En el marco de la situación extraordinaria de pandemia que estamos viviendo en la actualidad debido a la propagación del virus COVID-19, como Observatorio Colectivo para Pueblos Originarios (OCOPO) definimos llevar adelante un relevamiento. Nos enfocamos en las formas en que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el Poder Ejecutivo Nacional desde el día 20 de marzo (Decreto 297/2020) afecta diferentes dimensiones directamente vinculadas con la cotidianidad de las comunidades y organizaciones de Pueblos Originarios (PPOO).
Relevamiento de las implicancias del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) entre las comunidades del Observatorio Colectivo para Pueblos Originarios (OCOPO)
Programa de Extensión, Investigación y Desarrollo en Comunidades Indígenas
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires
ocopo@filo.uba.ar
www.ocopo.org
Introducción
Desde el año 2011 funciona en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires el Observatorio Colectivo para Pueblos Originarios (OCOPO), el cual está conformado por diferentes organizaciones y comunidades indígenas del país junto con el Programa de Extensión, Investigación y Desarrollo en Comunidades Indígenas. Desde un principio fue pensado como un instrumento que sistematiza, divulga y democratiza la información; cumpliendo la función de facilitar y desarrollar la comunicación y los vínculos entre las organizaciones y comunidades indígenas y las distintas instancias estatales que se encuentran relacionadas con los procesos concretos que las atraviesan. Uno de sus objetivos principales consiste en el relevamiento tanto de problemáticas como de políticas públicas referidas a los Pueblos Originarios (PPOO) y en la elaboración y difusión de diagnósticos, informes y análisis en base al monitoreo de estas últimas.
En el marco de la situación extraordinaria de pandemia que estamos viviendo en la actualidad debido a la propagación del virus COVID-19, como OCOPO definimos llevar adelante un relevamiento. Nos enfocamos en las formas en que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el Poder Ejecutivo Nacional desde el día 20 de marzo (Decreto 297/2020) afecta diferentes dimensiones directamente vinculadas con la cotidianidad de las comunidades y organizaciones de PPOO.
Los objetivos que nos propusimos fueron los siguientes:
1. Relevar impactos del ASPO en la vida cotidiana de las comunidades y organizaciones miembro del OCOPO, atendiendo a las dimensiones económica, social, sanitaria, comunicacional. También extendimos el relevamiento hacia comunidades que, sin ser parte del OCOPO, han colaborado con las tareas del Programa de Extensión, Investigación y Desarrollo en Comunidades Indígenas (SEUBE-FFyL-UBA).
2. Producir información relevante para las organizaciones y comunidades de PPOO y para los organismos públicos encargados de implementar políticas en este contexto de crisis.
3. Construir instrumentos de visibilización de las diversas problemáticas y demandas, con la participación de las comunidades y organizaciones integrantes del OCOPO.
Contexto
El trabajo fue llevado adelante en comunidades de los pueblos wichí, chorote y guaraní en las provincias de Salta (Tartagal, Santa Victoria); del pueblo diaguita-calchaquí en la provincia de Tucumán (Quilmes y Amaicha del Valle); del pueblo mapuche-tehuelche en la provincia de Chubut (Maitén, Alto Río Corinto, Vuelta del Río, Corcovado y Esquel); y del pueblo mapuche en la provincia de Río Negro (El Bolsón, Ñorquinco, Maquinchao y parajes aledaños a cada una de esas localidades). Así, a la complejidad dada por la heterogeneidad de pueblos y por su ocupación de espacios rurales en su mayoría pero también de espacios periurbanos, se suma la otorgada por tratarse de realidades provinciales con dinámicas propias y distintas, cuyos gobiernos se han dado formas específicas de cumplimiento del ASPO.
No obstante esas particularidades, el Aislamiento obligatorio tiene lugar en un contexto de conflictividad en los territorios de los PPOO, emergente de procesos de larga duración vinculados a la concentración de enormes extensiones de tierras y las situaciones de despojo que conllevan. Esta conflictividad no ha hecho más que agravarse en el último tiempo producto de la intensificación del avance sobre esos territorios de sectores económicos caracterizados por su alta concentración y extranjerización (agropecuario, hidrocarburífero, minero, turístico, inmobiliario).
Favorecido por la profundización del neoliberalismo en la Argentina y en la región, el capital concentrado y las actividades económicas extractivistas han avanzado en detrimento de las condiciones de vida de los PPOO -y de la generalidad de los trabajadores- y el uso de la violencia estatal contra aquéllos movilizados. Una clara muestra en este sentido es la situación en la provincia de Chubut. (1)
Aquel avance también ha ido de la mano con la falta de regularización de esos territorios. A pesar de que las diversas legislaciones nacionales e internacionales vigentes reconocen, entre otros, los derechos de los PPOO al territorio, se trata de un reconocimiento meramente formal puesto que en la práctica esos derechos continúan siendo negados en forma sistemática. De ahí, la precariedad jurídica que continúa caracterizando el ejercicio del control territorial por parte de dichos pueblos, resultando en la continuidad e incluso agravamiento de los conflictos territoriales. Es así como durante los días de aislamiento hemos asistido a la continuidad de los desmontes en el Norte, donde entre el 15 y el 31 de marzo se desmontaron unas 2.172 hectáreas (en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco) (2), y también a la persistencia de los intentos de despojo en el sur, donde el 29 de abril el Lof Buenuleo, en la base del cerro Ventana de San Carlos de Bariloche, fue blanco de agresiones en el marco del ejercicio de recuperación de su territorio (3), y donde la Comunidad Kom Kiñe Mu, en la zona del Alto Río Chubut en la pre-cordillera rionegrina, fue objeto del avance de las alambradas por sobre sus campos de ocupación tradicional (4).
En este contexto de conflictividad territorial, el tema indígena se constituye en un tópico de la agenda pública y, desde los medios de comunicación nacionales y locales, se producen y reproducen sentidos que, de manera alternativa y a contramano de las normativas vigentes y del consenso académico actual, niegan la preexistencia de los PPOO al Estado nacional, les atribuyen una condición de extranjería, los califican de usurpadores, vándalos, les imputan ánimos secesionistas o terroristas. Se trata de sentidos que impactan de manera significativa en vastos sectores de la sociedad argentina.
Metodología
Dada la trayectoria de trabajo en territorio que tiene el Observatorio y la estrecha vinculación con las organizaciones y comunidades de PPOO que construimos a lo largo de los años, consideramos pertinente, primero, contar con su acuerdo para la realización de este relevamiento y con sus pareceres a la hora de definir qué aspectos serían importantes incluir en él. Sobre esta base, realizamos entrevistas semi estructuradas y/o cuestionarios en los que relevamos:
● Funcionamiento del ASPO
● Vías o medios de comunicación utilizados
● Rol de las fuerzas de seguridad en el marco del ASPO
● Modificaciones en las actividades cotidianas de supervivencia
● Modificaciones en las actividades educativas u otras de importancia
● Aspectos sanitarios, tanto comunitarios como zonales
● Implementación de políticas públicas y sus alcances
En algunos casos, la implementación de estas entrevistas y/o cuestionarios fue a través de llamadas telefónicas a referentes comunitarios que pudieran dar cuenta de la situación en sus respectivos territorios; en otros, a través de su envío a un referente comunitario quien se encargó de replicarlas/os por varias comunidades. Esto dependió de las posibilidades de comunicación con cada zona de relevamiento.
Al mismo tiempo, realizamos un rastreo de cómo fue reflejada la situación de aislamiento producto de la pandemia en la prensa escrita nacional y provincial, así como en medios alternativos. Esto nos sirvió no sólo para contar con información complementaria sino también para avanzar en el análisis de las maneras en que los medios de comunicación trataron el tema. Finalmente, se presentará la información producida a las organizaciones y referentes que participaron en este relevamiento, con la expectativa de que, en primer lugar se logre una mejor comprensión de los agentes hegemónicos y las articulaciones del poder. Y en segundo lugar, para que dicho conocimiento pueda utilizarse como herramienta para lidiar con situaciones concretas.
