Los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea contra la autorización otorgada por el gobernador Morales a un emprendimiento minero de litio. “La empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”, denunciaron.
Mientras el gobernador Gerardo Morales continúa su pelea con Bolivia para cobrarle la atención de salud a los extranjeros, los pueblos indígenas de Jujuy resisten el avance de las grandes mineras sobre la provincia. A pesar de la dispersión en el territorio y la asimetría entre las comunidades originarias y el poder económico de estas empresas que cuentan con el aval del Estado, los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea en la que reafirmaron que están dispuestas a luchar por sus derechos. A más de 3700 metros de altura, en el Paraje Pozo Dulce, en medio de un paisaje desierto, integrantes y referentes de los distintos espacios bloquearon el ingreso a un emprendimiento minero que autorizó el gobierno provincial y enviaron una carta a los empresarios a través de la cual los intiman a abandonar el campamento. Además, reclamaron al gobierno provincial que anule el llamado a licitación para nuevos proyectos de explotación de litio. Exigen a Gerardo Morales que respete las leyes nacionales e internacionales vinculadas con la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y denuncian que la extracción del litio deja una zona llamada de “sacrificio ambiental” que elimina toda forma de vida en el lugar.
Verónica Chávez es de Santuario Tres Pozos, una pequeña localidad en el departamento de Cochinoca que se encuentra a 150 kilómetros de la capital jujeña. “Nosotros estamos aquí haciéndonos respetar. Somos los dueños de este territorio y aquí entraron las empresas sin nuestra consulta y no sé cómo los autorizó el gobierno”, dijo a Página/12 apenas concluyó la asamblea. Además, recalcó que la explotación del litio consume las reservas de agua dulce. “Nosotros vamos a resistir hasta que se desaloje la empresa que está aquí. Le pido al señor Gobernador que nos respete”.
De las tres comunidades que están en el área donde se encuentra el pedimento minero en el cual las empresas Luis Losi S.A., Ekeko S.A y A.I.S. Resources –contra las que se realizó la protesta el pasado martes—realizan las tareas de exploración, sólo una aceptó el acuerdo. “Les dan 1000 dólares mensuales para toda la comunidad –señaló Chalabe. La tonelada de litio hoy está en 14 mil dólares. Se aprovechan de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes y les dan migajas. Las empresas cuando terminan de explotar los recursos se van, pero en el camino destruyen por completo el medio de vida de las comunidades que viven ancestralmente en esos territorios. Pero además, la empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”.
Walter Alancay, de la comunidad Aborigen de Aguas Blancas explicó: “Hace poco empezaron a trabajar en nuestro territorio, en la laguna de Guayatayoc. Es una empresa de litio, propiedad de la empresa Losi y le da trabajo a otra empresa que se llama Ekeko. Están haciendo tareas de perforación para la explotación de litio, pero en ningún momento nosotros como Cuenca hemos tenido una consulta ni tampoco nos han informado. Nosotros tenemos un acuerdo que establece que todos los trabajos que se lleven a cabo en el territorio, específicamente en cuestión de litio, tiene que ser informado a las 33 comunidades de la cuenca y todas deben dar su consentimiento”.
El año pasado, durante una jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), la abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió: “Las empresas generan la información para los estudios de impacto ambiental, pero sólo en un área de influencia definida por su propio proyecto. No están obligadas a hacer los estudios que contemplen la cuenca hídrica en su totalidad, que es mucho más grande que el área específica asignada al proyecto”, advirtió. Eso es lo que reclaman las comunidades. Que cualquier exploración que se realice en un punto de la Cuenca, afecta a las demás y por eso exigen ser consultadas en su totalidad.
Los pueblos indígenas de la zona viven de la agricultura y la ganadería en medio de ecosistemas frágiles donde el agua es escasa. La producción de carbonato de litio amenaza con agotar las reservas acuíferas que hay en la zona. “Tenemos experiencia porque los hermanos del departamento de Susques están sufriendo lo mismo. Son daños y perjuicios que están dejando las empresas. Semejantes trabajos de exploración y trabajo de pileta que hacen para la evaporación del agua. La verdad que prácticamente desaparece la identidad, desaparece la cultura, desaparece la forma de organizarse como comunidad, desaparece la cosecha que se hace en el campo, el tema del ganado, el tema de la artesanía”, señaló Alancay.
