Para comenzar a relatar los efectos y consecuencias de los hechos sucedidos el día 29 de abril del año 2020 en la comunidad Buenuleo, es necesario, primero, realizar un breve repaso por aquellos eventos significativos de este conflicto territorial.
11/05/2020
El 10 de septiembre del año 2019, la comunidad mapuche Buenuleo decide emprender un reclamo por sus derechos territoriales sobre 90 hectáreas en el Cerro Ventana –ubicado a 15 kilómetros del centro de S.C. de Bariloche–, que han sido ilegalmente apropiadas por un particular: Emilio Friedrich. Desde el momento en que la comunidad Buenuleo decidió permanecer en una ruka (casa) para resguardar el territorio, comenzaron a llevarse a cabo diversas y desiguales maniobras espaciales, donde las estrategias políticas de unxs y otrxs fueron configurando la heterogeneidad del conflicto y la construcción de la memoria familiar.
¿Cuál fue el argumento de Emilio Friedrich que le permitió construir el despojo territorial que llevó a cabo contra la comunidad mapuche como un acto legal? Aludir a una supuesta adquisición, mediante una cesión de derechos, de un boleto de compraventa por parte de Claudio Thieck. El origen de dicho boleto es dudoso y difícil de comprobar, además, de que su supuesto valor de “compraventa” es irrisorio. En su último año de vida, el Longko Antonio Buenuleo, junto con su familia, se encargaron de denunciar el carácter fraudulento de este documento. Frente a esta dudosa situación jurídica, la estrategia de Friedrich combina el recurso de la Justicia Provincial de Río Negro con el uso sistemático e impune de la violencia mediante reiterados ataques hacia la comunidad. Un ataque sistemático que lxs Buenuleo vienen denunciando por varias vías y que busca “sacar” por la fuerza–e instaurar el miedo– a lxs integrantes de la Lof (comunidad) que viene sosteniendo la recuperación de su territorio.
Estos constantes ataques por parte de Friedrich, quien pretende adueñarse del territorio, condujeron a que la justicia acepte el pedido de la defensa de la Lof y disponga una guardia permanente en las inmediaciones del territorio. Sin embargo, en el último tiempo–y valiéndose de excusas dudosas– la guardia policial desoyó la orden judicial y trasladó el puesto a una distancia de dos kilómetros, desde la cual se vuelve imposible controlar el ingreso de lxs agresores al terreno. Esta maniobra policial expuso a la comunidad dejándola totalmente vulnerable a cualquier tipo de ataque y habilitando los últimos sucesos violentos desatados el 29 de abril del corriente año. Cabe recordar que ese día, un grupo conformado por Emilio Friedrich, Víctor Vera, Facundo Vera, Antonio “Maruco” Puñalef, Olga Flores junto a su hija adolescente, Víctor Sánchez, la abogada Laura Zannoni con su pareja Fernando Albani, y el “Loro” Vera, ingresaron al territorio de la Lof y llevaron a cabo un brutal ataque a la familia Buenuleo.
Reflexiones sobre los discursos, repercusiones y acciones en torno a la violencia y al conflicto territorial
Cuando las irrupciones en el orden de la política estatal –muchas veces fugaces– se piensan desde el Pueblo mapuche, pueden decantar tanto en un cambio en el piso interaccional -por ejemplo, en el campo discursivo de los derechos- como en un nuevo aprendizaje político. Los últimos sucesos de violencias vividos por la comunidad comenzaron a hacerse cada vez más visibles. Mientra que, el conflicto y la lucha de la Lof por defender su territorio comenzaron a instalarse en nuevos escenarios de contienda, de negociación y de circulación de la información.
Es en base a estos nuevos escenarios que, a continuación, nos interesa reflexionar sobre los recorridos políticos transitados por la comunidad, las reacciones de las diferentes audiencias, la performatividad de ciertos discursos hegemónicos, los efectos de las respuesta y solidaridades recibidas, y los compromisos puestos en marcha por las instituciones y los agentes gubernamentales del Estado.
1. Las reacciones de las diferentes audiencias
Los medios de comunicación hegemónicos y la desinformación
Luego de la denuncia realizada por lxs Buenuleo y de la exposición pública de los sucesos de violencia vividos en el territorio de la comunidad, los diarios El Cordillerano y Bariloche 2000 circularon dos noticias que, compuestas por similares frases formulaicas, expresaban y evidenciaban un interés particular por construir “una pos-verdad después de la tormenta”.