Problemáticas vinculadas a la implementación del ASPO
En base al relevamiento realizado, hemos podido identificar algunas problemáticas que atraviesan a los PPOO en el contexto del ASPO que nos interesa abordar más en particular por cuanto son las que han afectado de manera más significativa su cotidianeidad y a la vez evidencian las desigualdades que mencionamos anteriormente:
1. Cierre de caminos
La movilidad, no sólo al interior de los territorios comunitarios, sino entre distintas comunidades y también entre éstas y los pueblos cercanos es una constante en la vida cotidiana de los PPOO. A partir de la implementación del ASPO y con el objetivo de limitar, reducir o suprimir la circulación de personas y vehículos, muchos municipios y provincias indicaron el cierre parcial o total de caminos y/o rutas. Esta situación ha repercutido considerablemente en aquella cotidianidad, dificultando o directamente imposibilitando ciertas dinámicas vinculadas al acceso a provisiones de todo tipo (alimentos, leña, forraje) y a ciertas prestaciones sociales así como a la consecución de trámites y traslados familiares:
“Años anteriores se hacían compras comunitarias. Costumbre de comprar los alimentos para el invierno en forma comunitaria. Este año no lo alcanzaron a hacer (…). Entonces quedan desamparados y tienen que comprar individualmente. Se hace en mayo para el invierno. No alcanzaron a comprar forraje. (…) a mi mamá hay que llevarle la leña. Está racionando su leña con lo que le han podido dejar los hijos antes de que esto pasara. (…) Ya lleva más de un mes sola. En muchos casos, son personas mayores que quedaron solas. Como le han dicho a la gente quedense en su casa, también están asustados” (referente mapuche, Río Negro).
“Mi hija me cobra el sueldo, jubilación, allá (en El Bolsón) pero no me la puede mandar. Para venir mi hijo tuvo que hacer un montón de trámites, me compraron mercadería, ando tirando. Todos estamos a pata nomás” (referente mapuche, Río Negro).
“Cualquier actividad que tengas que hacer en Tartagal se ve afectada, cobrar la ayuda, ir al médico, hacer trámites y también comprar cosas como alimentos o hacer changas” (referente wichí, Salta).
Pero la limitación de la circulación también ha sido un objetivo de las mismas comunidades, generando mecanismos y estrategias de control de sus territorios, a veces organizados sólo por esas comunidades y otras veces en colaboración con autoridades municipales o de fuerzas de seguridad:
“… en lo que respecta Santa Victoria ha sido un poco complicado porque no hubo tanto personal para el control en las zonas fronterizas, por lo que la pueblada se levantó, no en contra de la seguridad más bien se organizaron para controlar las entradas y salidas de gente, que quizás venían del país vecino de Bolivia. De esa manera se controló el pueblo y sus alrededores” (agente sanitario chorote, Salta).
Es importante destacar que la situación de ASPO conlleva a la maximización del control policial en las zonas de frontera (tanto internas como con países vecinos), deviniendo muchas veces en excesos por parte de las fuerzas de seguridad -asociados a y exacerbando históricas situaciones de discriminación y violencia verbal y física-:
“Han controlado (las fuerzas de seguridad) sobre todo los pasos fronterizos y las salidas de Victoria sobre todo la ruta a Tartagal. También han controlado el cruce de personas por el río para un lado y el otro de la frontera. En Aguaray y Tartagal se pusieron más pesados. (…) No se pueden hacer trámites, si alguien tiene una changuita no puede, no se puede cruzar para Paraguay” (referente chorote, Salta).
“No se puede circular, no se puede llegar a la comunidad porque las rutas estuvieron cerradas. Piden documentos y permisos de circulación, detienen personas y cierran los caminos” (referente mapuche, Chubut).
“La policía conoce la realidad de la gente del campo, pero los apuran o retan. La policía no entiende, la forma en que los tratan es fea. En Maitén les dijeron que es la última vez que pueden entrar. La policía no se toma el tiempo para explicar. No se tiene en cuenta que la gente del campo pertenece a esos dos pueblos. Hacen las compras de alimentos en El Maitén porque es más barato que Ñorquinco. Van a la farmacia en Maitén. Ahora Maiten cerró las puertas. Se fue avisando, desde que empezó el aislamiento hasta hoy, que sólo se pasarían pocas veces. Se quedan asustados, con la sensación que es la última vez que pueden entrar. Si hay alguien del pueblo que sale a hacer las compras no tiene que pasar esa situación que tiene que pasar la gente del campo. Ellos vienen a lo mismo, pero tienen que ingresar al pueblo. Les hacen un cuestionamiento, viven una discriminación, pero la gente del campo va una o dos veces al mes, no más, a comprar alimentos, a la veterinaria, farmacia, mercaditos. Ahora los están obligando a comprar en Ñorquinco. Les venden mucho más caro. En Maitén ya habían subido los precios” (referente mapuche, Río Negro).
Asimismo, en muchas oportunidades se evidencia la discrecionalidad que se observa permanentemente en la vida cotidiana, pero que en este caso se vislumbra con relación a la movilidad de las personas:
“… la gente rica nomás se mueve, sigue moviendo animales. La gente humilde está cumpliendo más. Los que se mueven más y movilizan más gente son los que tienen plata, traen forraje, etc.” (referente mapuche, Río Negro).
En el caso de la comunidad diaguita Quilmes, que se encuentra asentada en una zona de límites provinciales, un referente comenta:
“Hubo problemas por los límites interprovinciales con Catamarca y Salta, ya que al estar cerrados impedían el paso de los comuneros para hacer cobros y pagos de servicios, aprovisionamiento de comida, entre otras actividades” (referente diaguita, Tucumán).
Para muchas personas pertenecientes a pueblos originarios el término “aislamiento” resulta conocido, se apela a él cuando se invisibiliza por distintos medios la gravedad de sus problemáticas, cuando no se garantizan sus derechos, o cuando se los niega como pueblos.
“Aunque para nosotros el aislamiento es histórico, muchos de nuestros niños no conocen lo que es ir a la plaza o al centro, ni donde queda la calle San Martín por ejemplo” (referente wichí, Salta).
El problema de las “fronteras selectivas”
El aislamiento, dictado a nivel nacional, supuso y supone un procesamiento particular por parte de cada provincia que lo aplica. En ocasiones, las provincias tuvieron criterios claros de aplicación. En otras, los lineamientos ofrecidos a la sociedad fueron confusos y ambiguos. Tal situación generó posibilidades para interpretaciones variadas en torno de lo permitido y lo no permitido, que en lo concreto quedaban en manos de las fuerzas de seguridad y, en ocasiones, directamente del agente puntual que se encontraba trabajando.
Esta discrecionalidad para permitir/impedir la movilidad de las personas se convirtió en una gran dificultad. Y muchos casos no regulados específicamente por el decreto de ASPO sufrieron concretamente esta situación. Entre ellos contamos:
-Situaciones conflictivas en relación a la movilidad de personas. Trabajadores golondrina salteños que vuelven de la cosecha de manzanas en Río Negro, por ejemplo, y quedan en cuarentena en otros lugares que no son sus hogares. O personas que llegan de trabajar “afuera” y generan temor en los locales por ser potenciales propagadores de COVID-19 (como ocurrió en Salvador Mazza con trabajadores que volvían de La Rioja) y son agredidos o amenazados. O aquellas situaciones en que el ASPO es utilizado como pretexto para llevar adelante acciones punitivas o violentas, como los balazos a un indígena chaqueño que atravesó un campo para ir a cazar al monte (5).
-También, problemas específicos creados a partir de la tensión entre la movilidad y las fronteras interprovinciales (por ejemplo, entre Chubut y Río Negro o entre Salta y Jujuy, pues en ciertas localidades era necesario cruzar las fronteras provinciales, entre otras cosas, para llegar al hospital) y fronteras internacionales (comuneros ava guaraní realizaron denuncias por presión de cañeros bolivianos, que les disputan tierra en las zona de frontera argentina con apoyo de la policía boliviana) (6).
2. Actividades laborales
Las actividades laborales que se desarrollan en las comunidades relevadas también son heterogéneas y se han visto afectadas de distintas maneras. Mientras en el norte del país es fuerte la presencia de la pesca y la producción hortícola, en la Patagonia es más habitual encontrar pequeños crianceros dedicados al ganado ovino y caprino. Sin embargo, en todos los casos, las comunidades de PPOO sostienen entre el campo y la ciudad muy fluidas y estrechas relaciones que marcan la dinámica de las actividades laborales cotidianas y de la obtención del sustento. Por eso, el contexto de aislamiento obligatorio bloquea o dificulta el despliegue de las estrategias de empleo y supervivencia habituales. Por ejemplo, como señalaba un referente salteño de la zona de Salvador Mazza (Salta):
“…el cierre de fronteras afectó laboralmente. No hay changas. Muchos jóvenes (muchos de quienes no han terminado el secundario) no pueden trabajar (des)cargando los camiones de soja, maíz, trigo…” (referente guaraní, Salta).
En la zona salteña del Pilcomayo el cierre de caminos también afecta los modos de ganarse la vida:
“Se sumaron muchas cosas para los que trabajan en salud. Para los que tienen que ir a cobrar a Tartagal se hace todo más difícil…” (referente wichi, Salta).
