Unión internacionalista contra la minería y por la vida
MANIFIESTO
La apropiación y mercantilización corporativa de los territorios y la naturaleza se está expandiendo en términos sectoriales, geográficos y políticos.
Los megaproyectos extractivos vinculados a la explotación de minerales fundamentales, el desarrollo de grandes polígonos de energías renovables, macrogranjas agroindustriales, agronegocios y gigantescas infraestructuras de todo tipo adquieren un gran protagonismo como espacios preferentes para la acumulación de capital. Asimismo, las iniciativas clásicas de extracción minera e hidrocarburífera mantienen su carácter estratégico para el sostenimiento de la dinámica capitalista.
El capitalismo define una relación mercantilista y de explotación de la naturaleza, al mismo tiempo que es incapaz de resolver las crisis energética, sanitaria, ecológica y socioeconómica que afecta principalmente a las clases populares de todo el mundo. Se trata de una etapa neocolonial y rentista del capitalismo donde la expoliación de la naturaleza a través del extractivismo, el poder corporativo y la militarización lideran una auténtica ofensiva sobre los distintos territorios, sobre todo en los países periféricos y semiperiféricos. A la base, existe una creciente disputa por los suministros de energía y materiales, que, en suma, continúan alimentando un consumo insostenible principalmente del norte, cuya base es la explotación de los recursos naturales que destruye los hábitats y beneficia exclusivamente a unas reducidas élites económico-políticas a escala global, nacional y local.
Los hidrocarburos y las materias primas clave para el desarrollo de los rubros de este renovado capitalismo verde militar y digital se concentran en localizaciones específicas, generalmente fuera de las fronteras de los Estados centrales con lo que, en la práctica, solo se trata de incentivar el extractivsmo y en concreto, a las grandes empresas mineras del mundo a explotar todo cuanto sea necesario para cambiar la fuente principal de recursos energéticos. Mientras, el discurso hegemónico disfraza esta fiebre extractivista bajo conceptos como neutralidad climática, transición verde y digital o en pactos políticos al estilo del Pacto Verde Europeo o Green New Deal que solamente pinta de verde la voracidad del capitalismo.
Esta transición verde y digital solo ahonda en las desigualdades sociales a escala planetaria, al mismo tiempo que apuntala una matriz energética extractivista y acelera la superación de los límites biofísicos del planeta.
Además, en términos geopolíticos, incrementa aún más el poder de las empresas transnacionales, azuza el régimen de guerra y profundiza en esta ofensiva neocolonial. De ahí que las grandes potencias se estén disputando el acceso y el dominio de las cadenas de suministros necesarios para sus economías, poniendo al servicio de esta estrategia un conjunto de dispositivos económicos, diplomáticos y militares. Sus intereses se despliegan a través de la firma de tratados de libre comercio e inversión, que vienen a constatar el modus operandi habitual de la globalización capitalista: mientras se promete todo tipo de beneficios sociales, laborales y salvaguardas ambientales para los países firmantes, estos no solo no revierten positivamente en las mayorías sociales, sino que, sus efectos les son devueltos en forma de graves impactos socio ecológicos. Al mismo tiempo, proliferan los acuerdos sobre energía y materias primas a escala bilateral y regional, que solo nutren las cuentas de resultados de élites y grandes corporaciones, mientras esquilman a la clase trabajadora y a los pueblos. La militarización y consolidación del estado de guerra en muchos territorios estratégicos es ya una realidad palmaria dentro de esta ofensiva neocolonial.
La minería a pequeña o gran escala tiene consecuencias irreparables en términos de daños a la superficie de la tierra, la contaminación del aire, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, impactos sobre la flora y fauna y el desplazamiento de comunidades de sus territorios de origen mediante una violencia que solo replica la lógica colonizadora.
Generalmente las actividades extractivas se hallan en zonas de alta sensibilidad ecológica como páramos, pampas, llanuras, mares, bosques, cuencas altas, nacimientos de fuentes de agua, además de lugares que son la base de una economía agro-productiva de largo plazo y donde los daños provocados terminan afectando la producción de alimentos de la población rural y urbana. El desarrollo de la megaminería, la industria petrolera o el agronegocio, significa continuar con la historia de saqueo de territorios y la imposición de no producir nuestros alimentos en el marco de la soberanía alimentaria sino al contrario favoreciendo a las grandes cadenas de producción alimenticio.
