PANORAMA MENSUAL DE LAS EMPRESAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Cinco meses más de subsidio para trabajadores de empresas autogestionadas
Mario Hernandez
Este miércoles el Gobierno nacional confirmó, por medio de la Resolución N° 673/21 publicada en el Boletín Oficial, la extensión por otros cinco meses del subsidio de 11.000 pesos que se entrega a integrantes del Programa Trabajo Autogestionado (PTA), que incluye a trabajadores de cooperativas, una iniciativa dependiente de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que encabeza Claudio Moroni.
Según se detalla, el programa tiene por objeto “promover la generación de nuevas fuentes de trabajo y el mantenimiento de puestos de trabajo existentes a través del fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas por trabajadores y trabajadoras”.
El sector cooperativo ha sido uno de los más perjudicados en el marco de la epidemia de coronavirus que golpea al país hace un año y medio, ya que no contó con la asistencia de programas como el Repro II o la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que recibieron sectores empresarios privados. La ayuda económica de 11.000 pesos no remunerativos apunta a un universo aproximado de 30.000 cooperativistas, socios de unidades productivas autogestionadas participantes del PTA.
En relación con la extensión del subsidio, Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos (Conarcoop), consideró: “Es parte de la lucha y del trabajo articulado que venimos haciendo con todo el movimiento cooperativo, en sus diferentes instancias confederativas y federativas. Y agregó: “La pandemia, en muchos lugares, ha devastado y ha dejado una situación de pobreza muy alta. El cooperativismo tiene un deber y una obligación en este contexto y para lo que se viene, en cuanto a la recuperación del empleo”.
Más allá de recibir el anuncio de ampliación “como una gran noticia”, el dirigente cooperativo señaló: “Si bien celebramos la medida, entendemos que hay sectores críticos, que ante la igualdad de derechos no son atendidos como las cooperativas gastronómicas o turismo, por ejemplo, que no pueden acceder al Repro II de $ 22.000 por el simple hecho de ser cooperativas”.
Las ayudas económicas no remunerativas, dado su carácter extraordinario, serán compatibles y podrán ser acumuladas con la percepción en el mismo período de las asistencias económicas, aclaró el Ministerio.
Y puntualizó que su liquidación conllevará para sus destinatarios la suspensión de liquidaciones de ayudas económicas regulares otorgadas en el marco de la «Línea I – Ayuda económica individual» del Programa, las cuales se reanudarán a su término.
Además, el beneficio será abonado en forma directa y personalizada a través de los medios de pago directo utilizados en el marco de ese Programa, que está vigente desde 2004 y tiene por objeto promover la generación de nuevas fuentes de trabajo y el mantenimiento de puestos existentes a través del fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas por trabajadores.
Cerámica Neuquén movilizó ante una nueva amenaza de remate
La movilización fue a las 10:00 del jueves 24 de junio desde el monumento a San Martín hasta Casa de Gobierno.
Entregaron una nota dirigida al Ejecutivo para que intervenga y dé una solución a la situación de la gestión obrera. En un comunicado aseguraron que “esta semana los ceramistas nos enteramos de un pedido del Martillero Público, Marcelino Vallejo, al juez Cosentino de avanzar en el remate de la fábrica. Esta vez dándole curso de manera virtual al proceso judicial, para concluir en el posterior remate de la planta y dejando a 80 familias en la calle.”
Los ceramistas informaron que: “en asamblea resolvimos movilizarnos para exigir que el gobernador Omar Gutiérrez intervenga y se avance en el preacuerdo firmado a fin del 2020, que establecía una salida que da respuestas a los distintos sectores, incluyendo a la vieja patronal, a las y los ex trabajadores que decidieron aceptar las indemnizaciones y, por supuesto, para sostener los puestos de trabajo y la gestión obrera. Con esta medida del juzgado se tiraría atrás ese preacuerdo y se abriría un proceso que terminaría en un remate violento de la fábrica. Para evitarlo la salida es política, y está en manos del gobernador”.
Además de la movilización, el mismo jueves por la tarde convocaron a las distintas organizaciones sindicales, políticas, sociales, estudiantiles, a las 16:00 en el Hospital Heller, a una reunión de la Asamblea Interhospitalaria con distintos sectores para coordinar nuevas acciones de lucha unificadas.
