Panorama de recuperadas y mov. sociales actualizado al 6.7.2024
El Serpaj convoca el 8 de julio a Plaza de Mayo
Mario Hernandez
El Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, junto a su fundador y Premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel, realizará el lanzamiento del llamamiento “LA PEOR
VIOLENCIA ES EL HAMBRE”. La cita es el 8 de julio a las 15:30 horas en
Plaza de Mayo, para llevar a cabo este lanzamiento a nivel
nacional.
Adolfo Pérez Esquivel ofrecerá una conferencia de prensa y presentará un
documento en Casa de Gobierno, entregándolo en mesa de entrada.
Posteriormente, compartirán el pan entre los participantes, simbolizando la
importancia de compartir el pan como símbolo de la resistencia y la libertad, y
luego una merienda con niñas, niños y adolescentes de diversos espacios de niñez.
Esta iniciativa ha contado con el apoyo y compromiso de participación hasta el
momento, de la CTA Autónoma; Unidad Popular; Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos, MEDH; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS);
Curas en la Opción por los Pobres; Federación Rural para la Producción y Arraigo por la Argentina, Mesa Ecuménica, Pastoral Social Evangélica, IERP, INAFCI San Luis y de Agricultura Familiar, FOL, Cooperativa El Álamo; Espacio Intercuencas; Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento de la CGT; entre otros. Además, adhirieron al
llamamiento más de 500 firmas, entre organizaciones y personalidades.
Su presencia es muy importante para visibilizar este reclamo fundamental que nos
permitan apoyar a las personas empobrecidas por este modelo económico
imperante que genera desigualdad y pobreza.
Lxs esperamos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de junio de 2024.
Convocaron a una movilización para exigir la libertad de los presos políticos
El próximo 12 de julio, organizaciones sociales marcharán a nivel nacional para exigir la liberación de las cuatro personas que aún continúan detenidas tras la movilización contra la Ley Bases. “Vamos a llenar el país de piqueteros y piqueteras porque queremos la libertad de nuestros compañeros”, sostuvo el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
La manifestación popular en el Congreso contra la Ley Bases del pasado 12 de junio fue brutalmente reprimida por las fuerzas policiales, que detuvieron en forma arbitraria a 33 personas, mientras la Oficina del presidente denunciaba “terrorismo” y un presunto intento de “golpe de Estado”. El jueves pasado, la Cámara Federal Porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, ordenó en un fallo dividido la liberación de Facundo Ezequiel Gómez, una de las cinco personas que se encontraban detenidas. Sin embargo, al día de hoy continúan encarcelados otros cuatro manifestantes: Patricia Calarco, Cristian Valiente, David Sica y Roberto De la Cruz Gómez.
Para exigir su liberación, organizaciones sociales y políticas se movilizarán en todo el territorio nacional. “Convocamos a todo el pueblo a vamos a movilizar por la libertad de los presos políticos, acá y en todo el país”, exclamó Belliboni. “Queremos la libertad de nuestros compañeros y vamos a seguir luchando por nuestros compañeros, más que nunca en unidad y organización”, concluyó.
Para los manifestantes que aún se encuentran detenidos, queda pendiente el análisis de los procesamientos dictados por la jueza María Servini que, si los jueces de la Cámara Federal lo rechazan, se podría poner fin a la cacería. En el caso de Gómez, según lo escrito por Irurzun y Boico, el argumento para liberarlo fue que “las características de las acciones concretas que se le endilgaron no poseen conexión con el tenor de las medidas de prueba, de manera que quepa presumir su posibilidad de entorpecer el normal desarrollo de la instrucción”.
«No hay posibilidad de que a las cooperativas les vaya bien con una Nación en derrota»
El presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados advirtió por la dura situación del sector y expresó que para frenar los ataques del gobierno se necesita “la presión y movilización” de las entidades.
El Día Internacional de las Cooperativas en este 2024 encuentra al sector en un complejo escenario por la recesión que vive la Argentina. Por ello, desde que la Cámara de Diputados de la Nación constituyó la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, se hicieron presentes los referentes del sector cada vez que pudieron.
Fue en abril pasado que el diputado nacional Eduardo Toniolli (UxP) quedó al frente de la Comisión y, desde entonces, abrió el espacio para que las Cooperativas de Trabajo, las de Servicios Públicos, las de Cuidados, las Agrarias, las de Consumo, y Vivienda, entre otras, se acerquen a contar sobre su situación y proponer ideas legislativas para el sector.
Toniolli es oriundo de Rosario, Santa Fe, y una de las figuras claves en el Movimiento Evita. Formado como doctor en Ciencias Políticas, desde 2021 integra la Cámara de Diputados, y ahora preside la Comisión donde Cooperativas y Mutuales relatan cómo viven la crisis. En diálogo con ANSOL brindó detalles de los ejes que le interesan trabajar y aseguró que para lograr imponer la agenda del sector es necesaria «la participación, la presión y la movilización activa».
–¿Cómo analizás la situación del sector en el marco de este Día Internacional de las Cooperativas?
El sector no está ajeno al escenario económico y social en general que está inmersa la Argentina, con una profunda recesión, que no es producto de la impericia en la gestión del gobierno nacional, sino una clara decisión política de llevarnos a este escenario. En ese marco, las cooperativas que están ligadas al mercado interno, porque generan trabajo, producen servicios y están siempre atadas a la suerte un poco de la comunidad nacional, la verdad que están atravesando una situación difícil, compleja.
–¿Cuáles son los pedidos que más han recibido en la Comisión hasta ahora?
Nosotros hemos tenido en la Comisión varias audiencias informativas, y tenemos planificadas otras, y allí aparece la complejidad que comentaba. La primera de las reuniones que hicimos, además de la reunión constitutiva, fue con cooperativas eléctricas y servicios públicos, mayormente con las confederaciones y federaciones del sector. Ahí hay un problema importantísimo, donde el gobierno nacional ha decidido básicamente internacionalizar los precios y esto impacta fuertemente en las cooperativas eléctricas, que son el primer eslabón de una larga cadena. La segunda reunión que realizamos fue con cooperativas de trabajo de distintas actividades, que también nos expresaron sus dificultades, a lo que se suma cierta gestualidad del Gobierno que tiene que ver con intentar instalar la idea de que hay un mundo del sector cooperativo y mutual que tiene intereses ligados a la defensa de algún curro corporativo, porque es un gobierno que tiene una enorme desconfianza con todo lo que tenga que ver con la organización comunitaria.
