El invierno no se fue para los trabajadores
Mario Hernandez
Este 21 de septiembre, día de la Sanidad, se realizó en todo el país una Jornada nacional de lucha en Salud convocada por decenas de organizaciones gremiales del sector. El acto central tuvo lugar en el Congreso.
En este marco, trabajadoras y trabajadores de Enfermería de la salud porteña se dirigieron a Plaza de Mayo y posteriormente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para presentar un petitorio reclamando mejores condiciones laborales, mayor presupuesto para los hospitales públicos y el pase a la carrera profesional del personal de Enfermería, entre otros puntos.
Sin embargo, la manifestación que transcurría pacíficamente fue respondida violentamente por la Policía de la Ciudad, que impidió la presentación del petitorio con golpes y gases. Al menos tres personas resultaron heridas.
Covid 19
Estela Caballero, una de las tres primeras conductoras del subte, falleció el miércoles luego de estar internada durante más de un mes. Ya son 5 los trabajadores del subte que mueren a causa del virus y 182 los contagiados.
Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro denunciaron que la tasa de contagios en este ámbito es de 2,76%, mayor a la media del resto de la Ciudad que es de 2,6%. Esto no es casual, sino producto de la falta de condiciones a las que la empresa Metrovías expone a trabajadoras y trabajadores a diario, con la complicidad de Sbase y el Gobierno de la Ciudad.
La propuesta del Gobierno de la Ciudad de que haya clases presenciales en las plazas y otros espacios abiertos cosechó rechazos de la mayoría de los 17 gremios docentes del distrito. La iniciativa fue presentada a Nación, pero sin consulta ni consentimiento de los maestros.
«Hay tres objetivos que debiéramos plantearnos en estos momentos de pandemia: primero, educar; segundo, cuidar la salud; y tercero, cuidar la vida. El proyecto de Larreta no apunta a ninguno de esos tres. Las clases en las plazas no sirven para educar y menos para cuidar la salud y la vida», afirmó Eduardo López, referente de UTE-Ctera.
«Esta propuesta ya es demasiado. Pensar que los chicos pueden recuperar algún vínculo pedagógico o contenido, estudiando a la intemperie, rodeados de diferentes ruidos, con una docente a dos metros y encima con un barbijo puesto, es de locos.
Sin lugar a dudas, tiene que ver con esta lógica aperturista que propone el Gobierno de la Ciudad, que nunca quiso resolver el tema de fondo porque les dijimos desde el comienzo de la pandemia la importancia de que esos chicos estuvieran conectados», dijo Mariana Scayola, titular de Ademys.
La Fiscalía PCyF 8 dispuso archivar la denuncia realizada contra las sucursales 91, cercana al Abasto, y la 46 frente a Plaza Miserere, en el barrio porteño de Once, ambas de Coto.
Las sucursales fueron denunciadas por no cumplir con las medidas sanitarias vigentes para evitar la propagación del Covid.
Coto se mantiene primero en la lista de los supermercados con mayor cantidad de contagios entre los trabajadores, seguido de cerca por Carrefour. A finales del mes pasado, llevaba registrados 550 casos positivos solo en la zona metropolitana.
Pese a esto y la denuncia de los trabajadores que indican que la empresa les negó la licencia al personal de riesgo, trabajadores con enfermedades crónicas o mayores de 60 años obligándolos a presentarse a los locales, poniendo en riesgo su vida, el fiscal dio por finalizada la investigación y archivó la causa “por falta de pruebas”.
Los trabajadores dan cuenta de los contagios también dentro de sus familias y que la empresa ni siquiera permite cumplir la cuarentena necesaria en los casos positivos, sino que los obliga a volver al trabajo antes de los 14 días, tiempo estipulado por el Ministerio de Salud y la OMS.
Además advierten que no abastece de los insumos de seguridad e higiene e intenta ocultar los casos sospechosos.
Trabajadores del ingenio de Emilio Luque (Tucumán) denuncian que no se cumplen los protocolos y que el foco de contagios afecta principalmente a los tercerizados de la fábrica, donde hay jornadas de 12 y hasta 16 horas.
“Calculamos que hay entre 30 y 40 trabajadores contagiados, más los que están aislados que en su mayoría son los hombreadores de bolsas de azúcar, que trabajan para Lemase SRL. Se está expandiendo por todos lados el virus”, comentó un trabajador del Ingenio Concepción.
“La FOTIA y el Sindicato del ingenio no hacen, ni dicen nada. Ellos están a favor de que no se le pare la producción a la patronal”, comentan desde adentro los trabajadores.
En el Ingenio Ledesma de Jujuy, hay más de 300 casos y 16 muertos; mientras que en el Ingenio de Seaboard, ex Tabacal de Salta, hay más de 100 casos y 6 muertos. Si bien en el Ingenio San Isidro, de Salta, no se han registrado muertes, ya hay más de 150 casos de coronavirus. En el Ingenio Río Grande de la Mendieta, Jujuy, hay 140 casos positivos y el Ingenio La Esperanza de Jujuy registra 100 casos.
En la sucursal de Belgrano de Frávega: «Hay entre 8 y 9 contagiados y el problema es que no tenemos información sobre si se desinfectó la sucursal y el otro problema es quelos protocolos que usa la empresa no son los correctos porque tenemos empleados que trabajan una semana sí otra no, pero la parte gerencial trabaja todo el mes. Los primeros casos fueron del encargado, el subgerente y el gerente, que tuvieron contacto con los dos grupos, entonces hoy por hoy tenemos gente contagiada en los dos grupos. No cerraron la sucursal, a la gente se la aísla pero no aíslan a todo el grupo que estuvo. Entonces van trayendo gente de otras sucursales para cubrir esos lugares y se está haciendo un foco bastante importante de infección. No sabemos quién lo controla», denunció el delegado Pablo Turco de la sucursal Abasto de la cadena de venta de electrodomésticos.
La Comisión Gremial Interna de Banco Piano hizo una grave denuncia, advirtiendo que la entidad presiona a sus empleados para ocultar los casos de Covid-19 positivo en sus sucursales y eso obstaculiza la activación de los protocolos correspondientes.
En julio, desde la organización sindical habían denunciado que en la sucursal de la localidad bonaerense de Villa Ballester hubo un caso positivo de coronavirus, sin embargo, las autoridades se negaron a activar el protocolo y los trabajadores de contacto estrecho con la persona infectada tuvieron que atender al público.
La metalúrgica Dema, ubicada en La Matanza, también esconde a sus trabajadores la cantidad de contagiados de Covid-19.
A mediados de agosto, por lo menos 15 trabajadores contrajeron coronavirus y se encontraban aislados. Otros tantos esperaban resultados. El gerente de Recursos Humanos no informa a los que sí tienen que cumplir horarios y menos puede explicar qué medidas del protocolo aplican. “Acá no hay distanciamiento social, trabajamos uno al lado del otro”, cuenta un trabajador.
Los trabajadores de la empresa Danone-La Serenísima, de la planta ubicada en Longchamps, advierten que los casos de Covid 19 positivo se multiplicaron. Asimismo denuncian que la empresa no cumple con los protocolos de sanidad y cuidados adecuados. “La cantidad de contagios se multiplicó y estamos cada vez más expuestos”, afirman.