Si la transición ecosocial es necesaria e inevitable, esta debe sostenerse sobre una perspectiva de clase, popular y democrática, que decida el qué, el quién y el cómo avanzar en la misma. El extractivismo, como brazo fundamental del modo de producción capitalista, basado en la explotación intensiva y devastadora de la clase trabajadora, campesina y la madre tierra, genera graves impactos sociales, económicos, culturales y ambientales en las comunidades y territorios en todo el mundo. En este contexto, la autoorganización social y popular se convierte en una herramienta fundamental para la defensa de los derechos territoriales, la justicia ambiental y la construcción de una propuesta ecosocial alternativa que confronte al embate extractivista y su engranaje jurídico, político y empresarial. Es hora de pensar otros futuros posibles más allá de este modelo de vaciamiento y despojo.
Frente al avance del enfoque privatizador y extractivista, desde las clases populares, campesinas e indígenas, existen otras formas de generar riqueza en nuestros territorios donde preexiste una enorme riqueza étnica y cultural, con potencialidades propias y respetuosas con la naturaleza. Abrir paso a otras formas de organizar la economía y la vida en común no pasa por delegar en los Estados aliados con el poder corporativo, ni por confiar en la buena voluntad de los propietarios de las grandes fortunas. Los límites mostrados por la acción de los gobiernos progresistas y los acuerdos interclasistas son más que evidentes, por lo que es necesario ir más allá: rearticular espacios globales, nacionales y locales protagonizados por organizaciones populares que fortalezcan una dinámica de conflicto y confronten explícitamente la hegemonía de las élites político-empresariales.
Sigue siendo clave una solidaridad internacionalista que articule a las comunidades en lucha y los pueblos en resistencia para enfrentar el orden capitalista, heteropatriarcal, colonial y ecocida.
La única salida justa de la crisis será con los pueblos y la lucha popular en defensa de los territorios frente al poder corporativo, fortaleciendo propuestas alternativas y redes contrahegemónicas transnacionales que exijan y hagan efectivos los derechos de las mayorías sociales. En ese sentido, la idea de poder articular las luchas de los pueblos nace como luz para generar organización popular internacionalista y continuar las luchas territoriales uniendo esfuerzos y así cualificar y amplificar la lucha contra el extractivismo en todas sus formas, como uno los sectores de la lucha social más activos y que pone énfasis en las contradicciones del capitalismo.
La propuesta fundamental es la creación de una Red Internacional de los Pueblos contra el extractivismo, que carácter anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial y por una justicia climática plantea, cuya finalidad sea:
1) Plantear estrategias comunes de lucha frente a las empresas extractivistas transnacionales. Éstas son el enemigo común frente al cual podremos responder con mayor impacto y fuerza desde este espacio internacionalista.
2) Conformar la unión de organizaciones populares que luchamos en contra de la minería y el extractivismo en todas sus formas, comprendiendo que estas son consecuencia directa de las dinámicas capitalistas a escapa mundial. Partimos de la idea que no es posible luchar contra los efectos sin luchar contra las causas que están a la raíz del modelo económico que permite e incentiva todo tipo de relaciones de opresión, neocolonización y expoliación.
3) Plantear la defensa del planeta, la vida presente en la flora y fauna, desde una óptica radicalmente de clase, de los pueblos oprimidos y en especial, aquellos que enfrentan las peores consecuencias ambientales y sociales de este sistema depredador.
Concretamente hacemos un llamado a todos los pueblos hermanos que nos encontramos luchando por un mundo nuevo, a unir nuestra voz de esperanza y articularnos a través de este gran Red internacional. Para lo cual, de forma determinada los primeros pasos sean:
– Identificar en cada uno de nuestros países las luchas afines y articularnos con firmeza en la creación o fortalecimiento de alianzas amplias con organizaciones sociales, políticas y sindicales como un objetivo clave de la Red.
