La pandemia del coronavirus y el riguroso confinamiento ha provocado en Colombia un estallido social sin precedentes. La quiebra económica y la recesión se ha ensañado con la población más vulnerable. No es necesario ser videntes para predecir al pie de la letra lo que iba a suceder en este mes de mayo del 2021. Como olvidar el asesinato de Dilan Cruz-transmitido en vivo y en directo- por parte de la policía en las protestas de Bogotá en el 2019 y que marcó el inconsciente colectivo de la juventud.
Esta es una coyuntura de naturaleza social y económica que ha provocado una inusitada ola de indignación tanto en el campo como en la ciudad. O sea, los indígenas de la Minga, del CRIC, de la ONIC, campesinos, obreros, afrocolombianos, y jóvenes de los sectores populares que después de décadas de exclusión y abandono reclaman ser escuchados y tenidos en cuenta. Estamos ante una montonera, una guerra de castas, una guerra popular entre pobres y ricos. El alzamiento popular se ha acelerado vertiginosamente tras el intento del gobierno nacional de imponer una reforma tributaria (paquetazo neoliberal) y subirle los impuestos a un pueblo colombiano víctima de un modelo de desarrollo que lo asfixia. Para salir de pobres se necesitarían 12 generaciones.
Pero no es la primera vez que esto ocurre pues si nos remitimos a los datos históricos en el año 1781 los Comuneros del Socorro (Santander) también se levantaron como respuesta a la Real Cédula expedida por Carlos III que cargó de impuestos a súbditos americanos y se reservó el monopolio en el cultivo del tabaco y el aguardiente. Al final los líderes fueron ejecutados tras ser traicionados por el arzobispo Caballero y Góngora que fungía de mediador. Todo se repite cíclicamente en estos últimos 500 años y tan solo cambian las fechas del calendario.
América Latina ha sido la región del mundo más impactada por la pandemia del coronavirus pues en un año se ha retrocedido casi una década en los logros conseguidos en el combate contra el hambre y la miseria. Si no se reactiva el sector productivo solo nos espera la ruina y la bancarrota.
En Colombia existen 20.000.000 de personas ganando tan solo 3 dólares al día y otros tantos millones que solo hacen una comida diaria. La eterna agonía arrastra a los más vulnerables a la angustia y la desesperación, acelera las enfermedades psíquicas y mentales, el estrés, la depresión, la ansiedad y los intentos de suicidio.
Hacemos parte de un sistema medieval capitalista que clasifica al ser humano en estratos sociales, en castas de parias e intocables, de invisibles, lo más bajo y ruin, los impuros que deben “aceptar” el destino o karma de una raza nacida para sufrir y servir a los amos de los estratos superiores. Los desheredados no tienen un proyecto de vida y solo les aguarda la desesperanza y el desasosiego. No hay trabajo, ni un subsidio de desempleo, ni jubilación ni ahorro ni vivienda ni patrimonio alguno que les asegure un futuro digno. Soñar con un mejor mañana no cuesta nada. Al fin y al cabo: nacer pobres para morir pobres. El ex alcalde de Cali Maurice Armitage afirma que esto no lo va a solucionar el estado, sino la empresa privada que debe invertir en programas sociales a corto y largo plazo con el respaldo de fundaciones y la iglesia católica representada por monseñor Darío Monsalve. Se ha de fomentar un proceso de industrialización y la formación profesional de 30.000 jóvenes. Tristemente caerán bajo la tutela de curas, oenegés y demás benefactores.
En las barriadas populares de los extrarradios se concentran los emigrantes económicos y desplazados por la violencia de las áreas rurales. Una población de diversidad étnica impresionante (todas las sangres todas; afrocolombianos, indígenas, campesinos, mestizos, criollos) hacinadas y segregadas en guetos-ratoneras que carecen de los servicios básicos. Las nuevas generaciones antes que resignarse a su destino han decidido echarse a la calle, y a pecho descubierto luchar por sus derechos una y mil veces conculcados. Las escuelas están cerradas y los niños y jóvenes sin accesos a la educación virtual han desertado de las aulas. Hastiados de las cuarentenas tras 14 meses de confinamiento la tragedia humanitaria es inconmensurable.