Una encuesta realizada por el espacio intersindical que nuclea a gremios de la CTA de los Trabajadores y la CGT sobre el “Cumplimiento de Medidas de Seguridad en el Trabajo en Contexto de Emergencia Sanitaria COVID-19” deja datos preocupantes sobre lo que ocurre en los establecimientos.
Entre sus principales resultados se desprende que alrededor de 1 de cada 5 trabajadores respondió “que en su lugar de trabajo existen personas pertenecientes a grupos de riesgo que están desempeñando sus tareas de manera presencial (21% en el caso de las encuestas por trabajador/a y 18% en el caso de los establecimientos)”.
El trabajo se realizó entre el 2 y el 18 de junio de 2020, y relevó la situación de más de 150 empresas y 1.500 trabajadores.
Además se detectó que en el 48% de los establecimientos los consultados manifestaron no haber recibido capacitación por parte del empleador o que la misma fue insuficiente.
Otro ítem preocupante es el que tiene que ver con el control de la temperatura al inicio de la jornada laboral. “El control de la temperatura al ingreso de los establecimientos es muy poco implementado. Al 75% de lxs trabajadorxs no se le realiza un control de temperatura en el ingreso al establecimiento, y un 9% lo consideró dudoso”, explica el informe.
Por último un alto porcentaje de los encuestados sostuvieron que en sus lugares de trabajo no se respeta el distanciamiento social o es dudoso (31% en el caso de las encuestas por trabajador/a y un 35% en las encuestas por establecimiento).
Cierran empresas
“Nos llegó por WhatsApp una notificación para que ingresemos a nuestro login personal del sistema y podamos ver cuánto es lo que nos ofrece la tienda para acatar el retiro voluntario”, declaró Priscila Pérez, delegada de los trabajadores de Falabella del Nuevocentro Shopping de Córdoba.
También señaló que en Córdoba son unos 270 empleados, pero que sólo unos 70 u 80 están trabajando durante la pandemia. El resto está “suspendido” con un salario del 80%. Por su parte, la empresa de capitales chilenos, anunció que cierra también su local en San Juan. Ante esta situación, la secretaria del Sindicato Empleados de Comercio local, Mirna Moral, informó que en la provincia ya se les comenzó a ofrecer a los trabajadores retiro voluntario.
Desde el SEC informaron que son 134 empleados que están en medio de esta incertidumbre y con la preocupación de un mercado laboral muy complejo donde no hay nuevas oportunidades de empleo.
Falabella, empresa de capitales chilenos, anunció que busca un socio estratégico para sus negocios en el país y a través de un comunicado adelantó el cierre de cuatro de sus locales en los próximos meses y la apertura de retiros voluntarios para sus trabajadores.
La firma informó que las tiendas que cerrarán son dos Sodimac ubicados en Villa Tesei y Malvinas Argentinas, y dos Falabella (Florida 343 y Tortugas Open Mall).
Falabella -propiedad de la familia Solari- cuenta con diez establecimientos y además el grupo es propietario de nueve sucursales de Sodimac, dedicado a la venta de materiales para la construcción y artículos del hogar.
En la primera mitad del año, Falabella registró una pérdida de U$S 136 millones frente a ganancias por U$S 205 millones de igual período de 2019.
En lo que va de 2020, las acciones de la compañía perdieron en torno al 30%, con una caída del 25% en los ingresos, que totalizaron U$S 2.140 millones en el segundo trimestre.
A través de un comunicado interno Glovo le informó a sus «colaboradores», que «ha tomado la decisión de cerrar sus operaciones en Argentina en las próximas semanas».
Asimismo, aseguraron que: «Todos los repartidores recibirán la totalidad de pagos pendientes siguiendo nuestros términos y condiciones» y les enviarán un correo con la información detallada de «facturas, pagos, balance de efectivo, devolución de material y recomendaciones» con el fin de tener un «cierre adecuado».
Mientras tanto otra comunicación los mandó a anotarse en PedidosYa. Glovo vendió las operaciones de Latinoamérica al grupo alemán Delivery Hero, dueño de PedidosYa.Pero no les garantiza que vayan a tener empleo. Les ofrecen postularse con un click y se habla de un trato «preferencial».
La famosa cadena de restaurantes de la zona norte “La Porteña” con sedes en Av. Fondo de la Legua al 290 (San Isidro) y en la Colectora del Ramal Pilar Km 38,5 decidió cerrar sus puertas el pasado 23 de julio tras meses sin abrir dejando a 130 familias sin un sustento en medio de la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país.
Los trabajadores iniciaron protestas en el local de San Isidro y frente al country donde vive el dueño Alberto Díaz. Sus reclamos son por el pago correcto de su indemnización o la reapertura de los restaurantes.
Además denuncian que el sindicato de gastronómicos (UTHGRA) no se puso al frente en la pelea por sus reclamos y los aprietan para que arreglen por una indemnización sólo del 30% pese a que durante la pandemia está prohibido despedir y las indemnizaciones deben ser dobles.
La firma Sedamil tras 2 años de la presentación a concurso de acreedores, finalmente logró llegar a un acuerdo con los trabajadores que mantenían un acampe frente a la planta y cierra sus puertas en la ciudad de Trelew.
De la fábrica de Trelew, en total se desvincularon 286 trabajadores, que suscribieron el programa de retiros voluntarios. Hasta principios de agosto quedaban 85 empleados acampando en la fábrica, que también se desvincularon de la firma, y percibirán indemnizaciones.
Julián de Diego, titular del Estudio de Diego & Asociados, afirma que el “paquete de medidas recientes que ha instrumentado el Poder Ejecutivo, paralizando despidos y duplicando las indemnizaciones” son puntos que impiden que las empresas puedan determinar sus propias estrategias y “competir con total libertad”. (Sic)
De Diego sugiere medidas para recuperar la pérdida de confianza patronal, entre ellas “una profunda reforma impositiva laboral y de la seguridad social” y también una “reforma laboral”.
Una investigación del Instituto del Pensamiento y Política Públicas (IPyPP) señala que en Argentina no presenta niveles de presión tributaria que puedan calificarse de “elevados” en comparación con el resto del mundo. En base a datos del Banco Mundial de 2014 a 2017 presentan al país en un nivel intermedio en la región (en torno al 12 % medido por recaudación tributaria en relación al PBI), y por debajo de la media europea (20,2 %).
Reforma laboral
“Una propuesta ineludible es la necesidad imperiosa de generar una verdadera reforma laboral”, expresa el documento lanzado el 31 de Agosto por la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
En este documento titulado “Propuesta para Argentina” presionan al Estado para que le rebaje impuestos a las empresas como primer punto. Manifiestan su “preocupación” por la desocupación que ha crecido sobre todo en la pandemia y dicen textualmente que: “En cuanto a aquellos que aún tengan un trabajo registrado seguramente correrán el riesgo de perder su ocupación y no les importará, por temor a no conservar su puesto, la violación que se haga de las normas que los amparan”. (Negritas mías).