–En el universo Cooperativas de Trabajo, ¿cuáles son los principales problemas que están advirtiendo?
Es el grueso de nuestra agenda, y sobre todo por la enorme dificultad que hay a la hora de poder sostenerse, producto del achicamiento del mercado interno, básicamente esa es la centralidad. Los problemas van desde dificultades en el acceso al crédito para seguir sosteniendo sus niveles de producción, hasta la dificultad para acceder al certificado MiPyme. Entendemos que el sector está conversando con Ejecutivo la posibilidad de extender estos beneficios, y nosotros nos hemos puesto a disposición para colaborar o intervenir desde el Poder Legislativo. Con esto, no minimizo otro tema que muchas de ellas nos expresaron, que tiene que ver con la persecución política de este Gobierno a algunos de los sectores de la sociedad civil, que tiene que ver con la clara desconfianza del Ejecutivo para cualquier cosa que tenga que ver con organización popular y organización comunitaria.
-Hay otro de los temas donde las cooperativas se destacan que es la sustentabilidad. ¿Están trabajando esa agenda?
Sí. Porque muchas cooperativas son herramientas importantísimas en nuestra comunidad para prestar servicios ambientales. Yo siempre señalo que, en un municipio como el mío, el de la ciudad de Rosario, el trabajo de los recolectores informales, llamados cartoneros, le ahorraba al municipio un 20% en materia de disposición final de residuos, era un 20% menos de inversión, y además prestaban un servicio ambiental importantísimo, que incluso llegaba más lejos que el sistema formal de recolección. Estoy hablando de lo que tiene que ver con el reciclado. Bueno, nosotros creemos que ahí el Estado tiene que acompañar ese impulso, colaborar con la organización de esos sectores de la actividad laboral, dignificarlos, y una herramienta que muchos de estos trabajadores y trabajadoras han adoptado para organizarse y para dar la disputa por su integración al circuito formal de recolección y de reciclado, son las cooperativas, que son una enorme herramienta de formalización del trabajo de la economía la economía popular.
–Daría la impresión de que, en este contexto, más aún luego de la sanción de la Ley Bases, mucho no se puede hacer para traccionar leyes que beneficien al sector…
Se puede hacer, y se puede hacer mucho. Entiendo que no desde el funcionamiento exclusivamente formal de la Cámara de Diputados y desde el libre juego parlamentario, sino básicamente con la participación activa, la presión activa y la movilización activa del sector. Lamentablemente, porque no debería ser así, como el tango, donde «el que no llora no mama». Hemos visto como la enorme movilización de los trabajadores del 24 de enero y la enorme movilización de la comunidad universitaria en abril, han alterado la agenda de un Congreso mucho más abocado a la agenda del Ejecutivo, que repito tiene su ADN una política clara de agresión a todo lo que tenga que ver con las Pymes, todo lo que tenga que ver con el mercado interno, el asociativismo y la organización comunitaria. Para salirse de esa agenda es necesario una participación activa del sector y diputados y diputadas que sean leales a esos reclamos. Nosotros humildemente queremos que la Comisión de Cooperativas, Mutuales y ONGs sea una plataforma para eso, una tribuna para eso, y por eso la abrimos a reiteradas reuniones informativas que tienen el objetivo de convertirse entre una en caja de resonancia, y generar herramientas para impulsar determinadas iniciativas legislativas.
–La ONU declaró al 2025 como el Año Internacional de las cooperativas. ¿Cómo imaginas al sector para ese entonces?
Nosotros acabamos de presentar en las últimas horas un proyecto solicitando desde Diputados que el Ejecutivo adhiera esas celebraciones, y además ponga al Estado a tono con las políticas necesarias para la actividad del sector. No pedimos solo no atacarlo, sino promover la actividad del sector asociativo con una política activa. Y sobre cómo espero el 2025… va a estar como esté la comunidad en general. Si hay algo propio del mundo cooperativo y mutual es que está muy atado al destino de la misma comunidad. No hay posibilidad de supervivencia de este sector en una comunidad con desocupación creciente, con recesión brutal, sin consumo. Hay pocos sectores que estén tan atados al suelo y al pueblo argentino como lo es el sector cooperativo y mutual. No hay posibilidad de que al sector le vaya bien con una Nación en derrota. Nuestra apuesta es que podamos salir adelante, pero bueno, para eso hace falta trabajar y pelear todos juntos para poner un freno a este tipo de políticas agresivas contra con nuestro pueblo, y para que podamos recuperar el terreno perdido.
La Cámara Federal mantuvo la cautelar que obliga a Pettovello a repartir los alimentos
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió el martes pasado mantener la cautelar en la causa que investiga a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la retención de alimentos en dos depósitos de Tafí Viejo y Villa Martelli.
De esta forma, rechazó el recurso interpuesto por el Ministerio de Capital Humano y determinó dejar firme la decisión del juez Sebastián Casanello, que exhortó a la cartera a repartir los alimentos.
La Sala II, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, señaló que el recurso que presentó Leila Daniela Gianni, representante legal del Ministerio, “no logra rebatir de modo concreto y acabado los argumentos expuestos en la resolución impugnada”.
Además, “la parte no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal, que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, en los términos de la doctrina establecida por el Alto Tribunal”, señalaron los magistrados.
“Tercer fallo en contra de Pettovello, no hay apelación que valga frente a su infame programa de hambre. Perdieron en primera instancia, Cámara y ahora rápidamente en Casación de forma unánime. Siete jueces de trayectorias y pensamientos distintos coinciden en que el gobierno debe repartir los alimentos”, celebró Juan Grabois, el dirigente social que inició la demanda por la falta de alimentos.
