Principales desafíos constituyentes en Chile desde la perspectiva de la candidatura Mapuche de Natividad Llanquileo

Recientemente fue la presentación oficial de la (pre) candidatura de Natividad Llanquileo a la Convención Constituyente, con la participación de representantes del colectivo de diversos territorios que han levantado esta propuesta y de la propia postulante, quien dio cuenta en su intervención de una serie de desafíos que van en ese sentido, presentando cuatro ejes al respecto:

1) Los principios y directrices por los cuales debe inspirarse y transitar la nueva constitución política en Chile;

2) El tipo de Constitución que se necesita;

3) Implementación y Garantías de Derechos;

4) Bases para una nueva institucionalidad.

La transmisión realizada el 23 de diciembre, tuvo la conducción de Pascual Pichùn Collonao y contó con las intervenciones de Patricia Morán del Colectivo Trûr – Igualdad, de la pre candidata Natividad Llanquileo y del abogado de CID SUR, Sebastián Saavedra, quien dio a conocer los alcances de la Ley N° 21.298, que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional.

Cabe señalar que las postulaciones por escaños reservados están a la espera que el SERVEL habilite la Plataforma para que se agreguen allì las firmas de quienes patrocinarán las candidaturas (al menos 120 firmas), las que deben considerar al momento de hacerlo: Tener clave ùnica y calidad indìgena acreditada por Conadi.

A continuación, se comparte acceso al video con las respectivas intervenciones y enseguida, la presentación (en texto) de Natividad Llanquileo referido a los desafíos constituyentes:

Video #NatividadLlanquileoPilquimanConstituyente

https://fb.watch/2HQB6UQKQG/

Intervención de Natividad Llanquileo Pilquimàn **

Esta es una pre candidatura que va a ser inclusiva, que busca vincularse con los diferentes sectores democráticos y respetuosos de los derechos humanos. También queremos que esta propuesta sea de promover relaciones interculturales entre los diferentes pueblos. También busca fomentar las autonomías territoriales, el respeto irrestricto a los intereses y necesidades de cada territorio y en todos los ámbitos, desde una perspectiva colectiva y de bien común. Asimismo, esta propuesta busca recabar desde las diferentes expresiones sociales en Chile, las diversas demandas y planteamientos que estén por una mayor justicia, una mayor participación y una mayor igualdad.

Frente a esto, no podemos olvidar del porquè estamos hablando sobre este proceso constituyente. Recordemos que el 18 de octubre de 2019 se levantó en Chile una de las mayores rebeliones en la historia republicana que ha sido conocida popularmente como “El estallido o la revuelta social”, impulsado previamente por un movimiento estudiantil y que a lo largo de los meses se fueron sumando millones de personas en el País exigiendo cambios estructurales ante diversas políticas de dominación, exclusión, injusticias, desigualdad y opresión del régimen político y modelo neoliberal reinante, relacionado a grupos del poder económico que han manipulado por décadas al aparato público estatal, con diversas formas conspirativas para sus propósitos.

El 18 de octubre además de representar este levantamiento popular y que entre otros logros de resistencia y transformación, está el impulso para un nuevo proceso constituyente que terminará con la ilegítima y antidemocrática Constitución Política impuesta en dictadura, la que fue hecha en su momento para fomentar el saqueo y privatización del País de diversos bienes, servicios y de la naturaleza a favor de grupos económicos, coartando y negando a su vez una serie de derechos a pueblos-naciones y a las personas. Por eso, hoy se abre la oportunidad para que constitución refleje la pluridiversidad cuyo proceso previo a pesar de todos los candados y quorum que se ha fijado, logremos promover desde candidaturas independientes un espíritu verdadero, que sea participativo, que refleje y proteja los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Por supuesto que recoja las demandas sociales de manera simple, directa e inclusiva y que posibilite un nuevo estado de justicia

Y dentro de este primer ciclo que llevamos trabajando, hemos logrado recabar y como una primera aproximación, cuatro grandes ámbitos sobre los desafíos Constituyentes para establecer transformaciones trascendentales que nosotros consideramos:

1.- Los principios y directrices por los cuales debe inspirarse y transitar la nueva constitución política en Chile: Debe ser con valores humanos, en valores democráticos sobre justicia, sobre equidad, sobre igualdad, sobre libertad, sobre paz social y reparación, propiciando las condiciones y distribución de justicia y equidad de los recursos del estado, para cumplir con las obligaciones en necesidades y bienestar social.

2.- El tipo de Constitución que se necesita: Creemos que la nueva Constitución como carta magna debe ser simple, que tiene que ser accesible en sus contenidos, eficaz, directa, pluralista y basada en un estándar de derechos. La actual Constitución es extremadamente extensa, de difícil comprensión, llena de semánticas, con diversas retóricas vacías.