Sus propuestas son:
1) Que la indemnización se pague con fondos multisectoriales, o sea, ya no dependería un 100% de la empresa sino que el mismo trabajador se estaría pagando el resarcimiento por su despido que no eligió.
2) Trabajo en pos de la productividad: El empleador puede ir modificando la jornada laboral según le convenga. Esto se relaciona con el punto siguiente.
3) Que las horas extras en vez de ser pagadas el doble se compensen con días de vacaciones lo que le ahorraría mucho dinero a los empresarios. Esto es algo que aplican en muchos lugares pero “por abajo”, lo que se conoce como Banco de horas.
La gran ausencia en este documento son las condiciones de seguridad e higiene. Hoy en varios supermercados dependientes de la CAC se pueden ver la cantidad de contagios y muertes por COVID-19 que dejan al descubierto las condiciones en las que van a trabajar miles de trabajadoras y trabajadores, sin el respeto de ningún protocolo.
El secretario de la CAC Mario Grinman dijo en relación a esto que: “pretendemos discutir esa propuesta cuanto antes. Cavalieri es un hombre muy inteligente que conoce bien la realidad del sector desde ambos lados del mostrador”. Haciendo referencia al dirigente del sindicato de Comercio.
La Confederación General del Trabajo (CGT) salió al cruce del «plan para la pospandemia» del ex ministro y candidato presidencial Roberto Lavagna.
La central obrera expresó a través de un comunicado que se plantará para «defender al trabajo del despido arbitrario» y consideró que «las políticas de protección del empleo durante la pandemia han sido una de las que mayor consenso social han tenido y más apoyamos desde el movimiento obrero».
“Asociar la desprotección laboral a la modernidad es un error de consecuencias inconmensurables”, sostiene el comunicado de la CGT.
En ese sentido, la central obrera señala que Macri intentó “sin éxito, durante su malogrado gobierno, una reforma laboral haciendo eje en la eliminación de la indemnización por despido sustituyéndola por un seguro prepago, tratando de quitar la responsabilidad a los empresarios”.
Para la central obrera, esas iniciativas de “originales no tienen nada y buscaron repetir el viejo anhelo de los neoliberales de los 90”.
Acto seguido, el texto habla de la iniciativa de Lavagna. “Hoy con sorpresa y desazón recibimos las propuestas equivocadas de un economista de nota, quien pretende instalar falsos debates que fueron sepultados en las urnas hace apenas un año”, advierte.
Y avisa: “La protección contra el despido arbitrario resulta central para la política de desarrollo inclusivo que propuso nuestro gobierno y que triunfó en las elecciones con el apoyo masivo de los trabajadores”.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, contrariamente a Lavagna, aseguró que «hay que encarecer los despidos para proteger el empleo» antes que facilitarlo, siguiendo con la línea de mantener la doble indemnización que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Conflictos sindicales
La Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires realizó una Jornada de lucha el jueves 17. “Como personal sanitario estamos sufriendo el agravamiento de la pandemia, con aumento de casos y diseminación geográfica. Pero también con el agotamiento físico y mental, consecuencia de nuestras paupérrimas condiciones laborales. Nos encontramos en la primera línea, con sobrecarga laboral, aumento de tareas y jornadas extenuantes. Con miles de compañeros y compañeras contagiadas, nuestra salud está en constante riesgo. Ni el GCBA ni las conducciones sindicales se pronunciaron por quienes fallecieron. Nuestros salarios se encuentran congelados desde marzo. Con la complicidad de la burocracia sindical somos empujades al pluriempleo, que nos expone aún más. Quien debería cuidar a la población y a nosotres es el Estado, que en vez de garantizar nuestros derechos y el acceso a la salud, nos precariza”, remarcan.
También hicieron referencia a la incertidumbre que tienen varios concurrentes y residentes con respecto a su continuidad laboral: “somos miles les residentes y concurrentes que, habiendo terminado nuestra formación en mayo, tenemos retenido nuestro título sin ningún tipo de derecho al trabajo estable. El 30 de septiembre, finalizada la prórroga extorsiva, el gobierno nos dejará sin trabajo, en pleno pico pandémico. Hace tiempo que manifestamos nuestra enorme preocupación, y le propusimos al Ministerio en numerosas oportunidades la permanencia de les profesionales especialistas y con experiencia, a través del pase a planta permanente. Pero el Gobierno nos ignora, y piensa prescindir de todes les profesionales, agravando la crisis sanitaria. En algunos efectores se ha hablado de una prórroga o contrato transitorio, pero no es extensiva a todes les que nos quedamos sin trabajo en plena pandemia, ni tampoco se especifican las condiciones contractuales. Una vez más, nada oficial. Resulta que para el gobierno, quienes estamos en primera línea enfrentando la pandemia somos mano de obra descartable“, denuncian.
Entre las principales demandas, reclamaron por el “pase a planta de egresades residentes y concurrentes de todas las especialidades”, el fin del “trabajo gratuito”, por “salario, ART y obra social para concurrentes”, la “reapertura de paritarias, recomposición salarial y basta de pluriempleo”, por “respuestas inmediatas al conjunto de postulantes al examen de residencias 2020”, “que se garanticen las medidas de bioseguridad de ingresantes, el conjunto de residentes y concurrentes y trabajadores”, por el “respeto a las cohortes y licencias”, la “centralización del sistema de salud”, el “pase a la carrera profesional de Enfermería”, y por “el acceso a la salud pública y de calidad para todes”.
El lunes 21 de septiembre FeSProSa y cuarenta organizaciones de salud realizaron una jornada de lucha en todo el país por mejoras salariales y medidas de protección durante la pandemia. Se hizo foco en los trabajadores sanitarios que ya llevan más de 34.000 contagiados y 140 fallecidos. En la Ciudad de Buenos Aires, el acto central será a las 10:00 en Plaza Congreso.
En Córdoba Capital, en tanto, se realizará un acto en el Polo Sanitario. En Alta Gracia habrá una caravana que partirá del Boulevard Alfonsín, a partir de las 10:30.
En Chaco, trabajadores del Hospital Perrando marcharán desde las 9:30 a la Casa de Gobierno provincial.
Por su parte, en San Juan se hará una radio abierta, a partir de las 11:30, en la rotonda de entrada del Hospital Rawson. Mientras que en Neuquén Capital habrá un acto y conferencia de prensa, a las 10:30, en el Hospital Castro Rendón.
También habrá asambleas y cartelazos en Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, Caleta Olivia, Trelew, Rawson, Esquel, San Luis, Villa Mercedes, La Rioja, Chilecito, Salta, Jujuy, Tucumán, Concepción, Posadas, Santa Rosa, General Pico, Rosario, Santa Fe, Reconquista y Río Cuarto.
El Consejo Ejecutivo Nacional de FeSProSa señaló que es imperativo discutir la agenda de salud: “Debe convocarse a una paritaria nacional de salud que fije un piso de derechos y establezca un plan nacional de desprecarización laboral; terminar con el trabajo en negro y el pluriempleo es una prioridad laboral y sanitaria. Además, exigimos la duplicación del monto del bono estímulo que se extendió por 90 días más”, expresó María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación.