También quieren desalojar a la cooperativa 1° de mayo en General Roca
En la mañana del viernes 2 de julio trabajadores de la cooperativa maderera 1° de mayo, de General Roca, Río Negro, realizaron una volanteada en las puertas de la fábrica, ubicada en la ruta 65, en reclamo contra las amenazas de desalojo por parte de la justicia provincial. Se trata de cuarenta trabajadores a quienes el empresario local Mario López quiere dejar en la calle, reclamando judicialmente las tierras que desde hace once años fueron cedidas a la maderera luego de ser recuperada por sus trabajadores.
La cooperativa 1° de mayo fue expropiada en 2014 por la Ley N° 5031, sin embargo el proceso judicial actual desconoce esa conquista de los trabajadores y pone en riesgo la fuente de sustento de 40 familias. Julio, trabajador maderero desde hace 34 años, comentó: “no recibimos nunca un subsidio del Estado y generamos nuestro propio sueldo y sustento familiar”.
“Queremos demostrar que se puede construir otro modelo agrario y que, además, ya lo estamos haciendo”
El miércoles 9 de junio, el Observatorio de la Deuda Social (OSDA) de la UCA presentó junto a Cáritas el informe “Un rostro detrás de cada número, radiografía de la pobreza en Argentina”. Las cifras del período 2010-2020 son estremecedoras: el 41,9% de la población urbana es pobre multidimensional (lo que significa que son pobres por ingresos y por carencias), más del 50% de lxs niñxs son pobres, el 34,3% de argentinxs entre 0 y 17 años sufrieron inseguridad alimentaria total en 2020 y “de cuatro chicxs que se sientan a una mesa, solo unx come todos los días”.
El informe de la UCA ilustra lo dramático del panorama, mientras el gobierno nacional no logra frenar la suba de precios de los alimentos ni avanzar en negociaciones sobre el precio y el abastecimiento de carnes. A casi un mes de la Resolución 75/2021 a través de la cual el ministerio de Agricultura formalizó la suspensión (parcial) por 30 días de la exportación de carne bovina, la llamada Mesa de Enlace (conformada por las cuatro entidades ruralistas patronales de la pampa húmeda: la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y la Federación Agraria Argentina) no solo sostuvo dos semanas de protestas, sino que los cortes más económicos de carnes aumentaron en mayo por encima del promedio: 7,8%.
En este marco, fue presentada, desde Mendoza, la Mesa Agroalimentaria Argentina. Conformada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI ST) y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), el espacio busca funcionar como un nuevo actor político, impulsando desde abajo y hacia arriba una reorientación de las políticas económicas del país en este contexto, sentándose a negociar y reformulando el modelo productivo del país, en pos de uno donde se contemplen los intereses de la mayoría. Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina, explicitaron: “La disyuntiva es de larga data: concentración o democratización, soberanía o dependencia”.
Rosalía Pellegrini Holzman, de la coordinación de la UTT, señaló: “La semana pasada, dimos un paso muy importante en consolidar un espacio (en el que venimos trabajando) con esta idea simbólica, pero también concreta, del otro campo: del campo que alimenta. Es necesario que haga visible un sector que tiene otra idea para el campo argentino. Cuando se habla de ´El campo´, en realidad, se habla de un sector bastante concentrado del modelo agropecuario -del modelo empresarial agropecuario-, vinculado a las corporaciones multinacionales y la producción de commodities, y no de un campo que se piense como parte de una estrategia en Argentina que construya un modelo agropecuario con soberanía alimentaria”.
En el documento de presentación de la Mesa, las organizaciones afirman que el foco está puesto en la urgencia de dar respuestas a la crisis alimentaria, garantizar alimentos de calidad y a precios justos, y con el horizonte de construir un modelo agrario que garantice la soberanía alimentaria. En el 2007, en el Foro Mundial para la Soberanía Alimentaria, en Malí, África, se publicó la Declaración de Nyéléni definiendo que: “La soberanía es un derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y su derecho de decidir su propio sistema alimenticio y productivo. Eso coloca a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos, en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas”. Hace años que las organizaciones campesinas y rurales están reclamando que se garanticen los derechos de acceso y gestión de la tierra, de las aguas, de las semillas, del ganado y de la biodiversidad en las manos de aquellxs que producen los alimentos. “La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdad entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones”, se postulaba en aquella declaración.
