La demanda por el acceso a la salud se agudizó tras muerte de una niña wichi de 13 años y de su bebé recién nacido.
Por Elena Corvalán. Fotos: Mariana Ortega.
SALTA, Argentina. La atención médica es una de las grandes demandas de la comunidad wichi que desde hace años padece, entre otros servicios, el abandono del sistema de salud. En medio de la pandemia hubo varias denuncias de falta de atención y el año pasado se hizo pública el caso de una niña de 13 años que llegó embarazada al hospital, perdió a su hijo y luego murió.
La niña madre era oriunda de Pacará, comunidad del Pueblo Wichí, que se extiende en una zona de montes a unos 50 kilómetros de Tartagal. Allí se accede por caminos de tierra que en la época estival la lluvia vuelve intransitables. Ella falleció el 17 de agosto en el hospital público y su muerte fue el corolario de un proceso en el que primero, por la lejanía y otras condiciones de la vida de los pueblos indígenas en la provincia, no tuvo acceso a los controles sanitarios prenatales.
Durante el trabajo de parto en la guardia del hospital Juan Domingo Perón sufrió un golpe al caerse de la camilla cuando la transportaban.
En su momento, la novedad alcanzó rápida difusión en los medios de comunicación del mundo no indígena. La atención se centró en la edad de la pequeña madre.
Por su parte, la comunidad, que también reparó en la corta edad de la madre, y del padre de 16 años, puso el acento en otro aspecto: las dificultades para acceder al servicio de salud.
Ni hospitales ni servicios
Los habitantes de Pacará no cuentan con insumos ni presencia médica permanente. Cuando logran llegar a la ciudad deben sortear las miradas racistas que no ofrecen la mejor disposición para atenderles.
Para la comunidad, hubo algo de eso en el hecho de que, cuando por fin la niña pudo llegar al hospital de Tartagal, en el momento del traslado se cayó de la camilla.
“Ha caído boca abajo, sobre la panza”, contó Enrique Basualdo, presidente de la comunidad. Para él, eso explica todos los inconvenientes que afrontó luego la niña madre.
El 6 de agosto su hijo nació muerto. Ella quedó en estado crítico y estuvo internada durante once días al cabo de los cuales falleció.
“Ha sido muy buena persona, y siempre la veía así, contenta, nunca la veía triste. Siempre risueña”, la describe Basualdo. La niña cursaba el primer año en el anexo en Pacará del Colegio Secundario Rural Tonono, y desde hacía más de un año estaba en pareja con un adolescente de 16 años de la misma comunidad.
“Pareciera que el parto ha sido una desgracia. Un descuido de los enfermeros nomás, que se les escapó de mano en la guardia y que se ha caído de la camilla. En el momento le han hecho la cesárea”, y luego quedó muy dolorida. “Será descuido o un poco de discriminación, no sé, pero el hecho es que la chica llegó a esta desgracia”, insistió Basualdo.
Pacará, un pueblo bajo el olvido
Partiendo de Tartagal hay que hacer un largo recorrido para llegar a Pacará. Primero por la ruta nacional 86, que no está pavimentada, luego por un camino vecinal hasta llegar por fin al desteñido cartel que señala la entrada al caserío, varios kilómetros adentro.
Siete grandes mistoles enmarcan el acceso al grupo central de viviendas de las 70 familias que integran Pacará. La sombra fresca de los árboles ofrece un descanso. “Esta es la segunda Pacará. Primero estaba en la costa del río Itiyuro y se corrió por las crecidas”, explicó Cresencio Miranda, uno de los pocos habitantes que accedió a hablar.
También dirá, cuando avance la conversación, que ahí no hay nada que pueda generar unos pesos. Salvo cortar árboles y vender su madera.
En una primera mirada, Pacará no se diferencia de otras poblaciones de esta zona. Ubicadas de uno y otro lado de la columna que dibuja la ruta nacional 86, cuya línea llega hasta la provincia de Formosa. Para este caso, solo la diferencia la niña madre fallecida.
Su familia tampoco quiso hablar con las periodistas. Está todavía golpeada por algunas publicaciones. Por otra parte, “el padre y toda la familia dicen que ya no pueden hacer nada porque ya no la tienen”, indicó Basualdo. Es una familia religiosa y “ahora buscan (consuelo en) oraciones”.