Desde el miércoles 16 al mediodía los choferes de media distancia agremiados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Mar del Plata, mantienen intermitentemente cortada la Ruta 2 a la altura del acceso a la ciudad balnearia, en reclamo por atrasos en los pagos de salarios de julio y agosto. También realizaron un planteo ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y sostienen que piensan mantener el corte hasta obtener “alguna respuesta favorable”.
Los protagonistas del reclamo son más de 200 choferes de la firma Costa Azul, que opera las líneas 212, 216, 221 y 259. El servicio de media distancia se encuentra interrumpido desde el inicio de la cuarentena por la epidemia de coronavirus a mediados de marzo y los trabajadores además afirman que la empresa no ingresó al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), con el que el Estado contribuye al pago del 50% de los salarios. En ese contexto, denuncian que tienen pendiente el pago de parte de sus salarios de julio y la totalidad de los de agosto.
Desde la regional marplatense de UTA consideraron que la situación de los choferes de Costa Azul es “insostenible” y anticiparon que la falta de respuestas también podría derivar en “una medida de fuerza con todos los trabajadores”, sumando los de corta y larga distancia al reclamo de los de media.
La empresa textil que fabrica la marca Legacy, cuya razón social es Corporación Río Lujan SA, lleva 8 meses sin pagar el sueldo ni aguinaldo. Los trabajadores que tienen en relación de dependencia sólo reciben los montos de los ATP depositados por el Gobierno Nacional.
Los trabajadores de Amiplast (Ensenada) que hace cinco meses pelean por su efectiva reincorporación convocan el próximo martes 22 a las 15:00 a la puerta de la fábrica a un gran encuentro de apoyo a la lucha que llevan adelante.
Ante la “prepotencia patronal” del Grupo Beltrán, actual propietaria de la empresa Avex Dánica, la Federación nacional de obreros aceiteros y desmotadores de algodón se declaró en estado de alerta nacional, lo que implica la advertencia de una huelga ante el inminente vencimiento de la conciliación obligatoria esta semana.
El 19 de agosto impidió el ingreso de los delegados a la planta de Villa Mercedes, quienes iniciaron inmediatamente una medida de fuerza. En Llavallol, logró que ese mismo día los delegados de planta renunciaran simultáneamente a sus cargos, y empezó a apretar individualmente a los trabajadores para que firmaran una renuncia a su Convenio Colectivo de Trabajo, un accionar doblemente ilegal de acuerdo a la legislación laboral vigente: la empresa no puede elegir el Convenio de los trabajadores, que se define por la actividad productiva de la planta; y, además, la ley niega que los trabajadores pueden resignar derechos laborales firmando individualmente acuerdos a la baja que resulten peores que los que les corresponden colectivamente, justamente para dejar fuera de la ley aprietes como el del Grupo Beltrán.
Al día siguiente, el Sindicato aceitero de Capital y GBA, el SOEIA, convocó a una asamblea en puerta de planta donde se votó el inicio de la huelga y se eligieron a mano alzada a nuevos delegados.
Esa etapa del conflicto duró una semana (6 días en Llavallol, 8 en Villa Mercedes) hasta que las carteras laborales de ambas provincias dictaron conciliaciones obligatorias, que tras su extensión vencen finalmente esta semana.
En las audiencias que se fueron realizando, la patronal continúa negándose a reconocer la ilegalidad de su accionar y no quiere comprometerse a respetar el Convenio histórico de los trabajadores de Dánica.
Es en este marco que la Federación advierte por una huelga nacional a la que irá de no mediar una decisión firme de los órganos laborales del Estado para forzar a la empresa a cumplir la ley.
Chubut: tres meses de salarios adeudados y despidos encubiertos
En el marco del paro provincial de salud de 72 horas del martes, miércoles y jueves pasados, trabajadorxs agremiadxs en SISAP y Agremedch, autoconvocadxs, docentes y asambleas por el No a la mina, concentraron en la puerta del Ministerio de Salud, donde fueron recibidxs por el ministro. Los reclamos y demandas crecen pese a que el sector Salud, incluso desde antes de la pandemia, viene sosteniendo una lucha junto al resto de estatales. Sin insumos ni mantenimiento edilicio, con dos salarios adeudados, el medio aguinaldo sin cobrar, retroactivos que equivalen a un salario y medio incumplidos, sin paritarias, con la obra social quebrada y serias amenazas al sistema jubilatorio.
Al mismo tiempo en Rawson se daban fuertes movilizaciones, como en Comodoro Rivadavia y Esquel. Terminada la reunión dentro del Ministerio de Salud, la movilización se desplazó a solidarizarse con la concentración convocada por les trabajadorxs de Educación, en las puertas del ministerio de esa cartera.
El sindicato ATECH lanzó un paro de 144 horas, que incluye paro de tareas virtuales por una resolución de la ministra Florencia Perata, la 168/20, que deja sin salarios a cerca de 2.000 docentes por suplencias caídas. Esta decisión de ajuste en el contexto de pandemia y aislamiento social fue repudiada fuertemente por todo el arco sindical, al tiempo que reavivó las movilizaciones tanto de sindicatos como de autoconvocadxs en toda la provincia.
Además de la resolución 168 en Educación, el gobierno desdobló el pago del rango 1, escalonando aún más el salario de los estatales. En Chubut los estatales cobran en 4 momentos diferentes según el monto de su salario, el rango 1 son salarios hasta $ 30.000 y cobra pocos días después del límite legal, el pago a los últimos rangos se prorroga arbitrariamente sin cronograma alguno y así se logra bicicletear salarios enteros por meses.
Petroleros
La pandemia provocó caídas inéditas para la principal empresa del país. La petrolera YPF perdió más de $ 83.000 millones entre abril y junio. Entre los planes para mejorar sus cuentas buscará una reducción del 30% de los costos.
“Reducción de salario temporal y retiros voluntarios” fue otro aspecto que explicaron. Esta disposición es para los trabajadores no sindicalizados, que ya vieron una reducción de entre 10% y 25% en su remuneración.
Durante 2019, YPF fue el mayor productor de “shale oil”. Loma Campana representa la mitad de la producción de Vaca Muerta. La petrolera se encamina a disminuir allí un 50% de su producción.
La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) mantuvo un encuentro el martes 15 con los representantes de la Cámara de Industria del Petróleo (CIP) por el conflicto salarial que mantienen en la rama de empresas de refinerías.
La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 22 ante el rechazo de los sindicatos a la oferta presentada por los empresarios.
Los Petroleros rechazaron por “insuficiente” la propuesta presentada por la Cámara empresaria en relación al pedido de recomposición salarial por la cláusula de revisión de la paritaria 2019.
Petroleros reclamó un aumento del 13,5% en concepto de revisión salarial 2019, y en el marco del plan de lucha, convocó el pasado viernes 11 a un paro de actividades en todas las plantas de refinerías del país, que derivó en la conciliación obligatoria y la convocatoria a audiencia por parte de la cartera laboral.