Y concluyó: “Los depósitos siguen llenos. Las ollas semi vacías. Este fin de semana murieron tres personas de frío, malnutrición y abandono. Cientos de miles de pibes comen una comida al día. No es tan difícil: repartan los alimentos, restablezcan los comedores y si alguno robó que pague el ladrón, no la gente que necesita. El hambre es un crimen y ustedes son una banda que lo comete con premeditación y alevosía. El que las hace las paga y todo el sufrimiento que provocan, incurriendo en abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario, lo van a pagar”.
El escándalo por el que ahora está siendo investigada Pettovello se inició en febrero, luego de que el dirigente Juan Grabois advirtiera que Capital Humano había dejado de entregar alimentos a las organizaciones sociales.
Luego se conoció que había más de 5.000 toneladas de productos guardados en dos galpones, algunos vencidos, y casi 340 mil kilos de leche en polvo vencían en julio.
A fines de mayo, en medio del revuelo que este hallazgo generó, el juez Sebastián Casanello le ordenó al ministerio que presente un plan de reparto de la comida. En ese momento, Pettovello apeló y anunció que solo repartiría la leche con el Ejército y con la Fundación Conin, del antiderechos Abel Albino, pese al latiguillo repetido por Javier Milei de “terminar con los intermediarios”.
A comienzos de junio, la Cámara Federal porteña confirmó la medida cautelar ordenada por Casanello que impuso al ministerio de Capital Humano informar el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán, así como el cronograma de su entrega.
El ministerio de Capital Humano volvió a apelar, con el argumento de que el magistrado, al exigir el plan de distribución de alimentos, se “entrometió” en el rol del Ejecutivo. Este martes, finalmente, la Sala 2 de la Cámara rechazó el recurso impuesto por la cartera.
La situación de los comedores populares es alarmante en La Plata
El agravamiento en las condiciones materiales de los comedores, merenderos y ollas populares en el gran La Plata llegó al extremo de tener que disminuir el tamaño de las raciones y “estirar” los ingredientes fundamentales (reducir la leche con agua, por ejemplo) con el objeto de no dejar a nadie sin su plato de comida. En los últimos años no hubo un escenario tan delicado en torno a uno de los problemas sociales más urgentes: el hambre.
El tema volvió a la agenda platense con la reciente difusión del cuarto informe del Consejo Social de la UNLP sobre la situación de Comedores, Merenderos y Ollas Populares del Gran La Plata, que releva desde 2018 las características físicas y organizativas de los sitios, los alimentos e insumos que utilizan para cocinar, los recursos y el financiamiento, entre otros ejes.
Estos estudios se llevan a cabo anualmente sobre una muestra de alrededor de 70 centros populares de alimentación, de un total de más de 500 relevados por la UNLP en el distrito de La Plata. Cabe aclarar que el número total de comedores, merenderos y ollas podría ascender a 1.000 en toda la ciudad.
“Este año, por pedido de las propias organizaciones, adelantamos el trabajo de campo y la recolección de información. Se trata de un escenario muy complejo y de extrema gravedad, incluso con registros peores que durante el macrismo con realidades que no se habían visto”, explicó Luis Adriani, investigador y docente de la FAHCE e integrante del Consejo Social de la UNLP.
“Por ejemplo, están cerrando muchos comedores porque las personas que los llevan adelante pierden sus ingresos del Potenciar Trabajo desde que ese programa nacional se reconvirtió y redujo”, agregó. Sobre este punto, el informe registra que el 46 % de los comedores tuvo una merma en la cantidad de trabajadores rentados, siendo el Potenciar Trabajo la principal fuente de financiamiento de estos espacios populares.
En lo que va de 2024 más del 30 % de los comedores que formaban parte de la muestra tuvieron que cerrar, dejando a centenares de personas sin un centro de acceso a la alimentación en el marco del aumento vertiginoso del hambre y la pobreza.
De acuerdo a las cifras del INDEC recogidas en el informe de la UNLP, en el aglomerado Gran La Plata la desocupación alcanzó en el primer trimestre del 2024 a 39.000 personas, un 8,2% de la población económicamente activa, valores superiores al 7,1 del primer trimestre del 2023 y al 5,6 del cuarto trimestre de dicho año.
Teniendo en cuenta este último dato se incorporaron 13.000 desocupados en el Gran La Plata durante los primeros tres meses del corriente año. Esta situación es aún más alarmante si se suma la población ocupada que demanda empleo, que asciende en este primer trimestre a 83.000 personas, un 17,4 de la población económicamente activa del Gran La Plata.
Según Adriani, “este año los cocineros y cocineras de los comedores dieron cuenta de la forzada disminución de la calidad de los platos y viandas. Ellos quieren seguir teniendo y elaborando comida de calidad, pero no pueden hacerlo porque desde el Gobierno Nacional dejaron de proveer alimentos. Uno de los recortes principales son los frescos –carne vacuna, de cerdo y de pollo, además de frutas y verduras-, por lo que tienen que salir ellos mismos a generar nuevos recursos para la compra de los insumos”.
En este sentido, el informe del Consejo Social enfatiza en el menor aporte de proteínas, vitaminas y minerales “lo cual impacta en el estado nutricional de las personas que asisten a los comedores y merenderos, ya que el organismo necesita esos nutrientes para un crecimiento adecuado”.
El hierro, la vitamina A y el yodo son los micronutrientes más importantes en lo que se refiere a la salud pública a escala mundial (OMS). A nivel nacional se suman las carencias de calcio, vitamina C y vitaminas del complejo B12, amplía el documento.
Otras problemáticas de estos centros populares relevados fueron la disminución en cuanto a cantidad de días de atención (más del 50 % de ellos tuvo que cerrar varias jornadas); el recorte de los servicios prestados, turnos ofrecidos y cupos disponibles (en más del 30 % de los casos).
