Organizaciones populares y lxs trabajadorxs de la niñez y la juventud decimos NO a la baja de edad de punibilidad.

Somos organizaciones sociales y políticas que día a día trabajamos con amplios sectores sociales que se encuentran con sus derechos más básicos vulnerados y que se hunden cada día más en la miseria, conforme se profundizan las políticas económicas para paliar la crisis capitalista y garantizar las ganancias de los más ricos.

Somos trabajadorxs a su vez, de los mismos programas que procuran atender desde la promoción y protección de derechos y el régimen de responsabilidad penal juvenil, la garantía de acceso a derechos de esta población, y somos lxs primerxs en denunciar día a día el desguace que vienen sufriendo estos programas, la falta total de recursos y la precarización laboral de sus operadorxs, además de la imposición de una polìtica criminalizadora y punitivista en cada medida de gobierno. Por ello nos preguntamos ¿a qué “régimen socioeducativo” se refiere la ministra Bullrrich si en todos los niveles estatales el gobierno al que pertenece ha desarticulado cuanto programa de inclusión socioeducativa existiera? Por otro lado, dicho régimen de inclusión socioeducativa debiera estar bajo las áreas específicas de promoción y protección de derechos y no dentro de lo penal.

En este marco, la niñez perteneciente a los sectores de las amplias mayorías populares trabajadoras se encuentra cada vez más en peligro: en Argentina el 48,2% de lxs niñxs es pobre y el 33,7% sólo accede a un plato de comida en los comedores populares o escolares. La deuda social con la niñez en nuestro país es enorme, y la responsabilidad política es del Estado, en tanto debe garantizar los derechos de la niñez y proveer los medios y recursos necesarios para una vida digna y de calidad.

Sin embargo, este Estado capitalista, gestionado por el macrismo y sus socios, condena a millones de niñxs y adolescentes a la más absoluta miseria. Así, la variable de ajuste de este sistema expoliador son las mayorías trabajadoras y muy particularmente las niñeces y juventudes pertenecientes a esos sectores.

En un contexto donde las principales políticas públicas vulneran el derecho al trabajo digno, a la educación, a la salud, a la vivienda y a la alimentación adecuada, recayendo especialmente sobre las condiciones de vida de niñxs y adolescentes, la promoción de medidas más punitivistas sobre la niñez no puede leerse sino como un acto de campaña que procura acercar al gobierno a los sectores más reaccionarios y a amplios sectores de la opinión pública que encuentran en el discurso de la mano dura soluciones simples al complejo problema de la crisis económica y social en curso.

¿Cómo se explica sino la decisión de bajar la edad de punibilidad cuando lxs adultxs son lxs que cometen el 96,5% de los delitos en nuestro país? ¿Sobre qué diagnóstico descansa dicho proyecto cuando sólo un 3% del total de investigaciones penales iniciadas en la provincia de Buenos Aires corresponden a delitos cometidos por menores de 18 años de edad? Según el proyecto impulsado por Bullrrich y Garavano, a los 15 años, lxs chicxs serían punibles sólo por delitos considerados graves. Ahora bien, ¿qué lo justifica cuando en verdad se viene registrando una sostenida baja desde 2013 a la fecha en los homicidios cometidos por jóvenes menores de 18 años de edad?

Nada. Nada lxs justifica. Tan sólo constatamos el inicio de una campaña electoral que, en línea de continuidad con la legalización de la “doctrina Chocobar” y su consecuente legitimación del gatillo fácil, la compra de pistolas “no letales” como las Taser para ser utilizadas en el transporte público en el que viajamos miles de trabajadorxs que, entre otras medidas de gobierno, apuntan a fortalecer la “bolsonarización” de la política y la avanzada sobre los derechos y garantías constitucionales más elementales .

Ello sin olvidar, claro, la creciente militarización que desde hace tantísimos años venimos sufriendo en las barriadas populares, así como la contemporánea avanzada sobre la población migrante que acompaña este impulso estigmatizador sobre los sectores populares.

Es por todo esto que gritamos NO A LA BAJA y exigimos:

– Que el Estado incremente el presupuesto DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ y la juventud, orientadas a los aspectos educativo, cultural, socioeconómico, de salud y de la seguridad social.

-ESTABILIDAD LABORAL Y MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES PARA LXS TRABAJADORXS DE NIÑEZ Y JUVENTUD para desarrollar las tareas acordes a las necesidades de niñas, niñxs y adolescentes de los sectores más vulnerados.

– QUE SE PONGA FIN A LAS POLÍTICAS DE AJUSTE QUE DEJAN SIN TRABAJO A LAS FAMILIAS de los sectores populares.

– QUE SE DESBARATEN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN A LAS REDES DELICTIVAS QUE SE VALEN DE NIÑXS PARA SUS FINES, PARTICULARMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE LES CABE A FUNCIONARIOS ESTATALES Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

-Que se graven las superganancias de los sectores más concentrados de la economía y que se destinen esos recursos a la implementación de programas destinados a sacar de la pobreza al casi 50% de chicxs de nuestro país, con políticas que garanticen el derecho a una vida digna y libre de toda violencia.

¡BASTA DE CRIMINALIZAR LA NIÑEZ Y JUVENTUD!

¡PARA TODXS LXS NIÑXS, TODOS LOS DERECHOS!

Enero de 2019

MARABUNTA – FOL – HLI