Claudio Vidal, secretario General del Sindicato Petrolero, se refirió a fines de agosto al conflicto mantenido por la entidad contra la operadora SINOPEC, por el despido de 400 trabajadores, y distintas falencias en cuanto a condiciones laborales, cuidado medio ambiental, e inversión y explotación en la zona.
«Bajo ningún punto de vista vamos a permitir despidos. Tocan un trabajador, y nos tocan a todos, porque esto con SINOPEC se tiene que terminar. Ya agotamos todas las instancias del diálogo, pero si no hay respuestas, lamentablemente, acudiremos a una medida de fuerza mucho más dura», detalló Vidal.
«No queremos cortar la producción, pero lo de SINOPEC realmente agota. Lo único que plantean en las reuniones es buscar el achique, la baja, la flexibilización. Es una película repetida. No conozco ninguna operadora que explote yacimientos y los abandone cuando le siguen generando ganancias. Estamos siendo víctimas de la desidia de SINOPEC», resaltó el Secretario General petrolero.
Según el Observatorio Petrolero Sur, el impacto de la pandemia COVID-19 en el sector hidrocarburífero amerita ser diferenciado. Mientras la caída en la actividad económica no tuvo influencias significativas sobre la demanda de gas, sí implicó una baja en el consumo de combustibles. Los requerimientos de crudo se contrajeron al reducirse la necesidad de abastecer al parque refinador. Es así que, en mayo, la extracción de petróleo cayó aproximadamente un 15% con respecto a los niveles observados antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto a partir del 20 de marzo.
La actividad petrolífera, por lo tanto, perdió el dinamismo que arrastraba, y que se explicaba únicamente por el comportamiento de la extracción no convencional de petróleo, es decir, la proveniente del mega yacimiento Vaca Muerta. El no convencional venía creciendo a tasas significativas desde 2013 aunque ahora, por la coyuntura imperante, y mientras perduren las medidas de aislamiento, no tiene posibilidades de volver a los niveles de extracción anteriores. Vaca Muerta explicaba, entonces, el dinamismo la actividad petrolífera en un contexto en que la extracción convencional, por el contrario, no acompañaba el crecimiento. Por la COVID-19, en todo caso, se profundiza aún más la caída que se venía observando en la extracción convencional, que debe ser comprendida, por lo tanto, más allá de la coyuntura actual. Esa caída ha sido permanente desde 1998, año en que se extrajo el doble de petróleo convencional que en 2019.
El Gobierno nacional, con el objetivo de estabilizar la actividad petrolífera, decretó para el petróleo comercializado en el mercado interno un precio en torno a los 45 dólares por barril. La comercialización de crudo en el mercado internacional es realizada a un precio inferior. En mayo, por ejemplo, cuando se dictó el decreto, la cotización del petróleo Brent giró en torno a los 30 dólares por barril. La introducción del “barril criollo” significa una señal de apoyo al sector que pretendía que el precio del crudo local no acompañara la caída de la cotización internacional. Aun así, con precio sostén, mientras no se restablezca la demanda de combustibles, la extracción de petróleo se mantendrá contraída. El volumen de crudo procesado por el parque refinador en mayo fue un 30% inferior a los niveles registrados antes del aislamiento.
Las petroleras, no obstante, no tuvieron un interés uniforme sobre la introducción del “barril criollo”. Esas diferencias se dieron según el tipo de integración que cada una de las empresas tiene en la cadena de producción de los combustibles. Aquellas que además de extraer petróleo lo refinan, hubiesen podido compensar, dado el precio de los combustibles, un menor precio del crudo con un incremento en la rentabilidad obtenida en la refinación. Sólo son cuatro las empresas que tienen una participación relevante en este último segmento, y tres están integradas hacia atrás extrayendo crudo: YPF, Shell y PAE. Es por esto que las que no están integradas, Vista, Exxon Mobile, Sinopec, Tecpetrol, Pluspetrol, entre otras, fueron las que más se beneficiaron con la introducción del precio sostén. Ya que en caso de que no se haya introducido, no tenían cómo compensar la caída en el precio del crudo.
Pese a que las petroleras no integradas fueron las relativamente más beneficiadas por el “barril criollo”, son también las que más resintieron sus niveles de extracción, y el motivo de este comportamiento es la no integración en la cadena.
Aumenta la nafta y la inflación
YPF aumentó los combustibles un 3,5 % en promedio a partir de las 0 horas del sábado 19 de septiembre. El argumento del ajuste es “sostener la actividad de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país”.
Hace un mes, la petrolera subió en todo el país el precio de sus combustibles líquidos un 4,5 % promedio y el 6 % en el AMBA, que fue seguido por el resto de las empresas con alzas de hasta un 6,8 %.
Seguramente en las próximas horas el resto de las empresas como Shell, Axion y Puma Energy también aumentarán sus precios.
El Gobierno congeló desde diciembre de 2019 las naftas, pero luego cedió a las presiones de las petroleras.
En 2019 hubo diez aumentos de los combustibles, con una acumulación anual del 43,3 %.
La Canasta Básica Total (CBT) registró en agosto una suba de 2,1 % respecto al mes anterior, por lo que una familia tipo, dos adultos mayores y dos hijos menores, necesitó ingresos por $ 45.478 para no ser pobre, según publicó el Indec este jueves.
La Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, indumentaria y transporte, ya registra una incremento de 16,7 % a lo largo del año y una suba de 37,8 % en la comparación interanual.
En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 2,6 % en el mismo mes, y según la medición del organismo una familia requirió $ 18.792 para no caer por debajo de la línea de la indigencia.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA), solo incluye alimentos y bebidas y avanzó 20,6 % en los primeros ocho meses de 2020 y 41,7 % en los últimos doce.
El informe se publica un día después del indicador de inflación del mismo período, que alcanzó los 2,7 %, el segundo más alto del año.
La inflación acumula un alza de 18,9 % en lo que va de 2020 y 40,7 % en los últimos doce meses.
En tanto, la Junta Interna de Ate Indec estima una canasta de consumos mínimos que alcanzó los $ 70.000 en julio. Según los trabajadores del organismo, ningún trabajador debería ganar menos de esa suma.
Tras un arranque de pandemia en el que tuvieron récord de ventas, los supermercados fueron en retroceso hasta consolidar una fuerte caída en agosto. Según Focus Market, la baja del consumo masivo el mes pasado fue del 6,7%, con un especial bajón del rubro alimentos y bebidas.
Paritarias
Después de días de alta tensión que incluyeron cortes en puerta de fábrica, asambleas y movilizaciones, el Sindicato del Neumático (SUTNA) firmó el 37% de aumento en paritarias desde julio hasta marzo 2021.
El entendimiento estipula que el porcentaje se pague en cinco tramos y que en marzo se active una cláusula de revisión.
Además, el acta incluye una cláusula de emergencia, que contempla la posibilidad de reabrir la discusión ante cualquier eventual sacudida económica que implique una inflación por encima de lo proyectado.
Finalmente se pactó un bono de fin de año de $7.000 que se incorpora al cobro anual de los trabajadores del neumático.