– La apuesta por un internacionalismo ecoterritorial, pegado a redes comunitarias
– El rechazo activo a las lógicas bélicas y neocoloniales de expoliación e invasión.
– Una composición diversa, enraizada en las luchas populares y que mire más allá de las fronteras estatales como único marco posible de acción política.
Para seguir profundizando en todo esto, convocamos a las organizaciones de base, pueblos en lucha y distintas resistencias antiextractivas a un encuentro internacional en el que se presentará esta articulación global, coincidiendo con la Cumbre de los Pueblos que tendrá lugar en noviembre de 2025 en Belém (Brasil).
Es así como nos autoconvocamos por un mundo en crisis ecológica y social
https://antiextractivismo.org/
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contacto@antiextractivismo.org
SUMATE
Pueblos contra el Extractivismo es un espacio de articulación internacional entre comunidades, organizaciones y pueblos que enfrentan los impactos del modelo extractivista en sus territorios. Surge como respuesta al avance privatizador, colonial y ecocida del poder corporativo que amenaza a nuestros territorios y la vida misma de nuestras comunidades. Frente a este escenario, apostamos por construir alternativas desde abajo, contrahegemónicas, desde las experiencias de lucha popular que defienden otras formas de vida más justas, solidarias y sostenibles.
Nos organizamos para unir fuerzas en la defensa de los territorios y para confrontar, de manera colectiva, a las empresas transnacionales que operan con impunidad a lo largo del mundo. Desde la perspectiva de rearticular espacios globales, nacionales y locales protagonizados por organizaciones populares que fortalezcan una dinámica de conflicto y confronten explícitamente la hegemonía de las élites político-empresariales.
Creemos que no basta con enfrentar los efectos del extractivismo, sino que es necesario atacar las causas de fondo: un modelo económico basado en el expolio y la desigualdad. Por eso, esta red se propone como una herramienta para impulsar la acción común, fortalecer alianzas, visibilizar resistencias, y construir una propuesta internacionalista ecoterritorial que defienda la vida, la tierra, los cuerpos y las culturas desde una perspectiva anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal.
Hacemos un llamado a organizaciones, plataformas, colectivos y pueblos hermanos que luchan contra el extractivismo en cualquiera de sus formas a sumarse a esta articulación internacional. Es momento de unir nuestras fuerzas, conectar nuestras resistencias y avanzar juntas frente al saqueo global del poder corporativo. Somos una red viva y en construcción.
¡Súmate a Pueblos contra el extractivismo y hagamos del internacionalismo una herramienta viva y combativa que pueda cambiar el mundo de base!
https://antiextractivismo.org/about/
Nueva red de articulación internacional
Pueblos contra el extractivismo
Enfrentar la lógica extractivista y neocolonial que preside las relaciones comerciales a nivel mundial. Resistir a los megaproyectos que destruyen los territorios y las comunidades que los habitan. Denunciar a las grandes corporaciones y fondos de inversión transnacionales que hacen negocio con la mercantilización de la naturaleza. Fortalecer alianzas con las comunidades y los movimientos populares que promueven planes de vida alternativos a los que se basan en el crecimiento económico y la acumulación de capital. Estos son los objetivos con los que acaba de lanzarse un proceso de articulación internacional de luchas sociales frente a la ofensiva capitalista global. El nombre de esta red marca el campo de juego: Pueblos contra el Extractivismo.
Hace cinco años, tras el shock pandémico y la interrupción de las cadenas globales de valor, los grandes poderes económico-financieros promovieron la “salida de la crisis” mediante una acelerada adaptación empresarial a los nuevos nichos de negocio. Así, a la vez que contraatacaban frente a los movimientos de justicia climática, impulsaron el capitalismo verde y digital. Con este renovado paradigma, la transición energética y la digitalización se convirtieron en los dos pilares fundamentales sobre los que formular la penúltima readecuación de los intereses capitalistas. Los fondos Next Generation, sostenidos sobre un gigantesco programa de ayudas estatales con fondos públicos, fueron la principal herramienta para impulsar esta transformación en las principales economías europeas. Y las grandes empresas, las principales beneficiarias.
