Economía de guerra
Mario Hernandez
El economista francés, Jacques Attali, asesor de Emmanuel Macron, viene tratando de convencer a los gobiernos europeos de que hay un modo de sostener la economía al mismo tiempo que se lucha contra el Covid-19. El modo no es poner dinero en los bolsillos de los empresarios, sino ponerlos para que la industria se mueva en la senda necesaria. Lo hizo EE UU en 1941.La estrategia de Franklin Roosevelt que puso a la industria a elaborar material bélico para derrotar al nazismo en la II Guerra Mundial.
Pero ha sido practicada desde la Edad Media ante diferentes formas de epidemias o pandemias. Con finamiento, producción de bienes esenciales: salud, información, energía, alimentación. Desplazar para más adelante cambiar de coche o vestido. Reorientar la economía como el Proyecto Apolo, la alianza entre Ford Motors, General Electric y 3M para producir respiradores en las plantas automotrices, máscaras, gel como debería estar produciendo, entre otros, en nuestro país, el Ingenio Ledesma.
En EE UU la compañía que provee los uniformes oficiales de las grandes ligas de béisbol pasó a fabricar máscaras y batas de hospital. En España, Inditex, propietaria entre otras de Zara, se puso a fábricar batas y barbijos.
Aquí ya lo están haciendo la fábrica recuperada Madygraf produciendo mascarillas y sanitizante de alcohol en conjunto con el Centro de Estudiantes de Ciencia y Técnica de la Unsam y profesionales de la CONEA. En la Universidad de Rosario un grupo de jóvenes ingenieros desarrolló un prototipo de respirador artificial.
Hay que dejar de considerar a la economía de guerra un tema tabú. No retroceder frente a la presión empresaria como sucedió en nuestro país para centralizar los recursos sanitarios públicos y privados. Ciertamente choca con el neoliberalismo porque surge del Estado. Para las empresas una cosa es pedir subsidios y rebajas impositivas para capear la pandemia y otra que un gobierno oriente en qué se van a utilizar sus recursos.
¿Quién financia la guerra contra el coronavirus?
Es necesario aplicar impuestos y gravámenes especiales sobre los ingresos o la riqueza durante este año como mínimo como lo propone Branko Milanovic, el economista serbo-estadounidense, quien el año pasado fue invitado por Paolo Rocca a disertar en Buenos Aires.
Según la AFIP, en su Anuario 2017, el 1% más rico de la Argentina declara activos por U$S 89.252 millones en Bienes Personales.
Según el informe sobre Bancos publicado por el Banco Central, el resultado total integral de bancos públicos y privados fue en 2017 de $ 76.090 millones, en 2018 saltó a $ 180.469 millones en el 2018, y en el 2019 (año de corridas cambiarias y megadevaluación) alcanzaron los $ 314.205 millones. El año pasado sus ganancias subieron 74 % con respecto a 2018. En el caso de los bancos privados ganaron un 159 % más. ¿Qué sector tuvo una paritaria así? Ninguno, la mayoría de los trabajadores tuvieron una caída de su poder adquisitivo.
Las ganancias de los bancos privados en 2019 ($ 278.150 millones) equivalen a siete millones de jubilaciones con un haber de $ 37.800, que era el valor de la canasta de los adultos mayores en octubre de ese año estimada por la Defensoría de la Tercera Edad.
Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas señala que los bancos privados tuvieron una rentabilidad que superó en un 83 % el ritmo inflacionario, sostenidos por el pago de intereses de las Letras del Banco Central y luego de Liquidez (Lebacs y Leliqs).
El documento analizó los balances de los Bancos y entidades financieras que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires correspondientes a junio 2019. Las principales entidades ganaron un 205,2 % con respecto a 2018. Los Bancos que más ganaron fueron Banco Comafi (394,1 %); el Banco Galicia (356,9 %) y el Banco Supervielle (319,1 %).
El documento elaborado por Claudio Lozano, actual Director del Banco Nación, señala que “el sistema financiero en general y los bancos privados en particular también forman parte de los que más tienen, que siguiendo el criterio que estamos promoviendo, más deben aportar”.
¿Por qué Fernández no aplica ningún impuesto extraordinario a estos patrimonios?
“Es el momento de establecer un impuesto de emergencia que grave a estos patrimonios”, sostiene la Declaración del CDN de ATE como aporte al debate público para fortalecer un Estado democrático, popular y solidario.
Y agrega: “Un párrafo aparte merecen las instituciones bancarias que se niegan a instrumentar las líneas de financiamiento preferencial para PyMES. Durante los años 2018 y 2019 (años recesivos) su resultado neto creció en un 205%. En conjunto la banca privada (nacional y extranjera) concentra más del 73% de la liquidez ampliada del sistema (lo que da una idea de su capacidad de préstamos). En tal sentido, se justifica una audaz intervención sobre el sector financiero a fin de poner esa acumulación de liquidez para financiar el sostenimiento de la actividad económica mientras dure la emergencia”.