El único destino de esos jóvenes de una generación perdida es engrosar las filas de las bandas delincuenciales o del narcotráfico. A los que llaman despectivamente escoria o lumpen víctimas de las adicciones ya le han colocado la soga al cuello y los conduce al patíbulo. ¿Cómo transformar una sociedad tan injusta y estructurada bajo unos principios clasicistas y racistas?
Lo ideal para el sistema es que esos jóvenes y adolescentes de los estratos más bajos se evadan de la cruel realidad a base de drogas y alcohol, la televisión, redes sociales, pornografía, PlayStation o videojuegos. La sociedad de consumo capitalista produce un embrujador éxtasis opiáceo. Alienados y embrutecidos ya no representan una respuesta desestabilizadora. Ante la falta de oportunidades laborales la única alternativa que tienen es emigrar al extranjero, preferiblemente a EE.UU, Canadá, Australia, Japón o Europa, o unirse a los grupos delincuenciales o las redes de prostitución. Otros quizás como muchos perseguidos políticos se exilien o pidan asilo en algún país que les brinde protección.
Colombia -según un informe del Índice de Desarrollo Regional de América Latina (Idere-Latam) es uno de los países más desiguales de América Latina especialmente a lo que se refiere al bienestar socioeconómico. Desigualdades que se originan desde su mismo nacimiento como nación. A partir del año 1886 los conservadores instituyeron una república centralista y abolieron los Estados Unidos de Colombia de corte liberal progresista. Entonces nace la República de Colombia donde el estado unitario con sede en Bogotá maneja los destinos del país. Este principio de exclusión y desigualdad es el causante de los grandes problemas de autoritarismo del poder ejecutivo, condenando a las regiones a la dependencia administrativa, política y económica.
A raíz de la pandemia del coronavirus la pobreza crónica ha aumentado en un 7% con relación al 2019 y ya afecta a 23 millones de personas. En Cali, por ejemplo, están censados 600.000 jóvenes de los cuales un alto porcentaje pertenecen a las clases bajas y buena parte pertenecen a los 220.000 desplazados. La mayoría no cuentan con empleo ni ingresos económicos estables. (en Colombia el 60% se dedica al trabajo informal) De ahí que sea urgente implementar una renta básica que alivie tantas privaciones y carencias. Además, tenemos que sumar más un millón de refugiados venezolanos (80.000 en Cali) que hacen aún más dramático el panorama. En Cali las comunas populares están integradas por emigrantes del campo procedentes del sur del país (Cauca, Nariño, Chocó y toda la costa del Pacífico) Generaciones empobrecidas que han nacido y crecido en el seno de la violencia. (desplazados del conflicto armado y la arremetida de los carteles del narcotráfico) Factores que agudizan el odio de clase y la venganza social. La dignidad humana pisoteada no puede generar más que rebeldía e insumisión.
El gobierno de Duque debe asumir el craso error de intentar aprobar una Reforma Tributaria que pretendía financiar los proyectos sociales mediante el incremento de impuestos sobre la renta y productos básicos (aunque también se tenía prevista la reforma del sistema de salud, educación y laboral) Pero eso sí había que rescatar a los bancos para aliviarle las pérdidas de la pandemia o comprar 24 aviones de guerra F-16. Esta ha sido la tormenta perfecta que ha desatado la ira e indignación de las clases populares como jamás se había visto. Un motín de desheredados que pone en jaque al régimen narco paramilitar colombiano. El 28 de abril del 2021 nació el Movimiento Juvenil Popular y de Barriadas.
Algunos politólogos y analistas creen que la única esperanza real de cambiar el sistema son las próximas elecciones del 2022. Algo muy improbable pues históricamente jamás los poderes fácticos (organizados en partidos) renunciarán a sus privilegios. Los tres poderes del estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial no son independientes, sino que están controlados al completo por las castas de los partidos políticos tradicionales y se rige por unos códigos mafiosos donde prima el clientelismo, el nepotismo o el intercambio de favores institucionalizado.