“El trabajo realizado en el relevamiento 2024 da cuenta que comedores, merenderos, ollas populares y otros SDA se encuentran ante una demanda cada vez mayor de alimentos por parte de sus comunidades, mientras su capacidad de respuesta se ve reducida”, concluye el informe, y agrega: “Las políticas provinciales y municipales de atención alimentaria hacia los SDA no alcanzan a compensar el retiro en la participación que, hasta diciembre de 2023, llevaba a cabo el Estado Nacional, dados los efectos en sus presupuestos de las políticas de ajuste estructural puestas en marcha”.
“Consideramos necesario que el Gobierno Nacional reconozca las consecuencias negativas de las políticas que implementa en territorios, sectores sociales y actividades económicas, y revierta la orientación de las mismas. En tanto las éstas continúen, y a los fines de enfrentar sus consecuencias en la seguridad alimentaria es indispensable avanzar en el fortalecimiento de las redes comunitarias e interinstitucionales”, cierra.
Milei desmanteló 26 políticas de cuidados y otras 16 están en riesgo
A seis meses de la irrupción presidencial de Javier Milei, de 47 políticas de cuidados, su gestión derogó o desmanteló 24 políticas, otras 16 están en peligro y sólo 7 se mantienen vigentes. Los datos surgen del segundo informe de La cocina de los cuidados, un espacio intersectorial y transversal de seguimiento y producción de información sobre las medidas del Gobierno en el campo de los cuidados.
En el segundo trimestre del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), “muchas de las políticas de recorte se profundizaron y otras más ya fueron anunciadas”, revela el informe. “La subejecución y el vaciamiento de los programas implican el retiro del Estado para quienes más lo necesitan; impacta en el nivel de vida.” También se cristalizó una tendencia: el Gobierno deja en pie sólo las políticas de transferencia de ingresos directa a las personas. “Aunque estas políticas son necesarias, por sí solas no resuelven la integralidad ni la multicausalidad de las problemáticas, no mitigan los efectos de la recesión en el mundo laboral y no alcanzan para rebatir los efectos del retiro del Estado -y su apoyo a las organizaciones- en los territorios.”
El estudio elaborado y publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) junto con representantes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, sindicatos, iglesias, de la academia, funcionarias y legisladoras de diferentes fuerzas políticas, especifica, además, que el retiro territorial del Estado se materializa en el cierre de sus representaciones federales: “Desde la falta de entrega de alimentos a las organizaciones hasta el cierre de los Centros de Desarrollo Territorial (Ministerio de Capital Humano), los Centros de Acceso a la Justicia (Ministerio de Justicia), las delegaciones del programa Acercar Derechos (Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género), las delegaciones provinciales de ANDIS y PAMI, y los equipos del plan ENIA, entre otros”.
En cuanto al presente de las mujeres y personas LGBTIQ+, está marcado por más tareas de cuidados a cargo, menos trabajo formal y menos red frente a la violencia. “Con el cierre del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y la propuesta de desandar la moratoria en la Ley Bases, el Gobierno instaló un clima de negación de las probadas desigualdades sociales en razón del género de las personas.” Frente a este escenario de eliminación de derechos, sostiene el documento, “las organizaciones sociales y de la sociedad civil, con su trabajo territorial y sus acciones de visibilización y denuncia, están liderando la respuesta al desarme de las políticas de cuidados”.
La cocina de los cuidados se puso en funcionamiento en marzo de 2024. Cada tres meses elabora el Monitor, una base de información colaborativa que registra y sistematiza el impacto de los cambios en las principales políticas que se habían logrado, “para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa e igualitaria”.
Continúan allanamientos a organizaciones sociales
El miércoles 26 de junio, fue allanado el local de la organización territorial MTL y el domicilio de una de las referentes del movimiento, Carmen Cirano. Denuncian persecución política por parte del gobierno de Javier Milei para avanzar sobre las libertades democráticas, demonizando a las organizaciones y a los militantes populares.
Juicio a seis defensores ambientales
Se trata de personas que se encuentran en lucha a favor de un ambiente sano y en contra de la construcción de una autovía ilegal en Punilla. En total, hay 18 imputadxs en esta causa. Ante la elevación a juicio se ha presentado una apelación, que ha sido aceptada, por lo que esta instancia se llevará a cabo el 29 de julio en la localidad de Villa Dolores.
Desde la organización Imputadxs de Punilla han resuelto abrir una cuenta bancaria para juntar fondos con el solo objetivo de solventar los gastos necesarios para todxs lxs imputadxs, lo que incluye gastos de transporte, combustible, abogadxs y todo lo necesario para llegar a los juicios organizades y fuertes.
“Maquinazo” de obreras textiles para exigir respuestas al gobierno neuquino
En medio de la fría mañana del pasado 25 de junio, las obreras de apostaron en el ingreso a Casa de Gobierno, con algunas de las prendas que producen, y de sus máquinas de coser que usan para hacerlas. No es la primera vez. Estos “maquinazos” fueron una de las tantas medidas que utilizaron por el año 2017 para visibilizar su lucha, cuando la patronal cerró la fábrica y quiso dejarlas a todas en la calle. Pero ellas no se resignaron, resistieron, ocuparon la fábrica y después de un año de lucha consiguieron que el gobierno restituya las máquinas, para conformar una cooperativa y seguir produciendo bajo gestión obrera, sin patrones.
Así se sostienen desde entonces, con idas y vueltas, incluyendo los incumplimientos del propio Gobierno, que firmó un acuerdo para comprarles su producción, cuando Figueroa era vicegobernador, pero que hoy no están cumpliendo. Por eso volvió el maquinazo, y las obreras a las calles, acompañadas por distintas organizaciones.
Producto de esta acción, consiguieron ser recibidas por primera vez por el nuevo Gobierno, a través del ministro de Economía, Producción e Industria, Jorge Tobares. Fueron parte de la reunión, también, el subsecretario de Gobierno Juan Grandi y el funcionario en representación del Ministerio de Salud, Facundo Álamo.