Además: “Resulta llamativo que en esta coyuntura el gobierno siga pagando vencimientos en dólares, el día de ayer se hizo frente a un pago de 250 millones de dólares, ya se anunció un pago de 120 millones de la misma moneda para el 8 de abril y de cumplirse con el total de pagos se llegaría a los 1.000 millones. Las escasas reservas y los ingresos de divisas por el comercio exterior deben priorizar las necesidades prioritarias de la coyuntura (insumos sanitarios, equipamiento) y el sostenimiento de la actividad. La suspensión de pagos no puede postergarse”.
Y concluye: “Más allá de que existen sectores en los tres poderes que ganan importantes sueldos y pueden tener un gesto de contribuir en esta emergencia, que seguramente será bien recibido como señal política, el nivel de este aporte no es lo que está en juego en esta coyuntura.
Lo que se plantea atrás de estas propuestas es presentar como inevitable una baja de salarios, jubilaciones y el gasto social del Estado. Persistir en el ideario neoliberal que siempre impulsó la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, la destrucción de los sistemas sanitarios hoy golpeados para enfrentar esta pandemia.
Saldremos de esta crisis con una decidida intervención del Estado que ponga en caja el comportamiento avaro y predatorio de los privilegiados de siempre y construyendo desde los sectores populares espacios que prioricen estrategias de intervención solidaria y colectiva”.
Quinta columna
La ayuda social que el gobierno liberó para quienes más lo necesitan resultó en un aluvión de gente en los Bancos. Esto violó la cuarentena y expuso a los grupos de riesgo.
Alejandro Vanoli, titular del ANSES, en una muestra de cinismo de quien no tiene la mínima empatía por quienes cobran la jubilación mínima, culpó a la “idiosincrasia de las personas” que tienen la costumbre de “agolparse el primer día y de hacer colas”.
Carlos Ortega, secretario general de SECAFSPI (el gremio de ANSES), analiza qué sucedió en una entrevista realizada por José Cornejo, director de Agencia Paco Urondo (APU).
Carlos Ortega: Con respecto a lo que pasó hoy, lo peor es que ante la necesidad de la gente y la desesperación de los vulnerables, no se organizaron bien las cosas. El Banco Central (BCRA) y la ANSES fueron un desastre. Las consecuencias de estas colas en esta pandemia son impredecibles. Lo podrían haber hecho en tiempo y forma con las tarjetas de débito, o poner un amplio cronograma de pagos para disminuir la gente en la calle. Hay que solucionar esto de modo urgente. La medida del presidente Alberto Fernández de tener los bancos abiertos (este fin de semana) puede ayudar a resolver el problema. Esto no es joda, la gente no puede estar masivamente en la calle.
Además denuncia: “[…] en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el corazón de ANSES y de la seguridad social en Argentina, mantuvo (Alejandro Vanoli) gente que viene de la gestión macrista. Gente del mal, antipueblo, quedaron en cargos fundamentales en directorios de empresas privadas, las empresas donde ANSES tiene acciones. Pero en la misma ANSES, una gran camada de directores de segunda línea continúa. Funcionarios orgánicos del Pro, enemigos del pueblo argentino que tiran para atrás”.
APU: ¿El director ejecutivo Alejandro Vanoli, está enterado de todo esto?
CO: Él tuvo mucha tensión con nosotros porque los trabajadores del organismo hicimos asambleas denunciando esto. Algunas fueron en el piso de abajo de su oficina. Siguen en cargos directivos quienes vaciaron el organismo. Doscientos delegados le reclamaron a Vanoli por esta situación, también en las delegaciones del interior del país. No podemos tener gente gestionando que vinieron a vaciar la Argentina. Vanoli sabía que había gente del Pro en ANSES.
Algunos ejemplos son Edgardo Podjarny, actual subdirector ejecutivo del FGS, que fue superintendente de Seguros de la Nación durante el macrismo. Cynthia Lirusso, actual directora de servicios y suministros de ANSES (fue directora nacional de Inclusión en la Agencia Nacional de Discapacidad hasta diciembre 2019). Berenice Vampa, fue directora de RR HH de Anses hasta mediados de 2016, luego se fue al Banco Nación hasta 2019 y volvió como directora. En 2016 fue quien sumarió a los trabajadores luego despedidos.
La CGT preocupada por los empresarios
El secretario Adjunto de la CGT y secretario General de UPCN adelantó el temario de la reunión que mantuvo la cúpula de la central obrera con Alberto Fernández en Olivos: «Le vamos a llevar al Presidente nuestra preocupación en el mundo laboral. La economía ya estaba afectada por la herencia recibida y ahora se afectó más con esta pandemia».