Desde el Palacio de Nariño el presidente Duque, como jefe supremo de las fuerzas armadas, ordena a la policía, policía motorizada a los GOES, el ESMAD y al ejército disparar contra los manifestantes para desmovilizar las protestas. Promete aplastar la conjura castro-chavista- que está sembrando el caos y el terror entre la ciudadanía. El Ministro de Defensa responde: “el estado no se va a arrodillar ante unos pandilleros y terroristas inadaptados cuyos pliegos de peticiones son inaceptables”. Se ha elegido el genocidio juvenil como la mejor manera de pacificar el país. Lo más perverso es enfrentar a jóvenes policías y militares, hijos de obreros y campesinos cuyos superiores les ordenan disparar contra jóvenes de las comunas que perfectamente pueden ser sus propios hermanos de clase. Se ha enquistado la semilla del mal y los militares gobiernan a sus anchas la supuesta “democracia”.
Fieles a los principios ideológicos de Seguridad Democrática sea como sea hay que desmovilizar la asonada. No se puede consentir que estas marchas y bloqueos amenacen la “soberanía patria”. Según los manuales antiterroristas se debe capturar a los líderes, torturarlos, desaparecerlos y darlos de baja para que escarmienten sus “secuaces”. En unas cuantas semanas las aguas volverán a su cauce y reinará nuevamente la paz y la tranquilidad en “la capital mundial de la salsa”. La táctica que ha elegido el gobierno es que el tiempo pase hasta que los “chusmeros” (como se les denominaron a los liberales que quemaron el centro de la capital tras el asesinato de Gaitán en el “Bogotazo” de 1948) se cansen y se rindan ante el imperio de la ley. “Porque este es un macabro plan de la izquierda radical y el narcotráfico para desestabilizar la democracia” La fiscalía va a judicializar por “terrorismo y concierto para delinquir” a quienes permanezcan en los puntos de resistencia. La estigmatización y persecución está promovida por los sectores acomodados temerosos de una invasión de los “vándalos” que pongan en peligro su patrimonio y la propiedad privada.
Así que no queda más remedio que atrincherarse en Primera línea, Segunda Línea o Tercera Línea, izar las banderas blancas en esas “repúblicas independientes” donde se realizan las asambleas populares o las ollas comunitarias. Los montoneros a pecho descubierto se baten en las barricadas dispuestos a sacrificar sus vidas por la causa. Porque la fuerza pública aplica sin contemplaciones la pena de muerte -proscrita constitucionalmente desde 1910- Se declaran espacios liberados Puerto Resistencia en Siloé, la Candelaria, la Loma de la Cruz, La Loma de la Dignidad, el puente de las mil luchas, el paso del comercio, Portada del Mar, Jamundí, Jumbo, Buga, Bogotá en el portal de las Américas o Portal Resistencia, el monumento a los Héroes, Portal Suba, parque de la Resistencia en Medellín, etc., etc.
Hoy Cali es la capital de la resistencia y foco de la insurrección colombiana y latinoamericana. Un levantamiento que ha trascendido las fronteras y que ha colocado a Colombia en la primera plana de los medios de comunicación del mundo entero.