Rosalía explica que el fuerte de la Mesa no será solamente reclamar la falta de acceso a la tierra, la falta de canales de comercialización junta o la falta de financiamiento, sino que desarrollará propuestas concretas para la fruta y la verdura, para la cadena láctea, para la carne: “Queremos demostrar que se puede y que, además, lo estamos haciendo. Ya venimos comercializando productos cooperativos. Tenemos una yerba con un precio competitivo que viene de familias organizadas. Vendíamos la harina del molino Armstrong que lamentablemente acaba de cerrar porque se fundió. Es acá donde tiene que ir el financiamiento de una política agropecuaria que alimente”, asegura la referente.
Y remata: “No somos lxs privilegiadxs que estamos pensando en irnos a vacunar a Miami o a cuánto cerró el precio de la soja en Chicago. Ese sector existe, bueno… pero, ¿qué tal si empieza a fortalecerse otro sector? Con acceso a la tierra, con otro tipo de tecnología, con agroecología y con otras dinámicas que piensen justamente esta Mesa en función de algo que está presente en estas tres palabras: una matriz agropecuaria que realmente alimente”.
Según sus vocerxs, la Mesa buscará defender la gremialidad de un sector que hoy no tiene quién lo represente y solicitará una reunión formal urgente con los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra.
Pellegrini agrega que: “Este es nuestro espacio, los otros tienen su espacio y sabemos quiénes son. La Mesa nos aglutina y representa: somos productorxs, desde productorxs agropecuarixs de la pampa húmeda, de cooperativas, PyMEs agrarias, hasta familias campesinas de Humahuaca, pasando por pequeños productorxs hortícolas de los distintos cinturones del país. Es ese campo que pone el alimento sobre la mesa, la verdura, la lechuga, pero también las cooperativas lácteas que están atravesando ya hace tiempo una situación de crisis económica. Por ejemplo, imaginate que las cadenas lácteas están casi totalmente concentradas en dos empresas que monopolizan todo el sector. O lo que también sucede con otras cadenas, como las de los molinos que tuvieron que cerrar por falta de financiamiento”, concluyó la secretaria de Género de la UTT.
La UTT impulsa la Ley del Acceso a la Tierra realizando un «alimentazo» federal
El miércoles 30 de junio, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) realizó el llamado Alimentazo en diversas provincias del país para promover y reivindicar el tratamiento del proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. Mediante puntos fijos en las distintas ciudades, como ferias abiertas, donaron verduras y plantas de las cooperativas, bajo el lema de la soberanía alimentaria.
«En el contexto de crisis sanitaria y alimentaria, batallamos desde la solidaridad contra el hambre y la especulación de los grandes mercados concentrados», decía la convocatoria.
El Alimentazo federal se desarrolló en Misiones, Chubut, Santa Fe, Tucumán y la CABA, frente al Congreso Nacional, en donde lxs diputadxs fueron invitadxs a participar, llevarse alimentos sanos y a comprometerse con el tratamiento del Proyecto de ley.
«La recepción es buena, el diálogo es positivo, pero no alcanza», señala el vocero Agustín Suárez. «Presentamos el Proyecto de ley por tercera vez a fin del año pasado y tuvimos varias reuniones con asesores de diputados de los distintos bloques con la intención de que salga el dictamen de las tres comisiones para que pase al recinto. En este momento, entendemos que ya estamos a mitad de año y necesitamos que esta ley avance.»
El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra consiste en otorgar créditos blandos para la compra de tierra, un Procrear Rural para pequeños productores, e impulsar el desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable.
Hasta el 6 de julio, el Alimentazo federal tendrá nuevos puntos en La Pampa, Río Negro, Entre Ríos y Salta para impulsar la Ley de Acceso a la Tierra. «Son distintas provincias, distintas realidades y problemáticas, pero todas relacionadas con la tierra, ya sea porque tenemos tierra y hay grupos empresarios que la quieren sacar o porque también necesitamos tierra en otro lugares y necesitamos avanzar con distintas problemáticas», concluyó Suárez.
Los puntos del Alimentazo tuvieron lugar en:
Jueves 01/07:
La Pampa: Alimentazo Móvil de la UTT Río Colorado, La Adela, desde las 10:00
Viernes 02/07
Río Negro: Sede ATE (25 de Mayo 2621, esquina Pellegrini), El Bolsón, 10:00 a 13:00
Entre Ríos: Almacén UTT (Urquiza 219), Concepción del Uruguay
Nuevo ataque del dueño de Manaos a comunidades indígenas de Santiago del Estero
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase Vía Campesina) denunció que el fundador de la empresa de gaseosas Manaos, Orlando Canido, irrumpió con topadoras, armas y patotas en un territorio de la comunidad indígena Yacu Kachi del pueblo originario Guaycuru, en Bajo Hondo, a unos 80 km al sudeste de Quimili.