En ese sentido, Rodríguez agregó: «Queremos ver si es factible que la gente vuelva a trabajar en algunas actividades cuando termine esta etapa de la cuarentena».
El Boletín Oficial anunció la ampliación de la lista de actividades consideradas esenciales, entre ellas la venta de materiales para la construcción. “La idea” según dijo Héctor Daer, titular de la CGT y de Sanidad, es que la reactivación de las demás actividades a partir del 12 de abril sea coordinada por un Comité tripartito que pondrán en pie.
Por otro lado, reivindicó “haber suspendido la utilización del término fuerza mayor en las suspensiones y en los empleos”. Con el decreto del Gobierno que prohíbe los despidos por 60 días, lo único que se suprimió es el uso del concepto. Los despidos y las suspensiones con rebajas de salarios siguen su curso.
Mientras el Estado mantiene a la población en sus casas, las patronales ya están preparando sus propios planes y organizando la vuelta al trabajo con sus propias condiciones: dejando miles en la calle, bajando salarios, pagando sueldos en cuotas. Ya han avanzado con esto. Ya obtuvieron subsidios para suspender y facilidades para pagar las contribuciones patronales a través de un DNU de Alberto Fernández.
Los millones de informales, contratados y tercerizados no cuentan entre las preocupaciones de estos dirigentes. Por esto no dijeron ni mu de la miseria de 10.000 pesos que se anunció para trabajadores sin registrar. Por eso pretenden dejar pasar los despidos que tuvieron lugar hasta acá. La CGT entra en escena cuando las patronales se proponen avanzar más fuertemente sobre las condiciones laborales y el salario de los sectores en blanco que van a tener que volver al trabajo para que las empresas puedan continuar sus negocios.
La única manera de volver al trabajo en condiciones que no pongan en riesgo la vida de los y las trabajadoras es con la conformación de Comités de seguridad e higiene en cada fábrica o establecimiento, bajo su control.
Miserables
La crisis por la pandemia de Coronavirus no da respiro en el mercado de trabajo. Más allá del DNU que prohibió despidos y suspensiones por 60 días, se repiten una y otra vez los casos de empresas que buscan reducir el ingreso de sus empleados mientras dure la cuarentena.
Eso ocurrió en las más poderosas firmas de viajes. Tanto Almundo, como Despegar y Avantrip desde hace algunos días venían programando un cronograma de suspensiones y recortes de salarios.
Almundo, por ejemplo, convocaba a sus trabajadores de a uno y allí les «proponía» una rebaja salarial por los próximos meses.
Según los salarios y la posición del trabajador en la firma, el recorte iba del 25 al 50 % de los haberes que percibían habitualmente. En este contexto, el Sindicato de Comercio convocó a las autoridades de las tres empresas a una reunión para tratar esta situación en una reunión que se desarrolló en la Federación.
La reconocida empresa santafecina de lácteos Verónica le «propuso» a sus trabajadores pagar los sueldos de marzo en cuatro cómodas cuotas. Los tramos se dividirían en dos del 30% y en otros dos del 20%.
A pesar de la pandemia Verónica continuó con la producción por estar entre los servicios esenciales y habría ganado unos $ 37 millones netos sólo el mes pasado.
Francisco Gonzalo Espiñeira, su propietario, se anotó para el blanqueo de capitales en el exterior que habilitó el gobierno anterior por varios millones de dólares y sospechan que evaden impuestos subfacturando en exportaciones.
Los trabajadores de la cadena de supermercados La Gallega de Rosario exigen que cesen las represalias por parte de la patronal: amenazas, hostigamientos, traslados arbitrarios. Además de condiciones de trabajo respetando el protocolo previsto en seguridad e higiene: barbijos, guantes y alcohol en gel.
“Los/as empleados/as de la cadena de supermercados La Gallega seguimos trabajando en condiciones riesgosas, expuestos al Coronavirus. Si somos un servicio esencial queremos que se nos trate como tales. Queremos cuidarnos como trabajadores así como también cuidar al cliente. ¡¡Que la pandemia no sea una excusa para vulnerar nuestros derechos!!”, sostienen en un comunicado.
En medio de la cuarentena, la cadena de comida rápida Mc Donald’s, como la mayoría de las empresas, solo piensa en cómo duplicar sus ganancias a costa de la vida de sus empleados.