Desde la Cooperativa textil Traful Newen exigieron el cumplimiento del acuerdo arribado con Provincia de Neuquén durante el año 2017 y la necesidad de un predio propio, donde no sólo extender la línea de producción, sino también crear nuevas fuentes de trabajo. Resaltaron como ejemplo que durante la pandemia reconvirtieron la producción aportando al Sistema Público Provincial de Salud, y por ende a la comunidad, y crearon puestos de trabajo, mientras los empresarios cerraban y despedían.
Resaltaron que la gestión obrera de mujeres se ha sostenido todos estos años con esfuerzo propio, al tiempo que el Estado provincial ha seguido privilegiando a empresarios.
El ministro Tobares se comprometió a gestionar y revisar los términos del acuerdo, así como la compra de producción a la fábrica, tanto de sectores públicos, invitando a municipios, como privados.
Luego de la reunión, las obreras de Traful Newen aseguraron que más allá de los compromisos asumidos, incluyendo una próxima reunión el 15 de julio, van a seguir organizándose y luchando hasta que se le dé cumplimiento efectivo al acuerdo firmado, en defensa de las gestiones obreras y de las fuentes de trabajo.
La lucha del MOCASE: empresarios usurpadores, resistencia campesina y un joven asesinado
Por Ariel Pennisi,
El entramado violento detrás de la toma de tierras indígenas por parte de empresarios. El rol de las autoridades políticas, policiales y judiciales.
El MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) nació un 4 de agosto de 1990. La retórica áspera del movimiento, su gramática militante, está asociada a una forma de vivir y de construir vínculos que, lejos de la aspereza, tiene que ver con el cuidado: de la comunidad, de la tierra, del alimento. Su composición social, fundamentalmente campesinado y comunidades indígenas, se fue ampliando con el tiempo gracias al entusiasmo que sus prácticas han despertado en jóvenes de todo el país. Se los conoce por su consistencia ética y política, por su capacidad organizativa y su valentía en cada lucha.
Tal vez, eso explique la saña de empresarios, políticos y medios de comunicación contra el MOCASE. En 2016, Orlando Canido, empresario sojero, dueño de la gaseosa Manaos, declaró que su objetivo era «destruir al MOCASE». Quién dice, envalentonado por el ascenso al gobierno de su amigo Mauricio Macri, incorporó a sus prácticas violentas, antes solapadas, una declaración de guerra que visibilizaba el empoderamiento de grandes propietarios y parte del empresariado. Pero el problema no son las declaraciones, sino los hechos concretos: avances sobre tierras de campesinos y comunidades indígenas, amedrentamiento con patotas armadas, asesinatos incluso mediante el uso de sicarios; policías, jueces y políticos de localidades enteras comprados por los empresarios.
¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer una organización como el MOCASE frente a tales ataques, muchas veces convalidados por las autoridades? ¿No es acaso esperable que se defiendan y defiendan a su gente? El nacimiento mismo del MOCASE tiene que ver tanto con un deseo de «vivir bien» de las comunidades campesinas e indígenas, como con un conflicto histórico abierto por el comportamiento expropiador de actores económicos, con complicidades políticas y judiciales. Se trata de una conflictividad que, al menos del lado empresario, involucra históricamente armas de fuego, de modo que las condiciones para un foco de lucha armada fueron engendradas por ellos mismos. No se trata de una circunstancia que involucre nada que se parezca a ejércitos identificados ni a estrategias de guerrilla, sino de un accionar entre paraempresarial y paraestatal. Aunque, como sabemos, lo paraestatal anida estructuralmente en las fuerzas de seguridad y lo que socarronamente llamamos «paraempresarial» no es más que la versión explicitada de una violencia propietaria siempre latente en el avance del capital sobre la tierra, el trabajo y la cooperación humana.
Esta vez, un abogado con pretensiones de terrateniente, Ernesto Luis Porta –según se afirma en una gacetilla difundida por el MOCASE–, acudió a una banda armada que hace casi veinte años viene siendo contratada por empresarios en el norte de Santiago del Estero, «Los Padilla». La organización armada de «Lito» Padilla ofició como fuerza de choque a través de un comando de unas veinte personas a cargo de por Jonathan Padilla, hijo de Lito, para usurpar el campo de la familia Salazar, una familia trabajadora, conocida en la zona.
En el MOCASE, explican que «los Salazar son campesinos de raíces indígenas nativas de la provincia de Santiago del Estero y constituyen varias familias, dueñas legítimas de las tierras donde nacieron y se criaron. Allí, siguen viviendo y mantienen sus derechos posesorios de manera ininterrumpida, continuada por 5 generaciones en el paraje San Francisco del departamento Alberdi. Son pequeños productores dedicados principalmente a la cría de ganado vacuno, utilizando como pastoreo gran parte de la extensión de su tierra. Hoy por hoy, cuentan con un sin número de mejoras construidas y ejercidas en esta misma posesión. En el campo de los Salazar, existen desde hace ya muchos años las viviendas de 5 familias constituidas, instalaciones productivas como corrales, cercos, alambrados, pozo de agua, represa. Todas estas, pruebas indiscutibles del extenso recorrido histórico en el cual los Salazar desarrollaron su vida en el lugar».
Lo que había ocurrido, un modus operandi habitual, es que una familia de «El Porvenir» vendió un campo con deliberada imprecisión, al punto de abarcar la extensión de la tierra de los Salazar. Se trata de una forma maliciosa de construir la posesión como mecanismo de ‘acumulación originaria’ repetitivo. Entonces, mediante la colocación ilegal de alambrados, la patota contratada por Porta cercenó el terreno impidiendo que las vacas se desplacen para alimentarse y tomar agua en la represa. Al mismo tiempo, amenazaron a las familias y se dispusieron en el lugar para consolidar la avanzada.
Pero, como ocurrió muchas veces, ante un intento de usurpación de tierras campesinas, las familias cercanas se solidarizaron y, muchas de ellas organizadas en el marco del MOCASE, se acercaron para contener a la familia Salazar y defender pacíficamente el territorio. La provocación por parte de «Los Padilla» escaló y el conflicto estalló cuando la patota comenzó a disparar a las familias que resistían, hiriendo a algunos de sus miembros y asesinando a Fabián Martínez. Desde el MOCASE acusan a Jonathan Padilla de haber efectuado los disparos que terminaron con la vida de Fabián, un joven solidario que se había acercado a colaborar con los Salazar. Fabián era, además, un integrante del MOCASE, nacido y criado en la comunidad campesina indígena de Las Carpas, ubicada en el departamento Alberdi.
