Tres mujeres Mapuche fueron citadas esta semana a indagatoria por el juez Federal Leónidas Moldes, procesadas por los disturbios en la sede de Parques Nacionales que sucedieron como consecuencia del asesinato de Rafael Nahuel en noviembre del año pasado. En conferencia de Prensa, sus abogados denunciaron una “actitud persecutoria de la justicia”.
Laura Tafetani y Eduardo Soares de la Gremial de Abogados, junto a Isabel Huala (Fotografía: José Luis Zamora)
28/12/2018
Entre las tres mujeres citadas a indagatoria por el juez Moldes, jueves y viernes de esta semana, están Betiana, la joven Machi de 17 años de la comunidad Lafken Wuinkul Mapu, e Isabel Huala, madre del Lonko Facundo, preso en Chile.
Ambas fueron denunciadas -junto a una tercera mujer- por haber realizado una protesta en el edificio de la intendencia de Parques Nacionales horas después del brutal allanamiento de las fuerzas federales que culminó con el asesinato de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017.
Dos de ellas son, además, madres de bebés de 1 y 3 meses de edad, que acatando la orden del juez, se presentaron el jueves en el juzgado con sus hijos en brazos.
(Fotografía Multisectorial contra la Represión Bariloche)
La cuestión de los niños de la comunidad, cuyas vidas corrieron peligro durante la incursión de Prefectura, y que luego resultaron detenidos, “fue lo que dio origen a nuestra intervención”, explicó el referente de la Gremial de Abogados de Argentina, Eduardo Soares; “esos niños fueron gaseados, detenidos, precintados, y es hoy lo que nos agravia sobremanera, porque a partir de ahí ha habido una insistencia constante sobre los menores”.
Desde la organización señalaron que “el secretario del juzgado, Alejandro Iwanow, se opuso a que las madres estén con sus hijos durante la indagatoria, en otra clara muestra de hostilidad y desconocimiento de la cultura mapuche, debiendo ellas aceptar esta exigencia para no arriesgarse a ser declaradas en rebeldía”.
Existe una restricción respecto de la presencia de menores durante las audiencias judiciales, “es cierto”, reconoció Soares, “se trata de evitar que los niños escuchen las cuestiones que allí se hablan; pero en este caso es absurdo, son bebés en su etapa de lactancia; niños que ahora de pronto les preocupan cuando en Mascardi los gasearon y separaron de sus madres durante un allanamiento, disparando armas de fuego”.
Y agregó: “Es una hipocresía intolerable; hemos visto a la diputada Victoria Donda amamantando a su hijo en plena sesión, algo que nos parece maravilloso. Ahora, resulta que allá sí se puede y acá no; que lo que es válido en Buenos Aires no es válido en Bariloche para las mujeres Mapuche”.
(Fotografía José Luis Zamora)
Soares relató que este jueves al ingresar al tribunal, en el vestíbulo, “el Juez Federal (Moldes) fue rodeado y duramente increpado por las mujeres mapuche. Pero los responsables directos que emiten éstas órdenes y dirigen las fuerzas de Seguridad son la Fiscal Federal Silvia Little y el secretario Iwanow”.
Luego recordó que la Gremial de Abogados ya realizó una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño con sede en Ginebra, Suiza, la cual desencadenó un llamado de atención de Naciones Unidas al Estado argentino por la situación de los niños en la comunidad de Mascardi.
“La fiscal Silvia Little no ha descansado un minuto durante el último año en su persecución al pueblo Mapuche”, señaló el abogado, “pero nos agravia, además del manejo judicial que están haciendo, el armado de causas; es decir, que como no ha habido hechos, los han armado ellos (la justicia Federal). O han involucrado a integrantes de la comunidad mapuche que nada han tenido que ver ni han estado. Del mismo modo han presentado testigos truchos”.
No es la primera vez que la Gremial de Abogados de Argentina denuncia persecución por parte de la justicia a los integrantes de las comunidades originarias. Hace poco más de un mes el referente de la organización también había expuesto el acoso incesante hacia sus defendidos solo por el hecho de ser mapuches, y particularmente sobre los niños.
En aquella ocasión, Soares, acusó además la existencia de testigos truchos que la justicia Federal habría introducido en el proceso contra miembros de la comunidad por la ocupación en Villa Mascardi.
Para Soares, inicialmente, “lo que hubiera correspondido es que Parques Nacionales vaya ante la justicia Civil y demuestre que tienen más derechos sobre las tierras que los que tiene una comunidad ancestral. No lo hicieron, y a consecuencia de eso, tenemos un muerto y niños que fueron detenidos, trasladados a una dependencia judicial, y que fueron gaseados junto a las familias cuando ocurrió la represión. Y ahora lo que están haciendo es elevar el nivel de conflictividad”.
“Lo que hemos venido a denunciar concretamente es la permanente persecución del juzgado federal de Bariloche hacia los integrantes de diferentes comunidades del pueblo mapuche que han decidido recuperar su territorio ancestral”, señaló.
Isabel Huala (Fotografía José Luis Zamora)
También este viernes, una nueva discusión se generó cuando Isabel Huala -quien al igual que las otras dos mujeres se abstuvo de declarar-, durante su presentación en la audiencia se expresó en mapudungún, cuestión que intentaron impedir el propio juez Moldes y el secretario del juzgado: “Esta es mi lengua originaria”, respondió la mujer, “me voy a presentar así, y cuando termine lo voy a traducir”.
“No entienden los distintos Gobiernos y menos la Justicia Federal que los conflictos territoriales deben resolverse en mesas de negociaciones”, sostuvo Eduardo Soares, “están decididos a resolver el conflicto mapuche a los tiros. Elevando el nivel de violencia. Estos conflictos territoriales se resuelven de dos formas, dialogando o a los tiros. Este Gobierno Nacional produjo ya dos muertos, decenas de detenidos y criminalizados y ataques indiscriminados y sorpresivos a las comunidades al mejor estilo de hace 150 años. Nos parece bastante claro cómo es que quieren resolver el conflicto”, concluyó.