Larisa, empleada de la firma, narró: “La situación que estamos viviendo les laburantes de Mc Donald’s es atroz. Los shoppings cerraron el miércoles por la cuarentena total; pero desde el lunes de esa semana habían empezado a recortar los puestos, éramos 2 empleados en todo el local encargándonos de todo. Lo que siguió a eso fue incertidumbre, no sabíamos si nos iban a pagar esa quincena que venía con el presentismo o si nos iban a pagar horas mínimas o si nos iban a pagar directamente. Todes preguntábamos por los grupos y nos decían que íbamos a recibir respuestas cuando los gerentes las tuvieran, ya que ellos «están al mismo nivel que nosotros».
La respuesta nos llegó el 25 de marzo. Nos dijeron que teníamos que hacer una llamada por Skype, la regenta del local nos explicó que la situación de todos era muy diferente, ya que algunos habíamos llegado a trabajar, algunos no habían trabajado ningún día de la semana, y otros directamente no tenían presentismo. En pocas palabras la respuesta fue que no nos van a pagar la segunda quincena de marzo y que estábamos todos obligados a realizar una serie de cursos a través de internet. Que a fin de mes se va a enviar una lista de cada empleado con los cursos realizados, quienes no los tengan pueden recibir hasta sanción”.
José Villa, integrante de la Comisión Interna de la UOM en la fábrica Tenaris Siat de Valentín Alsina, relató que la empresa propiedad de Paolo Rocca quitó una parte sustancial del salario de los trabajadores.
“La empresa en el mes de marzo cuando cobramos la primer quincena el día 19 directamente sacó el ítem “Premio producción”, ni siquiera lo modificó y no lo pagó más”, sostuvo.
La quita representaría entre un 30% y 40% del salario si la situación de la planta fuera normal, es decir, trabajando y produciendo. Este ítem se viene cobrando desde hace más de 50 años y no puede la empresa de un plumazo sacarlo porque es un derecho adquirido.
En la planta de Acindar también fueron afectados con esta rebaja de salarios salvaje.
A nivel empresario el grupo Techint jugó en todos los frentes y en todos los escenarios que tiene abiertos. Sea en la planta de Tenaris, como en la planta Siderar y Techint Construcciones en relación a los 1.450 despidos.
En las redes sociales circuló un mensaje de trabajadores del hospital San Roque de Jujuy donde piden la solidaridad de la comunidad para que se conozcan las condiciones en las que se trabaja. El viernes realizaron un abrazo simbólico donde muchas y muchos de ellos se manifestaron a pesar de la persecución que hay por parte de funcionarios del ministerio de Salud.
El mensaje da cuenta de la falta de elementos de protección personal-EPP que el gobierno no garantiza a pesar de los anuncios diarios por parte del gobernador Morales y del Comité Operativo de Emergencia.
El Hospital San Roque es el destinado a atender pacientes con síntomas de coronavirus. Pero la situación no sólo se da en ese hospital. Las denuncias de falta de insumos de bioseguridad alcanzan a los principales hospitales; también del interior de la provincia, como Palpalá, Yuto, Maimará y centros de salud.
Desde la Junta Interna de ATE Promoción Social, hicieron expreso el repudio y preocupación a las medidas tomadas por las autoridades de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Ministra María Migliore.
En este sentido, en el mes de marzo, tres trabajadorxs de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones fueron conminadxs a renunciar a sus contratos de Locación de Servicios convenidos con el GCBA a los fines de pasarlxs a la modalidad contractual de Asistencia Técnica, lo cual implica un retroceso de sus derechos laborales y un avance de la tercerización y precarización de la política pública.
Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat manifiestan que la decisión proviene del Ministerio de Hacienda. No obstante, desde el Ministerio a cargo de la Ministra Migliore, no se ejerció ninguna resistencia ni defensa de las condiciones contractuales de dichxs trabajadorxs, por lo que la decisión avanzó.
La cadena de salas de juegos infantiles Neverland comunicó a sus trabajadores que estaban suspendidos desde el 1º de abril y que cobrarían sólo el 30% de su salario y en concepto no remunerativo.
Aprovechando la pandemia por el coronavirus, desde el miércoles 2 comenzaron a llegar los telegramas de despido a casi un centenar de empleados de las empresas PubliExpress e Ipesa, que imprimían revistas y suplementos en papel, entre los que se encuentran Pronto (una de las más vendidas del país) y Saber Vivir, entre otras. Esta situación se da a sólo 3 días de que el gobierno haya dictado el DNU que prohíbe los despidos “sin causa”.
Los trabajadores del taller de la zona de Barracas contaron que la empresa venía con el plan de despedir. “En octubre pasado despidieron a 54 trabajadores, y nosotros sabemos que hay una clara intención de vaciamiento para voltear el Convenio y derechos que hemos ganado durante años”, manifestaron. Y rematan: “Nos quieren precarizar el futuro”.