Las comunidades ubicadas a la vera del río Pilcomayo aprovechan la pesca para complementar la alimentación, pero a la vez eso los sujeta a la variabilidad en la disponibilidad de dicho recurso:
“Por suerte el río está trayendo mucho pescado y eso nos ayuda a todos. Se han repartido bolsones de comida pero eso te dura unos pocos días. En las huertas solo queda anco y zapallo. Con la poca platita que hay se pueden comprar algunas cosas, pero hay cosas que están faltando. Por suerte en la comunidad hay algunos sueldos, en salud y educación sobre todo, también pensiones y esa ayuda de $ 10.000 aunque sea por única vez vino bien. Con el agua no tenemos problemas” (referente wichí, Salta).
Las comunidades ribereñas sostienen así la subsistencia de acuerdo a los recursos con que pueden contar. Sin embargo, ello incluye el empleo golondrina y la recepción de bolsones de comida, que se demoran en llegar:
“A las 3 o 4 semanas recién llegó alimento de la municipalidad y de la provincia a través de bolsones. Más que nada aguantando con la pesca que hay bastante hasta el día de hoy (4 de mayo). Todavía nadie cobró el Ingreso de Emergencia, parece que se va a tener que cobrar en Tartagal cuando de la orden la Municipalidad. Hay 4 personas que se fueron a trabajar a Río Negro en el verano, todavía están varados allá” (referente chorote, Salta).
El cierre de las ferias perjudica a los artesanos, pero también a los productores de alimentos. En la zona de Tartagal las actividades agrícolas, que durante todo el año fueron cuidadosamente desarrolladas, no encuentran ahora modos para llegar a los consumidores:
“…afecta mucho, nosotros vivimos de la agricultura y los productos de la caña. Tenemos la molienda en donde vendemos miel, chancaca, azúcar, jalea y ahora la gente no viene a comprar. Para peor en el mes de mayo comienza la temporada fuerte. Además no hay trabajitos para hacer fuera de la comunidad” (referente wichí, Salta).
Estos mecanismos y estrategias de obtención de ingresos, que muchas veces no son siquiera suficientes para garantizar una subsistencia digna año tras año, se encuentran hoy obstaculizados por las condiciones del ASPO.
La implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte del gobierno nacional, así como otros subsidios y pensiones a los que oportunamente hubieran accedido los pobladores, se convierten en los únicos ingresos con los que cuentan.
“…los ingresos de plata vienen principalmente por la ayuda económica que nos da Nación y alguna pensión. Otras actividades como changas no las podemos hacer así que esta es la única platita que nos llega…” (referente wichí, Salta).
Hacia “adentro” del territorio, en los casos en que se puede, se continúan llevando adelante tareas puntuales necesarias para el sostenimiento del lugar. Sin embargo, el impacto es fuerte:
“Afectó mucho las actividades diarias. La comunidad aún en días de cuarentena no se vio paralizada en relación a sus proyectos. Pero ya no en trabajos en exceso, son trabajos que necesitan continuidad, es decir que la comunidad sigue con su actividad diaria pero con menos horas de trabajo, para no desestimar el ASPO. (…) No es porque hay un Aislamiento Preventivo Obligatorio, siempre fue así, es decir no es de ahora, en medio de la cuarentena hubo muertes, por desnutrición, también hace poco por salir a pescar (un hermano wichi) murió ahogado. Problemas emocionales, economía incluido, es decir también las comunidades se vieron afectadas” (referente wichí, Salta).
En la región patagónica, en tanto, la situación tiene puntos de contacto y también algunas diferencias. Al tratarse de comunidades dispersas, donde las casas se encuentran a mucha distancia entre sí (a diferencia de las comunidades wichí, chorote o guaraní, que habitan en espacios más pequeños y con mayor cercanía), las zonas rurales mapuche parecen percibir el problema de otro modo:
“en su vida cotidiana no hay perjuicio ya que vive en el campo. Aprovecha el tiempo para machetear, conseguir leña, hacer arreglos, alambrar, cuidar los animales, regar. Supone que eso afecta más en las ciudades” (referente mapuche, Río Negro).
Y también, según relatos de quienes habitan comunidades de la pre-cordillera de los Andes:
“Las actividades en el campo se siguen haciendo. Pero, necesitaban marcar, señalar, y todo lo que tiene que ver con otras instituciones, ganadería, quedan suspendidas. Ganadería pide siempre un permiso de traslado de animales. Los movimientos dentro del territorio ni siquiera deberían ser informado, en condiciones normales. Se supone que tiene que ir a lugar el veterinario y ahí se los autorizaría. Nunca se hace así. Sólo se hace un trámite administrativo. Jamás va alguien a revisar los animales. Esos movimientos cuando son dentro de la comunidad habíamos planteado que no iban a ser informados. Pero queda como algo posible pedir ese permiso. El movimiento lo están pudiendo hacer pero si es dentro de la comunidad” (referente mapuche, Río Negro).
Sin embargo, las comunidades y los crianceros mapuche no viven aislados del mundo: necesitan hacer trámites para desarrollar su producción, conseguir leña y forraje para sus animales, comprar y vender mercaderías y una infinidad de otras cuestiones. Aquí aparecen los inconvenientes:
“Si alguien necesitaba marcar o vacunar eso no se está pudiendo hacer, porque implica otras instituciones (SENASA o Fauna). En esta época a veces hacen un lotecito y venden animales. Para eso tienen que estar vacunados, con caravana, pero eso lo habilita un trámite” (referente mapuche, Río Negro).
En otras zonas de la región mapuche, más cerca de la meseta de Somuncura, en Río Negro, se repiten estos problemas:
“en esta época se tendrían que vender animales pero ahora no te los dejan movilizar. Nadie te compra porque nadie puede pasar. El tema del forraje. Sólo se compra cuando se venden animales ya descartados, y ahora no se está pudiendo vender. Las tareas dentro del propio campo las siguen realizando (vacunar, soltar carneros, esquilar, levantar la lana) entre familia. En el campo estás libre, si querés salir al campo salís, atajás las chivas, sólo dentro del campo, sin movilizar hacienda” (referente mapuche, Río Negro).
En los parajes de la Línea Sur, en Río Negro, el problema predominante se plantea sobre un insumo esencial: la leña. Con la llegada del invierno en ciernes (lo que implica nevadas y temperaturas bajo cero durante varios meses) y con las poblaciones ubicadas a muchas horas de viaje entre sí, el abastecimiento temprano es esencial y no se ha podido realizar:
“No hay nada de leña, el problema. Un hombre de Roca nos sabía vender, ahora no lo dejan pasar. En la zona no queda leña para sacar por ningún lado. En el campo hay pura chilca, es una llamarada y ya no tenés nada. Los que vivimos bastante, lo que nos está impidiendo más es el tema de la calefacción. No sé si irá a haber Plan Calor. Estamos más complicados, estamos más necesitados. Ningún camión sale a vender leña. En algunos campos que hay tampoco te dan permiso para sacar. En Mancha Blanca (donde está C.), no hay leña, hay michay nomás” (referente mapuche, Río Negro).
El caso de la rosa mosqueta
Pero no sólo en las zonas rurales el aislamiento pone en evidencia las situaciones de desigualdad a que están expuestos los pueblos originarios. Ya hemos señalado el carácter rural-urbano de las dinámicas comunitarias: las comunidades rurales y las ciudades y pueblos mantienen estrechos vínculos. En el siguiente ejemplo se pueden apreciar algunas condiciones de vida e impacto del ASPO para los mapuche que viven en las ciudades.
La rosa mosqueta (Rosa eglanteria, Rosa rubiginosa) es un arbusto nativo de Europa, introducido por acción humana en territorio patagónico a principios del siglo XX. Es una planta con grandes espinas que crece rápidamente y se expande en amplios territorios, diseminándose a través de animales silvestres y domésticos. La rosa mosqueta produce un fruto pequeño y rojo, el escaramujo. La pulpa del escaramujo se utiliza en la elaboración de dulces, mermeladas e infusiones, y el aceite que se extrae de sus semillas se aprovecha en cosmética.
Los escaramujos maduran hacia Marzo y allí empieza la etapa de su recolección. En toda la zona del oeste cordillerano de Chubut y Río Negro muchas familias se dedican a la recolección de frutos de rosa mosqueta silvestre como forma de lograr algunos ingresos. Acopiadores de ciudades como El Bolsón compran lo cosechado a $ 17 (pesos diecisiete) el kilogramo.
“…la gente en Maitén se la pasó meta mosquetiar desde que empezó la cuarentena…” (referente mapuche, Chubut).
Pero no es sólo El Maitén, sino una práctica extendida a toda la región, donde trabajan familias completas, incluyendo niños y niñas, extrayendo manualmente los pequeños frutos de entre las espinas, en altos matorrales que muchas veces son madrigueras de ratones colilargos y otros roedores. Hasta Agosto dura la cosecha.
“Está la IFE, pero ni para comer los anotaban. Por eso salen a changuear con la mosqueta, grandes y niños” (referente mapuche, Río Negro).