Si bien el Congreso de la Nación aprobó en 1992 a través de la ley 24071 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas, la provincia de Jujuy no reglamentó, al día de hoy, dicho procedimiento. En el año 2016, Gerardo Morales se reunió junto a su gabinete de ministros con las comunidades originarias en la localidad de San Francisco de Alfarcito. Ahí se comprometió a aprobar por decreto el Kachi Yupi, también conocido como “Huellas de la Sal”. Se trata de un protocolo que elaboraron las propias comunidades, en un proceso participativo, que llevó dos años de debate y en el que se establece de qué manera se deben realizar las consultas para que se cumplan con los derechos de los distintos pueblos. A casi tres años de dicha promesa, al estilo Mauricio Macri, Morales continúa sin cumplirla.
A la hora de aprobar los proyectos mineros, actualmente en Jujuy sólo se aplica el decreto 5772, que dictó en 2010 Eduardo Fellner y que establece el procedimiento de protección ambiental para la actividad. Cada vez que se va a desarrollar un emprendimiento, explicó Chalabe, el juez de Minas envía un oficio a la Secretaría de Pueblos Originarios para que informe cuáles son las comunidades que existen en ese territorio. Las propias empresas son las encargadas de notificarlas del emprendimiento que van a realizar y deben entregarle el informe de impacto ambiental a los representantes de los pueblos afectados. “El Estado delega en las empresas el cumplimiento de un derecho que hoy tiene un vacío legal. Porque llevar el informe ambiental a un representante de una comunidad no cumple con los requisitos de una consulta previa, libre e informada. Incluso ha habido casos en los que las compañías entregaron a las comunidades los informes de impacto ambiental en inglés. Para que se cumpla el procedimiento que establece la OIT y que está incorporado a nuestro sistema normativo, se debe aprobar una ley en la provincia a través de la cual se garantice el debido proceso, se establezca qué organismo del Estado va a llevar adelante el proceso de consulta, que se defina la representatividad de las comunidades y que se establezcan mecanismos para que las comunidades puedan interpretar los proyectos y tomen conocimiento de cuál va a ser el impacto real que van a tener en sus comunidades los proyectos de explotación minera. Hoy nada de eso ocurre”, aseguró.
Hoy vence el plazo de 72 horas que las comunidades le dieron al Gobernador de Jujuy para que públicamente cumpla y responda al pedido efectuado en una carta que entregaron el martes en la Casa de Gobierno. “Advertimos explícitamente la amenaza, el perjuicio y el daño irreversible que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales y el buen vivir de las comunidades indígenas en el territorio. Solicitamos se dé cumplimiento a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y que frene y deje sin efecto los emprendimientos mineros en nuestro territorio y/o de caso contario cuenten con nuestra resistencia firme y determinada para defendernos”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/173523-litio-y-sacrificio-ambiental
Negocio para pocos, daño para muchos
Argentina, Bolivia y Chile conforman lo que se conoce como “el triángulo del litio” y concentran más del 85% de las reservas terrestres. Sin embargo, por la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones, el país que gobierna Mauricio Macri es el más tentador para que se instalen las empresas multinacionales. En el caso de Jujuy, si bien las empresas canadienses estimaban que las reservas permitirían obtener carbonato de litio durante 40 años, estudios realizados por especialistas en base a información elaborada por las propias multinacionales, los proyectos que están actualmente en funcionamiento en la cuenca de Olaroz Cauchari y las técnicas de explotación de las salmueras de litio por medio de la evaporación de agua aseguran que las posibilidades de producción del carbonato se agotarán en cinco años. Además de incumplir con los requerimientos de los estudios de impacto ambiental que obligan a presentar métodos de explotación alternativos, también se violan los requisitos de concesión que establece el Código de Aguas de la provincia de Jujuy.
A diferencia de Argentina, tanto Chile como Bolivia desarrollaron políticas nacionales específicas respecto al litio. Según publicó el coordinador del libro Geopolítica del litio, Bruno Fornillo, investigador de la UBA-CONICET en “Pulso Ambiental” –una revista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)–, “dos empresas explotan el salar de Atacama, SQM y Rockood, y no es sencillo realizar más concesiones porque el litio fue declarado recurso estratégico durante la dictadura de Pinochet, por su interés para la energía nuclear. Actualmente, la renegociación de los contratos con las firmas privadas supuso un aumento sustancial de las regalías que cobra el Estado trasandino, la provisión local del 25% del litio producido a precios preferenciales para generar materiales activos -química compleja- para las baterías, cerca de 20 millones de dólares anuales destinados a la investigación y un 3,5% de las ganancias a las comunidades”.