Son once las familias guaycurúes que aún resisten el desalojo en Bajo Hondo. Rodeados de los campos del empresario de Manaos, conservan en un territorio comunitario el único monte que existe en la zona y que les permite criar sus vacas, cabras, chanchos y gallinas.
Según un comunicado compartido en redes sociales, Canido, junto a una decena de personas armadas, ingresó al territorio comunitario, haciendo disparos con armas de fuego sobre los hogares de los integrantes de la comunidad. “El ingreso se produjo de noche junto con una topadora que destruyó un alambrado comunitario. Por la mañana, la Policía de Santiago del Estero fue a testificar la situación y la banda armada continuó con los disparos y se negaron a identificarse”, lamentaron desde el Mocase.
El pasado 12 de junio, Canido ya se había presentado en la comunidad junto a medio centenar de efectivos de Infantería de la Policía de Santiago del Estero, con el único propósito de expulsar a las familias de sus tierras. El operativo fue ordenado por la jueza Rosa Falco, a pesar que hay leyes nacionales vigentes suspenden la “ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”.
El desalojo fue frenado gracias a la resistencia popular y la intervención de Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Ese día, al irse la policía, el grupo de matones de Canido derribó alambrados y reiteró sus promesas de venganza, que se cumplieron lamentablemente.
“Jueza Rosa Falco, suspenda el desalojo. Todos los organismos nacionales de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la Nación le piden la suspensión por clara violación de la Ley 26.160 y al derecho constitucional que protege las Comunidades Indígenas”, sostienen desde el Mocase.
La propia titular del INAI, Magdalena Odarda, volvió a pronunciarse sobre este conflicto y pidió el cese de estas prácticas ilegales y que se investiguen las denuncias de la comunidad.
“Basta de bandas armadas en nuestros territorios comunitarios. No al desalojo de la comunidad indígena Yacu Kachi”, concluyeron desde la organización campesina santiagueña.
Jornada Nacional de protesta de la Federación Nacional Campesina
Las campesinas y los campesinos, los más pobres del campo, producimos alimentos en cantidad y calidad que el pueblo tanto necesita. Cada día se nos hace más difícil vivir y producir, producto de la política del macrismo profundizada por la pandemia del COVID-19.
La inflación que encarece los alquileres y arrendamiento de quintas, chacras fincas, etc. y los insumos para su producción.
Una cadena de intermediarios compra nuestros productos a precios con los que nosotros los campesinos y campesinas no podemos subsistir, pero esos mismos productos llegan a las góndolas a un precio entre 6 y 10 veces superior a lo que nos pagan en el campo.
Ante esta situación desesperante, el miércoles 23 de junio, la FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA junto a productores y productoras de todo el país, marchamos a una gran Jornada Nacional de Protesta y visibilización de nuestras problemáticas.
La jornada tuvo el apoyo solidario de la Corriente Clasista y Combativa, los Cayetanos y otras organizaciones sociales, gremiales y populares.
Pedimos:
- Vacunación para las compañeras y compañeros que sostienen comedores y merenderos. Vacunación para todos los campesinos y campesinas, sector estratégico en la producción de alimentos.
- Aporte de Emergencia para la Agricultura Familiar por 6 meses.
- Entrega de tierras fiscales y mal habidas. Compra estatal de la producción.
- Entrega de insumos, herramientas y maquinarias. Proyectos productivos.
- Créditos accesibles y tasas subsidiadas para pequeños productores.
100 ollas en La Plata
Desde el inicio de la pandemia miles de platenses se pusieron al frente de la lucha contra el Covid 19, muchos de ellos bancando los comedores populares que ya estaban funcionando y otros que abrieron sus casas y con su labor permitieron que miles puedan aislarse ante el contagio.
Vemos con alegría como ya están vacunados nuestros seres queridos mayores y como se van vacunando las personas de riesgo que nos rodean. Pero aún faltan los esenciales que no se ven, que nos cuidamos y cuidamos al barrio, los que producen las verduras que alimentan al pueblo y no hemos parado de trabajar ni un solo día. LOS TRABAJADORES ESENCIALES DE COMEDORES, MERENDEROS Y UNIDADES PRODUCTIVAS QUE ENFRENTAMOS LAS CONSECUENCIAS QUE DEJÓ LA POLÍTICA DEL MACRISMO Y QUE SE AGUDIZARON CON LA PANDEMIA NECESITAMOS URGENTEMENTE SER VACUNADOS
En la Ciudad de La Plata, la gestión irresponsable de Julio Garro cortó toda asistencia a los Comités Populares. Justo en lo peor de la segunda ola de contagios y cuando el hambre arrecia en los sectores populares. No ejecutó el dinero que tenía destinado por presupuesto para estas necesidades.