Hay que destacar que además de los trabajadores de planta, había decenas de trabajadores que figuraban como monotributistas como periodistas, fotógrafos y otro tipo de colaboradores que estaban relacionados con las diferentes publicaciones impresas y que también quedaron sin ingresos.
Con el impulso de los trabajadores organizados, el sindicato SiPreBA se presentó ante el Ministerio de Trabajo, donde se dictó la Conciliación Obligatoria pero aún no tienen certeza de cómo se va a manejar la empresa.
Lxs trabajadorxs de la fábrica de alimentación Felfort denuncian que la patronal sigue priorizando las ganancias por sobre su protección, obligándolxs a ir a trabajar en medio de la crisis sanitaria, cuando no producen alimentos esenciales, sino golosinas y huevos de pascua.
Según Marcelo Peretta, titular del Colegio de Farmacéuticos, el alcohol al 70 % de 500 mililitros que no pasaba de los $ 80 hace tres meses, hoy se ubica en alrededor de los $ 300.
Lo mismo ocurre con los barbijos y con todos los elementos de cuidado necesario.
Hace no mucho, en un galpón de Farmacity encontraron alcohol en gel abarrotado por alrededor de $ 1.000.000, especulando con venderlo a mayor precio, mientras despidieron a sus trabajadores.
Nadie puede decir que estos empresarios, dueños de grandes laboratorios con enormes capacidades de producción y con grandes ganancias, no pueden poner sus productos al servicio de toda la población.
Sin embargo, la especulación esta a la orden del día. El Gobierno nacional se va en discursos grandilocuentes, con el Presidente diciendo que “no lo van a permitir”, pero aún no aparecen estos productos en las farmacias y los precios no hacen más que seguir subiendo y ni siquiera se avanza en lo más elemental como un impuesto a las enormes fortunas de los laboratorios.
La voracidad de los capitalistas contrasta enormemente con los ejemplos de los trabajadores de Madygraf, fábrica que produce sin patrones, que reconvirtieron la producción gráfica a la de sanitizantes en gel y mascarillas, para ser donadas al hospital de Escobar y el laboratorio sin patrones Farmacoop (ex laboratorio Roux Ocefa) que fabrica alcohol en gel.
Coto en el podio de los miserables
En lo que fue una inédita protesta patronal-sindical el pasado sábado en medio de la pandemia de Coronavirus, Alfredo Coto y Ramón Muerza, el principal referente gremial de la cadena de supermercados, encabezaron una concentración para que reabran una sucursal que había sido clausurada.
Con barbijos y delegados movidos de otras sucursales para la ocasión, Coto y Muerza rompieron todos los protocolos de seguridad, aglomeraron a los trabajadores de la sucursal Ramos Mejía y pidieron que levanten la sanción que horas antes habían impuesto sobre esa tienda.
La clausura había sido detonada por la comprobación de que Coto no respeta los precios máximos estipulados por el Gobierno Nacional y la constatación de precios abusivos.
Más temprano escenas parecidas se habían vivido en la sucursal Sarandí, donde también se comprobaron precios por sobre los máximos y también fue clausurado.
Hace varias jornadas que en las sucursales de Coto los trabajadores se organizan para pedir que se cumplan los protocolos de seguridad previstos por el Covid.19. La firma trata de retacear la entrega de los elementos de limpieza y de protección y en ningún momento se lo vio al dirigente sindical liderar esos reclamos.
De hecho por elevar esos pedidos se lo escuchó a Gastón Masini, representante de Recursos Humanos de Coto, decirle a los empleados: «Pará con estos discursos. Es un esfuerzo de la compañía y de los empleados, sino te vas a tener que ir a vivir a Cuba».
“Callate, hija de puta, vieja de mierda, ahora vas a saber quiénes son los que mandan”, le gritaron a Fabiana Donati dos policías de la comisaría 1ª de San Isidro, un varón y una mujer, mientras la arrastraban desde la línea de cajas del Coto del Bajo de San Isidro hasta el patrullero que estaba en la puerta, mientras personal de seguridad del Coto y la encargada del supermercado se reían al verla pasar. A Fabiana le dolía el brazo y la espalda, sobre ella había sentido el peso del cuerpo del policía varón que se le subió encima después de que su compañera la tirara boca abajo sobre la cinta donde se deposita la mercadería para ser cobrada. ¿Por qué? Porque pidió a la encargada que controlara la aglomeración frente a una caja y en góndolas y la encargada como toda respuesta llamó a la policía para que se la lleven por estar haciendo “disturbios”.
La denuncia está hecha en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se prepara la denuncia penal para cuando pueda realizarse.
