La emergencia por la pandemia dejó en evidencia los conflictos que deben superar las comunidades originarias en el norte salteño. Tierras y desmontes son conceptos fundamentales para entender el problema.
Río Pilcomayo. Imagen: Adrián Pérez
12 de octubre de 2020
El 16 de agosto dio positivo una mujer de Misión La Paz, el primer caso en las comunidades en Santa Victoria Este. El 19 de agosto, se declaró circulación comunitaria de coronavirus, a partir de la sospecha de que nueve agentes de salud de Salta se contagiaron en la zona, mientras realizaban un operativo socio-sanitario, y de que tres agentes locales dieran positivo.
Ese salto sólo es posible por la ausencia completa de sistema de salud apropiado, y por lo tanto de testeos y medidas epidemiológicas. Actualmente, el departamento Rivadavia se ha recalificado como zona 3, de transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria.
Santa Victoria Este es un municipio rural de Salta que limita con Bolivia y Paraguay, y cuya población se compone en un 60 % por indígenas. Integra la región del Chaco semi-árido, a la orilla del río Pilcomayo. En noviembre de 2019, asumió el primer intendente de la etnia wichí con el apoyo de las comunidades, y hoy enfrenta un intento de destitución, liderado por un grupo de criollos que vociferan que un wichí no puede ser intendente.
“La discriminación hacia los indígenas aquí es muy fuerte”, me dijo una vez un amigo wichí de Formosa que visitó Santa Victoria. Es recurrente que las más altas autoridades provinciales de Salud y Educación culpabilicen a los indígenas por la incapacidad del Estado provincial de encontrar la manera de garantizar derechos de manera intercultural. El 27 de agosto, el Gerente del Hospital local señalaba a FM Pilcomayo de Santa Victoria que el sistema ya estaba colapsado y responsabilizó a la población de la situación. Muchos criollos de la zona comparten la mirada que impulsó el Estado Nacional durante fines de siglo XIX y principios del XX, que entendía a los indígenas como salvajes e inmorales.
La situación de salud de las comunidades es históricamente paupérrima, pero con la pandemia, antes de los primeros casos en la zona, ya se sentía la discriminación aumentada. En el hospital local solo se atendían emergencias, y si un indígena tenía fiebre se resistían a atenderlo por miedo al coronavirus. Era necesario acompañar a los afectados y discutir con el personal médico para conseguir asistencia.
Las comunidades señalan que hubo agentes sanitarios criollos que no entraban a atender a las familias indígenas. Luego de que se detectaran casos de coronavirus, señalan que los criollos culpan a los originarios de traer la enfermedad, a pesar de que los primeros casos se dieron también entre criollos. Los miembros de las comunidades se sienten estigmatizados por esta acusación y buscan eludirla. El cacique de La Puntana y un niño de 9 meses de Santa María murieron y dieron positivo para covid-19, sin embargo, las familias hacen énfasis en enfermedades preexistentes como las causas de muerte.
La familia del cacique denuncia que una semana después de la muerte no les realizaron hisopados, ni recibieron atención a pesar de necesitar cirugía. Y la abuela del bebé fallecido denuncia que no le devolvieron el cuerpo. La madre del bebé está aislada sin diagnóstico ni información sobre su hijo.
Les niñes primero: salud y territorio
El gran riesgo en esta zona tiene que ver con las enfermedades preexistentes de las personas en las comunidades indígenas. Uno de los rasgos más demostrativos de la situación de salud de las comunidades se observa en la mortalidad infantil, que en Santa Victoria Este llega al 12,3% de los nacimientos, mientras la media nacional es de 9,7.
La cuestión fue noticia a principio de año porque murieron diez niños en los departamentos San Martín y Rivadavia (que incluye Santa Victoria) sólo en enero y febrero de 2020, ocho de los cuales eran wichí. El 28 de febrero, antes del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el gobernador Gustavo Sáenz declaró la emergencia sanitaria en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, donde mayormente están las comunidades.
“Los niños no tienen buena alimentación a partir del año, cuando dejan la leche materna”, señala Eduardo Pérez, maestro wichí de la zona. Francisco Pérez, líder de la Asociación de Comunidades Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) explica la situación: “No es que no tienen comida, sino que es solo de almacén, comida de criollo. Ahí uno se da cuenta que no estamos acostumbrados a comer comida de almacén. Mis nietos comen muy poca comida comprada, pero sí comen conejo, comida de antes. Lo que hace falta es los recursos naturales que comemos nosotros”.
La gente wichí se sintió triste y preocupada por la muerte de niños y niñas. Como comunicadora wichí, veo claro que estas muertes son parte del avasallamiento del territorio. Sin territorio, los indígenas no somos nada. Por eso nos tratan así. Más allá del asistencialismo, el problema es que las decisiones no las toman las comunidades, sino que se las toma afuera.
Si se superpone el mapa de desmontes y los lugares de origen de los niños fallecidos, se observa que se trata de comunidades que vieron radicalmente transformado su paisaje natural en los últimos 18 años a raíz de los desmontes. Ese es el análisis de Andrés Leake, Dr. en Ciencias Ambientales, quien declaró a Salta/12 que “esto ha conllevado a la desarticulación de su economía tradicional”.
El pueblo wichí es muy mayoritario en el departamento Rivadavia y a diferencia de pueblos de otras regiones del país se lo conoce como cazador, recolector y pescador. Esto hace que sus condiciones de vida sean particularmente frágiles ante el avance de la frontera agropecuaria y de la depredación del medioambiente, porque para reproducirse ellos, es necesario que se reproduzca todo el ecosistema de bosque chaqueño. Es el problema de una forma de vida ligada a la naturaleza en el capitalismo.