Ernesto Luis Porta es un empresario acaparador más, que compra posesiones de tierras mediante cesiones de acciones y derechos. Como relatan desde el MOCASE, «estas sesiones se caracterizan por ser imprecisas, indeterminadas, con escasa descripción del bien cedido a tal punto de ser absolutamente relativo el inmueble comprado. Porta trata de justificar con la maniobra mencionada, el posterior apoderamiento de superficies donde viven y ejercen posesión otras familias distintas a los supuestos vendedores. Esto lo hace a partir del apriete, en términos más precisos, la coacción ejercida por parte del grupo armado contratado por el mismo Porta».
Se trata de la construcción de una escena ficticia de cesión de propiedad por parte de alguien que no puede justificar la superficie que declara. Luego, personajes como Porta contratan a la patota del momento para hostigar violentamente las familias poseedoras de la superficie pretendida, hasta expulsarlas. Pero la expulsión no siempre se concreta, gracias al nivel de organización y solidaridad de las familias y al soporte del MOCASE.
En Santiago de Estero, existe una muestra clara de «inseguridad jurídica» cada vez que fiscales y jueces forman parte de transacciones espurias contra los damnificados, haciendo la vista gorda ante los graves delitos cometidos por los empresarios. De hecho, en algunas ocasiones la alevosía del incumplimiento judicial motivó procesos de intervención federal en la provincia. «Así, se pueden detectar, con fecha de décadas anteriores, muchos remates en bancos, producto de prendas o créditos que nunca fueron pagados por sus aparentes titulares; o transmisiones de dominio sin que se produzca la llamada ‘tradición’»., insisten en el MOCASE.
Otros empresarios que habrían contratado los servicios criminales de los Padilla, mencionados en distintas comunidades santiagueñas, son el empresario santiagueño oriundo de Nueva Esperanza, Esteban Boix; Saúl Cortada, empresario santafecino; Hernán Cossio, empresario tucumano; Flavian Strukov, político y empresario tucumano; Damián Alejandro Porta, familiar y socio de Ernesto Luis, quien además registra graves denuncias por parte de integrantes de la Comunidad Indígena Tres Leones del Pueblo Originario Vilela (entre los años 2005 y 2013).
Estos personajes, expropiadores de mala muerte o millonarios con ambiciones, odian la desobediencia organizada, las comunidades y las redes tejidas en base a la defensa de la vida, en cada territorio. De hecho, gracias a la organización, las comunidades que integran el MOCASE, a lo largo de todo este tiempo fueron denunciando los ataques y registrando a los responsables. Con el dolor a cuestas por la saga de asesinados y toda la violencia sufrida, pacientemente, denunciando, defendiendo su forma de vivir con el cuerpo, perseverando en las acciones colectivas, con inteligencia organizativa, estos espacios nos enseñan formas de pelear. No pocas veces, la presencia del MOCASE desalienta a buscones de negocio fácil, a gringos y locales que se creen dueños antes de tiempo.
Un fallo con sabor a justicia
Hoy, Jonathan Padilla y algunos de sus comandados se encuentran detenidos acusados de homicidio agravado. También se encuentra detenido por el poder judicial santiagueño Ernesto Luis Porta como «acaparador» y coautor de las amenazas y del homicidio. Se trata de un hecho destacable, teniendo en cuenta la historia de fallos adversos que los damnificados sufrieron siempre a manos de victimarios poderosos con influencia en jueces cómplices. Desde el Movimiento, señalan la importancia del fallo, ya que vienen trabajando muy fuertemente durante los últimos largos años en una estrategia jurídica sólida, con argumentos sobrados y pruebas siempre de su lado, en contraste con la historia previa de injusticias.
Desde un punto de vista político, no es muy difícil advertir lo que se enfrenta en estas situaciones. Por un lado, una organización que lleva 34 años defendiendo la tierra, construyendo tramas solidarias, un movimiento que creó una universidad campesina (UNICAM), una escuela de agroecología, entre otras modalidades de formación, que está asociado a la producción de alimentos saludables y a una forma de vivir que integra a las personas, el paisaje, el trabajo, los saberes, las tradiciones.
Por otro lado, el agronegocio, con sus tóxicos y su monocultivo agresivo con la tierra y la biodiversidad, que producen alimentos dañinos para la salud o directamente transforman un paisaje entero en un manojo de commodities para la exportación, para los cuales es más importante la valorización financiera de lo que puedan extraer que el cuidado de la vida. Como si fuera poco, estos empresarios son capaces de recurrir a la violencia criminal mandando a matar a un chico que se resiste o amedrentando hasta expulsar familias enteras. «Ganancia o muerte» parece ser su lema, pero como la cobardía también los caracteriza, no son ellos los que ponen el cuerpo.
El homicidio de Fabián, el joven integrante del MOCASE, se da en un nuevo contexto de empoderamiento de los sectores más concentrados del capital, con unas fuerzas de seguridad ideologizadas y una ministra que en su gestión anterior dejó al menos dos asesinados por las fuerzas que comandó y encubrió. Hoy, somos testigos de un intento por parte del gobierno nacional de amedrentar a quienes se atrevan a oponerle ideas distintas, a cuestionarlo, a criticarlo con el cuerpo presente.
La violencia estatal que tiene como principal responsable al presidente Javier Milei y a Patricia Bullrich se encarna en las personas detenidas ilegalmente y acusadas por un fiscal como Carlos Stornelli, un gris jefe de seguridad de Boca, que no escondía su amistad con el jefe de la barra brava, ascendido por la mano de Mauricio Macri a las esferas del Ministerio Público Fiscal. Las acusaciones no resisten análisis jurídico ni histórico: un gobierno procesista acusando de intento de golpe de Estado a unos estudiantes, una jubilada, un ajedrecista y un vendedor de empanadas.