Esta no es la primera vez que un hecho de violencia tiene lugar en alguna sucursal de la cadena de supermercados de Alfredo Coto. En 2018 una trabajadora de uno de los locales porteños fue despedida por quejarse de los maltratos de la empresa a través de su página personal de Facebook. El año pasado, Vicente Ferrer de 68 años, intentó llevarse sin pagar un pedazo de queso, medio litro de aceite y un chocolate del supermercado de Brasil 575, en San Telmo. El hombre, que padecía demencia senil, murió de un infarto como consecuencia de la paliza que le dieron dos custodios de Coto. También el año pasado, una cajera fue asesinada por su ex pareja mientras trabajaba, aunque tenía denuncias contra él, no hubo quién lo detuviera. Y en 2016, en una inspección de rutina, dos funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados ANMaC encontraron en la sucursal Paysandú 1865, en el barrio de Caballito un arsenal de armas, pero no denunciaron penalmente el hallazgo.
Dos años después, Alfredo Coto, admitió ante la Justicia que era “para defenderse de posibles saqueos”. Se trataba de 227 granadas, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3.886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos anti tumulto, un gas pimienta y un silenciador de armas.
El 27 de agosto, el periodista Ariel Zak, de Tiempo Argentino, reveló que “Las armas de la sucursal en Paysandú pertenecían a la Policía Federal (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA) y la Prefectura Naval (PNA). También a la empresa de seguridad de la cadena que tenía una licencia como “usuario colectivo”, pero estaba vencida desde 2014.
El viernes se confirmó un caso de coronavirus en un trabajador del sector de verdulería en la sucursal 46 de Coto, del barrio porteño de Once, que empezó a presentar síntomas entre el miércoles y el jueves de esta semana.
El sábado bien temprano trabajadores y trabajadoras se movilizaron hasta la puerta a exigir explicaciones. La gerencia trató de hacerlos trabajar como si nada. Finalmente lograron que el local cierre y desinfecte el sábado, pero abrió el domingo y quiere obligarlos a presentarse este lunes, definiendo por su cuenta quién debe hacer cuarentena y quién no.
La empresa subió un aviso para explicar el cierre del sábado. Dice “mantenimiento” pero estaban desinfectando la sucursal por primea vez desde que empezó la crisis, ante el diagnóstico de Covid-19 positivo del trabajador.
“Con nuestros jefes llamando por teléfono, presionando para que mañana (lunes) nos presentemos a trabajar. Nosotros pedimos que nos den cuarentena a los 55 empleados de la sucursal. Todos estuvimos expuestos y no nos parece correcto que ellos decidan quién tiene y quién no la cuarentena. Y que informen. Porque el empleado que tiene Covid-19 trabaja en atención al público y los clientes también tendrían que estar enterados de lo que pasó. Cuando se preguntó por los clientes directos que él había atendido, respondieron que no podían saber eso. Clientes que no están siendo avisados de esta situación.
El sindicato arregló cuarentena para todxs lxs empleados pero Recursos Humanos, gerencia y jefes de sectores nos están amenazando respecto al aislamiento preventivo. Quieren obligarnos a asistir siendo que todos estuvimos expuestos al virus, el comedor no es grande, los espacios comunes tampoco”, denuncian los trabajadores en un comunicado.
La Caja de Pandora
Escribe Enrique Martínez del Instituto para la Producción Popular: “Todo parecía acomodado. No resuelto, ni justo, ni auspicioso. Solo acomodado.
Teníamos personal en relación de dependencia, sea del Estado o del sector privado. Lo que llamábamos empleo formal.
En el otro extremo, reconocíamos que algunos millones, especialmente mujeres, no trabajan y cuidan de sus hijos, requiriendo un apoyo público, la Asignación Universal por Hijo (AUH).
También sumamos la figura del excluido. Aquel o aquella compatriota que no está siquiera buscando regularmente trabajo dependiente, porque el sistema no le ofrece caminos válidos. Son aquellos representados por organizaciones sociales de base, que han debido luchar para que cartoneros, trapitos, vendedores ambulantes, reciban un salario social complementario de sus magros ingresos.
Además de esas categorías, estaban los otros. Los desocupados, los trabajadores en negro en el sistema “formal”, los autónomos y los monotributistas que buscan su ingreso de manera individual e independiente, sin ningún ámbito público que los haya registrado, caracterizado, clasificado o siquiera estudiado como categoría económica. Las organizaciones sociales que se agrupan en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) han sostenido la necesidad de identificarlos, afirmando que son miembros de la Economía popular, lo cual es una iniciativa loable, aunque de discutible valor, ya que buena parte de los “otros” no se reconocen como miembros potenciales de la UTEP, sino como trabajadores con aspiración de formales.