Sin embargo, nosotros sí somos responsables. Y hemos mantenido abiertos y alimentando los comedores, pese a la duplicación de la cantidad de asistentes. También en las quintas los campesinos siguen produciendo pese a no tener respuestas de los reclamos hechos al Municipio el 14/3 acerca de la inseguridad, infraestructura, etc.
Por todo esto realizamos esta jornada de ollas populares en algunos de los Merenderos y Comedores que a diario garantizan el alimento a Miles de platenses:
1) Vacunas para los esenciales.
2) Aumento de Asistencia Alimentaria a los Comedores Populares.
3) Subsidios para la producción florihortícola
Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita, Surge, Asoma, FNC, CCC, UTEP, Ni un pibe menos por la droga, Octubres, Justicia y Libertad, Agrupación Evita, MTE, MUP
VACUNAS PARA ALIMENTAR
Por Laura Guarinoni
Las mujeres que se cargaron al hombro comedores populares y merenderos siguen esperando las vacunas
Se cumplió un año de la muerte de Ramona Medina, que trabajaba en comedores del barrio
Ramona nos está mirando. La frase se repite como máxima en las charlas de los vecinos del barrio 31 cada vez que el ánimo decae tras convivir más de un año con la pandemia. Ramona es Ramona Medina, trabajadora de comedores comunitarios del barrio y referenta del área de salud de la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Asamblea de organización La Poderosa. Fue la primera en denunciar la falta de agua en esa zona postergada de la Ciudad de Buenos Aires en plena emergencia sanitaria durante la primera ola. Era insulinodependiente, contrajo coronavirus tras vivir doce días sin agua y murió en el hospital Muñiz con 42 años, el 17 de mayo de 2020. Su partida conmocionó al barrio y a una parte de la sociedad que comenzó a señalar la imposibilidad de “quedarse en casa” cuando las condiciones de vida son el hacinamiento y la falta de recursos básicos tales como el agua, fundamental para no transmitir ni contraer el virus.
A un año de la muerte de Ramona, el Barrio 31 lamenta el fallecimiento por Covid de otra vecina: Teodora Olloa. Tenía 59 años y era cocinera del merendero “Juana Azurduy” e integrante de la agrupación Somos Barrios de Pie. Oriunda de Perú, había emigrado a la Argentina con sus dos hijas y se había establecido en una de las viviendas del “sector YPF”, a dos cuadras de la nueva sede del ministerio de Educación porteño. Sus compañeras cuentan que hasta el último día estuvo preocupada por “quién iba alimentar a los niños del barrio”. Desde el Hospital Fernández mandaba whatsapps distribuyendo tareas para que la comida llegara a todos. El mismo día que murió Olloa también falleció por el virus Lourdes Huarachi, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en la Villa 20 de Lugano y trabajadora de un merendero del barrio. Ambas muertes revivieron el dolor y la injusticia de la partida de Ramona pero, a diferencia del momento en que ocurrió aquella muerte, el país ya tenía una vacuna. “Somos esenciales y no descartables. Vacunas ya para alimentar al pueblo”, comenzó a ser la consigna elegida por las cocineras de los barrios más marginados de CABA y la provincia de Buenos para pedir que se las incluya en el plan de vacunación.
En el país hay más de 10.000 comedores que alimentan a cerca de 10 millones de personas y son sostenidos por más de 70.000 cocineras, según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM). Más del 80% de los comedores y merenderos están dirigidos por mujeres, cuidadoras comunitarias cuyo trabajo la mayoría de las veces no es remunerado. Desde el inicio de la cuarentena, estas fueron consideradas como esenciales. Los comedores cambiaron de modalidad -ahora entregan la comida en lugar de servirla en el lugar- pero nunca cerraron. Las mujeres son las que ponen el cuerpo a diario en los barrios, exponiéndose al virus. Son las que abren sus hogares, sus cocinas, entregan su tiempo y preparan ollas para alimentar a los vecinos. “Nosotras no podemos parar. Si un día no das la merienda enseguida se acerca alguna madre o un nene preguntando con hambre. Sabemos que para ellos es fundamental y nunca dejamos de hacer comida, ni en los momentos de más restricciones”, cuenta Cristina Farías, cocinera del comedor “Arco iris” en el barrio Independencia de José León Suárez. Otras cinco mujeres la acompañan en la tarea. “Son compañeras del barrio y vecinas que se fueron acercando para colaborar. Rotamos porque el lugar es chico y no puede haber tantas personas juntas por los contagios”, explica.
