La ANMAT autorizó la elaboración del medicamento que produce la interrupción del embarazo. La disposición es una victoria del movimiento feminista que venía en esta lucha y confirma cada día que el rechazo en el Senado estuvo lejos de ser una derrota. Por ahora será sólo para uso hospitalario.
Por Inés Hayes | A una semana de que en la Cámara de Senadores se votara en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la Autoridad Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), un organismo que depende del Estado, autorizó a un laboratorio nacional a producir misoprostol, la droga que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para abortar de manera segura.
Si bien la medida es del 2 de julio, tomó estado público luego de que el Senado rechazara la legalización del aborto y promoviera así los abortos clandestinos. A partir de esta resolución, la producción del misoprostol se llevará adelante en el laboratorio Domínguez que nació hace más de 100 años en nuestro país. “Autorízase a la firma Laboratorio Dominguez S.A. para la especialidad medicinal que se denominará MISOP 200, la nueva concentración de Misoprostol 200 mg, forma farmacéutica comprimidos vaginales”, se lee en la disposición 6726/2018 del 2 de julio de la ANMAT. Mientras que en el anexo de la autorización, la agencia permitió la comercialización de envases con 4, 8, 20, 48 y 100 comprimidos, con la condición de venta exclusiva con receta y para uso hospitalario.
Detrás de esta declaración formal está la posibilidad de salvar miles de vidas y no es otra cosa que un paso hacia la legalización del aborto, exigencia que viene llevando adelante el movimiento de mujeres y buena parte de la sociedad desde hace más de 20 años. Hasta ahora, lo único que podía conseguirse en las farmacias era el medicamento llamado Oxaprost, una combinación entre el misoprostol y el diclofenac, que sólo estaba permitido para uso gástrico, no para fines ginecológicos, y que tiene un valor en el mercado de entre 3700 y 4000 pesos. Con la resolución del ANMAT no sólo se autoriza la producción del misoprostol de 200 microgramos –la dosis necesaria para la interrupción del embarazo- sino que se deja por escrito que es para uso ginecológico.
Lo que no se consiguió en la Cámara de Representantes por presiones, fundamentalmente de la Iglesia católica, se logró a través de un organismo del Estado. “La separación del misoprostol del diclofenac es un pasito hacia la separación de la Iglesia del Estado”, trazó el paralelo Jorge Yabkowski, presidente de la Fesprosa, federación que nuclea a profesionales de la salud de todo el país, y secretario laboral de la CTA Autónoma.
Para la aprobación del producto, la ANMAT le pidió al laboratorio la presentación de un Programa de Gestión de Riesgo basado en tres ejes: “1) La venta se realiza exclusivamente a instituciones hospitalarias que cuentan con servicio de obstetricia. 2) Los hospitales completan formularios especiales para la compra del medicamento, informando sobre el uso del producto medicinal y el número promedio de partos en la institución. 3) El laboratorio titular informa a ANMAT los movimientos del producto y los datos recopilados en los formularios de compra del medicamento”.
Tras comprometerse a cumplir con esas normas, el laboratorio pidió a la ANMAT que evalúe la posibilidad de que el medicamento pudiera comenzar a venderse en las farmacias con recetas archivadas. Según contó Sandra Rismondo, la farmacéutica que dirige la parte técnica del laboratorio, el organismo estatal está estudiando este pedido.
Aborto legal en el hospital
“La resolución del ANMAT es muy importante porque hasta ahora lo que hacíamos era que a la pastilla Oxaprost le sacábamos el núcleo del diclofenac, lo que lleva a una manipulación que hace perder las condiciones de higiene y además, utilizar un medicamento y manipularlo suma a la clandestinidad del proceso, aun cuando lo estemos haciendo desde instituciones de la salud pública o privada”, explicó Patricia Rosemberg, médica generalista, ex directora de la Maternidad Estela de Carlotto e integrante de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La otra parte fundamental de esta medida, destacó la médica, es que en nuestro país el misoprostol no era para uso ginecológico sino que se usaba, junto con el diclofenac en el Oxaprost, como antiácido, “entonces existía una controversia y para algunos médicos había como una barrera legal para el uso ginecológico; este paso es súper importante porque nos va a permitir hacer capacitaciones con el uso del misoprostol para la interrupción de los embarazos”, destacó Rosemberg.
El pedido del laboratorio Domínguez a la ANMAT tiene su antecedente en el requerimiento que Neuquén, Río Negro y Santa Fe -las provincias que cuentan con los programas de salud sexual y reproductiva más adelantados- le hicieron a la empresa farmacéutica que producía la dosis de 25 microgramos, insuficiente para la realización de los abortos.
“A pesar de que la droga estaba en el protocolo del Ministerio y está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, el ANMAT no autorizó a Domínguez, que hizo este pedido hace más de cinco años, a producir misoprostol de 200 microgramos. En el interín provincias como Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro o Neuquén, para proveerse del misoprostol compraban el del laboratorio Vita y lo fraccionaban para hacer comprimidos de 200 microgramos, lo cual era un incordio, muy costoso y tenía su complejidad técnica”, explicó Yabkowski.
El Comité de Bioética de la Fesprosa fue otro de los comprometidos con este pedido cuando hace más de un año y medio le planteó a la Agencia Nacional de Producción de Medicamentos la necesidad de avanzar en la producción pública de misoprostol de 200 microgramos. “Todos los funcionarios del Ministerio de Salud decían: ‘no lo hacemos por presión de la Iglesia”, aseguró Yabkowski. Y es que la Iglesia argumenta que legalizar el misoprostol 200 es como legalizar el aborto.
En la interpretación amplia del protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) que tienen Río Negro, Santa Fe y Neuquén, la disponibilidad de esta droga permite realizar el 90% de las interrupciones sin necesidad de cirugías ni de otro tipo de procedimientos, explicó el médico. Así lo entendió Santa Fe que comenzó con la producción pública de misoprostol y ya tiene 100 mil comprimidos de 200 microgramos para proveer a los hospitales públicos. “No es casualidad que una semana después de la derrota en el Senado, el ANMAT haya tomado esta resolución que venía demorada por tantos años. Interpretamos que es un triunfo de aquellos y aquellas que apoyamos la media sanción en Diputados y que pedimos que se cumplan las recomendaciones de la OMS, las del protocolo ILE, del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, así como del Fallo FAL de la Corte Suprema”, destacó Yabkowski.
Foto: Luciano Dico