En un operativo policial en defensa de la propiedad privada -desocupada por décadas- de una única dueña, la comunidad guaraní Cherú Tumpa fue atacada con balas de goma que dejaron heridas en niñes y bebes y terminó con la detención de una de sus líderes. Juliana Martínez, integrante de la comunidad, dice que el hostigamiento es anterior a la denuncia de la propietaria: “Siempre están viniendo los policías acá. Nos tratan de chiretes, de indios, de matacos, de patas rajadas, eso es lo que nos dicen”.
31/07/2020
Yamila Veleizán lleva más de una semana detenida. El jueves 23 de julio, un operativo policial irrumpió en la comunidad guaraní Cherú Tumpa en Colonia Santa Rosa, en el departamento de Orán, provincia de Salta. La Brigada de Infantería realizó disparos con balas de goma que provocaron 18 heridos, entre ellos seis niños y uno de ellos, de un año y medio, recibió un perdigón en la frente. Allí se llevaron a Yamila, de 32 años, con la excusa de que resistió la acción policial. Es una de las líderes de una comunidad que encontró en esas tierras un lugar para vivir. “Las emisoras de acá de Colonia y de Orán, están hablando otras cosas, el barrio Gauchito Gil está al otro lado, no adonde nosotros pertenecemos. Nosotros estamos de este lado, nada que ver con lo que están hablando las emisoras acá, dicen que ella ha estado vendiendo terreno, que Yamila vendía a 15 mil, 20.000 nada que ver. Todo es mentira. Están tratando de acusarla de cosas que ella nunca hizo, todo es mentira. Sólo (la detuvieron) por defendernos a nosotros”, aclara por mensaje de whatsapp Juliana Martínez, otra dirigente de la comunidad, un rato después de realizar la entrevista. Juliana pudo hablar por teléfono con Yamila, que la alentó a seguir denunciando lo que ocurre, más allá de las amenazas que son “para meterle miedo” y la presencia policial que todos los días intimida a su comunidad. “Siempre están viniendo los policías acá. Nos tratan de chiretes, de indios, de matacos, de patas rajadas, eso es lo que nos dicen”, sigue su relato Juliana.
La tarde del jueves 23 de julio es imborrable para la comunidad. “Hace como tres meses que venían amenazándonos, y cuando el día jueves, ya se pusieron a las 8 de la mañana, a eso de la 16 ellos nos hablaron que nos acerquemos. Nosotros fuimos de nuestras casas a ver qué es lo que querían, nos han dicho que… hablaron ella, la comisaria de Santa Rosa y nos han dicho que primero van a cercar esas partecitas y que nosotros nos podamos retirar. Hablamos y de ahí nos fuimos, estábamos volviendo a nuestros hogares”, relata Juliana sobre el momento en que empezaron a recibir los disparos. “De ahí se desató todo este desastre que padecieron niños, mujeres embarazadas, todo eso”, dijo. Entre los heridos hubo un bebé.
Las personas heridas fueron atendidas por sus hermanos. “No nos quisieron atender y nosotros con los yuyos caseros curamos nuestros niños, pero igual, ellos quedaron con miedo porque siempre viene la patrulla y ellos se asustan. La policía no entra hasta acá, quedan a una cuadra y media. Y los chicos miran… a veces estamos todos en la carpa cocinando y ya los chicos empiezan a esconderse debajo de la mesa y quieren llevar a su mamá a la casa. Otros disparan al monte a esconderse”, relata Juliana sobre el efecto de la represión policial en su comunidad.
Yamila fue trasladada a la comisaría 9º de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, a más de 50 kilómetros de su comunidad. La imputación de la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, es por usurpación, estafa y extorsión contra Yamila y otras cinco personas. El abogado Fabricio Torres le pidió al juez de Garantías Claudio Alejandro Parisi que “disponga la libertad” de Yamila, mamá de un niño con problemas de salud. La causa se inició por la denuncia de la titular registral de los terrenos donde vive la comunidad, Mirta Divano de Manero.
Hay que escuchar a quienes viven allí. Juliana tiene 54 años y asegura que esas tierras están desocupadas desde que ella nació. “Nosotros estamos hace cinco año, y luego, como nosotros formamos hogar, tomamos el territorio de al lado, que también está hace muchos años abandonado. Mi hermano ya va a cumplir 58 años, y esa tierra era de nadie desde que nació y ahora tomamos ese pedacito donde poníamos cultivo, donde sembrábamos. Cuando entramos ahí, en estos tres meses, ya la policía nos venía cuestionando, vigilando, todo eso. Nos quitaba las herramientas de trabajo, como ser los machetes, azada, pala. Ahora, ya el día jueves hemos sido avasallados sin una orden, sin ningún papel, sin nada”, rememora Juliana y cuenta cómo era la vida de su pueblo antes de tomar esas tierras: “Ahora volvimos a nuestro terrenito de cultivo y tenemos un comedorcito, donde cocinamos olla popular para todos nuestros hermanos que no están trabajando y se llevan viandita”. Son unas 200 familias.
Antes de encontrar en esas tierras desocupadas su hogar, las familias de la comunidad Cherú Tumpa estaban “mezclados pero cerca, todos vivíamos cerca. Nos juntábamos en la iglesia, hablábamos nuestro idioma, así vivíamos, de acá para allá, de acá para allá, hasta que hace cinco años entramos a este lugar, que era baldío. Tengo 54 años y no había nadie, nadie nadie. Mi abuela está de 74 años y dice que esto era de nadie”. En el lugar son todos guaraníes. “Hablamos nuestra lengua, nuestro mburuvicha (cacique) está medio amenazado, por eso no lo sacamos mucho, está en su ranchito nomás”, sigue Juliana.
La comunidad entró al predio lindero el 10 de octubre, para hacer una plantación en tierras que estaban abandonadas. Desde entonces sufren el hostigamiento, aunque según la información oficial, la denuncia de la titular registral de esas tierras es mucho más reciente.
La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda le envió una carta a la fiscala Fuentes, pidiéndole información sobre el procedimiento. El organismo subrayó la “enorme preocupación ante la gravedad de los hechos denunciados” y pidió que “se adopten las medidas necesarias para resguardar la integridad física de los miembros de comunidades indígenas, con el fin de propiciar el mantenimiento de la paz social”.
Además, el INAI resaltó “la vigencia de la emergencia territorial dispuesta por la ley 26.160 y sus prórrogas, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tiendan al desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
Desde el Movimiento de Mujeres del Buen Vivir fueron enfáticas: “Les pedimos a todos los pueblos indígenas y el pueblo argentino que levanten su voz de indignación y repudio frente a estos acontecimientos. Quieren detener también al cacique, dejando a la comunidad sin sus autoridades tradicionales”.
La lectura política del Movimiento de Mujeres del Buen Vivir es que “en Argentina se está llevando adelante una guerra de bajá intensidad contra los pueblos indígenas, con el objetivo de exterminarnos y permitir el emplazamiento de empresas extractivistas. No lo permitiremos”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/281403-hicimos-un-hogar-donde-no-habia-nadie