Con el estallido de la guerra de Ucrania, a principios de 2022, terminaron de reventarse las costuras del “proyecto europeo”. Los cortes de suministro del gas ruso y el declive de la industria centroeuropea llevaron a la UE a cambiar el paso a toda máquina. En los poco más de dos años que transcurrieron desde la invasión de Rusia hasta las últimas elecciones europeas, la Unión emprendió una ofensiva normativa para reposicionarse geopolíticamente en el nuevo (des)orden global. Su apuesta estratégica por fortalecer las políticas de defensa, migraciones y comercio, redoblando la apuesta por la militarización, el control de fronteras y el extractivismo, se tradujo en toda una catarata de planes, directrices e instrumentos regulatorios: actualización e impulso de tratados comerciales, firma de nuevos acuerdos de asociación sobre materias primas, aprobación exprés del reglamento europeo de minerales críticos, fomento de alianzas público-privadas, lanzamiento de la estrategia industrial de defensa… El green new deal ha devenido en capitalismo verde militar.
Con todo ello, la Unión Europea ha reforzado la lógica extractivista neocolonial —que ya desde sus orígenes ha sido la base de la expansión del “proyecto europeo”— para garantizar su lugar en las cadenas de suministro dentro del patrón globalizado de producción, distribución y consumo. El texto del reglamento de materias primas fundamentales, consensuado por todas las instituciones europeas en uno de los procedimientos legislativos más rápidos de la historia de la Unión, es muy claro al definir su objetivo de crear “un marco que garantice el suministro internacionalmente competitivo, seguro, resistente y sostenible de materias primas fundamentales de la UE”. En el contexto actual, se trata de controlar el acceso a su explotación y sus reservas, por un lado, y de ampliar la frontera extractiva a nivel global para incrementar todo lo posible la oferta de materiales, por el otro.
El hecho de que se esté incrementando la competencia por unos recursos minerales cada vez más escasos, en el marco de fuertes tensiones geopolíticas y la creciente hegemonía de China en las relaciones internacionales, ha llevado a la UE a resituar el foco de sus políticas comerciales. La agenda de inversiones Global Gateway y la nueva oleada de acuerdos de comercio e inversión se ha diseñado con un claro objetivo: asegurar el acceso de las transnacionales europeas a las materias primas esenciales para el desarrollo del capitalismo verde oliva y digital. La Unión Europea, antes de que ese territorio que alberga 25 de los 34 minerales fundamentales se convirtiera en noticia por la arremetida anexionista de la administración Trump, ya firmó con Groenlandia un memorándum de entendimiento sobre materias primas críticas a finales de 2023.
Uno de los principales focos de la ofensiva pro-extractivista está en el conocido triángulo del litio, situado entre el sur de Bolivia y el norte de Chile y Argentina, donde se encuentran dos tercios de las reservas mundiales de este mineral fundamental para la producción de baterías y automóviles eléctricos. Así, la renovación del acuerdo comercial de la Unión Europea con Chile, el mayor proveedor de litio —y uno de los más importantes de cobre— a la Unión Europea, quedó rápidamente lista tras un año de negociaciones. El tratado con Mercosur, región que además de productos agroindustriales también suministra a la UE minerales como niobio, níquel y litio, se pretende desatascar definitivamente a corto plazo. La foto de la presidenta de la Comisión Europea en diciembre del año pasado, anunciando simbólicamente la firma del acuerdo UE-Mercosur flanqueada por Lula a un lado y Milei al otro, ilustra los “valores europeos” que están en juego.
Directamente relacionadas con las políticas que favorecen el extractivismo neocolonial, las dinámicas que se están impulsando contribuyen a blindar los intereses de las empresas transnacionales y consolidar la expansión de los megaproyectos corporativos. El modelo de alianzas público-privadas vuelve a ser el elegido para la internacionalización de las grandes compañías europeas. Una colaboración win-win en la que, siempre en base a la doctrina oficial, la inversión extranjera se despliega de la mano de la creación de empleo, la transferencia tecnológica y el bienestar para las poblaciones en las que se implanta, a la vez que redunda en dividendos para las multinacionales y recursos para sostener el metabolismo económico de la UE.