El Congreso de la República se ha convertido en el nido de los mayores atracadores del país. Los padres de la patria, la burguesía usurera, los terratenientes junto a sus socios extranjeros se reparte equitativamente el robo de los recursos naturales y de las materias primas. Tan distinguidos doctores son los que se reparten a manos llenas la bonanza de dólares del narcotráfico. La avaricia de esa mafia de 200 familias dueñas del 46% de las tierras, no tiene límites: evasión de impuestos, delitos fiscales, testaferrato, lavado de activos, cuentas en paraísos fiscales, contratos ilegales o comisiones. Un expolio que asciende a 50 billones de pesos. Los casos de latrocinio más famosos son los de Odebrecht, Reficar, Hidroituango, minería ilegal de Metales Hermanos SA y C&J Gutiérrez, INVIMA, Navelena, Corficolombiana, etc…
En estos momentos las Fuerzas Armadas cierran filas entorno el presidente Duque se niega a dialogar con los “montoneros” o “guerrilleros del ELN o disidencias de las FARC” (presionado por el generalato encabezado por el sanguinario general Zapateiro, el ministro de Defensa Molano y el ex presidente Uribe) “El gobierno no se va a sentar a negociar un pliego de peticiones con el hampa juvenil, con los vándalos terroristas que siembran el caos”. Si la cosa se pone muy cruda no debe descartarse un autogolpe de estado al estilo Fujimori en el Perú en 1992 anulando las garantías constitucionales y decretando el estado de excepción. Por eso la frase del expresidente Laureano Gómez, el “basilisco”, pronunciada en 1951 cobra inusitada vigencia: “Hay que incendiar el país para mantener el poder” Este tribuno del pueblo admirador del nazismo y el franquismo hacía gala de una ideología racista, clasista y segregacionista. Laureano Gómez gobernó bajo el estado de sitio y restringió los derechos de los ciudadanos en la llamada “revolución del orden”
El resultado de esta infernal arremetida que dura más dos meses se calcula en 1.300 heridos, más de 90 muertos, 1.500 heridos, un número indeterminado de torturados, desaparecidos, presos políticos, abusos sexuales, mujeres violadas, tuertos, ciegos, lisiados.
¿Serán las instancias internacionales de derechos humanos las que puedan garantizar que sean judicializados los culpables de cometer crímenes de lesa humanidad? por lo general estos casos se dilatan en el tiempo y tras un largo proceso, por falta de pruebas, se engavetan. Sentar en al banquillo de los acusados a los miembros de la Policía o el Ejército es algo poco probable como ha sucedido en otras ocasiones. A partir del 8 de junio la CIDH de la OEA verificará in situ las violaciones de derechos humanos. Al final quizás todas las muertes serán en vano y como siempre los culpables gozarán de impunidad. Durante la dictadura del general Rojas Pinilla se llevó a cabo el 8 y 9 de junio de 1954 la masacre de la Ciudad Universitaria en Bogotá, en el homenaje al estudiante Uriel Gutiérrez, que el régimen atribuyó a “los disparos por parte de agentes perturbadores desconocidos, enemigos comunistas que intentan sumir a Colombia en el caos y la anarquía”. La violenta intervención de la policía y los militares fue en defensa propia y no para asesinar a los estudiantes, pues fueron atacados con armas de fuego por los “agentes infiltrados”. Prometió el dictador una “investigación rigurosa” sobre estos hechos luctuosos, pero hasta el día de hoy, como suele suceder en estos casos, aún no se ha esclarecido nada.
Como también en el caso de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos que según la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) entre 2002 y 2008 las Fuerzas Armadas, para demostrar buenos resultados a sus superiores (presidente y ministro de Defensa) en el combate de la guerrilla y bandas criminales, abatieron al menos 6.402 civiles a los que presentaron como “bajas en combate”. Un fenómeno macrocriminal más propio del nazismo o del pinochetismo.
En la toma al Palacio de Justicia por el M19 en 1986 la cúpula del ejército obligó al presidente Betancur a autorizar el asalto al Palacio de Justicia masacrando a guerrilleros, magistrados, trabajadores o quien se atravesará en el camino. “Muerto el perro, muerta la rabia” son sus principios éticos y morales de las FFAA.
EE.UU entrega 150.000.000 de dólares de ayuda anual a la policía colombiana para el combate contra el narcotráfico. Los equipos antimotines y armas usadas en la represión de las protestas son made in USA o importadas de Europa o Israel.