Tal situación no es producto del ASPO: la recolección y venta informal de escaramujos se produce desde hace muchos años. Residentes en las ciudades y pueblos de la Cordillera, mapuche o no, se dedican estacionalmente a esta actividad. No debiera estar habilitada en el marco del ASPO. Sin embargo, muchas ciudades y pueblos de la región la han permitido como medio de sobrevida. Como sucede en prácticamente todas las situaciones que describimos en este Informe, la propagación del virus COVID-19 primero y el decreto del ASPO después no hacen sino evidenciar, y aún acentuar, situaciones de desigualdad de larga data. En el marco del aislamiento y con los vecinos encerrados dentro de sus casas, quienes salían y salen “a mosquetiar” resaltan en las calles y las banquinas de las rutas.
3. Información
La gente de las comunidades no es ajena a la preocupación por contraer determinadas enfermedades:
“chagas, malaria son normales acá, pero esto es distinto: en las comunidades no hay conocimiento y no estamos prevenidos” (referente guaraní, Salta).
La “normalidad” del chagas, la malaria y el dengue es indicador de determinadas condiciones de vida. Es esperable, para los miembros de estas comunidades, estar atentos a la prevención de dichas enfermedades; también eventualmente contraerlas. Pero la introducción del COVID-19 suma un nuevo problema para el que, al igual que gran parte de la población, no se cuenta con información suficiente.
Los referentes comunitarios coinciden en haber tenido dificultades para acceder a la información sobre las medidas preventivas, el cuidado de la salud y los protocolos de acción frente a la aparición de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. La escasa o nula conectividad, la poca información oficial que llega a las comunidades y casi exclusivamente en castellano, la suspensión de programas territoriales como las brigadas sanitarias7, sumado a la casi invisible presencia de los PPOO en la agenda mediática han sido las principales dificultades en aquel acceso.
Sin embargo, las comunidades y organizaciones despliegan diversas formas de comunicación para hacer frente a las complejidades específicas causadas por esta pandemia,
además de las problemáticas preexistentes que se vieron intensificadas con el aislamiento obligatorio. Es así como se valen de la escucha y el intercambio de mensajes radiales, las visitas de vecinos y/o agentes sanitarios, las redes sociales, del hospital o la escuela, etc.
Con respecto a los modos en que se informaron del inicio del ASPO, la mayoría de los consultados que habitan en espacios urbanos se enteraron por los medios de comunicación, principalmente a través de la radio. Tal es el caso de una referente mapuche que vive en Esquel y del de un referente comunitario que trabaja en el hospital de Santa Victoria Este (Salta):
“Nos enteramos por los medios” (referente mapuche, Chubut).
“Soy agente sanitario y me informaron en el hospital y eso lo explique en la comunidad. Algo ya sabíamos por la radio” (referente wichí, Salta).
Por el contrario, la mayoría de los que viven en parajes rurales se anoticiaron sólo cuando fueron hasta centros urbanos más próximos o cuando se comunicaron con familiares que viven allí, como el caso de una pequeña productora ganadera que vive aproximadamente a 25 km de El Caín y se enteró el 27 de marzo:
“Estaba el comentario” (referente mapuche, Río Negro).
No recibieron ninguna comunicación más formal, por ejemplo, de la intendenta. Un referente mapuche de Vuelta del Río (Chubut) menciona que se enteraron por la radio y por parientes que trabajan/viven en El Maitén (30 km) y El Bolsón (80 km). Lo mismo C., quien vive cerca de Ñorquinco y se enteró por su hijo que vive en El Bolsón:
“Yo me vine de Bolsón en febrero. A fin de marzo ya empezó más estricto. Nosotros teníamos una reunión en la Costa y no pudimos reunirnos porque ya no permitían hacer junta de gente. Quedamos aislados” (referente mapuche, Río Negro).
Un maestro intercultural bilingüe guaraní de la zona de Tartagal, por otro lado, comentó que dos veces por semana pasa una camioneta de la radio con altoparlantes e informó a los vecinos sobre el aislamiento obligatorio. Él y otro grupo de compañeros, por su parte, se ocuparon de traducir las recomendaciones al guaraní y van personalmente a hablar con vecinos y gente de otras comunidades. Hacen circular audios o videos por whatsapp para lograr mayor difusión. Le gustaría imprimir boletines informativos en lengua pero de momento no dispone de los recursos.
Las radios y los agentes sanitarios también son, por su parte, los principales vehículos de la información en la región patagónica.
“Nosotros nos estamos cuidando como podemos, porque no nos dieron ningún papel escrito de cómo cuidarnos. Nosotros porque escuchamos la radio de Sierra Colorada. Nadie fue a hacer un comentario, ni Salud Pública” (referente mapuche, Río Negro).
4. Medidas preventivas
Ante la pandemia primero y el aislamiento obligatorio después, las comunidades originarias han adoptado y respetado las pautas de prevención del contagio, siempre en la medida en que sus condiciones materiales de vida lo permitieran. En muchas comunidades, la escasez o directamente la carencia de agua potable y la imposibilidad de contar con productos básicos de limpieza dificultan o directamente impiden la higiene de manos y superficies dispuesta como una de las medidas preventivas básicas por las autoridades sanitarias. Igualmente, las condiciones de hacinamiento en las viviendas (especialmente en sectores urbanos y periurbanos) acentúan los riesgos de propagación del virus y hacen difícil el sostenimiento de un aislamiento estricto.
En Salta, las comunidades wichí, chorote, chulupí y guaraní adoptan medidas que se gestionan comunitaria y familiarmente:
“se cumple bastante. Se utilizan barbijos. Los chicos se informan a veces y les piden a los padres que les confeccionen. A veces los chicos salen. Los adultos sólo para cuestiones necesarias (aprovisionamiento, cobro de ayudas…). Se intenta garantizar entre hermanos el cumplimiento de las normas de seguridad y el distanciamiento obligatorio en las filas. no dejan entrar a edificios públicos sin barbijos” (referente guaraní, Salta).
La escala de las comunidades es variable. En una comunidad pequeña una referente chorote indicaba:
“en la comunidad sí se cumple y además se nota por lo que somos menos. En P. J. aproximadamente son entre 50 niños y grandes” (referente chorote, Salta).
En zonas de mayor población las medidas no pasan sólo por el auto resguardo, sino también por el control de quienes circulan dentro del territorio. Sobre todo en las regiones wichí, chorote y chulupí de las riberas del Pilcomayo, donde el tránsito entre Tartagal, Santa Victoria y las fronteras con Bolivia y Paraguay es fluido, esta preocupación se hace evidente.
“En la comunidad la gente está tranquila, tratamos de no salir más allá de nuestra comunidad, igual aquí la gente no sale mucho. Lo que estamos tratando de controlar es el movimiento de personas que no son del lugar” (referente wichí, Salta).
Igualmente ocurre en zonas de Tucumán, donde el ejercicio del control territorial tuvo ribetes polémicos (al respecto ver el apartado sobre seguimientos periodísticos, presentado posteriormente en este informe).
Mientras tanto, las comunidades que están integradas a los ejidos urbanos, por ejemplo en Tartagal, el cumplimiento del aislamiento está vinculado a las reglas generales que rigen para la ciudad.
“Se está cumpliendo la cuarentena”
“Se cumple bien con el aislamiento igual que en todo Tartagal”
“Si se cumple el aislamiento. En la comunidad todos se conocen, se cuidan, se comunican. Si alguien tuvo fiebre inmediatamente le aconsejan que se acerque a una sala médica o al hospital” (referente wichí, Salta).
Pero el acceso a los centros de atención médica, ya de por sí precarios o faltos de recursos materiales y humanos suficientes, se revela deficiente para la gente de las comunidades:
“En la comunidad, agente sanitario atiende en la escuela, no hay salita. No hay médicos” (referente mapuche, Río Negro).
“El hospital está más o menos como antes, mucha preocupación con el dengue y dijeron que lo están preparando para el coronavirus” (referente wichí, Salta).
En tanto, en la región patagónica la situación tiene algunas diferencias. Las comunidades salteñas, por ejemplo, tienen un grado de concentración de personas mas alto que las chubutenses o rionegrinas y suelen estar a menos kilómetros de centros urbanos grandes o medianos.
Muchas comunidades mapuche, en tanto, se encuentran distantes de los centros urbanos y se organizan mediante asentamientos dispersos, donde las casas de los pobladores están muy alejadas unas de otras y las comunicaciones con los pueblos para el abastecimiento son escasas y con intervalos relativamente largos. Esto hace que, hacia el interior de las viviendas y de los territorios de las comunidades, el aislamiento no refleje, de manera aparente e inmediata, grandes cambios.
“Se cumple pero en la comunidad somos pocos, familias con mucho trabajo en el campo, se la pasa bien” (referente mapuche, Río Negro).