El sindicato de Comercio dirigido por Armando Cavalieri acordó un bono de 5.000 pesos hasta marzo, el pasaje al sueldo básico de sumas no remunerativas y rediscutir la paritaria en enero del año que viene.
Se calcula que la suma fija de 5.000 pesos, a cobrarse desde septiembre incluido hasta marzo del año que viene, representa un incremento salarial promedio del 12%. Un porcentaje mucho menor en comparación a sectores como aceiteros que obtuvo un 25% o bancarios con un 26%.
Además del bono, el acuerdo contempla la incorporación al salario básico de las sumas de 4.000 pesos otorgada mediante el Decreto Nacional 14/2020, y la de 2.000, otorgada previo a la pandemia a partir del acuerdo de Comercio el 27 de febrero de este año.
Según las cifras de la propia Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) el salario básico de convenio pasaría a ser en septiembre de $35.790 a $50.687 (con presentismo incluido). Armando Cavalieri agradeció “el acompañamiento que hacen los empresarios para hacer frente a nuestras demandas, a pesar de las enormes dificultades que todos debemos enfrentar”. (Sic)
La Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) emitió un comunicado en el que anuncian un plan de lucha que lleva hasta un apagón informático total el martes 22, en caso de que la administración del organismo estatal que se encarga del pago de cientos de ayudas sociales, no acceda a sentarse a negociar paritarias.
Asimismo, aclararon que si la administración del organismo abre la discusión salarial, las medidas se suspenderán.
Según relataron desde el SADOP: «El Subsecretario de Carrera Docente, Manuel Vidal comunicó a los gremios, que no estaban dadas las condiciones para hacer frente a lo acordado en la paritaria firmada a principios de este año. Asimismo informó que se va a realizar un pago de una asignación estímulo por única vez.»
La misma consta de $ 2.500 para el cargo testigo de jornada simple o su equivalente a 19 horas cátedras. Y de $ 5.000 para el cargo testigo de jornada completa o su equivalente a 38 horas cátedras. Además se abonará una asignación adicional para los cargos de conducción, donde el Maestrx Secretarix o sus equivalentes cobrará $ 400 jornada simple y $ 800 jornada completa; vicedirectorxs y equivalentes cobrarán $ 600 jornada simple y $ 1.200 jornada completa y los Directorxs y equivalentes cobrarán $ 1.000 jornada simple y $ 2.000 jornada completa.
«Frente a este ofrecimiento, los y las docentes privadxs, que somos la mitad del sistema educativo porteño queremos que nos paguen lo que firmamos en la paritaria de febrero. Este parche de $ 2.500 ni siquiera cubre el costo de un abono mensual de internet, que en este contexto de pandemia es fundamental para seguir enseñando. Queremos que no se desfinancie más el sistema educativo de la Ciudad.», señalaron.
Desde la semana próxima la discusión salarial de los estatales nacionales y también los bonaerenses tendrán activada sus respectivas mesas. Así lo reseñaron tanto el ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni como desde la administración que comanda Axel Kicillof en Provincia.
La estatal nacional que se abre el martes, tiene suspendida su revisión de 2019 en noviembre, cuando el ex presidente Mauricio Macri omitió activarla.La pandemia no permitió ni la revisión de marzo ni la negociación de junio para 2020. Sobre la pretensión gremial, en cifras no oficializadas, pero en torno al 36%, hay un dato duro y de tono político: tiene incidencia la paritaria armada de la policía bonaerense.
“Quedó claro que plata hay”, argumentan desde la Asociación de Trabajadores del Estado.
El referente de ATE y la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, afirmó que “desde mayo iniciamos la paritaria, algunas cuestiones pendientes se resolvieron y otras no. Planteamos con claridad que había que mantener abierta esa mesa por la cuestión salarial, tanto para lo que restaba acordar de 2019 como el corriente año donde la inflación rondará entre el 35 y el 40%”.
Godoy detalló también que aún en las complicaciones que sigue detonando la pandemia, “como también cuatro años de un gobierno liberal que tuvo mandato de 2015 a 2019”,además del aumento de sueldos se dejó en claro ante las autoridades que continuaba pendiente resolver el pase a planta permanente de los trabajadores contratados, a los que define como “precarizados”.
ATE enfatizó también que el bono de $4.000 en el arranque del año, para sueldos menores de $60.000 fue a cuenta de paritarias, sin perjuicio de que habían reclamado que en agosto debía convocarse a la discusión.
Todavía sin número definido para su reclamo en las organizaciones gremiales estatales consideran que sus salarios tienen “un atraso del 36%”.
A menos de una semana de un aumento de cerca de 30% a los policías de la Bonaerense, el gobierno extendió el bono de $ 5.000 solo por tres meses a los trabajadores de la salud. Lo cobrará también el personal de geriátricos, de servicios de traslados de ambulancia y de análisis clínicos.
Hoy un médico ingresante en un hospital público de la provincia de Buenos Aires cobra con bono incluido $46.800 y tiene que pagar $7.500 obligatoriamente a las cajas y colegios médicos para poder ejercer con su matrícula al día. Un médico de planta de terapia intensiva con cargo de guardia cobra $52.000.
Es decir, arañando la línea de pobreza que el Indec calculó en $ 47.000 y muy lejos de alcanzar lo que se necesita para cubrir la canasta familiar, para lo que se precisan $ 70.000.
Andrea López, médica generalista del Hospital Ingenieros de La Plata, señaló que “lo que realmente necesitamos es que se reabra la paritaria, que nuestro salario sea equivalente a la canasta familiar para no tener más de un empleo que es lo que nos agota y nos expone más todavía al contagio”.
Los trabajadores telefónicos exigen aumento salarial y pase a planta permanente de todo el personal, tras el acuerdo inconsulto entre la Mesa de Unidad Sindical con Telefónica de Argentina. Se convocó a un paro total de actividades para el jueves 10, en las empresas Claro y Telecom-Personal.
La medida no pudo realizarse ya que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria el día anterior, coartando a los trabajadores del legítimo derecho a huelga.
La conciliación estará en vigencia por 15 días, luego de ese plazo el Gobierno convocó a una reunión entre los gremios y las empresas de manera virtual para el 21 de septiembre.
El acuerdo firmado por la MUS y Telefónica fijaba un único pago de $6.500, correspondiente a tres meses, a cambio de garantizar una paz social hasta la nueva paritaria, es decir, por tiempo indeterminado.
Pese a los bajos salarios, en medio de una enorme crisis sanitaria y sin consultar con los trabajadores, los gremios telefónicos Fattel, Foeesitra, Fommtra y Cepetel firmaron el acuerdo, dejando fuera a los trabajadores de las otras empresas de telecomunicaciones como Telecom, Claro o Personal.
Después de 20 días de negociación, el viernes 21 de agosto, se firmó el acuerdo entre la Unión Obrera Metalúrgica y Siderca (Grupo Techint). Pese a las intenciones originales de la empresa de rebajas salariales del 50%, la UOM acordó suspensiones al 70% donde el salario de un operario rondaría de $ 35.000 a $ 28.000.
