El gobierno de Alberto Fernández ha convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso para este jueves 19 para aprobar un conjunto de medidas económicas y sociales contenidas en la denominada Ley de Solidaridad y Reactivación productiva, cuyos principales ejes son la declaración de la emergencia en distintas áreas.
No cabe duda que la situación en que ha dejado al país el macrismo es calamitosa y, desde ese punto de vista, hay una urgencia por atender las necesidades del pueblo que no podía aguardar hasta el inicio de las sesiones ordinarias para el año que viene. En el mismo sentido, las medidas tomadas como la doble indemnización por 180 días, la actualización de las retenciones a las exportaciones de soja y cereales o la reglamentación del protocolo ILE son cuestiones que atienden parcialmente la preocupación de trasladar el costo de la crisis a los sectores más concentrados y no descargarla sobre el pueblo.
El contenido del proyecto
Sin embargo, el proyecto enviado al Congreso encierra complejidades que es necesario analizar. En primer lugar, el proyecto tiene como primer punto facultar al Poder Ejecutivo para renegociar la deuda pública en vistas a garantizar su “sustentabilidad”. Es decir, el gobierno coloca a garantizar el pago de la deuda como un ordenador de la economía aún cuando no ha existido ninguna investigación o auditoría sobre la misma. Renegociar los plazos de pago asumiendo de hecho la deuda contraída por el macrismo es convalidar una estafa al pueblo, ya que la enorme mayoría de esos fondos se terminaron fugando con la complicidad de los funcionarios de Cambiemos. Antes que preocuparse por la sustentabilidad de la deuda, debería investigarse la legitimidad y legalidad de la misma.
Por otra parte, el proyecto establece aumentos de emergencia en salarios sin especificar monto; suspende los aumentos de tarifas y extiende su congelamiento hasta junio y plantea el control y monitoreo del precio de los medicamentos.
Son medidas que alivian en forma transitoria la situación de agobio que vive nuestro pueblo. Pero dentro del mismo proyecto conviven elementos, además de la convalidación de la totalidad de la deuda pública, que encienden una alarma: reducción de aportes patronales, la eximición del pago del impuesto a la renta financiera a tenedores de bonos y plazos fijos en pesos y el avance en la “descentralización y provincialización” del Ministerio de Salud, algo en sentido contrario también a garantizar la aplicación del protocolo ILE en todo el país. También ha despertado preocupación con razón la designación en la Secretaria de Minería a alguien muy vinculado a las corporaciones del sector al tiempo que la ley enviada propone la baja del porcentaje de las retenciones para la industria petrolera y minera a un 8% cuándo podrían ser hasta del 12 como el resto de las producciones primarias.
El proyecto atiende la preocupación de las personas que tomaron créditos UVA pero no especifica cuáles serán las medidas a aplicar.
Quizás la propuesta que más se ha cuestionado del proyecto es la suspensión de la movilidad jubilatoria. Esta medida afectaría también a los regímenes especiales de retiro por convenio, como el 82% móvil de docentes universitarixs y otros sectores de trabajadorxs. Se establece que los aumentos serán por decreto, en principios en dos tramos trimestrales de 5 mil pesos cada uno. Si bien esto significa un aumento del 25% para la minima o más para la infra-minima (4 millones y medio en total), significa un ajuste de hecho sobre el resto (otro universo de 3 millones de jubiladxs) y deja sin un criterio claro las próximas escalas de aumentos.
Pensamos que si la propuesta es efectivamente que los que más tienen sean quienes carguen el costo para alivianar a quienes menos tienen, el proyecto de emergencia debería replantearse la investigación de la deuda, suspender beneficios a las grandes patronales y, por el contrario, gravar en forma considerable sus ganancias extraordinarias para trasladar sobre ellas el peso de la crisis, garantizando aumentos para trabajadorxs, jubiladxs y pensionadxs acordes al aumento del costo de vida. El acuerdo económico y social para la producción no puede ser a costa de quienes producen la riqueza de nuestro país con su trabajo (o lo hicieron durante su periodo de actividad laboral), sino de quienes se beneficiaron de ella en forma más que obscena.
Disputa en el Congreso y en las calles
Todavía debe verse si el gobierno logra reunir la mayoría en ambas cámaras para aprobar los proyectos. El PRO ya anticipó su voto en contra buscando encabezar una oposición “dura”, mientras que pueden comenzar a verse las primeras fisuras en el resto del interbloque, especialmente en la UCR. Se descuenta que contarían con el respaldo del bloque de Lavagna.
En la linea de lxs seguidores del expresidente, sectores de la derecha están convocando a movilizarse el 18 contra el gobierno con un programa reaccionario en defensa de las patronales y grandes capitalistas.
Pensamos que esa dinámica, ligada también a una ofensiva regional del imperialismo y la derecha, debe ser seguida con atención y enfrentarse con mayor radicalización y movilización, no con concesiones que solo envalentonan a los mismos sectores que respaldan el golpismo en Bolivia y Venezuela. Por lo tanto, proponemos anular toda medida que afecte los intereses populares y avanzar en una serie de acciones que recompongan la situación del pueblo.
– Suspensión del pago y auditoría de la deuda
– Aumento de salarios, jubilaciones y planes acorde a la canasta básica y el costo de vida
– Basta de precarización laboral: respeto a los convenios colectivos
– Prohibición de despidos y suspensiones
– Por el 82% móvil
– Aborto Legal YA
– Cupo laboral trans
Venceremos – Abriendo Caminos