Para Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru, “son las mujeres quienes históricamente en los momentos de crisis se ponen al hombro a la familia, los hijos, al barrio y a la comunidad entera.” La Tupac tiene 150 comedores en la provincia de Buenos Aires, casi todos comandados por mujeres. Gloria, miembro de la organización y quien desde hace once años dirige el comedor “Gasparini” en Almirante Brown, cuenta que el trabajo de las cocineras se inicia todos los días a las ocho de la mañana con el amasado del pan -que se entregará con el almuerzo, la merienda y la cena- y concluye después de que baja el sol.
“Acá siempre hay cosas para hacer. Cuando terminamos de amasar enseguida llega otro grupo de cocineras que prepara el almuerzo. Luego de servirlo limpiamos todo y empezamos con la merienda y más tarde la cena. La necesidad de los nenes y de los vecinos nos obliga a mantenernos activas”.
Emparchando el tejido social
Cuando se dio cuenta de que el aislamiento duraría mucho más que quince días, Vanesa Delucca le propuso a su compañero usar el local vacío de adelante de su casa, en el barrio Las Heras de Mar del Plata, para cocinar y entregar viandas a sus vecinos. Un mes más tarde la despidieron de la fábrica en donde trabajaba hace quince años sin indemnizarla pese a la prohibición del gobierno. Se le cruzó entonces cerrar el comedor y alquilar el local para tener una entrada de dinero, pero pronto se dio cuenta de que no podía dejar de cocinar porque su situación no era la excepción en el barrio sino la regla. “Arrancamos y con el avance de la pandemia nos encontramos que sólo nosotros dos no podíamos mantener el comedor, entonces de a poco se sumaron algunas vecinas”, cuenta. Hoy entregan cerca de 710 viandas por semana aunque la demanda cambia según la época del año. “Durante el invierno, los meses más crudos, no damos abasto. En verano bajó bastante (la demanda) porque la gente hizo algunas changas cuando se abrió la circulación y eso le permitió poder juntar algunos pesos y dejar de venir a buscar las viandas”.
En el contexto de la pandemia global, donde la Argentina ronda el 42% de pobreza y el 10,5% de indigencia de acuerdo con las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)- los comedores comunitarios y merenderos se forjaron entonces como la primera respuesta a esta situación alarmante.
Cristina cuenta que en José León Suarez funciona desde hace seis años el merendero todas las tardes y que a partir del año pasado empezaron a servir comida dos o tres veces por semana. “Abrimos el comedor porque había mucha gente en el barrio que no tenía para comer. Empezamos con las ollas y ahora entregamos 30 tapper por día, con hasta siete porciones cada uno, según la cantidad de personas que hay en cada familia”, explica.
En tanto, Garfagnini subraya que la situación de las personas en los barrios populares se agravó en los últimos años. “Cuando dejó el gobierno Cristina (Fernández de Kirchner) los comedores funcionaban básicamente para hacer un diagnóstico social. La gente comía en su casa y eran muy pocos los comedores que trabajaban como tales en nuestra organización. El macrismo nos puso en otra lógica, empezaron a funcionar todos a pleno y la pandemia quintuplicó la cantidad de gente que se acerca a recibir comida”, relató.
En la misma línea, Gloria cuenta que por la pandemia pasaron de dar merienda a 170 niños a dar de comer a 170 familias. “A la copa de leche siempre vinieron los chicos pero con la cuarentena se empezaron a acercar las madres y padres que estaban sin trabajo y también los abuelos, entonces decidimos cocinar también para ellos e incluimos almuerzo y a veces la cena”, asegura.
Los comedores se sostienen de diferentes formas. Varios son parte del programa Potenciar Trabajo, del ministerio de Desarrollo Social, y además reciben del Estado alimentos secos mensualmente. Sin embargo, su subsistencia difiere mucho según la provincia o el municipio en que se encuentre. Las cocineras aseguran que en ocasiones la entrega de comida es descontinuada o no alcanza entonces deben “rebuscarse” para llenar la olla.