Esto genera, como vimos en un apartado anterior, que las comunidades rurales mapuche experimenten los principales efectos del aislamiento sobre las comunicaciones de orden familiar o económico que tienen con los poblados:
“Se cumple, aunque se visitan, toman mate, se pasan la mano. Toman conciencia cuando intentan salir del campo.” (referente mapuche, Río Negro).
Igualmente se toman precauciones, como en la Línea Sur de Río Negro:
“Nosotros tenemos más preocupación, estamos cumpliendo con la higiene. Están afuera algunos baños, pero tomamos todos los recaudos (uso de lavandina, alcohol en gel, se sacan los zapatos antes de ingresar). Tenemos dos campos, distantes 15 km entre sí, tenemos que ir y venir, pero no estamos recorriendo puestos. Salimos sólo a E. C. para comprar combustible. Sale uno solo de la familia, también para comprar mercadería. No está llegando gente a los campos. Nadie sale, nadie te invita, nadie te invita un mate, nadie va a un puesto. Se hacen humo nomás” (referente mapuche, Río Negro).
5. Acceso a la salud
Las situaciones provinciales y locales son diferentes, pero ciertas similitudes se hallan en las percepciones respecto de cómo funcionan los servicios de salud, qué potencias y limitaciones tienen. Mientras que varios entrevistados señalan las condiciones de atención sanitaria como “buenas”, otros y otras detallan que una atención de complejidad requeriría grandes traslados hacia hospitales de mayor envergadura. Por lo general, las comunidades tienen a disposición salas de Atención Primaria (comúnmente denominadas “salitas”) que cuentan con agente sanitario y son visitadas por médicos algunos días de la semana:
“El hospital es en Victoria pero en La Paz hay médico, enfermeros y agente sanitario” (referente wichí, Salta).
“Es bueno. Hay salita con agente sanitario” (referente mapuche, Chubut).
“Regular (la atención de la salud). El hospital es pequeño y no podría atender casos de coronavirus. Debe derivar a El Bolsón” (referente mapuche, Río Negro).
“Hay un hospital en el pueblo de Ñorquinco. Iban a levantar el puesto sanitario de Fitamiche, pero ahora lo dejaron, hay agente sanitario” (referente mapuche, Río Negro; en este caso, como en el anterior, el hospital está a 150 km. de distancia).
“El centro de salud de La Paz es chico para la cantidad de gente que somos, son pocos los remedios y solo tres las camas. Por cualquier cosa hay que derivar a Victoria por que en La Paz poco y nada se puede hacer. En Victoria hay pocas camas y pocos elementos por lo que generalmente todo termina en Tartagal con un traslado difícil” (referente wichí, Salta. Desde La paz a Tartagal hay 160 km).
Hay comunidades que están cerca de los ejidos urbanos, por tanto remiten sus necesidades a los hospitales cabecera de cada región.
“El hospital está más o menos como antes, mucha preocupación con el dengue y dijeron que lo están preparando para el coronavirus” (referente wichí, Salta).
“Completo médicos de todas las ramas, enfermeros, etc.” (referente wichí, Salta).
“La atención médica no afectó para nada, porque en estos días la gente se vio obligada de estar en casa y en el caso de emergencia los mismos médicos se acercaban a la comunidad una vez que se los llame” (referente wichí, Salta).
En otros casos, sin embargo, la percepción es abiertamente negativa y ello remite a experiencias recientes, especialmente en la región del Chaco Salteño, donde las muertes infantiles y la violencia ejercida por el dispositivo médico hacia los pobladores indígenas estaban sobre el tapete antes de la eclosión de la pandemia.
“En el tema de salud estamos peor que antes del tema de la pandemia. Se paró todo, no hay cirugía, no dan turnos. Nosotros desde antes de la pandemia que tenemos un mal servicio de salud y nuestro reclamo para mejorarlo es una lucha de años. No hay medicamentos, no hay médicos, estamos peor que antes” (referente wichi, Salta).
“Nosotros estamos a 9 kilómetros del hospital de Tartagal. El hospital no está funcionando bien para nosotros. Ahora es más difícil conseguir medicos, turnos. Y como antes, ahora no hay medicamentos” (referente wichí, Salta).
6. Auto-organización frente a los problemas producidos por el COVID-19
Las comunidades relevadas han elaborado diferentes estrategias para hacer frente a la resolución de los diversos problemas emergentes en un marco novedoso y que acentúa las desigualdades a que están permanentemente expuestas. En particular, referimos aquí algunas vinculadas a la auto-organización, la toma de decisiones y acciones colectivas, como el trabajo cooperativo, la defensa de los espacios comunes, el ejercicio del control del territorio (como se indicó en el apartado Nro. 1) y el establecimiento y sostenimiento de canales de comunicación con comunidades expuestas a condiciones semejantes.
Es generalizado el recurso a las compras colectivas y el cuidado de los ancianos, especialmente al interior de las familias:
“se organizan para hacer compras colectivas entre varias familias y para varios días. Generalmente se aprovecha los días que se va al centro por otro motivo” (referente guaraní, Salta).
En Salta, por ejemplo, algunas comunidades guaraníes también se dedicaron a producir barbijos y cooperar en la producción de alimentos. Igualmente con el sostenimiento de las condiciones de higiene y el auto-sustento:
“El gobierno brindó alguna ayuda alimentaria pero la gran mayoría de los alimentos que consumimos los producimos nosotros mismos” (referente wichí, Salta).
“Nosotros mismos recomendamos limpiar veredas, gallineros, sacar (o quemar) basura, ventilar ambientes” (y aquí se ríe, ya que no hay ventiladores ni aire acondicionado. Referente guaraní, Salta).
“Hemos confeccionado barbijos caseros” (referente guaraní, Salta).
Además, y respondiendo a la carencia de información que se reseñaba en un apartado anterior, algunos referentes se aplicaron a la elaboración y difusión de materiales:
“traduje recomendaciones sobre el COVID-19 al guaraní y me ocupé de difundir a otras comunidades” (referente guaraní, Salta).
En Tucumán, por su parte, las comunidades organizadas en la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita se sentaron a dialogar con autoridades locales para coordinar acciones:
“Se realizaron reuniones con intendentes, comisionados comunales, sistemas de salud de ambas provincias para buscar soluciones. Si bien la ruta 40 está cortada, a los comuneros los dejan circular” (referente diaguita, Tucumán).
Igualmente, la preocupación en torno de la circulación dentro del territorio requiere de acciones colectivas de control, que no está sencillamente delegada en las fuerzas de seguridad:
“Si sobre todo (tienen vinculación) con las más cercanas, somos familia. Lo que se hizo es hacer grupos para controlar en los caminos y en el puente de Misión La Paz que no circulen gente de otros lugares” (referente wichí, Salta).
Finalmente, el sostenimiento de ciertos vínculos, aún en condiciones de comunicación no-presencial, ha sido valorado de importancia, de modo que las comunidades hacen un esfuerzo para consolidar sus organizaciones. A pesar de las limitaciones para trasladarse y lograr una efectiva comunicación, una vez más se demuestra la relevancia de las radios comunitarias locales:
“…vinculación con otras comunidades muy buena, gracias a las vías de comunicación de esa manera cooperamos para organizarnos” (referente wichi, Salta).
“Si estamos vinculados a otras comunidades aquí en la zona y con comunidades guaraníes de la ruta 34. Estamos en contacto, hablamos de la situación de cada una de nuestras comunidades. Y de acuerdo a las posibilidades sabemos que contamos con ellos” (referente wichí, Salta).
“Estamos vinculados a muchas comunidades a partir de la radio La Voz IndÍgena y la asociación ARETEDE (Asociación Regional de Trabajadores en Desarrollo)” (referente wichí, Salta).
“La comunidad mantiene vínculo con otras organizaciones que luchan por los derechos humanos. Organizaciones territoriales, como así organizaciones en defensa de la educación y otros” (referente chorote, Salta).
“Si nosotros tenemos parientes en muchas comunidades como 9 de Julio o Peña Morada. Hay comunidades que están más lejos y es difícil ir con lo que está pasando. Solo podemos ayudarnos entre los que estamos en Tartagal y con problemas por no poder trasladarnos” (referente wichí, Salta).
En la región patagónica la situación con respecto a los vínculos es similar. A pesar de las distancias y las dificultades en la comunicación (mala señal telefónica, no-disponibilidad de internet, etc.) las comunidades recurren a diversas estrategias, que ya se han demostrado de utilidad en experiencias anteriores, para sostener y conocer las situaciones de sus vecinos.
“Si. Con la radio de Maitén y comunidades vecinas” (referente mapuche, Chubut).
“Si, pero básicamente comunicación mediante redes, porque las demás personas también están aisladas” (referente mapuche, Río Negro).
