Por la construcción de la Terminal de Ómnibus en Iruya, la Comunidad indígena del pueblo kolla Finca El Potrero denunció que el municipio y la provincia de Salta hicieron la obra dentro de su territorio comunitario sin realizar la consulta libre, previa e informada, ni pedir el consentimiento, tal como lo prevén la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La terminal fue inaugurada el pasado viernes en un acto del que participaron funcionarios del Gobierno provincial y el intendente Alfredo Soto. La Comunidad no pudo participar de este acto, por decisión de Soto, contó a Nuevo Diario el presidente comunitario, Aldo Montellanos.
La Comunidad Finca El Potrero es propietaria de 20.229 hectáreas de territorio, a excepción del ejido urbano de Iruya y el colegio. Montellanos contó que la Comunidad decidió, en 2013, en asamblea destinar el predio para la construcción de una terminal, y que se firmó un acuerdo con el anterior intendente para que “todo se haga en el marco del respeto mutuo”.
Ya con el actual intendente, cuando supieron que estaban los fondos para la construcción de la terminal, empezaron a mandarle notas “para articular” pero “él no quiso saber nada, no quiso entender”,precisó Montellanos.
“En febrero de 2017 la Comunidad envió notas a la gobernación y a los Ministerios. En octubre de ese año, cuando trascendió que la obra se iba a inaugurar pero estaba todavía inconclusa, entonces decidimos tomar medidas, pusimos candado”, dijo.
Montellanos fue a ver al obispo Pedro Olmedo, quien habló con el gobernador Juan Manuel Urtubey y se logró una tregua. Pero, sostuvo Montellanos, luego el intendente “avasalló, rompió todo”.
Como respuesta, las autoridades comunitarias denunciaron civilmente a Soto, por usurpación de propiedad, pero “no avanzó ese proceso”.
Montellanos aseguró que en ese marco, “para no entorpecer”, no presentaron un recurso de amparo, porque no querían que se paralizace la obra y “que nos genere maltendendidos, que nosotros actuamos por maldad”.
La semana pasada, en vísperas de la inauguración de la obra, algunas autoridades visitaron Salta Capital, donde presentaron notas en los Ministerios de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, y se reunieron con el ministro Marcelo López Arias y la ministra Edith Cruz.
“Me garantizaron que vamos a tener diálogo, que vamos a llegar a un arreglo antes de la inauguración de la terminal”, pero “nada de eso pasó el día de la inauguración”, lamentó Montellanos, quien relató que, ante la ausencia del gobernador, con quien esperaban poder hablar, le pidieron al locutor del acto que les permitiera ser parte, pero éste lo negó, aduciendo que el intendente no quería.
La Comunidad se reunió en asamblea de inmediato y labró un acta en la que hicieron constar que sus derechos “están siendo avasallados” y destacaron que no están en desacuerdo con la construcción de una terminal en su territorio, pero, al hacerse de manera unilateral, sin consulta ni consentimiento, “se violó el convenio marco de colaboración y respeto mutuo” firmado el 29 de agosto de 2014.