Colombia es una ficha clave del imperialismo norteamericano por eso se ha implementado el Plan Colombia y el Plan Patriota. (invirtiendo miles de millones de dólares para combatir a las guerrillas y los grupos de narcotraficantes) Para Washington la prioridad es garantizar la seguridad y la estabilidad del hemisferio. El gobierno Demócrata del presidente Biden certifica positivamente al gobierno de Duque en el tema de derechos humanos. Mientras la alta Comisionada de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional exigen al gobierno que pare la violencia y la represión. En la gran marcha del 9 de junio “La toma de Bogotá” la principal demanda fue: renuncia del presidente y elecciones anticipadas. Porque “la soberanía en Colombia reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público”
El partido de gobierno (CD)y sus aliados (Partido Conservador, de la U, Mira, Colombia Justa Libres, Cambio Radical) aducen que esta insurrección no es espontánea sino planificada por agentes (guerrilleros) infiltrados desde Venezuela y Cuba con el apoyo de Rusia e incluso China. Es un complot en toda regla y hay que actuar con contundencia contra el enemigo interno. Es necesario decretar la militarización del país y el estado de sitio. El principal sospechoso de esta hecatombe es el exguerrillero del M19 Petro, senador de la Republica por Colombia Humana y líder de la bancada opositora Esta es parte de la propaganda gubernamental para intentar justificar la sangrienta represión. La contrainformación, la mentira como doctrina de estado es parte de la guerra sucia que criminaliza la protesta. La prensa oficialista oculta la realidad y prefiere dedicarse a las noticias más frívolas de la farándula o a transmitir partidos de fútbol o carreras de ciclismo. El presidente Duque para rebajar la tensión en las calles se muestra conciliador y promete una masiva vacunación anti Covid 19, además, de establecer una renta básica y la matricula 0 en las escuelas y universidades.
Uribe Vélez desde su cuenta de Twitter lanza su ciber artillería induciendo a la jauría fascista a armarse y salir a las calles a despejar los bloqueos a sangre y fuego. ¡la patria está en peligro! La solución es tipo plaza de Tiananmen, matanza de Tlatelolco en México, es decir, un golpe fulminante y contundente que aniquile a los “terroristas”. La violenta respuesta del estado es la de un régimen fascista y hay que extirparlo.
¿Cómo apaciguar la insurrección? Con “mano firme y corazón grande” esta es una tarea encomendada a las autodefensas de las “camisas blancas”, los paramilitares, los escuadrones de la muerte, los carros fantasmas, los sicarios y francotiradores, policías infiltrados, o lo agentes del SIC o los servicios de inteligencia. Según los manuales antiterroristas hay que capturar a los líderes del paro, torturarlos, desaparecerlos para que sirva de escarmiento a sus secuaces. La opinión pública no se da cuenta y no dimensiona lo que está aconteciendo en Cali. Estamos ante una incontestable protesta generacional que hace temblar los cimientos del estado colombiano. Este terremoto social es el resultado de una profunda crisis humanitaria.
El régimen narco paramilitar colombiano ha decidido que solo sembrando el terror se podrá recobrar la paz y la tranquilidad. En las calles de Cali se libra una batalla revolucionaria donde una juventud a punta de piedras y palos y con escudos de lata enfrentan a unas fuerzas del orden que cobardemente disparan fuego real, balines, pelotas de goma o bombas de gases lacrimógenos. Los paros y bloqueos son un auténtico teatro de guerra. Lo cierto es que no será con palomitas de la paz ni con palabras de amor y amistad que se derrote a esta demencial dictadura fascista. Como se demostró con el caso del cura guerrillero Camilo Torres a mediados de la década de los sesenta que ante la intransigencia de la clase dirigente decidió que no había otra alternativa que empuñar las armas para derrocar a la oligarquía. “Como es imposible ganarles a los que controlan la maquinaria electoral y todos los factores de poder los grupos de oposición que llegan al parlamento no podrán nunca hacer transformaciones revolucionarias; por el contrario, su presencia en el congreso facilita que la oligarquía diga que en Colombia hay democracia porque hay oposición” Uno de los postulados más aleccionadores del cura guerrillero es “el que escruta elige” porque el voto es manipulable y en muchos casos es una mercancía que se compra o se impone a punta de las amenazas y coacciones.