“Dependemos mucho de la solidaridad de la comunidad. Tenemos un conocido que tiene una verdulería y nos dona todas las semanas cebolla, zanahoria o lo que tenga en el momento y además los lunes vendemos pan casero, rosquitas, tortilla. Con esa plata compramos comida para la olla”, explica Cristina.
El coordinador de La Tupac Amaru coincide: “Hay un circuito solidario en los barrios que funciona. El pan que no vende la panadería lo entrega a los comedores. El carnicero colabora con algo de mercadería y así varios vecinos. Con la asistencia sola no podríamos sostenernos”.
Esperando la vacuna
Las manos de Cristina están resquebrajadas de tanto usar alcohol y lavandina. Durante el tiempo que pasa en el comedor higieniza constantemente la zona donde trabaja, los utensilios, las ollas y las bolsas en que llegan los alimentos. Está convencida de que ni ella ni sus compañeras contrajeron el virus porque son muy meticulosas con las medidas sanitarias. “Nunca nos sacamos el barbijo y nos cuidamos mucho. De nosotras depende además no transmitir la enfermedad y además, si nos contagiamos, ¿quién le va a dar de comer a toda esta gente?”, se pregunta. “En el barrio Independencia –cuenta- ya hubo muchas muertes. Dos de mis vecinos fallecieron por el virus y tenemos miedo”.
La cocinera tiene 52 años y dice que está expectante a que le avisen que le van a dar la vacuna. “Me anoté el año pasado en provincia, cuando recién empezaron las inscripciones. Todos los días reviso el correo para ver si tengo turno. Ya estoy cerca”, dice con optimismo.
Desde el inicio de la vacunación, los movimientos sociales reclaman que las cocineras y promotoras territoriales sean incluidas como prioritarias. Hace pocos días la Ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción para ese personal y la provincia solicitó que cada comedor envíe un listado de diez personas para incluirlas también entre el personal estratégico. Muy pocas provincias avanzaron en la vacunación de las cocineras, entre estas están Chubut, Mendoza y Corrientes.
“El reconocimiento de las trabajadoras de los comedores como esenciales no se acompañó con una inclusión prioritaria en el plan de vacunación del país”, opina Garfagnini, y añade que hay muchas que ya tienen la vacuna porque están dentro de la edad para recibirla. “Las compañeras son felices cuando se vacunan. Es impresionante, parece que se hubieran ganado la lotería porque hay miedo pero hay una situación social tan alarmante y tan brutal que se prioriza la alimentación de los compañeros del barrio. Creemos que la vacuna podría ser una forma de valorización del trabajo que hacen”, afirma.
El piso de los contagios de Covid en la segunda ola se elevó, son más los casos en los barrios populares y más las muertes de militantes, cuidadoras y promotoras. La vacuna entonces resulta fundamental. Las cocineras fueron y son tan esenciales como el personal médico, las fuerzas de seguridad o los trabajadores de la industria del alimento. La pandemia dejó a la vista que su tarea es fundamental para mantener unido el tejido social. Su trabajo nunca se detuvo, ni se detendrá, porque en los barrios las ollas populares son, y han sido siempre, una vacuna contra el hambre.
El Senado aprobó el cupo laboral travesti-trans
El Senado aprobó el 24 de junio la Ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados dos semanas atrás.
La ley de «Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán-Lohana Berkins’» fue aprobada con 55 votos afirmativos, 1 voto negativo y 6 abstenciones.
La iniciativa establece un cupo no inferior al 1 % del total de los cargos en organismos de los tres poderes del Estado, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado para personas travestis, trans y transgénero. Además, tendrá que cumplir una serie de obligaciones de «no discriminación» en el acceso a los puestos de trabajo y habrá incentivos económicos para contrataciones en el sector privado.
Fuera y dentro del recinto, militantes del colectivo celebraron el nuevo avance en la ampliación de derechos en el país. El debate comenzó a las 16:00, cuando tomó la palabra Norma Durango, presidenta de la Comisión Banca de la Mujer y miembro informante del proyecto: «Tenemos la oportunidad como legisladores y legisladoras de revertir una realidad de discriminación y violencia a la que se ha sometido a las personas travestis, transexuales y transgénero», expresó. La senadora agregó: «Sancionar esta ley es reconocer la ciudadanía de esta población y quitarla de los márgenes de la discriminación».
