunque hubo manifestaciones de carácter intimidatorio “no pueden encuadrarse en una tipicidad penal prevista para el delito de compulsión a la huelga”. En ese sentido, destacaron que “se valoraron, además, antecedentes doctrinales y jurisprudenciales que exigen violencia física para la configuración de dicho ilícito”.
Para ATILRA la sentencia “representa una victoria jurídica y reafirma el derecho a la organización y la defensa de condiciones laborales”. En tanto que consideran que esto también beneficia al movimiento obrero porque “sienta un antecedente en la defensa del derecho a huelga, limitando interpretaciones extensivas que criminalicen el ejercicio sindical”.
El conflicto comenzó en 2022 cuando la empresa Lácteos Vidal se negó a recategorizar a algunos empleados. Cuando se desató el conflicto, la firma despidió a 26 trabajadores. Una de las medidas de acción directa fue el bloque al ingreso a la planta ubicada en Moctezuma, partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. En ese entonces la fiscalía coincidió con lo que sostenía la empresa, que el bloqueo no permitía trabajar a muchos empleados que querían hacerlo y que perjudicaba a la empresa, algo que siempre fue negado por Atilra. El paso siguiente de la fiscalía fue imputar y llamar a indagatoria a estos gremialistas que fueron acusados “compulsión a la huelga”. Tuvieron que esperar tres años antes de que la justicia falle a favor de los trabajadores.
Fuentes: InfoGremiales, FM Tinkunaco / Agencia FARCO, Página/12, Perfil