El mal puede ser banal, como sostuvo Hannah Arendt, pero en Argentina llega a ser incluso bizarro. ¿Qué claves hay en la historia del MOCASE para ejercer la defensa de nuestros derechos más básicos? ¿Es posible avanzar judicialmente contra la ilegalidad cometida por policías de todos los rangos y funcionarios responsables? ¿Quién va a investigar a los infiltrados que dieron vuelta y quemaron un auto frente a los mismos policías que, en lugar de actuar en ese preciso instante, prefirieron minutos después taclear a una joven que caminaba por la vereda o asfixiar a un chico que recién salía del subte para manifestarse?
La génesis del conflicto en Santiago del Estero, que deja ver lógicas específicas de funcionamiento, tipologías de actores y formas de resistencia y solidaridad, se cruza hoy con la necesidad de los sectores democráticos de la sociedad argentina de reinventar su propia resistencia y organizar su contraofensiva pacífica, por las vías política, comunicacional y jurídica.
Agronegocios: Mapa de la conflictividad bonaerense
Por Vanina Lombardi
Investigadores del CONICET y la UNSAM identificaron casi 100 casos de conflictos socioambientales vinculados a los agronegocios en la provincia de Buenos Aires y elaboraron un mapa que busca relevar y sistematizar esa información, así como experiencias de organización y resistencia de pueblos afectados. Es un espacio en construcción abierto a la inclusión de datos que mejoren el registro.
La Argentina es uno de los países de la región que más agrotóxicos utiliza. Su uso se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos 30 años. Se estima que, actualmente, en el agronegocio más del 64% de los cultivos son genéticamente modificados, y que se utilizan más de 650 millones de litros anuales de agrotóxicos. También se han multiplicado los estudios científicos que analizan los riesgos e impactos del uso de pesticidas, tanto para el ambiente como para la salud humana.
Como respuesta, las poblaciones afectadas comenzaron a organizarse, a cuestionar el modelo productivo y a reclamar por modos de producción más saludables y seguros. Sin embargo, todavía no hay una ley nacional que regule el uso de plaguicidas y herbicidas, ni datos oficiales sobre los conflictos socioambientales que este modelo productivo genera.
Frente a esta situación, investigadores e investigadoras del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la Universidad de San Martín (LICH–UNSAM) elaboraron un mapa online de la conflictividad socioambiental vinculada al agronegocio en la provincia de Buenos Aires, la más extensa y la más densamente poblada del país, adonde la conflictividad asociada a esta matriz productiva se multiplica.
“Desde los poderes oficiales se insiste mucho en marcar que este tipo de conflictos son casos aislados o accidentales, pero el mapa muestra el carácter estructural de esta conflictividad, está lleno de puntos que remiten a un problema que detectamos, ya sea por afectaciones a escuelas o cursos de agua, o por uso de plaguicidas”, dice Cecilia Gárgano, una de las coordinadoras de este proyecto junto con Martín Prieto, y advierte que este trabajo también da cuenta de la necesidad de dar una discusión seria e informada sobre esta forma de producir.
El mapa registra distintas dimensiones de los problemas, como su judicialización; el tipo de acciones y actores implicados, y la afectación por el uso intensivo de plaguicidas en cursos de agua, escuelas y residentes rurales y urbanos de la provincia. En total, da cuenta de la existencia de al menos 94 conflictos socioambientales en la provincia bonaerense, y de la escalada de acciones colectivas que se han producido en las últimas décadas. Algunas cuestionan el modelo de producción agroextractivo, por la distribución desigual de costos y beneficios y por los efectos en la salud y el ambiente que este conlleva; y otras que reconocen formas alternativas de producir y de valorizar el ambiente común.
“El objetivo era sistematizar la información porque no hay datos oficiales al respecto, pero sí existe mucha información dispersa que fueron generando diversas organizaciones y colectivos”, advierte Gárgano, y comenta que, para este primer mapeo, relevaron los datos disponibles por localidad y municipio, y le sumaron los registros propios que fueron recabando durante el proceso de investigación. En detalle, el mapa incorpora casos de investigación y registros audiovisuales, y reúne información de diversas fuentes, como notas periodísticas, informes institucionales y papers, entre otros registros disponibles.
“Este trabajo busca comprender esta problemática e incidir en la agenda pública”, afirma la investigadora y advierte que el mapa se propone como una iniciativa en construcción, y no como un espacio estático, ya que el objetivo es que se vaya actualizando y se vayan incorporando nuevos casos que todavía no estén registrados. Para eso, habilitaron la casilla de correo ambienteyextractivismos@gmail.com, a la que cada organización o colectivo puede escribir.
La idea de realizar este mapeo surgió en el marco de un programa de investigación que comenzó en 2021, que analiza los conflictos socioambientales de la matriz productiva en la Argentina, no solo los vinculados con el agronegocio sino también con otras actividades extractivas, como las vinculadas al sector energético (litio y petróleo). En el proyecto participan una veintena de investigadores e investigadoras, que aspiran a mapear este tipo de conflictividades en todo el país. A futuro, esperan poder hacer un mapa de iniciativas agroecológicas, así como otros de distintas zonas de conflictividad vinculadas al extractivismo, como la que genera la extracción de litio en las provincias del noroeste del país.
Pueblos indígenas contra los ataques del gobierno nacional
En abril, los pueblos Indígenas informaron que hubo vandalismo en un monumento en homenaje a los pueblos Indígenas en el Barrio de Chacarita, en Buenos Aires, el cual se erigió en homenaje a los pueblos Indígenas y dónde acamparon pueblos originarios del Primer Malón de la Paz, en 1946. Ese lugar donde rompieron parte del monumento es también un sitio de valor espiritual, porque en ese lugar los pueblos Indígenas realizan ceremonias.
Por otro lado, el presidente Milei el pasado 2 de abril en el acto de Homenaje a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas, reivindicó al genocida Julio Argentino Roca,
A ello se suma el diputado Pichetto que propuso derogar el decreto que mantiene en vigencia la Ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria, la cual frena los desalojos a las comunidades. Proyecto que pretende desconocer los RETECI, relevamientos de territorios de Comunidades Indígenas efectuados desde 2006.