Hasta que llegó el coronavirus y la necesidad de una cuarentena tan aguda que obliga a suspender una enorme variedad de actividades productivas y de servicios, para priorizar la salud pública. El gobierno pone en evidencia su vocación de dar una mano a los más afectados. Eso es rotundo. También es categórico que debe moverse en una neblina intensa. Para asignar la Tarjeta Alimentar, que busca atenuar masivamente el hambre de los más necesitados, debió apelar a establecer que este universo es el de las receptoras de AUH. Fue el recurso a la mano para ser expeditivos.
Cuando creó la figura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para compensar a quienes redujeron o perdieron sus ingresos en esta situación, repite la idea que el universo de AUH está comprendido. Pero entendió que quienes vieron evaporado su sustento son muchos más y no quedaba otro camino que iniciar un registro de solicitudes.
Se abrió así la caja de Pandora.
Más de 10 millones de pedidos, frente a una expectativa que suponía entre 1 y 4 millones según la fuente. Una medida pavorosa de nuestra zona de incertidumbre, aún cuando al cruzar los formularios se produzca una reducción apreciable.
Se trata de los desocupados que no cobran seguro de desempleo, los monotributistas A y B (menos de $ 33.000 por mes), los trabajadores en negro. Agrupando esos subgrupos, según parecen informar los pedidos, se llega al 40% de la población económicamente activa (PEA), cantidad que vale la pena comparar, por ejemplo, con quienes cobran el salario social complementario, que son apenas el 3% de la PEA.
Sin tremendismo, anotemos que a esos compatriotas, debemos agregar los monotributistas de categorías superiores que también cayeron abruptamente a ingreso cero, los empleados “formales” de miles de empresas paradas, junto con los empresarios de los cuales dependen”.
Los más de 11 millones de preinscriptos (11.018.398) que se registraron para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán conocer a partir de la medianoche del lunes si reúnen los requisitos para acceder a esta prestación extraordinaria de $10.000.
A partir del primer minuto del lunes 6 de abril podrán realizar la consulta quienes tengan su Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1; el martes los finalizados en 2 y 3; y el miércoles los terminados en 4 y 5.
Los finalizados en 6 y 7 podrán realizar la consulta el jueves 9 de abril; y los terminados en 8 y 9, el viernes 10.
Una vez que termine la etapa de consulta, a los que resulten beneficiarios se les va a pedir datos de contacto y la forma en la que recibirán el pago, que puede ser a través de una cuenta bancaria u otro mecanismo que se definirá en las próximas horas. Comenzarán a cobrar el bono a partir del 15 de abril.
Si bien el bono está previsto que se entregue por única vez, en caso que el aislamiento se prolongue por la pandemia de coronavirus puede volver a entregarse en mayo.
Por la provincia de Buenos Aires
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que pagará una remuneración a los maestros y auxiliares suplentes de la provincia de Buenos Aires que no pudieron tomar horas debido a la suspensión de clases por la pandemia de coronavirus.
Según informó el gobierno provincial, se trata de un programa de incorporación especial de docentes y auxiliares suplentes en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.
Fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense precisaron que están en condiciones de incorporarse unos 23.000 maestros y auxiliares, más unos 4.400 docentes del Plan Fines que en 2019 se desempeñaron como suplentes pero que este año no llegaron a tomar cargo público debido a la cuarentena.
El programa, que se implementará en abril y podrá ser prorrogado, establece que percibirán una retribución salarial neta que equivale a ocho horas semanales para docentes y 15 horas semanales para auxiliares, más la antigüedad que corresponda y contarán con cobertura de la obra social IOMA y aportes jubilatorios.
La remuneración «rondará los 10.500 pesos» de bolsillo y la inscripción se realiza a través del sitio oficial de la Dirección General de Cultura y Educación (www.abc.gob.ar) hasta el próximo lunes 13 de abril.
Podrán inscribirse quienes hayan desempeñado suplencias en el ciclo lectivo 2019, al menos en tres meses diferentes, continuos o alternados; o haber acumulado 30 días de suplencias en menos de tres meses.
También deben estar inscriptos en los Listados Oficiales de 2019 y del año en curso y poseer domicilio en la provincia de Buenos Aires.
Además, para acceder al programa no deberán poseer cargos titulares, provisionales y/o suplencias activas a marzo de 2020; ni encontrarse en relación de dependencia con empleadores estatales y/o privados.
También comenzaron a reincorporar trabajadores de salud y SAME municipales despedidos por el intendente Julio Garro en los últimos días. Cabe señalar que continúa el reclamo por condiciones dignas de trabajo, elementos de bioseguridad, repelentes, ropa de trabajo y salarios justos.
