Comunidades indígenas, tierra sin agua

19 diciembre, 202021 diciembre, 2020 por Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano

Ni la pandemia, ni la actual sequía justifican la histórica falta de agua en los Departamentos Atamisqui y parte de Loreto en la Provincia de Santiago del Estero, hábitat de comunidades indígenas y campesinas.

Han transcurrido muchos años, décadas, muchos gobiernos (las últimas obras de infraestructura hídrica datan de la década del 70 del pasado siglo), y estos empobrecidos e histórico Departamentos de Santiago del Estero sigue sufriendo la falta de agua.

Cientos de familias indígenas pertenecientes al pueblo diaguita cacano y otras campesinas -el 70% de la población, solamente en el Departamento Atamisqui, según Censo 2010-, que se encuentran ubicadas en las localidades y parajes de Codo, Toro Uman, Villa Atamisqui rural, Mochimo, San Dionisio, El Dorado, Simbol Pampa, Tulúm Tulúm, Puesto de Rosario, Ancocha, Yacu Chiri, Los Peralta, Los Toloza, Totora, Mollares, Puesto de Díaz –Dpto. Atamisqui- y; Santa Rosa, Ayuncha, Tío Pozo, Tacanas, La Revancha, Diente del Arado, Esquina Pozo, Tusca Palta –Dpto. Loreto-; entro otros, se encuentran afectados por esta problemática.

Escasa y de mala calidad para el uso y consumo humano, causa de mortandad cíclica de animales e insuficiente para garantizar la producción mínima de alimentos que permita la subsistencia de hogares campesinos e indígenas, la mayoría de ellos en situación de pobreza y un elevado porcentaje de indigencia. Esta grave problemática se refleja también en la salud de la población, especialmente niñas, niños y ancianos.

Hoy la sequía (un fenómeno natural que caracteriza un ecosistema semiárido y salino) y las dificultades que generó en general la pandemia, agravan este cuadro, pero no lo justifican. La explicación está en el abandono de una creciente población rural y rururbana por parte de las políticas públicas y, en el peor de los casos, en el mal manejo político de las mismas.

Año tras año las comunidades indígenas del pueblo diaguita cacano han realizado presentaciones y pedidos formales, la única respuesta dada hasta el momento fue en el año 2013 cuando la Administración Provincial de Recursos Hídricos desenlamó el canal Burro Pozo – Puerta Grande (una tarea de “mantenimiento” que no volvió a repetirse en los últimos siete años) y reacondicionó el canal que lleva agua a la comunidad de Ancocha, hoy sin agua. Más allá de esto, las respuestas son los camiones con agua, sin continuidad en el servicio, escasos, que no logran satisfacer la necesidad de agua de todas las familias. Cuando los camiones son enviados por las comunas locales se exige, en algunos casos, el pago del consumo de combustible de los camiones, a un precio excesivamente sobrevaluado y totalmente inaccesible para familias en situaciones de indigencia; en otros casos, la exigencia que deben cumplir para obtener agua es hacer un cambio de domicilio en su DNI, fijando uno falso, el de la comuna que les presta el servicio, engrosando ésta su caudal electoral.

Esta situación, grave en sí misma, se profundiza con el mal desempeño de funcionarios de Recursos Hídricos que operan en la región, quienes por negligencia manifiesta o simple abuso de autoridad, son promotores de conflictos entre comunidades vecinas o entre vecinos de una misma comunidad al momento de “organizar” la distribución de una pobre corriente de agua que corre con dificultades por una zanja, mal llamada canal, en condiciones de abandono.

En este contexto de pandemia, cuando varias familias de una comunidad indígena tuvieron que someterse al aislamiento obligatorio por casos de covid, se recurrió a la denuncia pública ya que el riesgo de vida se agravaba por efecto de la deshidratación causada por vómitos y diarreas, sin contar con agua; luego de varios días de pedidos la comuna de Villa Atamisqui envió un (1) camión cisterna, con agua de dudosa potabilidad. No es de extrañar ya que fue este mismo intendente quien años atrás le sugirió a la misma comunidad que “retornen a su forma ancestral” de obtención de agua cuando éstos le reclamaron que el agua que les estaban dando, y por la cual pagaban, estaba en mal estado.

Desde la Administración Provincial de Recursos Hídricos se propone como “solución definitiva” el proyecto de entubamiento del Canal del Alto, dejando “grifos” insuficientes en su trayecto. Los argumentos son asegurar que esta llegue hasta la ciudad de Los Telares en el departamento Salavina y que no se “pierda” en el camino. En realidad, lo que se busca asegurar es que el agua llegue, primero, a los campos de empresarios ubicados en el citado departamento y, respecto a que “no se pierda” significa que no sea utilizada por las comunidades indígenas, y toda la fauna del bosque nativo El Alto, único cordón boscoso en el semiárido salino.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. También define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

El acceso al agua es un derecho inalienable cuya negación o restricción impide el pleno ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud. Sin agua las comunidades indígenas sufren la negación del derecho al trabajo, a producir sus alimentos.

Hoy exigimos al actual gobierno una solución verdadera a esta problemática, respetando la consulta previa, libre e informada a las comunidades, ya que los canales atraviesan los territorios de las mismas.