“Sí, con comunidades del CAI” (referente mapuche, Río Negro).
7. Políticas Públicas
La ruralidad limita o directamente imposibilita el acceso a determinados derechos, como el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ya sea porque la información acerca de los trámites a realizar llega de manera incompleta o defectuosa, o porque no se cuenta con los medios para su tramitación. Muchas veces, esas limitaciones se han visto subsanadas por las redes de relaciones ya establecidas que permiten que integrantes de las comunidades empleados en el sector público o bien con residencia en los pueblos y ciudades se encargaran de gestionar el acceso a las prestaciones sociales:
“La primera dificultad que tuvimos era que no teníamos los DNI de la mayoría de ellos para poder inscribirse (…) después había que crear una clave. Elegir por qué sistema cobrar: cajero automático o CBU o por correo argentino” (referente mapuche, Río Negro).
“…dificultad para obtener información sobre las ayudas estatales. Desconocimiento de cómo sacar la clave de anses para obtener el IFE. La falta de internet también es un problema” (referente guaraní, Salta).
“Nación les destinó dinero a los municipios para que hicieran una compra (de módulos de comida para la gente del campo). Hay que anotarse pero se pone en juego el clientelismo político. Como la gente de la comunidad no quiere, no les dan nada” (referente mapuche, Río Negro).
“Ayuda nada. Una vez anduvieron del Municipio y sólo me vinieron a ver a mí nomás. A mí me trajeron remedios y mercadería. La leña no ha llegado” (referente mapuche, Río Negro).
Generalmente, las políticas implementadas en algunos lugares se reducen a un beneficio económico, en el mejor de los casos mensual cuando no por única vez, desconociendo todas las demás áreas en las que se torna indispensable la presencia del estado para garantizar los derechos.
“En nuestro caso los $10.000 que dan son mucha ayuda” (referente guaraní, Tartagal).
“A nosotros nos ayuda mucho la ayuda económica pero más allá de eso aquí no hay políticas públicas” (cacique wichi, Tartagal).
8. Conclusiones preliminares
El ASPO es una medida necesaria para detener la propagación del virus COVID-19 y, en tanto tal, ha logrado la protección de las comunidades de PPOO. Esto es importante dado que se trata de uno de los sectores que están potencialmente más expuestos y sujetos al daño producido por el virus COVID-19 por sus condiciones materiales de vida. Sin embargo, el aislamiento cataliza también situaciones de desigualdad preexistentes y estructurales, que no hacen más que agudizarse.
Dichas situaciones se expresan en dificultades concretas y cotidianas que han encontrado los miembros de las comunidades en el marco del ASPO; en la mayoría de los casos, los impactos más fuertes del ASPO se han producido sobre las condiciones para obtener ingresos y asegurar la subsistencia.
Estas dificultades se deben primero, a la escasez de changas o la inestabilidad de ciertos recursos de los que se dependen (pesca), la imposibilidad de realizar por medio de la venta los recursos producidos (lana, pelo, caña, miel) por ausencia de mercado; y, a la inversa, la necesidad de garantizarlo a través de la exposición a labores insalubres y/o violatorias del aislamiento dispuesto (por ejemplo, la recolección de frutos de rosa mosqueta). Segundo, a las dificultades para abastecerse de ciertos insumos por el incremento en sus precios (por ejemplo, el combustible) o por la imposibilidad de acceder a ellos (leña, forraje). Tercero, a las dificultades para acceder a ciertas prestaciones sociales dispuestas por el gobierno nacional.
No obstante el Ingreso Familiar de Emergencia implicó dificultades en cuanto a la inscripción y obtención y resulta insuficiente para sostener la subsistencia, es percibido como una política positiva que ayuda en el difícil contexto. En todas estas dificultades ha sido central la restricción impuesta a la circulación a través del cierre de caminos y rutas, ya que las mismas conllevan una constante movilidad entre el campo y las ciudades o pueblos cercanos.
Por otro lado, las dificultades enumeradas han ido de la mano con la replicación de situaciones de discriminación, arbitrariedad y abuso dirigidas a los integrantes de las comunidades por parte de, fundamentalmente, las fuerzas de seguridad.
Frente a aquellas dificultades, han sido centrales las distintas estrategias tejidas por las comunidades, estrategias de organización fundadas en redes de parentesco y comunitarias, como la toma de decisiones de manera colectiva, el trabajo cooperativo, la defensa de los espacios comunes, el ejercicio del control sobre el territorio y el establecimiento y sostenimiento de canales de comunicación con comunidades expuestas a condiciones semejantes.
Una vez más la auto-organización se demuestra como una herramienta de vital importancia, tanto para la búsqueda de ingresos o la satisfacción de necesidades como para el ejercicio del control territorial y el respeto de la medidas de prevención. Incluso en dimensiones que deberían estar cubiertas por el Estado, como la información sobre síntomas de COVID-19 y prevención de los mismos, las comunidades tienen -en ocasiones- formas de auto-gestión de las traducciones al guaraní, por ejemplo.
Consideramos que el ASPO, en tanto es una medida que beneficia y protege a la población frente a la expansión de los contagios, protege especialmente los sectores más vulnerables de la población, históricamente expuestos a condiciones de hacinamiento o a precarios accesos a la salud.
Sin embargo también expone en toda su crudeza las condiciones de vida de enormes segmentos de la población argentina, agudizando especialmente la crisis de ingresos que muchas familias atraviesan desde hace años.
Sobre la base de nuestra experiencia de trabajo, nuestro punto de partida al momento de elaborar el relevamiento fue que las desigualdades, dificultades, injusticias y condiciones de extrema pobreza que viven los PPOO diariamente se evidenciarían y agudizarían aún más en un contexto de crisis. Tal hipótesis inicial se sostiene. Dichas condiciones no son productos del ASPO ni de la pandemia: les anteceden con mucho. La actual situación las presenta agudizadas.
La heterogeneidad de los aislamientos se hace evidente en lo expresado en este Informe. No sólo son distintos entre regiones, provincias y comunidades, o entre ámbitos urbanos y zonas rurales, sino que también son diferentes de otros aislamientos que podemos ver en muchos medios de prensa, con personas pasando música en balcones de edificios o deportistas aprisionados en espacios pequeños. O en los problemas que atraviesan pequeños comerciantes que no pueden abrir sus negocios. Son contextos diferentes, que construyen necesidades diferentes. Estar expuesto al chagas, el dengue, la malaria (y ahora también al COVID-19), tener escasez de agua o leña y depender alimentariamente de los peces y las ayudas estatales, pero aún así tener conciencia de la necesidad del aislamiento como forma de prevención permite, tal vez, dimensionar mejor algunas incomodidades causadas por la cuarentena.
8-Anexo: Prensa, ASPO y PPOO
A continuación, se analizará el abordaje periodístico sobre los pueblos originarios en relación al ASPO durante el período de cuarentena, teniendo como punto de partida las conclusiones arribadas por la Defensoría del Público en un monitoreo de noticias de la televisión abierta entre 2013-2017.