“Producto de la lucha de ATE se pudo lograr que lxs compañerxs que día a día le ponen el cuerpo a las epidemias de Dengue y Covid19 vuelven a estar protegiendo la salud de todxs. Gracias y Felicitaciones a lxs Delegadxs de ATE, compañerxs municipales, estatales, trabajadorxs, que colaboraron en el triunfo, incluida la comunidad platense toda y especialmente a lxs periodistas con cuyo apoyo y colaboración siempre contamos”, señalaron desde la Junta Interna de Delegado/as ATE-Municipalidad de La Plata, a través de un comunicado difundido tras el inicio de las reincorporaciones.
Actualmente los trabajadores del Astillero Río Santiago de Ensenada se encuentran haciendo reparaciones y arreglos en hospitales de la zona como el Rossi y el San Martín para ampliar la capacidad de instalación que puedan albergar. “También estamos reparando 500 camas pedidas por el PAMI, preparando equipos de trabajo y proyectos de construcción de camas nuevas, alcohol en gel y barbijos en impresión 3D y un respirador proyecto de nuestros ingenieros y técnicos. Todos los compañeros trabajan de forma voluntaria y tomando en cuenta las medidas de precaución necesarias”, aseguró Jorge Smith, trabajador y delegado del Astillero Río Santiago.
Violencia institucional
Desde la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) desarrollaron una aplicación para celulares denominada ´ACVI´ “con el objetivo de prevenir y denunciar las detenciones arbitrarias y colaborar con la identificación de quienes sean detenidos o detenidas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.
Link para descarga de la aplicación:
Dada la situación actual, en donde se ha optado por perseguir con el Código Penal a quienes infrinjan lo dispuesto por el DNU 297/2020, y sabiendo que el poder punitivo opera selectivamente sobre los sectores más vulnerables, es importante contar con información clara sobre qué pueden y qué no pueden hacer las fuerzas de seguridad en su accionar para prevenir que se cometan abusos, en ese sentido el personal policial y las fuerzas de seguridad deberán tener el gafete de identificación personal, identificarse al abordar a una persona (en caso que otra persona se encuentre tomando registro fílmico de la intervención policial, no podrá impedirse dicha actividad), consultar sobre los motivos por los que la persona está circulando, atendiendo a que hay numerosas excepciones al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que permiten el tránsito de personas que cumplan trabajos y/o brinden servicios en determinados rubros. En caso de que una persona circule no amparado en las excepciones normativas, se deberá comunicar a la justicia penal para evaluar la pertinencia o no de iniciar acciones en base al Código Penal, al mismo tiempo que debe informársele a la persona acusada el juzgado, fiscalía y defensoría interviniente. En caso de ser trasladada a una comisaría debe hacérsele conocer sus derechos de forma clara y comprensible, y se deberá informar sobre la razón de la privación de la libertad, deberá concedérsele el derecho a una llamada telefónica, y el derecho a designar a un abogado o abogada de su confianza o en su defecto un representante de la defensa pública, además el derecho a un reconocimiento médico que evalúe el estado psicofísico de la persona detenida.
Es importante resaltar la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación donde se reciben denuncias ante casos de violencia institucional, y la provincia de Buenos Aires cuenta con la línea telefónica gratuita de la “Auditoría General de Asuntos Internos” 0800-999-8358 las 24 horas donde también pueden realizarse denuncias de violencia institucional.
Quienes hayan podido registrar algún abuso También se pueden poner en contacto con “Aislamiento Represivo” en facebook e instagram o escribiendo a aislamientorepresivo@gmail.com
El Ministerio de Seguridad de la Nación, implementó una línea donde se receptan las denuncias (Línea 134/0800-122-5878) que específicamente incluye los casos de violencia institucional en este marco. También se puede denunciar a través de un formulario web disponible: https://denunciasweb.minseg.gob.ar/
También se puede denunciar de forma a través del formulario on line del Ministerio Público Fiscal: https://www.mpfcordoba.gob.ar/como-hacer-una-denuncia/
Los pequeños productores y productoras de alimentos, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), afirman que se encuentran ante una situación de angustia, no sólo por la pandemia con la que tienen la enorme responsabilidad de continuar produciendo alimentos, sino también porque tienen que sortear los acosos y abusos de las fuerzas de seguridad.
“Somos quienes alimentamos al pueblo frente a la cuarentena, y mientras la mayoría de la población debe permanecer en sus casas para frenar el virus, nuestra principal preocupación es cómo llegar a las quintas donde producimos, cómo compramos los insumos necesarios para seguir sembrando, cómo nos trasladamos a los almacenes de la UTT, cómo sí o sí salimos de madrugada a atender los animales o cómo compramos lo básico para nuestras familias sin tener que vivir toda clase de abusos, intimidaciones y hasta detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad”, afirman desde la UTT.
Fuentes: Tiempo Argentino, Clarín, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, APU, Anred, Red Eco alternativo, argentina.indymedia, Página12.