El Gobierno aumentará los desembolsos y reintegrará también el costo de la atención domiciliaria de pacientes.
El Gobierno desembolsó más de 1.100 millones de pesos a favor de las obras sociales sindicales para compensarles el costo de la atención de pacientes con coronavirus mientras prepara una ampliación de los fondos para destinarles con este objetivo. Lo erogado hasta ahora cubre los tratamientos brindados a pacientes que requirieron internación en centros hospitalarios en tanto que en los próximos días se establecerá un nuevo reintegro que contemplará el valor de la atención domiciliaria para enfermos leves. La distribución de esos recursos suavizó la rispidez que existía entre la CGT y el ministro de Salud, Ginés González García, por el manejo de la crisis sanitaria.
Los montos girados hasta ahora corresponden a partidas que la Superintendencia de Servicios de Salud distribuyó sobre la base de tres herramientas denominadas “módulos Covid-19”: uno de ellos, de “Aislamiento y Diagnóstico”, les reintegra a las obras sociales hasta 10 mil pesos diarios por un máximo de siete días para las internaciones más leves; el de “Unidad de Cuidados Críticos sin Asistencia Respiratoria Mecánica”, que devuelve hasta $19.700 por hasta 14 días, y el de mayor gravedad, para casos que requieren respirador artificial, que para el mismo tope de días repaga hasta 23.640 pesos por jornada.
La creación de los módulos quedó establecida en la resolución 326/20 de la SSS, de abril pasado, que incorporó estos ítems al Sistema Único de Reintegros (SUR) que les devuelve a las prestadoras de salud de los gremios el valor de los tratamientos y medicamentos de más alto costo. Para financiar el gasto el Gobierno apeló al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 908/16, de Mauricio Macri, que creó un “Fondo de Emergencia y Asistencia” para las obras sociales sindicales como parte de un plan mayor que contemplaba la devolución total de los recursos que el Estado les adeudaba desde los tiempos de Cristina de Kirchner.
En la SSS reconocieron que los 1.100 millones de pesos son apenas el primer desembolso de una inyección de recursos que se incrementará de manera exponencial en los próximos días como consecuencia de la detección de nuevos casos de coronavirus por parte de las obras sociales, por un lado, y sobre todo por la creación de un cuarto “módulo extrahospitalario” que les reconocerá a las entidades el valor gastado en la atención domiciliaria de sus afiliados contagiados. Ese nuevo instrumento devolverá hasta 3 mil pesos diarios con un tope de cinco días.
El flujo de los “módulos Covid-19” terminó por reemplazar una promesa incumplida del ministro de Salud, Ginés González García, a la “mesa chica” de la CGT: el funcionario les había dicho a los dirigentes que impulsaría la firma de un DNU para que el Tesoro nacional compensara cada mes la caída de aportes ingresados al sistema de obra sociales a partir de la información verificada por la AFIP. Esa caída, que fue menor a la esperada, tuvo que ver con la reducción salarial de una vasta porción de trabajadores como consecuencia de las suspensiones masivas y la pérdida de puestos de trabajo durante la pandemia.
Entre enero y agosto el sistema de obras sociales reportó un déficit entre ingresos y egresos de fondos por 7 mil millones de pesos. La cuenta surge de la diferencia entre los más de 47 mil millones de pesos acumulados en el período en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR, el instrumento financiero constituido con una parte de los aportes fiscales de las obras sociales) y gastos por casi 55 mil millones de pesos. La “mesa chica” de la CGT almorzó la semana pasada con Alberto Fernández con esta problemática como tema casi excluyente.
Los dirigentes le explicaron al mandatario que si bien la situación no es de quebranto inminente de las obras sociales (hay compensaciones propias del sistema como los intereses que generan bonos que Macri les dio a las entidades en 2016 o los ingresos de un juicio que el Estado le ganó a la prepaga OSDE) existe un progresivo vaciamiento del FSR que pone en riesgo todo el sistema. El mandatario se comprometió a estudiar propuestas de la central obrera para blindar financieramente sus prestadoras.
Entre otros mecanismos, como adelantó este diario, hubo coincidencias en avanzar hacia un “pool de compras” de medicamentos coordinado entre todas las obras sociales o incluso en la centralización de adquisiciones de remedios por parte del Estado, en una redefinición del Programa Médico Obligatorio (PMO), y la posible constitución de la demorada Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas (barrera frente a los juicios contra entidades sindicales y prepagas). Otra propuesta, que implicaba subir en un punto los aportes a las obras sociales de empleadores (de 6 a 7 por ciento) y de trabajadores (de 3 a 4%) perdió fuerza en los últimos días por las reacciones negativas una vez que González García la blanqueó en una teleconferencia.