Comenzaremos diciendo que todo plan de reforma educativa que el capitalismo se propuso, tiene o conlleva como medida esencial el ajuste presupuestario. Este ajuste que tiene una historia propia en el derrotero de la educación pública en Argentina, este año fue profundizado tanto por el gobierno nacional como provincial. En nuestra provincia la lucha por el salario es una muestra de ello.
A su vez, los reclamos históricos por aumento del mismo para mejoras edilicias, infraestructura, construcción de escuelas, equipamiento, materiales didácticos, cargos docentes como de asistentes escolares y personal en distintas funciones, forman parte y se suman a la necesidad de mayor financiamiento.
Nombrar cada una de las luchas y pliegos reivindicativos que a lo largo y ancho del país se desarrollan dan cuenta de la base ajustadora que todos los gobiernos provinciales con sus variantes practican contra los intereses populares.
Así comenzamos este año, hasta que llegó la pandemia y los tiempos de ajuste y flexibilización se aceleraron. A todos los reclamos anteriores se suman hoy mayor carga horaria, soportes tecnológicos bancados por los docentes y alumnos, desempleo (reemplazantes), gran cantidad de tiempo dedicado a elaborar planillas con datos, situación de alumnos, reformulación de planificaciones, proyectos, atender escuelas para entrega de bolsones de miseria, cuadernillos (vaciados de contenidos), conexión las 24 hs. etc.
En todo esto el gobierno no puso un solo peso para garantizar que los alumnos tengan acceso a equipos e internet borrando la existencia física y virtual de los mismos a la de un nombre en una lista, borrando además el aprendizaje. Debemos ser enfáticos en esto, este año no hubo enseñanza y aprendizaje, porque la misma no estuvo garantizada para el 100% de los alumnos y docentes.
Y es que en el marco de crisis capitalista el modelo de producción profundiza la desigualdad y sólo aquellos que tengan los recursos materiales para acceder al sistema educativo, como fue planteado a partir de la pandemia, tendrán acceso a la educación mientras tengan plata para enseñar y plata para aprener. Esto nos lleva a que con el 60 % de la docencia por debajo de la línea de pobreza y familias tan empobrecidas como los mismos docentes, tengan que ser los trabajadores y el pueblo quienes a costa de más miseria sostengan hoy el sistema educativo en marcha. Esto es lisa y llanamente el arancelamiento de la educación pública.
Saquemos la siguiente cuenta. Si tomamos 68.000 docentes del sistema educativo provincial y lo multiplicamos por una computadora promedio en el mercado de $ 50000, nos da $3.400.000.000 que el gobierno no puso. Si tomamos 55.000 cargos por un promedio de 20 alumnos, cada uno de dicho cargo nos da $55.000.000.000. Estos números sólo en computadoras para enseñar y aprender. Ahora, si tomamos la misma cantidad de alumnos y docentes por un promedio de $3.500 (internet fija 20 mega+electricidad) nos da 3.850.000.000 por mes. Todo esto es lo que a los trabajadores y el pueblo (es mucho más) nos cuesta sostener hoy y en estas condiciones la educación en la provincia de Santa Fe. Otros tantos millones deberíamos agregar para aumentar la calidad nutricional de las raciones de comedores y copa de leche. En cada provincia se pueden hacer cálculos semejantes.
La voluntad del gobierno no es que los docentes y alumnos enseñen y aprendan en el contexto actual. La plata está, pero la destinan a pagar deuda externa.
A su vez, los gobiernos llevan a delante una reforma educativa que desde el primer momento supimos que se estaba dando, y con la falsa idea de que era necesario en las condiciones actuales continuar con el vínculo pedagógico y afectivo asistimos a la política de ajuste con nuestra práctica.
Creemos que esto no era necesario, que debimos parar la pelota en el minuto cero, porque lo que vino después es lo que en todos los pliegos reivindicativos se denuncia al Estado.
Se nos impone en este momento desde los ministerios nacional y provincial avanzar con la Ley de Educación Nacional hacia una educación nivelada en función de la realidad de cada clase social, donde la realidad social y económica determina qué y cómo se enseña. Es decir, unas escuelas para ricos y otras para pobres.
En la circular 09/20 de la Subsecretaría de Educación Secundaria de la provincia de Santa Fe, se pone en orden la política educativa nacional a través de las distintas resoluciones y acuerdos entre nación y las jurisdicciones. Léase en la circular lo siguiente:
“Puntualmente, la Resolución CFE N° 366/20 considera pertinente establecer como adecuadas tres formas complementarias de trabajo: presencial, no presencial y combinado. En este período comprendido entre setiembre de 2020 y marzo/abril de 2021, convivirán, de ser posible, las tres formas de trabajo en “una unidad temporal que posibilite la intensificación, evaluación, acreditación y/o promoción de los aprendizajes”. Al mismo tiempo, la resolución plantea una revisión integral y progresiva de los tiempos escolares habituales: horas-clase, módulos, jornadas con o sin extensión horaria, cronogramas de evaluación, actividades extracurriculares, etc.”
En el resaltado nuestro, nos advierte el cambio en el régimen laboral y de los contenidos de estudio en su conjunto, para peor. Respecto de las formas combinadas de trabajo, para la no presencial, si ha de ser dentro de la virtualidad, ya vimos el costo económico que esto demanda y quién pone la plata.
La circular 9 continúa:
“Desde esta Subsecretaría y teniendo en cuenta lo acordado federalmente en esta resolución, proponemos agrupar los espacios curriculares en equipos de trabajo (…) Este trabajo en equipos estaría reglado por lógicas complejas de trabajo interdisciplinario y de resolución de problemas. Así, el número de espacios curriculares se reduciría…Repensarnos para proyectar otros escenarios posibles superando los actuales: (…)”
En el ítem 4, sobre la implementación de las resoluciones, se sigue la lógica reduccionista:
“En el caso particular de la Educación Técnica, “el Trayecto para la Finalización del Nivel Secundario deberá concentrarse en núcleos ligados al desempeño profesional al que habilitan los títulos. Las instancias de acreditación se organizarán por unidad curricular, sean estas asignaturas o proyectos integrados y su aprobación certificará la finalización del nivel.”
Es decir, que las asignaturas como Lengua y Literatura o Filosofía, por ejemplo (esenciales para la humanidad en sí misma), quedan fuera de lo específico para la formación. En el decreto 0371/20 ya se advierte esta cuestión. El item 2 de dicho decreto versa lo siguiente:
“Las propuestas didácticas que se formulen en estos módulos organizadores, quedarán transversalizadas por la literatura, las prácticas de lectura y escritura y el desarrollo del pensamiento matemático”
Lo que la Ley Federal de Educación no pudo, como reducir la Literatura y la Matemática, ahora se avanza con la LEN en todo su esplendor para aumentar lumpenización del pueblo.
La avanzada contra la educación pública, cuyo sustento es la LEN y el ajuste presupuestario para el pago de deuda externa, adquieren formas más precisas que debemos indicar y poner en discusión con toda la docencia.
Por nuestra parte no creemos que la virtualidad sea una opción sobre la que debamos pensar en que, si es buena o mala, porque no dudamos que la enseñanza presencial es la única forma posible. Creemos que la mejor educación es la que brinde todo lo mejor y sume lo que incorporó la humanidad para el desarrollo de la misma; y que la LEN (remozada Ley Federal) contribuye al saqueo del pueblo.