Un hospital propio
Basualdo dijo que en Pacará (o El Pacará, como era el nombre original) hay un hospital, que solo abre cuando viene el enfermero a cargo, residente en Tartagal. La “salita”, como la nombra, no cuenta con ambulancia y el enfermero “a veces tampoco está. Va cuando quiere de lunes a viernes”.
En la sala hay también una radio VHF pero si no está el enfermero queda inhabilitada porque sólo él tiene la llave. “Según dicen, que había ambulancias para este centro de salud, pero tampoco llegan”, relata.
La sala está comprendida en el área operativa sanitaria del Hospital Juan Domingo Perón, ubicado en Tartagal. Como no tiene movilidad propia, el enfermero depende del móvil que le proporcionan en ese hospital para llegar. También está limitado por las condiciones del camino.
La falta de personal
La comunidad viene insistiendo para que el Ministerio de Salud Pública de Salta designe a otre enfermere. El cargo ya tiene nombre y apellido: Rosalía Galarza, de 25 años.
Es la única integrante de la comunidad que obtuvo un título en la enseñanza superior. Su casa está justo enfrente de la sala sanitaria.
Con su hijita abrazada a sus piernas, bajo la sombra fresca de los mistoles, Rosalía refuerza la necesidad de contar con un agente de salud en el lugar. “Hoy mismo hay un bebé de un año con vómito”, contó. Como no estaba el enfermero, ella lo atendió.
Cuando se entera del motivo de la visita, Galarza detalla que ahora mismo hay una nena de 14 años embarazada, que decidió continuar la gestación. Aclaró que es muy difícil que acceda a controles prenatales tal como pasó con la nena de 13.
Hasta no hace mucho, la médica Miranda Ruiz solía llegar al lugar para hacer los controles. Pero dejó de hacerlo tras la campaña que sectores antiderechos iniciaron contra ella por ser la única que en esta amplia zona del norte salteño garantiza el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Por otro lado, el hospital de Pacará es el centro de atención para les habitantes de las comunidades indígenas Tonono, Monteveo y Arenal, y de la población criolla del paraje El Sauzal.
Galarza presentó en agosto último toda la documentación para ser designada en el puesto, y el ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, les prometió que la nombraría. Todavía siguen esperando.
Como representante comunitario, Basualdo contó que piensa hablar con otres referentes de la ruta 86 para impulsar que se instale ahí un “hospital grande” en el que se puedan atender les habitantes de esa zona.
Cultura ancestral e intermediaciones
“Según dicen, que es cultura (ancestral del pueblo wichí que las niñas inicien su vida sexual tras la primera menstruación). Lo que yo sé es que no es cultura nuestra”, aseguró Basualdo.
Recordó que la costumbre de sus abuelos era que tanto el hombre como la mujer no se casaran antes de determinada edad. Y que debían demostrar capacidad para autosustentarse, saber colectar frutos y cazar, para poder iniciar una vida en pareja y tener descendencia.
“Ancestralmente o por cultura, era así. Una vez que tenés la menstruación es el inicio a la actividad sexual. Lo que pasa es que después, por toda una cuestión de los cambios, hay muchos padres, matrimonios, que prefieren que sus hijas no se embaracen tan temprano o no se junten tan temprano, por muchas cuestiones. Pero esto como práctica ancestral era así. Como un rito de pasaje a otra etapa de la vida, a la posibilidad de participar de fiestas y rituales”, explicó a Presentes la antropóloga Leda Kantor, que reside en Tartagal y desde hace años trabaja con comunidades de pueblos originarios.
Kantor coincidió con Basualdo en que una cosa era iniciarse en la vida sexual y otra era maternar, que generalmente comenzaba a una edad más avanzada. “En general las mujeres, los hombres, se juntaban después, mucho después, o sea, a los 19 y recién entonces tenían hijes”.
A contrapelo de lo que sostienen algunos manuales escolares, los pueblos indígenas están vivos e inevitablemente su cultura ancestral se ve intermediada por el mundo “blanco”, que todo lo abarca.