“Los migrantes y pueblos originarios aparecen como los grupos sociales más invisibilizados en la agenda mediática” (8). Según el monitoreo de noticias de la televisión abierta realizado por de la Defensoría del Público entre 2013-2017, las noticias que abordan su estado de situación y problemáticas representan un 0,6% de las noticias totales y la duración promedio de las mismas es de 18 segundos. En contraposición, las noticias más recurrentes son las encuadradas dentro de “policiales e inseguridad”, que representan el 28,5% de las noticias y ocupan el 39,4% del aire. De allí se puede deducir que ante un acontecimiento vinculado a los pueblos originarios, lo más probable es que aparezca en este segundo encuadre y en tanto “hecho de inseguridad”. El ejemplo más concreto tiene que ver con el aumento considerable de las noticias referidas a pueblos originarios registradas en el año 2017. La mitad de las cuales estuvieron vinculadas a la muerte de Santiago Maldonado durante la represión del Pu Lof en resistencia Cushamen, en pleno auge de la doctrina punitivista sobre los pueblos originarios de la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Con la llegada de la antropóloga Sabina Frederic al Ministerio de Seguridad se pensó la posibilidad de cambiar esta doctrina con la firma del “Mecanismo alternativo de resolución de conflictos” del Consejo de Seguridad interior. Recién asumida a la presidencia del INAI, Magdalena Odarda afirmará que:
“Vamos a remover completamente la política del macrismo con los pueblos originarios” (9)
Las recientes agresiones cometidas contra la comunidad mapuche Buenuleo, en Río Negro, se pueden pensar como el primer conflicto indígena que toma cierta relevancia mediática y que amerita la aplicación de dicho protocolo. En este caso, intervinieron la Presidenta del INAI en conjunción con el Ministerio de Seguridad a través del Secretario de Articulación Federal Gabriel Fucks. Resulta paradójico, sin embargo, que al ser consultado en Página/12 por los incidentes el funcionario del Ministerio de Seguridad destaca que:
“no debe ser un abordaje de seguridad sino un problema sobre la tierra, algo más complejo y atávico (…) vamos a intentar que nuestra presencia ayude a bajar los niveles de violencia que vimos en este tiempo” (10)
El problema parece ser que estos mecanismos se aplican cuando los conflictos ya se encuentran desatados y toman conocimiento público, sin embargo, diversas comunidades vienen reclamando mayor visibilidad desde mucho antes de que aparezcan amenazas o acciones violentas. Esto es así al punto de que los referentes consultados en esta oportunidad perciben una asociación entre el aislamiento obligatorio y la invisibilidad a la cual vienen siendo sometidos algunos pueblos originarios:
“…nosotros ya estábamos muy aislados desde antes de la cuarentena” (Referente wichí de Tartagal)
“para nosotros el aislamiento es histórico” (Comunicadora wichí de Tartagal)
“El derecho al acceso a la tierra y las movilizaciones o producciones sociales de los pueblos originarios no forman parte de las noticias” afirma categóricamente el monitoreo citado anteriormente. Por ejemplo, la comunidad Kom Kiñe Mu viene reclamando desde hace meses por los avances sobre su territorio -en el sudoeste de la provincia de Río Negro- por parte de empresarios poderosos como Barabucci, apoderado de un emir qatarí y en complicidad con el controversial empresario británico Joe Lewis. Sin embargo, este reclamos no han podido alcanzar los grandes noticiarios ni ocupar las primeras planas de los diarios (11). Desde noviembre del año pasado la Asociación de abogados de derecho indígena (AADI) “había solicitado al Procurador la creación de una Fiscalía especializada en la temática dadas las situaciones tensas que se viven tanto en la comunidad Kom Kiñe Mu y Buenuleo pero no hubieron respuestas” (12). El 16 de enero de 2020, el CAI (Consejo Asesor Indígena) redactó un comunicado que fue difundido a través de su plataforma, Indymedia, el OCOPO y medios provinciales para advertir de la tensa situación de Kom Kiñe Mu; y el 4 de mayo, frente a la indiferencia colectiva, redactaría uno nuevo titulado:
“Desamparo y olvido en la cordillera” (13)
En esta sintonía se presentó el conflicto de la comunidad Buenuleo. A pesar de ello, tras el intento de desalojo por parte de una patota, la agresión contra adultos y menores presentes y la difusión de videos filmados por sus protagonistas, es que intervino el INAI y funcionarios del Ministerio de Seguridad (14) allí para atender la situación y poner un freno temporal a la violencia. Tras su intervención en el sitio, se publicó en la página oficial del gobierno la noticia titulada:
“Histórico abordaje de los conflictos indígenas”
en referencia a la guardia que protege la comunidad de futuras agresiones y pretende compeler la entrega de la carpeta técnica en el marco de la Ley N°26.160.
Por otro lado, en numerosas ocasiones es posible dar cuenta de la utilización mediática de la ‘sensación de inseguridad’ “generada” por los reclamos indígenas, la cual no es exclusiva de algún signo político o medio en particular. Estas miradas, que son predominantes, tienden a justificar, en el mejor de los casos, el accionar de las fuerzas de seguridad o al menos orientar la opinión pública en ese sentido. Términos como usurpación, robo, vandalismo, malón y salvajismo son leídos y escuchados frecuentemente en el vocabulario periodístico y estatal para referirse a las movilizaciones indígenas; y también la persistencia en la asociación de los pueblos indígenas con cierto sentido esencial o folclórico de ‘armonía ecológica’ o la idea de habitar una naturaleza prístina. Por ejemplo, Télam titulaba el 19 de abril:
“Cuando el aislamiento quiebra el ciclo natural…” (15)
para describir las dificultades para llevar adelante la “filosofía de vida de los pueblos indígenas que plantea la necesidad de vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza”(16). Los sentidos esencialistas o racistas se observan incluso cuando las organizaciones de pueblos originarios ni siquiera están involucrados directamente en los conflictos: sin ir más lejos, el día 13 de abril, el Ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni criticó los ‘excesos’ en la represión a los trabajadores frigoríficos de Pensa S.A. en una entrevista radial en Futurock FM aludiendo a que
“la función de la policía es reprimir, pero todo tiene una técnica, no somos indios salvajes” (17)
Más allá de estos comentarios discriminatorios a los cuáles nos tienen (desafortunadamente) acostumbrados algunos funcionarios públicos y periodistas, se observan complejas operaciones políticas y mediáticas con el objetivo de producir un “estado de situación” favorable para el desarrollo de acciones concretas (y oportunistas) sobre los territorios y contra las comunidades en el contexto del aislamiento obligatorio. Los recientes acontecimientos de los valles calchaquíes parecen ser el caso más icónico en este sentido: al declararse el aislamiento obligatorio, numerosos tucumanos de la capital provincial con casa “de fin de semana” en los valles se vieron impedidos de acceder hasta sus propiedades por un bloqueo sanitario en la ruta instalado -en principio por los originarios- ante la ausencia de casos de coronavirus en los valles. Frente a las largas colas de autos de personas que deseaban pasar la cuarentena o simplemente un fin de semana en los valles y eran impedidos de llegar a sus casas o countries, se impulsó en los medios de comunicación y las redes sociales la idea de que ‘se estaba llevando adelante una “ola de robos” facilitada por un ilegal corte de ruta orquestado por los caciques de la zona’. Diarios como La Gaceta publicaron:
“Inquietud en los Valles: les desvalijaron las casas y no los dejan llegar” (18)
Seguidamente, los comentarios de los lectores y el hashtag “Tafí” condensaba cientos de muestras de odio e indignación contra el eficaz aislamiento comunitario llevado adelante allí; lo que habilitaría la represión por parte de la policía y la detención de 10 personas, incluida la cacique Margarita Mamani (19).
Similar es el caso en el Lago Mascardi, en las cercanías de Bariloche y que tiene numerosos antecedentes en los últimos años. Sin embargo, en las últimas semanas las operaciones de prensa son cada vez más visibles. El día 20 de mayo el diario “La Nueva República” y “La Nación” publicaron artículos titulados:
“Incendios y vandalismo: el paraíso de Villa Mascardi se transformó en un infierno con la ocupación mapuche” (20)
“En la Patagonia: temor por una ola de violentos ataques y destrozos en Villa Mascardi” (21)
donde se manifiesta la preocupación por diversos actos vandálicos y violentos de “grupos encapuchados” o “movimientos reivindicatorios indigenistas” que transformaron el lugar en “tierra de nadie” y perpetrados por “la comunidad mapuche”(en términos totalizantes). Un testimonio recogido por el diario de Mitre declara en el artículo que:
“La comunidad está muy asustada por la escalada de violencia. Nosotros no residimos en el lugar. Vamos habitualmente. Pero los pobladores que viven todo el año tienen temor de hacer la denuncia”
no para referirse a la comunidad mapuche sino a la comunidad de vecinos no-mapuche que viven en la zona. Al día siguiente, la Provincia de Río negro, a través de su Secretaría de medios, “pidió urgente tratamiento de la situación de Villa Mascardi” (22). Luego se desataría una severa represión con el objetivo de dispersar a los originarios de la zona.
Otro caso que ilustra la complicidad entre el poder mediático y económico local, junto con el accionar (o inacción) policial y en contra de los originarios resulta ser el del primer intendente indígena de Santa Victoria Este (Salta), Rogelio Nerón. A pesar de haber asumido la intendencia hace sólo algunos meses, ya ha recibido amenazas tanto él como su familia. En primer lugar, debido al incumplimiento en el pago de tickets de $300 de ayuda económica para los más necesitados y como resultado del no envío de remesas por parte de la Provincia (23). El portal digital Municipios de Argentina titula el 6 de mayo de 2020:
“Rogelio Nerón cerró la Municipalidad y no atiende el teléfono” (24)
Esta “línea” sería replicada por varios medios locales y lamentablemente despertó gran preocupación y malestar en el municipio, así como amenazas y pujas de poder al interior de la intendencia.
En segundo lugar, por supuestas violaciones del aislamiento obligatorio de sus hijos en la madrugada del 14 de marzo y que terminaría con balazos en la casa del intendente (25). El tema ha sido abordado con detenimiento por Laura Urbano y Elena Corvalán para el diario Salta/12.
