Necesitamos ubicarnos en una posición progresiva frente al debate sobre la necesidad de gravar a las grandes fortunas.
Por Marabunta – Corriente Social y Política.
Luego de posponer la presentación de un impuesto a las grandes fortunas durante más de 6 meses; de rechazar junto a Cambiemos un proyecto que contenía una perspectiva mucho más integral respecto a quiénes son las grandes fortunas a gravar, como lo era el proyecto presentado por el FIT-U; luego de tantas idas y vueltas de cara a su efectiva presentación y en medio de un escandaloso ajuste sobre la clase trabajadora reflejado en los recortes sobre áreas esenciales en el Presupuesto 2021 y en los ajustes que recaen sobre les jubilades, les trabajadores formales a la espera de la reapertura de paritarias cerradas a la baja y los sectores populares que sobrevivimos en la informalidad, finalmente el Gobierno Nacional anuncia la presentación de un proyecto que, lejos de significar un impuesto a las grandes fortunas, impulsará un “Aporte solidario y extraordinario” (por única vez) cuyos alcances son tan limitados como polémicos los usos destinados a los fondos recaudados.
Desde Marabunta – Corriente Social y Política, tenemos enormes diferencias con el proyecto presentado por el oficialismo y que será votado el próximo martes en el Congreso, al tiempo que caracterizamos que aquel presentado por el FIT-U (y rechazado por las expresiones patronales en el Congreso) resultaba mucho más progresivo. Sin embargo, entendemos que oponernos a que los 10 mil mayores patrimonios del país deban pagar este tributo constituiría una derrota aún mayor para los sectores populares y el conjunto de la clase trabajadora, quienes debemos luchar con más fuerza que nunca para que la crisis comiencen a pagarla sus responsables. Por tanto, queremos dejar clara nuestra caracterización sobre lo que representa este debate en un contexto de ajuste y de condescendencia oficial sobre el FMI sin dejar de mencionar los desafíos que se nos abren en adelante.
Un aporte extraordinario al fracking y a fracciones de la burguesía
Basta una rápida lectura del proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional para que afloren las diferencias respecto a varios de sus componentes. Un proyecto que prevé el cobro de una tasa de apenas el 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos, alcanzando a unas 10 mil personas.
Por un lado, señalamos el problema de su alcance, ya que esas tan sólo 10 mil personas pagarían por única vez un tributo extraordinario para paliar algo de la crisis en la que está sumergido el país. No se trata de revisar la injusticia impositiva plagada de impuestos regresivos que caen sobre la clase trabajadora mientras el gran Capital prácticamente permanece sin estar gravado. Nada por el estilo.
Por otro lado, su destino. El proyecto contempla que el “aporte” sería destinado en un 25% para la explotación del gas, principalmente en Vaca Muerta y profundizando el proceso extractivista del fracking (explotación hidráulica); en un 20% a las Pymes; un 20% a equipamiento e insumos para la emergencia sanitaria; un 15% a programas para el desarrollo de los barrios populares; y un 20% a becas Progresar. Es decir que un 45% o más de lo recaudado será destinado a la reactivación de empresas y a fortalecer el saqueo extractivista de los territorios. Saqueo que, incluso, ha sido beneficiado también por quitas de retenciones, como es el caso de la minería. Por el otro lado, se da en el marco de un sistema de salud con innumerables problemas cuyas consecuencias recaen sobre las grandes mayorías de la clase trabajadora, al que se le destina apenas una parte. Ni hablar del destino de fondos a los barrios populares cuando en medio de una crisis habitacional innegable no sólo se reprime a quienes luchan por conquistar el derecho a la tierra y la vivienda sino que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es subejecutado (45%). Básicamente el gobierno propone un aporte de las grandes fortunas para subsidiar a fortunas más pequeñas y profundizar el fracking, distribuyendo migajas entre quienes se descargan los efectos más desesperantes de la crisis.
Por último, emerge la relevancia del contexto en que es finalmente impulsado el debate en el Congreso por parte del oficialismo: además de darse tras haber atravesado ya siete meses de pandemia (cuando bien se hubieran requerido esos recursos desde el inicio para fortalecer el sistema de salud y al sector de trabajadorxs esenciales, que vienen reclamando mejoras salariales) ocurre en medio de la llegada del FMI a nuestro país frente a quienes el gobierno no ha ahorrado gestos de condescendencia al calor del diseño de políticas de ajuste sobre les jubilades, quienes sobrevivimos con nuestro trabajo en medio de la informalidad y quienes lo hacemos con paritarias a la baja. Recordemos que esta nueva visita del FMI se enmarca en un inminente Acuerdo de Facilidades Extendidas con el organismo, que implicará la extensión en el tiempo de su tutela sobre nuestra soberanía. Como sostenemos desde el espacio de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda: “Los acuerdos de este tipo implican una supervisión permanente de la política económica de parte del FMI. La presión por obtener dólares para el pago de la deuda, es presión en pos de la expansión extractivista y la devastación ecológica. Con un nuevo acuerdo, el gobierno está reconociendo plenamente una deuda contraída de manera ilegítima y fraudulenta con el FMI por parte de la administración de Mauricio Macri, destinada a financiar una gigantesca fuga de capitales”. Esta deuda, además, se suma a la larga historia de endeudamiento del país, que ha funcionado como un mecanismo de subordinación local a los intereses del gran capital financiero internacional.