La reincorporación de los trabajadores despedidos que la empresa se niega a reconocer como efectivos fue parte del acuerdo. Lo harían bajo la condición de contratados y su efectivización iría por vías legales con el ministerio de Trabajo provincial como mediador.
El Ministerio de Trabajo de la Nación difundió un informe para graficar la reactivación de la negociación colectiva. Con las actividades industriales esenciales como punta de lanza, ya pactó sus salarios 2020 una porción del mercado laboral.
Según lo relevado por la cartera laboral, «hasta agosto de 2020, se firmaron 23 acuerdos salariales sectoriales que establecieron aumentos salariales para 1.000.000 de asalariados privados en relación de dependencia, número que representa un 19% del total del empleo del sector privado».
El ranking de quienes mejores acuerdos consiguieron lo lideran los Camioneros, Madereros y Cerveceros con un incremento salarial del 30%. Lo siguen los Encargados de edificio con un 29% y los Bancarios y Papeleros con 26%.
Una particularidad de esta ronda de negociación tiene que ver con la temporalidad. «Se destaca que en este contexto, un 43% de los acuerdos salariales pactados establecieron una vigencia anual para los niveles salariales, con la aplicación de los mecanismos de revisión que se hacen efectivos antes de finalizar el año o a comienzos del próximo», añade el trabajo.
Y se remarca que «en las actividades donde se registran los menores porcentajes de incremento salarial durante el período calendario, se incluyen cláusulas de revisión antes de finalizar el año».
Hablan los trabajadores de la Cultura
Entrevista al “Cabra” de Músicos Organizados
M.H.: El domingo 14 “Las Manos de Filippi” presentó el show Barricada y Asamblea. Se trata de la primera experiencia streaming de la banda con un material que fue originalmente realizado para Chile. La presentación fue grabada en el Centro Cultural Autogestionado Cultura del Sur.
C.: Fue nuestra primera experiencia para todo el mundo. Como dijiste, ya se hizo en Chile, lo hicimos para ahí. Estuvo buenísimo y queremos que llegue a todo el mundo. De ahí el nombre también “Barricada y asamblea” en apoyo a los luchadores chilenos.
M.H.: Se cumple un año de las primeras manifestaciones de los jóvenes chilenos.
C.: Ganó la posición de los jóvenes, invirtieron la lógica. Nosotros vamos hace mucho a Chile y vemos esto, pasó a ser de “los jóvenes están locos” a “los jóvenes tenían razón”. Los que luchan son los jóvenes porque no es joda, los Pacos son terribles ahí. Así que el aguante a la juventud siempre.
M.H.: Estuvo subido 48 horas este material.
C.: Sí. Con una entrada muy económica de $ 150 menos que un paquete de cigarros y se pudo ver desde el domingo a las 15:00 por 48 horas.
M.H.: ¿Por qué en el Centro Cultural Autogestionado Cultura del Sur?
C.: La cuarentena nos agarró a los músicos, a los dueños de los espacios under y autogestionados y a todos los laburantes del espectáculo y la noche, de la misma manera. Este es un lugar de gente conocida al que solíamos ir a tocar antes de la cuarentena, era uno de los lugares que usábamos para tocar. Cuando surgió la posibilidad de hacer streaming por el espacio que tienen lo decidimos hacer con ellos y fue un placer porque nos sentimos como en nuestra casa.
M.H.: Ustedes participan también de Músicos Organizados y de allí salió un petitorio con una serie de reivindicaciones. ¿Cuáles son esas reivindicaciones y cómo se ha extendido?
C.: Arrancamos iniciada la cuarentena a hacer asambleas de música con músicos de todo el país. Ahí surgió este petitorio que consiste entre otros puntos, en 30.000 pesos mensuales para cada músico o trabajador desocupado o con imposibilidad de trabajar referido a la cultura. Estamos pidiendo que se les cobre un impuesto a las OTT que son todas las plataformas de streaming que de ahí se garanticen esos 30.000 pesos. También estamos pidiendo que el Estado ponga espacios online remunerados para bandas independientes, que genere laburo de alguna forma, que apoye a los artistas.
Y esto que arrancó como una asamblea de música, ahora es parte de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Cultura, donde se suman actrices, actores, trabajadores audiovisuales, fotógrafos y espacios culturales, como este espacio Cultura del Sur que mencionábamos antes, y las chicas que lo llevan adelante son parte de estos trabajadores de la cultura que ahora somos más los que estamos solicitando este petitorio.
Entrevista a Manuela Fraguas del Frente de emergencia de la Danza
Estamos completamente invisibilizades como trabajadores de la cultura
M.H.: Han lanzado una campaña ante la ausencia de respuesta y la falta de acciones por parte del ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, frente a un pedido de emergencia cultural para el sector y un aumento de presupuesto de Prodanza para el año que viene. ¿De qué se trata?
M.F.: Te cuento primero que en el Frente de la Danza trabajamos en distintas comisiones, nos dividimos y una de ellas se encarga de los temas de la vinculación con la Ciudad de Buenos Aires. Simplemente porque la mayoría de quienes integramos el Frente hasta ahora, residimos en la Ciudad. Y esta comisión ha empezado a tener, desde la emergencia sanitaria, distintas reuniones con el ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en total unas diez reuniones, llevando los reclamos y también habilitando posibilidades de articulación para paliar la situación de los y las trabajadoras de la danza que no están pudiendo trabajar desde el inicio de la cuarentena.
Tras reiteradas reuniones tuvieron ciertos puntos sobre los que se iba pasando pero ninguno de estos tuvo solución. Simplemente en las reuniones se respondía desde el ministerio que se iba a trabajar al respecto pero no ha sucedido nada. En la última reunión se explicó que ninguno de estos puntos habían sido contemplados.
M.H.: ¿Cuáles son los puntos?
M.F.: Son diez. Todos tienen que ver con que no hay ninguna política que habilite que podamos trabajar. Y todo se excusa en que no hay presupuesto suficiente dada la situación en general en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sin presupuesto entendemos que no se puede diagramar ninguna política. Entonces lo que estamos pidiendo es que se piense este presupuesto para el año que viene. Porque, por ejemplo, hay una cuestión histórica con la danza en CABA que el presupuesto con el que cuenta Prodanza es muchísimo menor al resto de los organismos que están dentro de Impulso Cultural de la Ciudad. Por ejemplo, Prodanza tuvo una ejecución de 7 millones y medio de pesos aproximadamente y Proteatro tuvo más de 92 millones. BA Milonga 16 millones frente a los 7.5 millones de la danza. Entonces en principio si el problema es que no hay presupuesto, equiparar un poco con los otros fomentos.
Después hay un tema que tiene que ver con las líneas de subsidio que sacó Prodanza con el escueto presupuesto que tenía, ejecutado en 2019 más una inyección por la emergencia de unos 2.4 millones de pesos, eran por proyectos de obra o para uso de espacios que no se pueden usar ni hacer.
