Si bien el gobierno de la provincia no deslegitima discursivamente al Co.De.C.I, lo deslegitima en hechos, desfinanciando históricamente el Fondo de Desarrollo de las Comunidades para lo cual fue creado.
La ley provincial N° 2287 de Rio Negro, establece el tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena, reconociendo y garantizando la existencia institucional de las comunidades y sus organizaciones, así como el derecho a la autodeterminación dentro del marco constitucional, implicando un real respeto por sus tradiciones, creencias y actuales formas de vida.
Lo cierto es que poco se ha cumplido desde la promulgación, en el año 1988 hasta la fecha. En medio de la pandemia, las necesidades en las comunidades siguen sin respuestas ante una creciente criminalización de aquellos mapuches que reafirman derechos territoriales.
El fondo de desarrollo para comunidades indígenas, que debiera ejecutarse a través del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, jamás se hizo efectivo, pasando a ser una mera expresión de deseo a lo largo de los años, con plena vigencia de la ley.
Al Co.De.C.I lo han transformado en un órgano administrativo provincial, dejando de lado el propósito mas elevado cómo impulsora del desarrollo económico – social, de 130 comunidades en la provincia, que aun aguardan respuestas.
En este sentido la Coordinadora del Parlamento Mapuche expresa:
Indio amigo, Indio enemigo
El concepto de Indio amigo – Indio enemigo es lo que ha regido a lo largo de la corta historia del país, apenas doscientos diez años, la relación del Estado y sus distintos gobiernos con el Pueblo Mapuche-Tehuelche en esta parte del territorio. No es que el Estado y los gobiernos sinceramente reconozcan en los supuestos lazos de amistad alguna reciprocidad humana, este término de “amigo” solo es parte de la conveniencia del momento y es así que hoy quien es “amigo”, mañana puede ser enemigo peligroso, del orden social, de los poderes, de la convivencia, enemigo del progreso, y de la seguridad jurídica. Basta la denominación de estatus “enemigo” para que se inicie una operación de prensa, presiones políticas, policiales para deslegitimar cualquier reclamo ya sean territoriales o de aplicación de Derecho Indígena. El Estado ha sancionado o adherido a un plexo normativo en relación a los Pueblos Originarios a partir de la Reforma Constitucional que no fue fácil, sino que formo parte de una movilización y reclamo de distintos referentes de los Pueblos que sin representación pero con aliados políticos lograron el reconocimiento de la preexistencia.
Lamentablemente la historia se repite constantemente en la Provincia de Río Negro. Una provincia relativamente joven, que a pesar de tener una legislación de avanzada como la Ley Integral Indígena 2287/88, nunca tuvo la voluntad política para dotar del Fondo de Desarrollo, que proveea la misma para acompañar la educación, producción, cultura, salud y comunicación de las comunidades que la integran. El CoDeCI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) es un logro político de las comunidades que comenzaron a reclamar en los años 1980, atravesados por la pobreza, el despojo de los territorios, falta de políticas públicas, que sufría la población mapuche que no era reconocida. A pesar de que la AADI (Asociación de Abogados de Derecho Indígena) se encarga de desprestigiar a un organismo de co-gestión que con dificultades, errores y aciertos es precursora de grandes herramientas políticas, jurídicas e institucionales como por ejemplo el fallo Calcatreu del año 2005. Herramientas que los abogados de la asociación usan aplicando el Derecho Indígena con una mirada paternalista desconociendo el verdadero sentido de un capital político construido a partir de la lucha de las comunidades. El derecho indígena no nació de los escritorios de los abogados, ni en las universidades, el derecho indígena nació de la resistencia en los territorios, en la dignidad de la lucha de muchos peñis y lamuen que encerraron sus ovejas en el corral para ir a discutir política de reconocimiento con el Estado.