3.- implementación y Garantías de Derechos: Actualmente existe una tremenda falta de garantías e implementación de una amplia gama de derechos en la Constitución. Los derechos humanos pueden ser civiles-políticos, individuales-colectivos, sociales-culturales-ambientales, los que están consagrados en un estándar internacional de derechos que son obligatorios a todos los Estados. Sin embargo, la Constitución Política restringe estos derechos, no establece mecanismos que protejan el conjunto de estos, para que puedan ser reclamados y garantizados debidamente por y ante las instituciones estatales. Las actuales garantías constitucionales en su artículo 19, excluye una amplia cantidad de estos derechos, hace referencia a un listado de derechos individuales y sólo otorga a algunos de ellos posibilidades reales de ser reclamados, como el derecho a la propiedad, según criterios de jerarquía.

En la Constitución Política el derecho a la propiedad se encuentra protegido de manera preferente y no se asegura que el estado resguarde derechos humanos de manera directa. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer estos derechos sino que los ha endosado al uso y abuso de su administración de entes privados en temas tan relevantes como la salud, la vivienda, educación y previsión, cuyo ejercicio de estos derechos no se encuentra debidamente garantizados para la población, a pesar de las obligaciones internacionales que el Estado tiene.

Estimamos que un derecho está debidamente garantizado, cuando es posible exigirle al Estado su cumplimiento, lo que en la actualidad, no ocurre. Es por eso que parte de nuestra propuesta es insistir que la constitución debe basarse en un estándar de derechos, que incorpore debidamente los diversos tratados internacionales de derechos humanos y se garanticen estos derechos. Que la protección del derecho a la vida no tenga ninguna duda, así como vivir en un medio libre de contaminación. Asimismo, se garantice debidamente el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la previsión, el derecho de la igualdad ante la ley, el derecho a la justicia. Asimismo, incorporar otros derechos como el de la naturaleza, el derecho al agua , el derecho a la soberanía y justicia alimentaria, acciones contra el racismo y discriminación en diferentes ámbitos.

4.- Bases para una nueva institucionalidad: Una nueva constitución debe terminar con el abusivo campo de acción de los grupos de poder, con un freno efectivo a las redes de corrupción político económico, como también de actos delictivos y criminales de agentes del estado, además de múltiples saqueos y depredaciones de territorios y derechos de los Pueblos.

No podemos olvidar que el actuar de agentes represores y de unidades de inteligencia de carabineros y Fuerzas amadas, generaron masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de protestas sociales, las que fueron cometidas mayoritariamente cuando involucra proteger los intereses de los principales grupos económicos del país vinculados a Afps o en tèrminos de educación, en tèrminos salud. Tambièn para proteger los intereses extractivistas industriales como las forestales-celulosas, el latifundio, entre otros, que dan cuenta del servil comportamiento de su estructura jerárquica con redes del poder político y económico.

Asimismo y por ejemplo, a causa de la actual Constitución, existe un conflicto de competencia y de facultades públicas como consecuencia de la falta de autonomía y el rol debido del Tribunal Constitucional por ejemplo. Su actuar a través de resoluciones arbitrarias han afectado a diversos derechos humanos de la población, asì como otros organismos.

Por ello, aquí, para las bases de una nueva institucionalidad, es fundamental preguntarnos entre todos los sectores democráticos y respetuosos de derechos.

¿Qué tipo de régimen político queremos?

¿podemos transformar las actuales formas de poderes estatales y frenar los abusos de poder, incluyendo el presidencialismo?

¿Qué nueva institucionalidad de policía y fuerzas armadas se requiere? ¿Vamos a seguir permitiendo que sigan imponiéndose grupos adoctrinados, corruptos, con prácticas abusivas y violadoras de derechos humanos?

¿Qué tipo de desarrollo necesitan los pueblos? ¿Esto no debería ser respondido por cada territorio en Chile y que obedezcan a los verdaderos intereses y necesidades de los diferentes pueblos y comunidades, con modelos que sean respetuosos en todos los sentidos?

Asimismo agregar, que por primera vez la Constituciòn va a ser hecha por hombres y mujeres. Por primera vez el rol de las mujeres va a ser muy relevante, por eso creemos que es posible crear un futuro digno para todos los pueblos.

********************

** Natividad Llanquileo Pilquimán (14 de julio de 1984), mujer mapuche y campesina. Nacida, criada y con residencia en la comunidad mapuche Esteban Yevilao de la comuna de Tirúa. De profesión abogada de la Universidad Bolivariana, Diplomada en Derechos Humanos, Políticas Publicas e Interculturalidad de la Universidad de la Frontera. En el año 2018 fue Presidenta del Centro de Investigación y Defensa Sur y actual directora de Relación con el medio nacional e internacional.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *