Tras haber pedido la aplicación del procedimiento preventivo de crisis, Ferrosur Roca quedó en la mira del Gobierno por una confusa maniobra de venta de locomotoras a Loma Negra, su controlante, a principios de diciembre pasado. Ferrocarriles Argentinos investiga la operación, que podría ser una maniobra ilegal.
El conflicto de la concesionaria Ferrosur Roca, operadora de buena parte de los servicios de carga de esa línea, se agudiza.
Luego de que el mes pasado la compañía pidiera la aplicación de un procedimiento preventivo de crisis para rebajar los sueldos de sus empleados -amparándose en la caída de la carga transportada por efecto de la pandemia-, se conoció que el Ministerio de Transporte la investiga por una confusa venta de locomotoras a su empresa madre y principal cliente, la cementera Loma Negra.
Según pudo saber enelSubte, Ferrocarriles Argentinos, en su calidad de accionista minoritario de Ferrosur, cursó sendos pedidos de informes a la concesionaria solicitando aclaraciones sobre los estados contables presentados por la firma de cara a la asamblea de accionistas que fue celebrada el 15 de abril pasado. Dada la cantidad de objeciones, los directores en representación de la empresa estatal no aprobaron el balance.
Entre otros, el punto más espinoso sobre el que indagan las autoridades es la venta de una cantidad no especificada de locomotoras a Loma Negra que fue aprobada por el directorio el 2 de diciembre de 2019, a pocos días del término del gobierno de Mauricio Macri.
En ese entonces, uno de los directores por Ferrocarriles Argentinos era Javier Iguacel, hombre del riñón del exministro Guillermo Dietrich, quien –a diferencia de otros directores macristas en empresas con participación estatal– renunció a su puesto el 23 de diciembre, a pocos días del cambio de gobierno.
Aparentemente, el motivo de la venta sería la necesidad de la concesionaria de hacerse de efectivo para cancelar deudas, punto sobre el cual el Estado exigió ahora saber “qué deudas fueron canceladas con el producido de dicha venta y quién/es eran los acreedores de las mismas”.
La empresa alega que la enajenación de estos bienes no comprometería de ninguna manera la operación ya que “Loma Negra destinará dichos bienes exclusivamente al transporte ferroviario de sus productos […] con la consiguiente reducción de la tarifa” por parte de Ferrosur.
Otro punto cuestionado por Ferrocarriles Argentinos es el valor de venta de los equipos, que se consigna en dólares y en pesos alternativamente y en el balance aparece reflejado con una cifra apenas inferior a los 540 mil pesos. Al respecto, el Estado pide informes “que convaliden el valor de mercado mencionado”, así como los documentos que acrediten “la viabilidad de la operación” y “la consulta efectuada al Estado Nacional con su respectiva respuesta”.
La titularidad de dichas máquinas aún permanece bajo investigación. Si bien el grueso del material tractivo operado por la empresa es del Estado y ha sido concesionado (lo que convertiría su venta en un acto nulo e ilegal), la concesionaria tiene algunas locomotoras que ha incorporado con recursos propios.
Aún en ese caso, se trataría de un procedimiento cuestionable, pasible de ser judicializado: al vencimiento de su contrato, previsto para 2023, Ferrosur debería entregar al Estado todos los bienes de la concesión, incluyendo los que fueron incorporados durante su gestión, a cambio del usufructo de los bienes públicos que viene haciendo desde hace 30 años.
La maniobra parece apuntar fundamentalmente a eludir esta cláusula, “resguardar” las inversiones de Loma Negra –aún a costa de un perjuicio al Estado– y al mismo tiempo sentar las bases para que en un futuro la empresa pueda sumarse al régimen de open access, que requiere como tal de operadores con material rodante propio.
Que la operación se haya concretado apenas días antes del cambio de gobierno no hace más que sembrar sospechas al respecto: en contraste con la gestión anterior, que había abierto la puerta a la continuidad por otros diez años de las concesiones cargueras, las nuevas autoridades ya habían adelantado su poca predisposición a dar continuidad a ese modelo y asegurado que se implementaría el sistema de acceso abierto una vez vencidos los contratos aún vigentes.