Más allá de todas estas dificultades, se observan cambios positivos en el abordaje comunicacional gubernamental sobre los pueblos originarios. Recientemente, el Ministro de Educación pidió disculpas a la comunidad mapuche por la difusión de un material didáctico de nivel elemental de ciencias sociales que precisaba una foto de un Ruka mapuche donde se describe:
“cómo vivían los mapuches” (26)
Otro caso resulta ser la presentación de un informe de gestión del INAI (27) a tres meses de la asunción de la nueva gestión. Además, casi un mes después del aislamiento obligatorio, la Presidenta de dicha institución compartió cortos de 1’ con recomendaciones sobre la prevención del COVID-19 en las lenguas originarias más habladas de la Argentina (28). Lamentablemente, al menos en Twitter, las publicaciones tienen escasas 100 reproducciones promedio hasta el día de la fecha. Cabe destacar que el día 13 de abril el INAI informó sobre reuniones mantenidas con diferentes sectores sanitarios a los efectos de elaborar un protocolo de salud especial para pueblos originarios. A la fecha de cierre de este informe, no se ha difundido ninguna noticia más sobre el tema. (29)
A su vez, distintas organizaciones estatales y no gubernamentales han participado en la elaboración de informes de situación y/o relevamientos sobre distintas temáticas vinculadas a los pueblos originarios en relación al ASPO. Entre ellos se destaca un relevamiento de los desmontes de la ONG ambientalista Greenpeace que resalta principalmente las acciones en las Provincias de Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta. En él se afirma:
“Durante la cuarentena ya se desmontó el equivalente a media ciudad de Buenos Aires” (30)
El informe fue realizado por distintos institutos de investigación y facultades sobre “Los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia” (31) en Argentina; el “Primer informe sobre el impacto del aislamiento en las comunidades mapuche-tehuelche” del grupo de estudios GEMAS (32); y el primer informe regional de la FILAC con apoyo de la Fundación Ford sobre “Los pueblos indígenas ante la pandemia” (33).
En medio de tantas palabras e interpretaciones inmediatas sobre los efectos de la pandemia en los pueblos originarios identificamos expresiones mediáticas destacables y que se atienen adecuadamente a las recomendaciones elaboradas por la Defensoría del Público de la Nación. Hemos observado que en determinados medios de comunicación o periodistas abundan las buenas prácticas periodísticas para el abordaje mediático responsable sobre asuntos relacionados con los PPOO. Tal es el caso de la Agencia de noticias en red (ANRED) que en la publicación
“La patria desmontada, esclavizada y ocultada” (34)
con fecha del 19 de Abril acerca a los lectores un análisis en perspectiva sobre la actividad foresto-industrial en la región del Chaco. Basándose en el informe de especialistas como Rodolfo Acosta (35), podemos ver cómo las políticas públicas no sólo favorecieron la depredación de los bosques nativos, sino también alentaron la violación sistemática de la normativa forestal, a través de la manifiesta complicidad estatal. Dicho informe tiene la finalidad de dar a conocer la superficie deforestada en la región del Chaco según la gestión de los distintos gobiernos en dicha provincia y aquellos hitos que favorecieron la voracidad desmontadora: “Más de 30 millones de hectáreas de bosque a lo largo y ancho del cono sur, fueron arrasadas de manera impiadosa”. En este sentido, y para dar a conocer la experiencia territorial en primera persona, recuperan la voz de Micaela Camino, doctora en Ciencias Biológicas, que desde hace tiempo viene trabajando en el Impenetrable chaqueño. Según Camino:
“Para que pueda llevarse adelante el desmonte, deben existir ilegalidades, ya que no se cumple la ley de bosques, y la ley general de ambiente. La gente que vive en el monte, y que por ley le corresponden ingresos, no tiene acceso a los mismos, no les entregan los títulos de tierra, los estafan, les cambian sus tierras por bolsas de mercaderías o camionetas, que luego les quitan”.
La paradoja en este nuevo escenario, en donde el ASPO obligó a la población a “preservarse” en sus casas y se detuvieron las actividades comerciales e industriales, es que “fue Chaco primero, y el presidente de la Nación después, quienes decidieron que la extracción de maderas, la deforestación, sea considerada una actividad imprescindible en la cuarentena. Esto es un absurdo, ya que son estas actividades las que nos empujaron a esto. Sin embargo, en nuestro país, habilitan a profundizarlas y por ende, colaboran de sobremanera a la pérdida de hábitat y a la fragmentación. No solo eso, la vulnerabilidad a la que están expuestas comunidades indígenas y campesinas, es mayúscula, ya que acá lo sanitario sufre un vacío deshumanizante”.
Darío Aranda en la publicación “La dimensión ecológica de las pandemias” (Página/12) sigue la misma línea de pensamiento en su diálogo con distintos investigadores internacionales que vinculan directamente los diversos virus que causan estragos entre los seres humanos y “la mano del hombre que arrasa territorios, cría animales de forma industrial e inhumana, y la crisis climática global”. Ambas publicaciones respaldan su posicionamiento frente a quiénes son los responsables de las nuevas pandemias a través de voces legítimas de científicos que conocen el territorio, las comunidades que trabajan en el monte, los procesos históricos que han decantado en lo que hoy conocemos como el avance de la frontera del agronegocio.
Las complicidades entre el estado y las grandes empresas no sorprende a quiénes han sido afectados por varias razones en el período de aislamiento social y obligatorio, entre ellos las comunidades de pueblos originarios, a muchos de los cuáles se les restringe el acceso básico a la salud, al agua potable, a una dieta saludable, al saneamiento, y al territorio.
Notas:
1) La provincia del Chubut atraviesa una crisis económica desde hace años, que se ha manifestado, entre otras cosas, en el no pago de los salarios a los trabajadores estatales, a quienes se adeuda dos meses de sueldos que se les abonan parcialmente de manera escalonada desde el año pasado. A ello se sumó, en las primeras semanas del ASPO, una agresiva política de seguridad que, bajo el argumento del respeto por la cuarentena, llevó al arresto y detención de miles de personas. Para fines de Abril 2020, Chubut contabilizaba el 10% del total de los detenidos por violación del aislamiento a nivel nacional, cuando la provincia apenas agrupa al 1,5% de la población del país. Además, los casos de Jones Huala (2016), Santiago Maldonado (2017) y la represión sufrida por distintas comunidades mapuche en el período 2015-2019 marcaban ya el sendero por el que corría el tratamiento de la protesta social por parte del Estado.
2) Fuente: Greenpeace (8 de abril de 2020), “A pesar de la cuarentena, los desmontes no se detienen” (https://www.greenpeace.org/argentina/issues/bosques/4348/greenpeace-a-pesar-de-la-cuarentena-los-desmontes-no-se-detienen/).
3) Fuente: Página/12 (30 de abril de 2020), “Brutal agresión a una comunidad mapuche en Bariloche” (https://www.pagina12.com.ar/263048-brutal-agresion-a-una-comunidad-mapuche-en-bariloche).
4) Fuente: Consejo Asesor Indígena (20 de mayo de 2020), “El despojo del territorio es política de Estado” (https://www.anred.org/comunicado/el-despojo-del-territorio-es-politica-de-estado/).
5) 20 de abril de 2020. “Cómo extinguir a una comunidad en tiempos de pandemia”. Juan Alaimes. Canal Abierto. Recuperado en: https://canalabierto.com.ar/2020/04/20/como-extinguir-a-una-comunidad-indigena-en-tiempos-de-pandemia/
6) 27 de abril de 20202. “Denuncian que la policía boliviana pasó a territorio argentino”. Elena Corvalan. Página12. Recuperado en: https://www.pagina12.com.ar/262346-denuncian-que-la-policia-boliviana-paso-a-territorio-argenti
8) ¿Qué es noticia para los noticieros de la televisión abierta”. Informe 5 años de monitoreo. Defensoría del Público de la Nación. Recuperado en: https://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2018/09/Defe-MONITOREOS-2013-2017-final.pdf
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29) 13 de abril de 2020. COVID-19: PROTOCOLO DE SALUD PARA PUEBLOS ORIGINARIOS | Argentina.gob.ar
30) 6 de mayo de 2020. “Durante la cuarentena ya se desmontó el equivalente a media ciudad de Buenos
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31) Tamagno et al. 2020. “Los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del
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32) 30 de mayo de 2020. “Primer informe sobre el impacto del aislamiento en las comunidades mapuche-tehuelche”. El Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) es una red de investigadores (docentes y alumnos) pertenecientes a distintos centros universitarios del país. Recuperado en: https://gemasmemoria.com/2020/05/30/relevamiento-del-impacto-social-de-las-medidas-de-aislamiento-informe-centrado-en-las-comunidades-mapuche-y-mapuche-tehuelche/
33) Kain y Martinez. 2020. “LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19. PRIMER
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34) 19 de abril de 2020. “La patria desmontada, esclavizada y ocultada”. Aleandro Maidana. Conclusión. Recuperado en: https://www.conclusion.com.ar/info-general/la-patria-desmontada-esclavizada-y-ocultada/04/2020/
35) Ingeniero Agrónomo, integrante de Somos Monte Chaco.