Si bien el gobierno de la provincia no deslegitima discursivamente al Co.De.C.I, lo deslegitima en hechos, desfinanciando históricamente el Fondo de Desarrollo de las Comunidades para lo cual fue creado. A partir de la Emergencia Sanitaria y Social que atravesamos y que tiene a las comunidades de ámbitos urbanos y rurales como las más afectadas, el gobierno provincial no ha tenido la capacidad ni la voluntad política de aportar un fondo de emergencia solicitado para atender las demandas. La provincia de Río Negro recibió por parte del Estado Nacional 150 millones de pesos para afrontar la Emergencia del Covid-19, que fue distribuido entre los Municipios y Comisiones de Fomento.
El día de 16 de mayo a través de una reunión virtual con los integrantes de Parlamento, referentes de EIB, Consejeros del CoDeCI y C.P.I le requerimos al Ministro de Gobierno Rodrigo Buteler, un Fondo de Emergencia de 4 millones de pesos para atender las demandas de 150 comunidades de la provincia. Un relevamiento preliminar arrojo una necesidad de leña para 1600 familias, sin contar que la sequía del territorio conlleva a la necesidad de afrontar con forrajes el sostenimiento de los animales, y asistencia alimentaria para familias en el territorio. A esto se suma, que 10 comunidades asentadas sobre las márgenes del río Colorado están sufriendo una baja histórica del río y están solicitando asistencia en la captación de agua.
La solicitud del Fondo de Emergencia fue denegada por el gobierno provincial. Las demandas elevadas al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y al Ministerio de Agricultura de Nación hace 15 días están supeditadas a la voluntad política del gobierno provincial que exige que toda la ayuda se canalice por el gobierno. Que la ayuda para las Comunidades discrecionalmente sea manejada por el gobierno provincial, cuando hay una organismo de co-gestión como el Co.De.C.I que puede cumplir esa función, es un indicio seguro de que la ayuda llegara a los Indios amigos, mientras los indios enemigos miran la distribución fuera de sus territorios y los más malos son víctimas de un montaje mediático desde hace más de diez días con titulares periodísticos en los diarios de la zona y del país (Clarin, TN, El Cordillerano, diario Río Negro, La Nación, La Nueva República, Bariloche 2000) hablando de inseguridad en Villa Mascardi, caracterizando a los indios malos, estigmatizando y preparando el terreno para avalar socialmente la represión.
Nos preguntamos ¿cuáles son los intereses que se esconden tras esta gran operación de prensa? Sospechosamente cuando el diálogo, el acercamiento entre la Comunidad, la Coordinadora del Parlamento Mapuche, el Co.De.C.I, el INAI, Parques Nacionales, el Ministerio de Seguridad avanzaban para sentarse en una Mesa de Diálogo las próximas semanas, se ve complejizada a esta hora de la tardeya que en estos momentos la Comunidad Lafken Winkul Mapu está siendo reprimida por parte de la policía de Río Negro y un incendio intencional en cercanías de la Comunidad. Actúa la misma Comisaría N° 42 que liberó la zona en Buenuleo para que se produzca la agresión.
Ante este crudo panorama de Inseguridad Territorial que atravesamos muchas comunidades en la provincia, afectadas además de la crisis sanitaria, económica, social por la violencia patriarcal, la violencia discursiva y la inseguridad jurídica, hacemos un llamado a la responsabilidad política de un cambio de paradigma entre indios amigos e indios enemigos y pedimos que responsablemente el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial reconozcan que no se puede solucionar un problema de injusticia histórica sin el reconocimiento de una historia de genocidio y despojo cuyas consecuencias más atroces la hemos pagado y la seguimos pagando los pueblos originarios, que a la luz de los hechos de la Campaña del Desierto está más vigente que nunca.
Cuando el país se apresta a festejar 210 años, nosotres denunciamos 210 años de Civilización y Barbarie, 210 años de violencia en el territorio. 210 años de Indios amigos e Indios enemigos.
Repudiamos la represión policial a la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Exigimos el cese de los montajes periodísticos y la represión.
Responsabilizamos al Estado por los episodios de violencia y sus consecuencias.
Exigimos justicia por Rafael Nahuel.
Exigimos que las demandas comunitarias en la emergencia sean cumplidas.
Exigimos el cumplimiento del Fondo de Desarrollo de las Comunidades.
Marichiweu marichiweu!!!!