Los graves impactos sobre los territorios y las poblaciones locales de los megaproyectos extractivos, que abarcan desde la minería hasta la agroindustria pasando por las grandes infraestructuras y los corredores energéticos, han venido siendo sistemáticamente documentados y denunciados por las comunidades y los pueblos afectados. Y es que la lógica extractivista hace inviables las propuestas de horizontes alternativos, siempre subordinadas a la dictadura de la ganancia. En el contexto del avance de la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, se trata de un marco de actuación opuesto a cualquier posibilidad de transformación efectiva en términos ecosociales.
A la vez, a nivel europeo se han ido elaborando diferentes normativas y políticas —como la Ley de Industria de Cero Emisiones, el reglamento para acelerar el despliegue de las energías renovables o el plan REPowerEU— que rebajan todavía más las medidas de control ambiental, social y fiscal para las grandes corporaciones. La definición como estratégicos de 47 proyectos de minería en el seno de la Unión viene a eliminar las cortapisas socioambientales que pudieran quedar para su puesta en marcha y allana el terreno para promover el extractivismo también a escala europea.
La frontera extractiva sigue así ampliándose, sin siquiera unos mínimos mecanismos de control y una exigencia de responsabilidad a las grandes corporaciones por la destrucción ecológica y la violación de los derechos humanos. Se están multiplicando los nuevos proyectos mineros de grandes dimensiones, especialmente en las periferias del sistema, desde Ecuador, Perú, Argentina y toda Sudamérica hasta la mitad occidental de la Península Ibérica. Pueblos contra el extractivismo surge, en esta coyuntura, con la aspiración de consolidar la unión de organizaciones populares que enfrentan la minería y el extractivismo en todas sus formas. Y lo hacen denunciando cada proyecto que destruye la vida en los territorios, no como amenazas desconectadas sino en tanto materialización concreta de las dinámicas del capitalismo verde militar. Esta red, como dice su manifiesto, se articula a partir de la idea de que “no es posible luchar contra los efectos sin luchar contra las causas que están a la raíz del modelo económico que permite e incentiva todo tipo de relaciones de opresión, neocolonización y expoliación”.
Evidenciar la contradicción de la “minería sostenible” será sin duda una de las claves a desarrollar en las estrategias comunes de esta nueva red. Con el fin de facilitar la legitimación social de los megaproyectos extractivos, tanto los gobiernos como las grandes empresas, los organismos internacionales y buena parte de la academia han armado una importante producción discursiva para construir un imaginario hegemónico sobre la compatibilidad de estos negocios y la conservación de los ecosistemas. El sector minero, sin ir más lejos, ha planteado la “oportunidad” que supone contar con las comunidades indígenas para que aporten su conocimiento y experiencia en la gestión sostenible de la tierra, dado que es en sus territorios donde en gran medida se localizan los principales yacimientos. Mientras las corporaciones mineras conciben a las poblaciones locales como “socios esenciales” con los que conseguir la licencia para operar y poder desarrollar sus megaproyectos, esta red trata de coordinar las luchas de los pueblos y las comunidades en resistencia para frenar la destrucción del territorio y preservar todo aquello que posibilita la vida con justicia social y ambiental.
Establecer alianzas amplias con las organizaciones sociales, políticas y sindicales que rechacen este modelo violento y depredador. Apostar por un nuevo internacionalismo ecoterritorial, pegado a los procesos comunitarios y desde la base. Rechazar activamente las lógicas bélicas y neocoloniales de expolio e invasión. Unirse en base a una composición diversa, enraizada en las luchas populares y que mire más allá de las fronteras estatales como único marco posible de la acción política.
Los elementos centrales de la propuesta política de esta red están claros: frente a la acumulación capitalista y el extractivismo neocolonial, organización popular y articulación de las luchas sociales a nivel transnacional.
fuente: https://www.publico.es/opinion/columnas/pueblos-extractivismo.html
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