Entonces ese proyecto que primero fue lanzado en abril y los resultados se dieron en septiembre con presupuesto que los trabajadores no podemos ejecutar. Y dentro de esos presupuestos tampoco hubo líneas específicas que pudieran paliar la situación de los estudios de danza que no están pudiendo trabajar. Hay algunos protocolos que se habilitaron, pero no sirven para los espacios de danza, no se puede usar streaming, es mucho más costoso aplicar el protocolo para que quizás puedas utilizar el espacio para dos o tres personas que seguir sin abrirlo. Entonces está muy difícil poder trabajar.
M.H.: ¿A cuánta gente afecta esta situación?
M.F.: Ese es otro punto que también le estamos pidiendo al ministerio, pero de manera histórica, que es que se genere un relevamiento oficial. Porque se han generado relevamientos desde algunas organizaciones, varias veces, pero estos documentos no pueden ser herramientas estatales para aplicar políticas públicas porque no fueron hechas por el Estado, entonces no son consideradas oficiales.
No hay un registro concreto de la cantidad de personas que somos de la danza en CABA. Prodanza hizo un relevamiento en 2018, empezaron a trabajar, el cuestionario empezó a circular en mayo de este año, cuando ya estábamos en pandemia y desde el Frente lo que se solicitó fue hacer una nueva etapa del relevamiento porque no contemplaba el trabajo de lo que nosotros llamamos “proyectos constituidos” que son festivales, ciclos, cosas que no están en un espacio físico concreto, que no son personas concretas, pero son espacios de trabajo desde hace años.
Estos espacios de trabajo no estaban contemplados en ese relevamiento y son un fuerte potencial laboral de la danza que trabaja año tras año en la cultura de la Ciudad en general. La respuesta del Ministerio fue que no era posible porque no había presupuesto para hacerlo. Así que todos esos espacios quedan por fuera de ese relevamiento. Lo que se le pidió al ministerio que aunque sea se pudiera distribuir ese dinero ejecutado para administrar desde Prodanza, que se pudieran distribuir en las personas físicas que sí estaban censadas por ese relevamiento. Pero también fue negativa la respuesta.
En todas estas reuniones entramos en bastante diálogo viendo posibilidades para articular. Desde el Frente de la Danza la idea no es no cuidarnos más y abrir las salas y los espacios de danza, no estamos en contra de los cuidados sanitarios, sino que queremos ponernos a trabajar y estamos a disposición de encontrar maneras de cuidado para que todes podamos empezar a trabajar y entrar en actividad nuevamente en esta nueva normalidad, con los protocolos que hagan falta para no descuidarnos ni laboral ni sanitariamente.
M.H.: ¿Querés agregar algo?
M.F.: Es importante tener el espacio, por eso estamos sumamente agradecides porque parece que siempre estuviéramos callados, pero en realidad el Frente está compuesto por 43 organizaciones y personas como yo, que no estoy en representación de ningún colectivo u organización. Hace mucho que nos organizamos para llevar reclamos y hacer el trabajo y la actividad mejor en la Ciudad, pero estamos completamente invisibilizades como trabajadores de la cultura. Entonces tener estos espacios donde poder dialogar al respecto es sumamente importante más en este contexto.
M.H.: El gobierno de la Ciudad, como bien decís, invisibiliza a los artistas a pesar de que en el pasado, ha utilizado la cultura que ustedes producen para poner a la Ciudad de Buenos Aires como una capital cultural. Pero por lo que he dialogado con ustedes, con los músicos organizados, con los artesanos, es que en el momento en que se ha presentado esta pandemia los ha dejado en banda.
M.F.: También con la excusa de que los recursos van para la pandemia, para crear espacios sanitarios, insumos y demás; el Frente también compone un espacio que es multisectorial de la CABA que son varios escénicos, y todos los jueves sale una campaña pidiendo la Emergencia Cultural en la Ciudad de Buenos Aires justamente la campaña de este jueves fue a dónde el gobierno de la Ciudad políticamente toma decisiones de dónde dirigir el dinero con el que cuenta.
Nosotros estamos pidiendo Emergencia Cultural y estas políticas específicas para los trabajadores de la danza, y nos dicen que no hay presupuesto para ejecutar, que no se pueden rever líneas de subsidios o créditos para sostener los espacios, pero tienen 20 millones de pesos para poner máquinas de snacks en la Legislatura porteña y el Teatro San Martín. Y no es un invento. Esto está en el Boletín oficial.
M.H.: Un presupuesto que en todas las áreas está subejecutado, salvo en publicidad. El presupuesto no solo está subejecutado en cultura, en salud, educación, pero en publicidad no.
El domingo 13, artesanxs y manualistas en lucha realizaron un parchazo y movilización en Plaza Dorrego, ubicada en Humberto Primo al 400 de la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de su espacio de trabajo.
Acto del Plenario Sindical Combativo
Convocados desde el Plenario Sindical Combativo, trabajadores ocupados y desocupados, sindicatos y agrupaciones sindicales antiburocráticas y clasistas realizaron el jueves una movilización desde Obelisco a Plaza de Mayo que culminó con un acto.
La misma se replicó en otras ciudades del país como San Salvador de Jujuy y Rosario.
Participaron oradores de diferentes agrupaciones sindicales y entre las demandas exigieron el acceso a una vivienda digna, en apoyo a las tomas de tierras.
“Venimos a esta Plaza desde nuestra lucha por los protocolos obreros que arrancamos con el paro general y los cuerpos de delegados de nuestras plantas, desde la paritaria para no perder poder adquisitivo arrancada con la movilización y los piquetes de los obreros del neumático. Y estamos convencidos de que acá, junto al sindicalismo combativo, está el camino para poner en pie al movimiento obrero contra el pacto de la CGT, la UIA y el Gobierno, que frena las luchas contra las reformas laboral y previsional, que son la agenda de las patronales y el FMI” expresó Alejandro Crespo, Secretario General del SUTNA.
Por otro lado Ileana Celotto, Secretaria General de AGD-UBA afirmó: “Esta jornada unió reclamos y luchas de trabajadores ocupados y desocupados de todo el país: por salario, tierra y vivienda, contra despidos y cierres, por protocolos obreros, en defensa de nuestra salud, los Convenios colectivos y el 82% móvil. Pero también levantó un programa para que la crisis no la paguemos los trabajadores: no pagar la deuda y usar los recursos para las necesidades populares y, frente a un dólar disparado que traerá más inflación y hambre, nacionalizar el comercio exterior”. Y agregó: “A diferencia de las centrales sindicales burocráticas que pactaron el ajuste con el Gobierno, el sindicalismo combativo pelea por poner en pie a la clase obrera para que traccione el conjunto de las demandas populares”.
Mientras transcurría el acto se pasó un audio grabado por Cristina Castro, madre de Facundo, el joven desaparecido durante más de 100 días y cuyo cuerpo apareció sin vida, donde todas las evidencias señalan a la Policía bonaerense como responsable del hecho.
Fuentes: La Izquierda Diario, argentina.indymedia, Anred, Red Eco Alternativo, Infogremiales, BAE Negocios, Clarín, Tiempo Argentino, APU, https://opsur.org.ar/2020/07/31/el-barril-criollo-en-vaca-muerta-y-los-intereses-empresarios-en-puja/