A principios de septiembre, ingresaron cuatro operativos sanitarios que se asentaron en las comunidades de La Puntana, Santa María, Misión La Paz y San Miguel. Las comunidades reclaman porque lo hicieron sin consulta ni participación indígena, y acompañados por efectivos del Ejército argentino, que resultan amenazantes. La gente se pregunta de dónde salen los médicos del operativo si en Tartagal y en Salta está colapsado el sistema, mientras los insumos necesarios para el hospital local no fueron enviados. Debido a la falta de consulta y de información, los operativos han generado resistencia en la gente indígena, que está juntando firmas para que se levanten los operativos y no ingrese al Chaco nadie de Salta.
La pandemia es oportunidad para que pueblos y organizaciones indígenas sufran y denuncien la profundización de los acostumbrados atropellos.
El informe conjunto sobre Efectos Socioeconómicos y Culturales del COVID-19 en los Pueblos Indígenas en Argentina, presentado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el CONICET, el viernes 14 de agosto, muestra un aumento del racismo, de la violencia institucional como en Fontana, Chaco; de la violencia de género como los casos de Margarita Mamaní en Tucumán y Moira Millán en Chubut; atropellos múltiples de los territorios; falta de conectividad, que ahora impide la tramitación del IFE, indígenas indocumentados, la falta de un modelo intercultural de salud, entre muchos otros.
El reclamo territorial
“Difícil será ahora que las tribus se reorganicen bajo la impresión del escarmiento sufrido y cuando la presencia de los acantonamientos sobre el Bermejo y el mismo Salado, los desmoraliza y amedrenta”. Este es un fragmento del informe del Ministro de Guerra Benjamín Victorica, luego de su Campaña del Desierto Verde -como llamaban al Chaco- en 1884.
En 1870, Julio A. Roca había realizado la empresa de exterminio hacia el oeste y hacia el sur de Buenos Aires. Continúa Victorica: “Privados del recurso de la pesca por la ocupación de los ríos, dificultada la caza de la forma en que la hacen que denuncia a la fuerza su presencia, sus miembros dispersos se apresuraron a acogerse a la benevolencia de las autoridades, acudiendo a las reducciones o los obrajes donde ya existen muchos de ellos disfrutando de los beneficios de la civilización”.
La derrota militar desarticuló las sociedades indígenas y sus formas de cuidado y subsistencia, desarrolladas ancestralmente. Transformarlos en mano de obra disponible y dócil implicó despojarlos de sus recursos para desmontar los medios de su autonomía. Hoy se perpetúa como genocidio silencioso que los coloca en las peores circunstancias para defenderse del coronavirus.
Francisco Pérez sostiene que las primeras intenciones de reclamar el reconocimiento del territorio en esta zona aparecen en el año 1969. Las comunidades estaban muy desunidas y aisladas entre sí. Pero en ese año, Francisco lleva adelante un censo en toda la zona, por pedido de la Iglesia Anglicana. Quizás el inicio de nuevos vínculos que, luego de un largo y difícil camino fueron construyendo la unidad del reclamo que hoy recibe reconocimiento internacional.
Francisco reconstruye: “era una época en que la gente de algunas comunidades era muy cerrada, tenían miedo de encontrarse, por viejas costumbres y antiguas guerras entre algunos grupos. Yo he ido a cada lugar donde no tenían buena relación. Por ejemplo, fui a Monte Carmelo. En 3 días que estuve dando vueltas ahí descubrí que varios de ellos son descendientes de los wichí de Formosa”.
El 2 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado argentino viola derechos a la identidad cultural, a la propiedad comunitaria, al medio ambiente sano, a la alimentación y al agua, en Santa Victoria Este, Salta. Este dictamen es a la vez, reivindicación de derechos indígenas y denuncia de la desprotección y desventaja desde la que las comunidades deben enfrentar la pandemia.
El fallo responde al reclamo de la Asociación de Comunidades Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) por 400 mil hectáreas, que fue formalizado en 1991. Luego de 29 años de marchas y contramarchas de los sucesivos gobiernos de la Provincia de Salta, la Corte condenó a Argentina a demarcar y otorgar un título único a nombre de las 132 comunidades involucradas, garantizar acceso a agua sana, recuperar recursos forestales, posibilitar acceso a “alimentación nutricional y culturalmente adecuada”, entre otros.
Hoy Lhaka Honhat recorre los parajes visitando a las familias criollas, informando el contenido del fallo y que no hagan nuevas obras ni alambrados.
La colonización y desestructuración de una sociedad ha generado muerte en muchos momentos de la historia. La desarticulación de la organización política y social, el ganado criollo y la degradación del medioambiente, instituciones de salud inaccesibles, la imposición del castellano, los alimentos industrializados. Se trata de un pueblo al que han atado de pies y manos, le han quitado las formas de protegerse que había desarrollado por generaciones, y el racismo lo justifica todo. Por eso los wichí apuestan a recuperar su territorio, porque el mercado de trabajo no alcanza para todos, y porque los que han salido de las comunidades a trabajar, saben que el capitalismo les reserva solo los peores lugares.
En medio de la desprotección total, el hilván de la lengua wichí y la tradición oral fue reconstruyendo lazos invisibles pero que sobrevivieron a la conquista. Es una victoria, que todavía hay que hacer realidad.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/298562-virus-en-el-monte