En el caso de Bolivia, señaló Fornillo, desde 2007 el país que gobierna Evo Morales, a propuesta de los sindicatos comunitarios locales, busca tener una injerencia completa del tránsito que va del salar a la batería. “Cuentan al día de hoy con una técnica de extracción propia, creada por científicos locales articulados al proyecto litífero; instalaron las plantas de producción de potasio y de litio y realizaron un emprendimiento conjunto para la producción de baterías con la empresa alemana AC System, la cual desembolsará 13000 millones de dólares, facilitará el mercado europeo para las baterías y Yacimiento Litíferos Bolivianos contará con el 51% de las acciones”.
En cambio, en Argentina, la explotación del litio tiene lugar como una actividad extractiva que no desarrolla ningún tipo de industrialización. “Las baterías de litio y todos los productos derivados de este metal blando terminan produciéndose en el exterior, convirtiendo al país en un mero exportador de materias primas, dependientes de la demanda extranjera”, señalaron Pamela Landini y Tomás Marchetta de la FARN. Además, las empresas en el país sólo deben pagar el 3% de regalías que se cobran en base a lo que las empresas, sin control, declaran en sus balances.
Marcelo Sticco es hidrogeólogo, e integra el departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En 2011 las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc hicieron presentaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación preocupados por el impacto ambiental que generarían los trabajos en el salar. El entonces titular del organismo, Carlos Haquim –hoy vicegobernador de Jujuy– ordenó realizar los estudios correspondientes. “Ese primer estudio les dio la razón a las comunidades y lo que entonces era una luz amarilla, hoy es una luz roja a partir de datos actualizados y vinculados con la explotación concreta del salar. Vemos que en pocos meses y de continuar utilizando las técnicas de explotación de las salmueras por medio de la evaporación, se va a agotar el agua dulce”.
El agua dulce no sólo es necesaria para la vida de las comunidades sino también para la propia producción del carbonato del litio. De modo que la explotación actual no sólo atenta contra los habitantes de la Cuenca sino también contra el propio negocio. “Para las empresas igualmente sigue siendo rentable invertir en el país por la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones”, señaló Sticco a este medio.
Entre las conclusiones del estudio que finalizó el hidrogeólogo en octubre del año pasado, en base a información propia de las empresas que se encuentran en el área realizando la explotación del litio, “se determinó un riesgo significativo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Olaroz Cauchari en el orden de un año y se determinó posible riesgo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Salinas Grandes”. Sin embargo, explicó Sticco, hay alternativas de producción de carbonato de litio con tecnología más amigable y que reduciría considerablemente los riesgos de agotamiento del agua. El Decreto Reglamentario 5980/06 de “Evaluación de Impacto Ambiental y Normas Técnicas de Calidad Ambiental para la Protección de la Atmósfera, de las Aguas y del Suelo”, establece que los estudios de impacto ambiental deben incluir un examen de las alternativas técnicamente viables y fundamentar el método de explotación elegido. Sin embargo, las empresas no cumplen con este requisito y el gobierno tampoco se los exige.
Según datos publicados por la Jefatura de Gabinete de la Nación en diciembre de 2016, de los 63 proyectos de litio en el país, sólo 13 correspondían a Jujuy. El 13 de agosto de 2018 Morales dictó el decreto 7180 con el objetivo de canalizar procesos de inversión privada a través de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y el 11 de enero de este año llamó a concurso de oferentes para la exploración y explotación de proyectos mineros en las zonas de Salinas Grandes, Guayatayoc y Salar de Jama. Se estima que a partir de esta licitación se realizarán alrededor de 2000 piletones para extraer litio en la zona. Si en la actualidad el riesgo concreto de agotamiento de agua dulce es un hecho, con estos nuevos emprendimientos los tiempos se acelerarán.
A las comunidades que viven del pastoreo y la agricultura en la zona, cuyo derecho a la consulta previa, libre e informada no se respeta, no le dejan más opción que la realización de medidas de fuerza directa para defender sus territorios y recursos.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/173525-negocio-para-pocos-dano-para-muchos