Al narrar los sucesos, estos medios de comunicación–medios que son leídos por la mayor parte de la población de Bariloche– construyeron su versión de los hechos enmarcando el conflicto en tergiversadas lecturas y sentidos comunes. Los diarios más leídos en Bariloche acordaron configurar la misma imagen: la comunidad mapuche como “violenta”. Ambas editoriales nos mostraron un “otro indígena” “intolerable” como premisa de un argumento más amplio, uno donde lxs mapuche son el ejemplo de la violencia ejercida contra el “sistema” y la “posesión de tierras”. Estos discursos se vuelven funcionales a la construcción de estereotipos en torno al “ser indígena”, en contraposición al “ser nacional” (Briones, 1998). Lo que evidencia, además, la forma en que estos medios de comunicación operan a favor de ciertos sectores de la sociedad regional, aquellos que, al día de hoy, siguen considerando como “héroe” nacional a quien se eternizó, por ejemplo, en la estatua principal del centro cívico de la ciudad de Bariloche.
Teniendo en cuenta las reacciones de estos medios, y tal vez de muchos otros con los mismos intereses y concepciones, consideramos que sus discursos –entendidos como prácticas sociales– logran fijar y crear sentidos diferenciales sobre una realidad. Sentidos y configuraciones que no solo son el resultado de la desinformación con la que operan estos medios, sino también de la indiferencia de los funcionarios provinciales ante las desigualdades y las injusticias que atraviesan especialmente este conflicto territorial. No obstante, y a contrapelo de estas lecturas que presuponen un universo establecido de concepciones erróneas sobre los hechos, es que también se fueron gestando otras respuestas que, simultáneamente, adquirieron fuerza política en el escenario público.
El apoyo de las comunidades mapuche y organizaciones sociales
Esta irrupción violenta en las tierras familiares y comunitarias da inicio a una serie de reclamos y recorridos jurídicos por parte de lxs Buenuleo que, rápidamente, también fue acompañada por la solidaridad de otras comunidades mapuche y de organizaciones sociales y políticas. A pesar de las miradas diferentes y de sus puntos de vista disímiles, personas de diversas comunidades mapuche y no mapuche se solidarizaron con el reclamo territorial de la Lof Buenuleo y, al mismo tiempo, repudiaron las violencias ejercidas y los avances de los privados sobre el territorio.
La conformación de un público tan amplio como heterogéneo resultó en un movimiento de resistencia espontáneo contra los códigos del poder que despliegan los grupos hegemónicos. Por ello, en el transcurso de los días a partir del evento del 29 de abril, se fue creando un un nuevo contexto comunicativo colectivo para la Lof. A través de la circulación de comunicados y de la formación de redes de apoyo, se constituyó una unidad política entre comunidades, organizaciones mapuche y colaboradores a lo largo del wallmapu (territorio mapuche).
Fue a partir de estas solidaridades y redes entramadas que, al poco tiempo de los hechos, la historia de la comunidad Buenuleo comenzó a circular tanto en los comunicados de distintos movimientos y organizaciones sociales de base, como en los medios alternativos de prensa y de comunicación –gráficos y audiovisuales– regionales, nacionales e internacionales.
Teniendo en cuenta este apoyo, y ante una nueva ausencia de la guardia policial en el territorio, el 4 de mayo la Lof emitió, con carácter de urgencia, un comunicado público denunciando la situación, evidenciando el estado de vulnerabilidad en el que se encontraban lxs integrantes de la comunidad y solicitando el acompañamiento colectivo para la realización de un petitorio que le exija al juez de turno la presencia inamovible de la policía en el lugar:
“Mari mari kom pu che, mari mari kom pu wenüy, iñche Deolinda del barrio Pilar II pingen. Mi nombre es Deolinda Buenuleo, estoy mandando este audio a las instituciones, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos, a las comunidades del pueblo mapuche que puedan solidarizarse con el petitorio que estamos haciendo al juzgado de aquí de Bariloche, al juez Calcagno para que pueda volver a colocar la guardia policial a 20 mtrs de la ruka donde estamos y no a dos kilómetros, ya que ayer dejaron libres a las personas que habían quedado presas por agresiones a los miembros de la comunidad. La policía montó la guardia a tres kilómetros de nuestro lugar, no siendo esto efectivo para la seguridad e integridad física de los lamgen que están allí en el territorio”
(DEOLINDA BUENULEO, 02 DE MAYO DE 2020).