El gobierno aconseja a los insurrectos que se acojan a la Constitución del 91 y creen su propio partido político y que participen en las elecciones. Que tomen el ejemplo de los “indignados españoles” que fundaron Podemos y obtuvieron un gran éxito electoral al conseguir 5 eurodiputados y entrar en el Congreso con 69 diputados. La democracia colombiana es generosa y que defiendan sus demandas en el Congreso de la República. Aunque para lograr un cambio real o ser alternativa de poder se requiere una votación mayoritaria casi imposible de obtener sino se cuenta con una maquinaria burocrática y partidista muy poderosa. ¿Todo esto se puede cambiar en las urnas? Y encima los jóvenes no tienen la posibilidad de postularse al Congreso de la República porque para ser elegibles se requiere ser mayor de 30 años. Pero al fin y al cabo es un verdadero suicidio entrar en el juego de una falsa democracia.
Si no hay apoyo social y una fundamentación política este alzamiento -como ha sucedido históricamente en otras ocasiones- no va a fructificar. Se necesita de la presión multitudinaria de la masa, de la unión entre obreros, proletarios, campesinos, sindicatos, estudiantes, es decir, no cientos sino miles y miles de personas de todas las clases sociales para que se hagan respetar en una mesa de negociaciones. Desde el Palacio de Nariño han elegido ignorarlos, no determinarlos. No existen.
Lo paradójico del caso es que, si se realizaran elecciones en este momento, tal vez, ganarían las fuerzas de ultraderecha igual a lo que sucedió con el Plebiscito de Ratificación de los acuerdos de paz con las FARC del 2016. El 50,2% de los votantes optaron por el no.
Geoestratégicamente Cali es un puerto interior del océano Pacifico muy disputado entre los carteles de la droga y la delincuencia organizada, Hoy la capital del Valle del Cauca sufre una guerra de baja intensidad con sobrevuelo helicópteros, aviones, drones y la movilización de miles de policías y soldados curtidos en la guerra de guerrillas o en el combate al narcotráfico.
Los jóvenes de las localidades, los barrios y las comunas son un nuevo sujeto político y hay que darles voz y visibilidad en las mesas de negociación pues solamente ellos se pueden representar. Cualquier acuerdo con el gobierno que los ignore se considera nulo. Las asambleas populares reclaman educación, salud, vivienda, trabajo, sueldos dignos, renta básica o subsidios, reparación de las victimas la reforma de la policía, el desmonte del ESMAD y la desmilitarización en todo el territorio colombiano. Pero de antemano se sabe que un corto periodo de tiempo no se va a concretar ese nuevo Pacto Social que exigen los manifestantes.
La sociedad colombiana está completamente polarizada entre los seguidores del uribista Centro Democrático y las fuerzas progresistas de izquierda pro “Pacto Histórico”. Esto es algo que viene sucediendo desde el siglo XIX y que ha sido el detonante de infinidad de guerras civiles entre liberales y conservadores.
La ultraderecha contraataca y convocan las llamadas “marchas del silencio”, contramanifestaciones en apoyo al gobierno de Duque y el “heroico” accionar de la fuerza pública. Miles de personas marchan bajo el lema de “los buenos somos más” “no están solos” La campaña electoral ya ha comenzado.
Este estallido social se parece cada día más a las revoluciones árabes del 2011, también al movimiento de los Indignados de España, la plaza del Tahrir en el Cairo hay que derrocar el dictador ¡Fuera Mubarak! ¡Que caiga Duque! Son los mismos encapuchados del movimiento zapatista o de las protestas populares de Chile cuando el presidente Piñera decide subir el precio del pasaje del metro de Santiago. Obligando a convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución que entierre la pinochetista.
