Fue tras una presentación que realizó la Comunidad donde cuestionaba el accionar de la fiscalía.
10/07/2019
La semana pasada el fiscal Adrián De Lillo elevó un pedido al fiscal jefe para “inhibirse” de la causa del ataque a miembros de la comunidad Paicil Antriao ocurrida el año pasado cuando mantenían un resguardo en el Belvedere para evitar el volteo de árboles por parte de un grupo empresario.
El pedido surgió tras la presentación que hizo la comunidad, querellante en la causa,en la que pone en duda la objetividad del fiscal.
Puntualmente le reclama que no haya imputado a dos personas que por las declaraciones testimoniales y videos aportados por la comunidad, estarían vinculados de alguna manera al ataque. Justamente, ambos-uno de ellos es el ex cuidador de la casa de Emanuel Ginóbili-figuran en la lista de testigos de una de las tres causas que tramita el mismo fiscal por usurpación. También pide que citen al apoderado del Fideicomiso como presunto sospechoso.
El intento de desalojo violento a la comunidad fue perpetrado por un grupo de matones el 13 de junio de 2018 y la denuncia se radicó el mismo día. Después, el cuidador de Ginóbili radicó la denuncia por usurpación de la vivienda. También se sumaron al tándem de denuncias por usurpación, Converti y Bianchini.
Tanto las causas por usurpación como la del ataque están a cargo del fiscal De Lillo. La causa por usurpación ya fue elevada a juicio y tiene fecha de debate, la otra aún está en etapa de investigación.
La causa del ataque
En abril pasado el fiscal imputó a dos personas por el ataque, pero están identificados todos los que acompañaban a los dos acusados (ver nota).
Cabe recordar que la comunidad había montado una precaria vivienda transitoria en la servidumbre de paso en el lote de Ginóbili para evitar el avance del loteo del Fideicomiso Lago Correntoso en un terreno aledaño.
Organizaciones ambientalistas y la comunidad denunciaron el volteo ilegal de casi 1000 metros de bosque nativo, violando la normativa vigente.
Los cuestionamientos a la fiscalía
“El ataque a la Comunidad Paichil Antriao y la presunta usurpacion al terreno de Ginobili ingresaron juntas al despacho del Sr. De lillo, son hechos del 13/06/18. En realidad la denuncia de usurpacion ingreso tres dias despues. Aca queda en evidencia que Delillo trabajó para llevar a juicio a la comunidad mapuce y descuidó la otra investigacion. Creo que si se esta excusando de seguir interviniendo en esa causa, deberia excusarse de continuar en las causas que se elevaron a juicio, ya que eso deja en evidencia su falta de objetividad”, sostuvo el abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez.
La formulación de cargos contra los únicos dos imputados por el ataque a la comunidad fue en abril y la justicia tiene, en principio, un plazo de cuatro meses para la investigación y la elevación o no de la causa a juicio.
“Vamos a esperar que decide el fiscal jefe, en principio la ampliacion de plazo deberia pedirla la propia fiscalia, pero estaremos atentos a las fechas. Antes de que transcurran los cuatro meses desde la formulacion de cargos, si la fiscalia no lo hace, pediremos como Querella una audiencia de control de investigacion y lo pediremos nosotros”, señaló respecto de los plazos el abogado querellante.
Los puntos
La querella advierte que en base a la evidencia el fiscal debería imputar a dos personas vinculadas al ataque, pero están como testigos en la causa por usurpación y no fueron acusadas.
Uno de los elementos que la fiscalía no habria tenido en cuenta es un video que le acercó la comunidad donde el cuidador de la casa de Ginóbeli asegura que conoce a los responsables del ataque. “Yo no sabía que iban a hacer este desastre”, dijo el cuidador en el video aportado por la comunidad. “Reconociendo, en suma, que conocía a las personas que realizaron el ataque a la comunidad y que, además, se refugiaron en la vivienda que presuntamente habitaba. Que luego del ataque se fue de la vivienda que supuestamente habitaba y radicó una denuncia de usurpación que esa fiscalía investigó y por la que solicitó su elevación a juicio”, sostiene la presentación realizada por la comunidad cuestionando el accionar de la fiscalía.
“A esta altura de la investigación del presente caso, el suscripto no tiene dudas que la denuncia de usurpación del cuidador no fue más que su coartada para que no se lo vincule como autor o partícipe en el delito que se investiga (…) Lo que importa aquí, es que mintió en su denuncia, y Ud. Sr. Fiscal lo lleva de testigo de cargo en otro legajo, donde se pretende juzgar a las víctimas de éste, es decir, a miembros de la comunidad Paichil Antriao que fueron atacados con palos la noche del 13 de junio del 2018”, señala Sánchez.
También menciona que otro de los atacantes identificados está como testigo en la causa por usurpación.
“Esta Querella no tiene intención de poner en tela de juicio su objetividad en la presente investigación, pero nos preguntamos por qué, teniendo evidencias y motivos suficientes para formular cargos, no lo hace”, agrega en la presentación.
Finalmente, plantean la presunta participación de quién sería el apoderado del Fideicomiso Lago Correntoso. “La sospecha esta querella la establece a partir de que es quien tendría un motivo para organizar el ataque a la comunidad mapuche, habiendo frustrado su intento de desalojar e incriminar a la comunidad mapuche con su denuncia de fecha 16 de abril del 2018, desestimada el 2/05/2018 por el Fiscal Fernando Rubio. El vínculo entre el supuesto cuidador de Ginobili con él, son algunas de las aristas que llevan a concluir en grado de hipótesis a esta Querella”, sostiene.
La renuncia del fiscal
En su descargo y el pedido de inhibición el fiscal asegura que las circunstancias le provocan “violencia moral, en virtud del reiterado cuestionamiento a mi actuacion ,circunstancia que amerita la presente solicitud, ello toda vez que entiendo necesario evitar cualquiet tipo de sospecha de interés o parcialidad en mi acción por parte de las victimas del suceso investigado”.
En este contexto, asegura que para hacer su trabajo el funcionario del mínisterio público fiscal debe poder dirigir las investigaciones “con plena libertad e independencia”, y que entiende que en la situación actual “se ve sumamente afectada la recta administración de justicia”.
Ahora el fiscal jefe, Fernando Rubio, deberá designar otro fiscal que se haga cargo de la causa.