Este comunicado circuló rápidamente por la red de organizaciones sociales, comunidades e instituciones que se había conformado. En un par de horas, los diferentes sectores de wallmapu estaban proyectando acciones políticas contra las medidas iniciadas por los terratenientes, reforzadas por la policía y desoídas por la justicia. Asimismo, y en lo inmediato, el fin de esta acción colectiva se centró en demandar y exigir un diálogo urgente con los principales responsables políticos del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Provincia y los Juzgados provinciales y locales.
2. Las audiencias: el accionar judicial al desnudo
La primera audiencia llevada a cabo el 1 de mayo fue de forma virtual, debido al contexto de aislamiento social obligatorio. Esta tuvo como fin tratar la formulación de cargos a los detenidos por actos de violencia contra la Lof Buenuleo. Los delitos por los cuales se imputó a Víctor Sánchez, Antonio Puñalef, Raúl y Víctor Vera fueron los siguientes: violación de domicilio, daño calificado, robo, lesiones y violación de la cuarentena.
Llama la atención de esta audiencia que el fiscal Jefe de Bariloche Martín Lozada, junto a los fiscales Soto y Miranda, formularon cargos únicamente a cuatro de los nueve imputados. Inexplicablemente, la Fiscalía descartó la presencia de Friedrich en el lugar de los hechos. Al tiempo que negó la actuación de la abogada Zannoni y de su compañero Fernando Aldani quienes–encapuchados–no solo estuvieron presentes organizando los actos de violencia, sino que, además, instigaron a lxs agresores a que continuaran golpeando a Ramiro Buenuleo, mientras intentaba defender y resguardar a su familia. Además, la fiscalía también negó la presencia del “Loro Vera” en el lugar, personaje que acompañó y supervisó los ataque a la comunidad. En otras palabras, el fiscal Lozada sólo se dedicó a imputar a los ejecutores de la brutal agresión, y no así a quienes la organizaron e instigaron, desoyendo una larga historia de denuncias que lxs Buenuleo vienen realizando contra esta patota organizada. Acciones y decisiones que sólo pueden hacerlas y ejercerlas las personas que tienen poder.
Finalmente, en esa misma audiencia, el Juez de turno Ricardo Calcagno resolvió liberar a los cuatro detenidos con una medida cautelar de restricción de acercamiento a un kilómetro del territorio. Decisión que dejó, una vez más, expuesta a la comunidad Buenuleo sin custodia policial, en una zona totalmente liberada para cualquier acción violenta por parte de los Vera; relegando la integridad física y espiritual de esta Lof por debajo de los intereses de Friedrich.
Horas más tardes, lxs abogados defensores de la comunidad vuelven a presentar una medida de amparo para que la guardia sea restablecida en el lugar. Esta vez, fue el mismo juez de turno quien no tuvo otra opción que manifestar su disposición para escuchar el reclamo de las comunidades. Así, en horas de la mañana del día lunes 4 de mayo, se sacó una nueva resolución indicando que se debía hacer presente la guardia del COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate) en los límites del territorio.
En relación a esto, una de las principales demandas por parte de la comunidad y sus defensores no sólo fue exigir la restitución de la seguridad, sino que la guardia policial sea la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Por esta razón, se presentaron cartas en el juzgado federal para que tomen nota del asunto, puesto que son estos jueces los únicos que pueden disponer de una fuerza federal en el lugar. Entre las diferentes estrategias desplegadas y emprendidas por la defensa de la comunidad, se consiguió el apoyo de la defensora policial federal Roxana Fariña, quien presentó un pedido de protección y resguardo especial para lxs niñxs, exigiendo también que sea la PSA quien esté en la guardia del Lof. No obstante, estas demandas fueron sistemáticamente archivadas, no escuchadas e ignoradas por las instituciones involucradas.
3. La presencia del Estado
Las intervenciones del INAI y del Ministerio de Seguridad
El miércoles 6 de mayo el secretario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, y Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programacion Federal y Articulación Legislativa, junto con Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), convocaron a un “espacio de entendimiento” en Bariloche, junto con integrantes de la comunidad Buenuleo y del Parlamento Mapuche.
La presencia de las autoridades nacionales tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento del “Mecanismo de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”–mecanismo firmado este año en el Consejo de Seguridad Interior. Esta resolución consiste en el cumplimiento de las normativas locales y de los convenios y tratados internacionales respecto de los Derechos de los Pueblos Originarios. En este marco, el evento político tuvo como fin “consensuar instancias de resolución de conflictos de manera articulada y dialógica, y no violenta”. En esta primera instancia del “espacio de entendimiento”, se acordó como tópico urgente el tema de los puestos policiales. Allí, la comunidad Buenuleo fue también redefiniendo el conflicto y exigiendo una redistribución de las partes para negociar en mayor paridad los futuros acuerdos.
Según lxs testimonios de lxs miembros de la comunidad, los resultados de este espacio de entendimiento se concretaron en un “acta de acuerdo” en el que los responsables políticos se comprometen “a poner en la entrada del territorio la guardia policial del COER de forma permanente”. Este compromiso responde a una de las demandas de la Lof que vienen exigiendo desde el inicio del conflicto. Además, el representante del ministerio provincial dispuso de un puesto policial en la zona donde actualmente viven lxs agresores, con la obligación de que este no sea atendido por el personal de la comisaría local N°42, ya que fueron estos mismos los responsables de “liberar” la zona el 29 de abril cuando se produjeron los ataques.
No obstante, estos compromisos y resoluciones estatales nos invitan a pensar sobre la forma de practicar y jerarquizar los acuerdos políticos por parte de los funcionarios gubernamentales. El resto del acta de acuerdo enumera múltiples promesas y responsabilidades que, como señalan lxs miembros de la Lof, generan sentimientos de incertidumbre, acerca de si esos acuerdos serán cumplidos en los términos que se plantearon inicialmente. La aparición en la escena de la política mapuche de estos actores de la política estatal nos lleva a reflexionar sobre las diversas dinámicas en las que se desarrollan las interacciones de las personas mapuche con el Estado y sus documentos–considerados, en este caso, como “acuerdos resolutivos”. Por ello, creemos que será un tema de indagación en sí mismo reconocer, en el tiempo, cómo y cuáles son los efectos de la intervención del Estado en un conflicto histórico que ha atravesado las vidas cotidianas de quienes vienen hace muchos años defendiendo el territorio de su comunidad.
Las implicancias de un Juez que se declara incompetente:
El jueves 7 de mayo, cuando funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación llegaron a la localidad para actuar sobre el conflicto, se abrió la posibilidad de que el caso vuelva a estar en manos de la Justicia Provincial y no de la Justicia Federal, instancia a la que se había llegado a principios de diciembre del año 2019.
En este contexto, el juez federal de Bariloche, Gustavo Javier Zapata, rechazó la competencia y ordenó que el expediente continúe su trámite en la Justicia Provincial. Para esto, su argumentación giró en torno a que la causa sería de competencia provincial puesto que los que se ven involucrados en el conflicto territorial son “privados”–negando la figura de derecho indígena de la comunidad mapuche y, al mismo tiempo, descartando la presencia de la Asociación de Parques Nacionales. Por ello, se declara que, aunque la resolución no está firme, la Corte Suprema será la que, en última instancia -y en un largo plazo-, decida la competencia o no del juzgado federal de Bariloche. En otras palabras, el juez coincidió con el dictamen de la fiscal federal Sylvia Little, que se pronunció por rechazar la competencia del juzgado federal para intervenir en la causa que se había originado en la justicia rionegrina. Little recordó en su dictamen que los jueces rionegrinos del Tribunal de Impugnación de la Provincia habían fundado su fallo en que la zona donde se desarrolla el conflicto se encuentra dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi, en el Lote Pastoril 127, con estatus de propiedad privada dentro de la jurisdicción del Parque Nacional.
Estas decisiones institucionales en los circuitos por los que suelen transitar las causas de recuperación territorial, monitorean el modo en que deben producirse los escenarios de las sucesivas negociaciones, ubicando a la comunidad mapuche en uno de los principales objetos de la disputa política ya que les atribuyeron el delito de usurpación a ellxs, y no a Friedrich.
Cuando analizamos y reflexionamos sobre el escenario político y social donde transcurren los sucesos, solemos recordarnos que los espacios, los accesos, la disposición de los discursos y las movilidades de unxs y otrxs están muy lejos de ser mínimamente equitativos (Grossberg, 1992). El conflicto de la Lof Buenuleo, como muchos otros padecidos por comunidades indígenas, nos vuelve a poner sobre la mesa el hecho básico de que no todxs pueden acceder a la justicia y, de hacerlo, no en las mismas condiciones. En este contexto, además, son estos jueces los que apelan a los reglamentos, a las medidas administrativas y a las moralidades que, en su conjunto, configuran las cartografías hegemónicas oficiales, y, con todos estos materiales como brújula, atienden y hacen lugar a los reclamos mapuche.