En oposición a todo ello, el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas propuesto por el FIT-U resultaba superador con creces, ya que alcanzaba no sólo a esas grandes fortunas sino también al sector financiero y la banca especuladora, quienes históricamente han salido airosos de todas las crisis. Además jerarquizaba el destino de dicha recaudación a satisfacer necesidades concretas de la población en general: viviendas populares, salud, educación y trabajo genuino. Este proyecto superador fue directamente cajoneado por el oficialismo y la oposición patronal. Quienes hoy se rasgan las vestiduras por la abstención no tuvieron mayores inconvenientes de cerrar filas ayer con Cambiemos para liquidar el proyecto presentado por la Izquierda. Claramente las necesidades populares no eran una prioridad, de la misma manera que, bajo recetas estrictamente ortodoxas serrucharon de nuevo las jubilaciones y liquidaron el IFE 4 para paliar el déficit fiscal. El ajuste, que venía por abajo, asume su contracara de aporte a los más potentados y ni siquiera a todes elles.
Una decisión táctica
Aún a pesar de todo lo expuesto, este proyecto de ley cuenta con el apoyo de grandes porciones de la población y generó un consenso mayoritario respecto a que debe ser sancionado. Desde la perspectiva de la clase trabajadora esto puede ser asumido como un piso sobre el cual empujar hacia una perspectiva más progresiva del sistema tributario argentino, un sistema sumamente regresivo en la actualidad y que nunca en la historia tocó los intereses de estos grupos más que privilegiados. Sabemos que la iniciativa oficial no apunta a ello sino que más bien se trata de que forcemos este curso desde los sectores de izquierda, pero comprendemos a la vez que en la conciencia mayoritaria arrancarle una porción de las riquezas a quienes más se benefician de nuestra explotación constituirá sin lugar a dudas un avance.
Es en este sentido que se abre un debate entre las organizaciones y corrientes de izquierda. El peso del voto ejercido (hay 2 diputades de izquierda en el Congreso) lleva al debate a un terreno estrictamente simbólico. Concordando con el FIT-U en la necesidad de denunciar no sólo las ostensibles limitaciones del proyecto y el destino de lo recaudado sino también el contexto en que se presenta el mismo de fuerte ajuste a les jubilades y trabajadores así como de concesiones bochornosas al FMI; así como acordamos con todos los fundamentos vertidos por el Frente de Izquierda-Unidad para la presentación de un proyecto diferenciado, entendemos también que la abstención no será leída sino como un rechazo a gravar las grandes fortunas. Esto implica que lo que debería ser lo central, a saber, el contenido (los fundamentos de la crítica) terminará perdiéndose en la forma (la abstención), generando un distanciamiento peligroso del sentido común popular y de las aspiraciones de la clase trabajadora de arrancarle al menos un pedazo a las grandes riquezas construidas en base a su histórica explotación.
La abstención entonces nos pone a las organizaciones a debatir defensivamente las justificaciones de la misma en vez de seguir construyendo las condiciones de una ofensiva que pueda repeler el ajuste en ciernes. Es por tanto una consideración táctica, no de principios. Se trata de poder construir una mayor escucha entre las grandes mayorías a las escasas voces de izquierda en el Parlamento, generando las máximas condiciones posibles en el marco de un proyecto que, con todas las críticas que podemos hacerle, no resulta regresivo como podría ser gravar como “ganancias” el salario obrero.
Votar positivamente el proyecto no sólo no inhabilita la denuncia y la crítica sino que genera mejores bases de escucha en la clase para una mejor disputa sobre los fundamentos de la crítica. Por tanto es preciso votar a favor de la sanción de este proyecto de ley, sin dejar de denunciarlo y desenmascararlo. Al mismo tiempo que debemos darnos a la tarea de continuar construyendo condiciones entre les trabajadores para emprender una ofensiva que nos permita enfrentar el ajuste perpetrado desde el gobierno nacional y que intentan maquillar con alguna que otra medida simbólicamente progresiva mientras se profundiza el saqueo sobre nuestros territorios y sobre las condiciones de vida de las mayorías. No se trata de claudicar en nuestros principios sino de fortalecer las condiciones de lucha de nuestra clase que se encuentra dando enormes batallas en todos los aspectos de la vida.