Señala también que con todos los cambios hay padre que prefieren que se espere un poco para iniciar la vida sexual. “Ya no están claros los parámetros de antes. Muchas veces los chicos se quieren juntar a esa edad y creo que consideran que no están maduros para hacerlo. Todo se desenvuelve entonces en un contexto de una tensión grandísima entre lo que realmente ocurría y las transformaciones culturales que han sufrido”.
Esa mixtura entre costumbres propias y costumbres “blancas” genera confusiones. “La gente también trata de impedir (las relaciones sexuales y los embarazos a temprana edad) porque saben que se puede denunciar. Cualquiera, una maestra, denuncia y la denuncia es por abuso. Hay un montón de elementos que vienen a poner en crisis también lo poco que queda del sistema propio, de la cultura propia”.
De hecho, en este caso la Justicia de Salta tomó intervención, no para investigar la caída de la camilla y si esto fue la causa del desenlace fatal, como dicen sus allegades, sino por el presunto abuso sexual, con el fin de determinar si corresponde imputar penalmente a su pareja, también menor de edad.
La jueza Sandra Sánchez dispuso que se haga un peritaje antropológico, a cargo de un perito de la Corte de Justicia de Salta.
El acceso a la salud, otra vez
Esa muerte, dijo Leda Kantor, “tiene que ver con esas condiciones de que se les ha quebrado también todo el sistema propio. Porque los wichí, como todos los pueblos, siempre tuvieron excelentes parteras, y han resuelto los partos. Y en este caso la chiquita sufre toda una serie de accidentes con el traslado”.
Es que es difícil que los partos sean atendidos por sus propias sabias, porque si el niño o niña nace en la casa, ya no tiene el certificado de nacido vivo y como consecuencia su familia tampoco podrá solicitar la partida de nacimiento.
Luego no podrá acceder al documento nacional de identidad, lo que a futuro le impedirá acceder a cualquier otro servicio del Estado.
Visto desde la ciudad y hablando el idioma dominante, quizá no se vea tan complicado. La percepción cambia si se mira desde las comunidades: por caminos de tierra y sin medio de movilidad más que los propios pies o una bicicleta, es difícil llegar a las urbanas oficinas del Registro Civil y es difícil tramitar documentación en un idioma y un sistema que no se comprenden, o se comprenden a medias.
“Está todo el camino a la hospitalización”, afirmó la antropóloga. Pero no es cualquier hospitalización, aclara. “Es un sistema de salud absolutamente lejano, no solo por la distancia, sino por todo. Es distante, es inaccesible y hasta que llegan a Pacará es lejísimos”.
“Entonces, primero les quitás el propio sistema, rompés el propio sistema, pero qué es lo que les dejás, qué es lo que les queda, qué es lo que ellos tienen a cuenta de lo propio. Y es esto. Es terrible que haya la muerte de otra niña así”, se lamentó Kantor.
La tierra y otras urgencias
Pacará es una comunidad atravesada por la religión, anglicana en este caso. Su presidente Basualdo pone énfasis en aclarar que sí quieren que se dicte educación sexual integral en la Escuela 4276 “Escribano Héctor Juan Saa”, que funciona ahí mismo, a la vuelta del hospital.
Les cuatro maestres son “blancos”, dos varones y dos mujeres. Pero hay también tres docentes bilingües de la misma Comunidad, informó a Presentes el director, Francisco Vaca. Les docentes “blancos” residen en Tartagal y vienen todos los días, siempre que no llueva.
Enrique Basualdo, José Galarza, maestro bilingüe y referente comunitario, y Eleuterio Basualdo, ex cacique, ahora presidente de la Organización Pueblo Wichí Territorial Argentina Unidos Ruta 86 Río Itiyuro, se muestran más preocupados por la falta de trabajo y la indefinición sobre la propiedad del territorio que ocupan, que ven constreñirse al ritmo del avance de la actividad agroganadera.
Ya sobre el final de la charla Enrique retomó el planteo del joven Cresencio Miranda. Sobran las estrecheces en la Comunidad: no tienen energía eléctrica y el agua es escasa, proviene de un pozo con una bomba cuyo combustible abona, a modo de contribución, la empresa agroindustrial Desdelsur SA, cuyos alambrados son vecinos al territorio indígena.
“Estamos como discriminados que somos”, concluyó.