En esta línea, entonces, entendemos que, mientras que para el Juez federal el desacuerdo es meramente un tema de jurisdicciones, para las personas mapuche se trata de un conflicto cuya resolución deberá partir del reconocimiento oficial de una ignorancia constitutiva del Estado en dos sentidos. En primer lugar, un desconocimiento estructural de la existencia de garantías y avales legales que han promulgado los tratados internacionales, y que han sido aprobados y ratificados por el mismo Estado argentino. Y, en segundo lugar, una ignorancia y falta de reconocimiento estatal de la yuxtaposición de las temporalidades implicadas en el conflicto. Por un lado, la temporalidad asociada a la ancestralidad de un Pueblo que es preexistente al Estado-Nación. Y, por el otro, una temporalidad reciente donde se hace evidente la intromisión ilegal y corrupta de ciertos privados en el territorio tradicional donde, desde siempre, vivieron sus familiares y ancestros.
4. Algunas reflexiones sobre los hechos
En un contexto más amplio, en el que venimos trabajando como GEMAS en la comprensión de estos procesos –y desde las trayectorias, recorridos y memorias de las comunidades mapuche–, ante estos sucesos nos preguntamos una vez más: ¿Acaso es necesario llegar al horror para hacer audible un reclamo que viene siendo expresado desde hace tantos años? Entendemos, entonces, que para poder encontrar soluciones duraderas, primero es necesario detenerse a escuchar para entender lo que diagnostican esos reclamos acerca de otras experiencias (Briones y Ramos, 2018).
Las problemáticas que atraviesan a los Pueblos Originarios, como las pobrezas, las desigualdades, las violencias, las injusticias, los desalojos territoriales y la exclusión a la que se ven expuestos, son hechos concretos y reales en sus vidas cotidianas. En esta misma dirección, consideramos que el conflicto territorial que involucra a Friedrich contra lxs mapuche requiere en sí mismo algunas reflexiones en varios sentidos. Por un lado, encontramos–una vez más– que es la historia de los que dominan la que aparece citada o presupuesta de forma explícita o implícita en todos los ámbitos jurídicos e institucionales. Monitoreada, además, por la mayoría de los medios hegemónicos de comunicación que tergiversan los hechos, defienden a los usurpadores y silencian las voces de la comunidad mapuche. En este sentido, creemos que el referente para comprender estas operaciones siempre es el poder, o las historias dominantes o alguna implicancia hegemónica que atraviesa el conflicto.
Por otro lado, y de acuerdo con Antonio Gramsci, creemos que no hay posicionamientos mecánicos de lxs sujetxs en las estructuras, sino que esto se comprende por interrelaciones y superposiciones desde las cuales se van inscribiendo las luchas y memorias de estos mismos. En relación al conflicto Buenuleo, entendemos que las respuestas o posibles soluciones promulgadas en las “actas de acuerdos”– obtenidas de las mesas de diálogo o de los “encuentros de acuerdos”– deben apuntar a identificar articulaciones y desarticulaciones conducentes a la realización de mejores inversiones hegemónicas en el espacio en que vivimos, para lograr convivencias cada vez más ancladas en un sentido ampliado de derechos humanos y en compromisos interculturales íntegros. Por tal motivo, consideramos que el balance de estas etapas entendidas como “resolutivas” no pueden definirse en términos de positivas y negativas, como lo expresó el Ministro de Seguridad y Justicia rionegrino.
Para finalizar, consideramos que, si bien las acciones de violencia sufridas por lxs Buenuleo comenzaron a transitar por espacios de mayor alcance, aún la comunidad se encuentra en un “estar en lucha” que sigue su curso. Por ello, es necesario que se dejen de ver los reclamos indígenas como problemas, peligros transitorios o momentáneos, para empezar a entenderlos como diagnósticos de lo que no está funcionando en nuestra historia de ciudadanía y de acuerdos de convivencia.
Referencias bibliográficas:
Briones, C. (1998). La alteridad del “Cuarto Mundo”. Una deconstrucción antropológica de la diferencia. Buenos Aires: Ediciones del Sol.
Briones, C. y Ramos, A, (2018) “Todo lo que es sólido (casi) se desvanece en el aire, todo lo sagrado (casi) se vuelve profano”: manifestaciones discursivas de una crisis de hegemonía cultural. Revista Heterotopías del Área de Estudios del Discurso de FFyH. Vol 1, N° 1. Córdoba, Junio 2018 – ISSN: 2618-2726
Grossberg, L. (1992). Power and Daily Life. En We Gotta Get Out of This Place: Popular Conservatism and Postmodern Culture (pp. 89-112). New York: Routledge.