Lhaka Honhat pidió a la Corte Interamericana que obligue al Estado argentino a entregarles el título de propiedad de 400 mil hectáreas. La Fiscal de Estado de Salta le atribuyó una práctica racista y hasta mostró una foto de Urtubey paleando tierra en Santa Victoria Este.
19/03/2019
Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) visitarán las comunidades originarias que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 antes de tomar una decisión en el primer caso que involucra a pueblos originarios de Argentina que llega a ese tribunal internacional.
Esa fue quizás la noticia más destacada de la audiencia pública realizada en San José, capital de Costa Rica, el pasado 14 de marzo en el marco de la demanda que impulsa la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat en reclamo de la entrega de 400 mil hectáreas en un título único a nombre de las comunidades que habitan este territorio.
Lhaka Honhat, acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el estado argentino, representado por funcionarios del gobierno nacional y la fiscal de Estado de Salta, Pamela Calletti, y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, que elevó este caso ante la CorteIDH), representada por el comisionado Luis Ernesto Vargas y otras dos abogadas, expusieron sus argumentos de uno y otro lado.
Por Lhaka Honhat, que reclama la delimitación, demarcación y titulación de 400 mil hectáreas en el Chaco salteño en un título único y recurrió a la Comisión Interamericana, declararon dos representantes: su coordinador, Francisco Pérez, y su tesorero Rogelio Segundo.
Como suele ocurrir cada vez que se enfrentan el estar y el hacer indígena y el “blanco”, sus dichos, su forma de hablar, sus pausas, su cosmovisión, su dificultad para expresar y entender el español y para comprender los tecnicismos del micro mundo de las organizaciones occidentales y cristianas (como el del procedimiento judicial), contrastaron con los modos y formas de la “blanqueñidad”, creadora de la forma y el medio en el que se expresó el conflicto por la titularidad de las tierras que las comunidades ocupan ancestralmente en el departamento Rivadavia de la provincia.
Esas “diferencias” se pudieron apreciar en las preguntas de los miembros del tribunal, cinco jueces y una jueza (el séptimo, Eugenio Zaffaroni, no participó, por ser argentino). “¿No comen carne? Perdonen la curiosidad, pero son argentinos”, preguntó casi sobre el final el juez chileno Eduardo Vío Grossi, tras horas de escuchar que los representantes indígenas hablaran de su forma de vida, de la recolección de los vegetales que consumen. Pero también, y sobre todo, se apreció en la posición que expresó la fiscal de Estado de Salta.
Como parte de su estrategia de defensa el Estado argentino planteó que es un caso de “extrema complejidad” y que, por lo tanto, su resolución no puede hacerse en pocos años. Por el contrario, los abogados del CELS, Matías Duarte, Erika Schmidhuber y Diego Morales, afirmaron que el trabajo de Lhaka Honhat, el acuerdo alcanzado con los habitantes criollos en el que decidieron que, de las 643 mil hectáreas en conflicto, 400 mil serán para las comunidades originarias y 243 mil para los criollos, demuestra que no hay tal complejidad.
El Estado hizo hincapié en las dificultades: hay, dijo, “pobladores criollos con arraigo en la zona por generaciones” y “también pertenecen a grupos de vulnerabilidad”, la aparición de nuevas comunidades genera nuevos conflictos, no todas las comunidades están de acuerdo con el reclamo de Lhaka Honhat, “existen en la actualidad miradas diferentes sobre el título de propiedad”, y hasta le recriminó a Lhaka Honhat no haberse registrado como asociación.
Antes, Francisco Pérez había explicado que la creación de Lhaka Honhat fue solo “para trabajar con el gobierno”, porque “necesitamos una organización que el gobierno entienda”.
¿No entiende o no quiere entender? Desde que se inició este reclamo, hace ya más de 30 años, los sucesivos gobiernos siempre han encontrado alguna objeción para no entregar el título único. ¿Un caso de supremacía blanca? ¿Quizás los funcionarios de turno están convencidos de que saben lo que es mejor para los pueblos originarios? ¿O no hay interés en reconocer derechos a las comunidades originarias? Al interrogar a Pérez y Segundo la fiscal de Estado, Pamela Calletti, puso énfasis en las supuestas diferencias internas entre las comunidades, preguntó específicamente sobre el hecho de que el cacique Francisco Gómez dijera que no se siente representado por Lhaka Honhat y luego aprovechó un comentario de Pérez (acerca de que Gómez es hijo de un criollo y de una mujer qom –toba-) para casi acusarlo de una suerte de racismo indígena: “¿Cree que la pureza en la sangre indígena puede determinar distintas decisiones?”. Del otro lado, el líder wichi insistía en nada de eso era importante, “lo importante es el territorio de 400 mil hectáreas”.
El interrogatorio siguió sobre la atención primaria de salud, el acceso a la educación, planes sociales, tendientes a demostrar la presencia del Estado en la zona, lo que ya había sido manifestado por Pérez, quien había dicho que el Estado sí “busca soluciones” para los habitantes de la zona, aunque en “lo que estamos parece discriminados es en el tema tierra”. Calletti siguió preguntando sobre los “beneficios” del Estado en la zona hasta que el CELS pidió que se recordara sobre qué debía versar la declaración de Pérez. El presidente de la Corte consideró apropiada la objeción y la fiscal de Estado dijo que había terminado su interrogatorio.
“Después de esto ustedes verán cómo solucionar el problema de nosotros”, dijo al final Pérez. Recordó que es la “última oficina” a la que pueden recurrir y manifestó su perplejidad: “No entiendo por qué el gobierno tarda mucho para entregar las tierras”, se hacen muchos estudios, muchas reuniones, muchos informes escritos y no escritos, pero “el gobierno no entiende, por supuesto que no son gente que vive en nuestra zona”. Ellos inquieren todo el tiempo cómo quieren la tierra, por qué quieren título único, cuando “ellos saben”. “No quiero decir que estamos en contra, políticamente estamos con ellos, es nuestro gobierno” pero “ellos que no están preocupados por nosotros”, ya “no sabemos cómo hacer para que ellos” den una respuesta.
En los alegatos, el CELS pidió que en un plazo no mayor a dos años para el gobierno argentino realice todas las acciones para que los criollos puedan trasladarse, y, entre otras solicitudes, que haya una serie de garantías de no repetición, entre ellas, que el estado argentino institucionalice el derecho a la propiedad comunitaria colectiva y establezca la consulta previa libre e informada.
El Estado pidió más tiempo. Calletti aprovechó su alegato para hacer su última acción memorable: mientras hablaba de las acciones del gobierno salteño en la zona en conflicto exhibió una foto del gobernador Juan Manuel Urtubey pala en mano, en la costa del río Pilcomayo. ¿Se entiende?