Las revueltas del siglo XXI en comparación con las del siglo XX se articulan a base de las redes sociales y los avances de la tecnología digital, Es el resultado de la “modernidad liquida” en la que según los sociólogos “las realidades sólidas del pasado se han desvanecido”. El éxito de los insurrectos se debe a que se organizan a través de las redes sociales, ya sea vía Facebook, Instagram, Twitter, mientras la prensa alternativa transmite en directo las 24 horas las incidencias del paro nacional. Un celular es una invaluable arma de denuncia y de constatación de los crímenes de estado. Para impedir que se articulen los grupos de resistencia se censura y bloquea Internet y las redes sociales. El objetivo es ponerles el bozal y acallar así las voces de protesta. Bakunin resucita en Colombia con su espíritu libertario y utópico con las asambleas populares, son los milicianos anarquistas de la Guerra Civil española ¡A las barricadas! ¡ni Dios, ni Patria ni Rey! ¡No hay que reformar el sistema, hay derrocarlo! los amotinados no respetan jerarquías, son antisistema, feministas, anti patriarcales, anticapitalistas, antimilitaristas, grupos anarquistas de ACAB (todos los policías son bastardos) con un virulento rechazo a los políticos tradicionales y por lo general abstencionista en las elecciones. “No queremos asistencialismo ni renta básica ni que nos compren nuestras conciencias con limosnas”- contundente mensaje que los enaltece. “Resistencia” es la palabra que más se repite entre los alzados, resistir, resistir hasta morir. Se iza la bandera blanca en primera línea, vanguardia de la movilización social donde los capuchos con sus escudos azules repelen el ataque de las hienas policiales. La persecución desatada por la policía, los paramilitares o agentes de inteligencia empujará a los líderes de la revuelta a pasar a la clandestinidad si quieren preservar sus vidas.
Ha llegado la hora de refundar Colombia cambiarle hasta el nombre al país que le hace un homenaje al negrero y pirata Cristóbal Colón, es la hora de tumbar todas las estatuas y monumentos que se han levantado los “padres de la patria” en honor a los falsos héroes de la conquista y de la colonia. Necesitamos exorcizar esos fantasmas maléficos y quitarnos de encima el estigma de fatalidad que nos persigue desde tiempos inmemoriales.
Esas plazas liberadas ahora son el ágora de la cultura, las artes, de la pintura, la música o la poesía, a ritmo de rap, el Ska-p “la Revolución”, la bella Ciao o ¿Quién los Mató?. El romanticismo del Mayo del 68 todavía es el inspirador de una juventud contestataria que cree que “otro mundo es posible”. Lo más impactante es que en los murales, grafitis o pancartas no se exhiben como en otros tiempos los clásicos iconos del che Guevara, Fidel Castro o Chávez pues aparentemente han caducado. En esta comuna solidaria y utópica se reúnen niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos de todas las clases sociales que arropan a sus “guerreros capuchos” y encienden velas en honor a los mártires caídos en desigual lucha contra las fuerzas del orden.
Algunos ingenuos imbuidos en el espíritu cristiano apuestan por abrir canales de diálogo con el gobierno que permita levantar el paro nacional. No se puede caer en el juego de las provocaciones, “el único que va a cambiar esta nación es Jesucristo nuestro señor” convocando tedeums solemnes y cadenas de oración juntos como hermanos llegaremos a un entendimiento que salve nuestra patria. Como se hizo al final de la Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores consagrando al Sagrado Corazón de Jesús el templo del Voto Nacional en Bogotá. La iglesia católica y las sectas cristianas, el comité de paro se aprestan a hacerle el trabajo sucio al gobierno desmovilizando la protesta. Entonces comenzará una campaña de limpieza social y la cacería de sospechosos de haber apoyado los bloqueos. Como en los peores años de la violencia ya comienzan a bajar cadáveres flotando por las aguas del río Cauca.
¿En dónde está el premio Nobel de la Paz el expresidente Santos que reside EEUU y que no se ha dignado a hacerse presente como mediador?
¿Cuál es el papel de las FARC-EP y sus comandantes guerrilleros desmovilizados? Ellos que en su día se proclamaron la vanguardia de los campesinos y los proletarios apenas intervienen en esta grave crisis social y con su partido los Comunes se mantienen al margen de los graves acontecimientos ocupando cómodamente una curul en el Congreso de la República. Dónde están aquellos que predicaban: ¡Solo con las armas en la mano se podrá doblegar al estado fascista colombiano! De que valieron 50 años de guerra civil que dejó más 200.000 muertos, miles de desaparecidos y millones de desplazados. Además del fracaso de unos tratados de paz firmados en Cuba que jamás cristalizaron. Como lo demuestra los 270 excombatientes y más de 1.184 de líderes sociales asesinados desde el 2016.
Carlos de Urabá 2021