Ante tantos discursos de odio, y el claro cercenamiento de derechos indígenas, los pueblos Indígenas se reunieron en Buenos Aires.
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UN PROYECTO DE LEY PARA EL SAQUEO
El Diputado Nacional por Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley titulado “Derogación de la prórroga de entrega de tierras a comunidades indígenas y nulidad de lo actuado”.
El proyecto pretende revocar el Decreto de Necesidad y Urgencia 805/2021, que prorroga hasta el 23 de noviembre de 2025 el plazo de la emergencia que se establece en la Ley 26.160. A su vez, propone incorporar en la Ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes un nuevo artículo, que establece condiciones restrictivas para el reconocimiento del derecho a la posesión tradicional indígena.
El artículo central del proyecto propone que cualquier acto administrativo emitido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que declare o disponga derechos sobre tierras o territorios de comunidades indígenas será nulo si no se cumplen ciertas restricciones. Estas condiciones incluyen la obligatoriedad de que las comunidades indígenas cuenten con personería jurídica efectivamente otorgada, que haya intervención provincial en el proceso de reconocimiento de personería, y que todas las “partes directamente afectadas y terceros con interés legítimo” sean consultados previamente.
En relación al último punto, Silvina Ramírez, abogada de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) y Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) destaca: “Esto representa todo lo contrario a lo que se pensó en su momento, para llevar adelante una regulación y un ordenamiento territorial en Argentina, de acuerdo a lo que disponen los instrumentos jurídicos internacionales, en el sentido que se está pensando en una reparación histórica, y se debe tener claridad acerca de los territorios reivindicados por las comunidades indígenas. Abrir el universo a cualquier sujeto permite que puedan intervenir empresas extranjeras, sujetos particulares de cualquier índole que san ajenos a los territorios y que carecen de cualquier vínculo con él”.
Finalmente, el artículo menciona el carácter retroactivo del mismo. Esto significa que no sólo, de aprobarse el proyecto, se aplicaría a los casos futuros, sino que también a actos administrativos pasados, nulificando lo que ya ha sido dispuesto y concedido. Esto es abiertamente inconstitucional, ya que no respeta los derechos adquiridos, generando una situación de inseguridad jurídica sin precedentes, violando el principio de no regresividad que impera en el derecho internacional.
Cabe recordar la ley 26.160, promulgada en noviembre de 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.
Argumentos y críticas
Entre los fundamentos, el ex jefe de bloque de senadores del Frente para la Victoria, y compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri en 2019 apunta: “La verdadera emergencia es terminar ya, no recién en noviembre, con normas que lo único que han hecho es permitir que se siga poniendo en peligro la soberanía nacional”.
No obstante, la llegada de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, General del Ejército Laura Richardson, y el anuncio presidencial sobre la construcción de una base naval integrada entre Argentina y Estados Unidos, parecen no preocupar a Pichetto. Hasta ahora no se ha escuchado ningún posicionamiento público del diputado acerca del nuevo alineamiento frente a la estrategia que Estados Unidos despliega hacia Argentina y la región.
Es importante mencionar que, en una reunión del Atlantic Council en enero de 2023, la Generala Richardson resaltó los intereses sobre el triángulo del litio, compuesta por Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra el 60% del litio mundial; además del 31% del agua dulce del planeta y el petróleo que posee esta región,
En este sentido, Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro en comunicación con Infoterritorial señaló que este proyecto “tiene un claro tinte racista y extractivista”, y es parte de una política regional que apuesta al conflicto con las comunidades para beneficio de los intereses extractivos sobre los territorios. “Hoy lo que se ve en Latinoamérica es un colonialismo extractivo por parte de las grandes potencias”.
Por su parte Gabriel Jofre, werken de la organización mapuche en Mendoza Malalweche, indicó: “Mientras vemos a la bandera de Estados Unidos flamear junto a la bandera argentina despotrican contra las simbologías indígenas que son profundamente ancestrales y milenarias y que deberían unificarnos en un conjunto como sociedad”
En otro de sus argumentos, Pichetto refiere que “desde el INAI se han relevado comunidades indígenas que no son originarias del actual territorio argentino; se han relevado comunidades indígenas descendientes de quienes no habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización”.
Este concepto, repetido por Pichetto, ya ha generado en otras ocasiones críticas y debates. Silvina Ramírez hace ya un año afirmaba: “existe una profunda incomprensión conceptual cuando se invoca la idea de que el sujeto de la constitución son los pueblos originarios del territorio de la república, como si las fronteras que se perfilaron en el siglo XIX ya hubieran existido, vaciando de contenido el concepto mismo de preexistencia. En este sentido, enfatiza: “Insistir una y otra vez con la idea de que los únicos detentadores de derechos son los pueblos indígenas que se “originaron” dentro del espacio de lo que hoy se conoce como Argentina, es un dislate conceptual que contradice cualquier evidencia empírica. Mapuche de uno y otro lado de la cordillera; guaraníes en Argentina y Paraguay, y así podríamos mencionar pueblos que se desarrollaron en territorios que no conocían de Estados y que debieron adaptarse a condicionamientos políticos que les transformaron la vida. (link nota)
Carriqueo sostiene que el proyecto de ley es inconstitucional, y una clara violación a los derechos humanos y a los derechos de la preexistencia de los pueblos indígenas: “Tenemos derecho al territorio que parte del Estado argentino se apropió hace 145 años en la Patagonia y gran parte del norte”
El proyecto ahora deberá ser discutido en comisión en el Congreso para su eventual aprobación o rechazo. Gabriel Jofre anuncia que, de votarse este proyecto, se llegaría a la judicialización. “El destino del conjunto de la sociedad y de los pueblos están en manos de los pueblos más que nunca” , concluye Jofré.
Escribe: Roxana Sposaro
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página/12, Agencia ANSOL, Agencia Andar/CPM, Anred, Tiempo Argentino, Infoterritorial