Antes del inicio de la sesión, cerca del mediodía, las organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Travesti Trans realizaron un pañuelazo frente al Congreso para exigir la sanción. «Hoy empezamos a escribir otro capítulo de nuestra historia, la de una Argentina más igualitaria. Nuestro colectivo va a poder acceder al trabajo formal. Esto va a repercutir en lo individual y lo colectivo», expresó, una vez aprobada la norma, Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
«Nos llena de emoción que la ley sea aprobada. Es un reconocimiento a una lucha histórica y a que nuestras vidas valen, que tenemos derecho a una ciudadanía plena, a elegir nuestros proyectos de vida y a desarrollarlos libremente», dijo Thiago Galván, vicepresidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias. Por su parte, Marcela Tobaldi, integrante del Frente Orgullo y Lucha, subrayó que «fuimos excluidas de todos los derechos humanos fundamentales, hoy el Congreso entendió que debía modificar nuestro destino de violencias y muerte».
El proyecto recoge el antecedente del decreto firmado en septiembre del año pasado por el presidente Alberto Fernández, que había establecido que el sector público nacional debía destinar el 1 % de su planta a travestis y trans.
Los vecinos y vecinas de Guernica se preguntan «¿dónde están los terrenos?»
El viernes 25 de junio se cumplió el plazo de 180 días de la firma del acta de Preadjudicación Instransferible, en la cual el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés «Cuervo» Larroque, se comprometió a proveer a las familias firmantes un lote con provisión de electricidad y agua potable, apertura de calles y aptitud urbanística, con la superficie que la normativa vigente establece.
«A la fecha de hoy el ministerio continúa sin darnos una reunión acorde a las exigencias de tierra para vivir, donde exigimos saber dónde están los terrenos que se comprometieron a entregar a las familias desalojadas, de las cuales muchas de ellas continúan en situación de vulnerabilidad y con necesidades habitacionales urgentes», expresan las familias organizadas y las organizaciones que se solidarizan con esta lucha. Es por eso que el jueves 17 convocaron a un corte de ruta y asamblea en la intersección de la ruta 210 y 29, en la localidad bonaerense de Guernica.
«A 180 días desde la firma del acta de preadjudicación, los y las vecinas de Guernica exigimos saber: ¿dónde están los terrenos? -comienza el comunicado de las familias organizadas desalojadas la madrugada del 29 de octubre de 2020 por un violento operativo policial comandado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
Denuncian que hasta el momento: «el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia continúa sin darnos una reunión acorde a las exigencias de tierra para vivir, donde exigimos saber dónde están los terrenos que se comprometieron a entregar a las familias desalojadas», destacan.
Por todo lo expresado, convocaron «de manera amplia a todas las familias organizadas, comunidad de Guernica y organizaciones que se solidarizan con esta lucha a acompañar el corte de ruta y asamblea el jueves 17 de junio en la intersección de la ruta 210 y 29 (Guernica)«.
«Tenemos una compañera asesinada por este motivo de no tener tierra, así que la perspectiva es quedarnos acá hasta tener una respuesta» expresó Victoria, vocera de la Recuperación de Tierras de Guernica, en el marco de la movilización realizada. Ayelén Jara Gutiérrez, era una de las vecinas que había resistido la represión del gobierno el año pasado para tener una vivienda digna para ella y su bebé. Ayelén fue asesinada, víctima de un femicidio en San Cayetano, barrio de Quilmes, donde vivía en un lugar prestado frente a la falta de soluciones por parte del gobierno.
«Tenemos muchas mujeres que están siendo violentadas y que están residiendo con sus agresores, por eso estamos exigiendo las tierras como nos prometieron» explicó Victoria.
«El Estado sabía de la existencia de Ayelén y de otras mujeres en la misma situación, el ministerio de Mujeres de la Provincia la censó, entrevistó y nada hicieron. Por eso decimos que es un Ministerio de Cartón, manchado con la sangre de las mujeres y disidencias que este Estado abandona», explicaron las vecinas.
La justicia falló contra los pueblos originarios y habilitó el tratamiento del proyecto de Arcioni
La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn revocó el fallo de la jueza Carolina Barreiro y declaró inadmisible el amparo presentado por cuatro comunidades mapuches-tehuelches.
“Contados los 30 días corridos desde la fecha de notificación fehaciente del acto lesivo, la acción debía interponerse como máximo el día 20 de diciembre de 2020. La demanda fue presentada el día 12 de mayo de 2021, por lo cual es extemporánea por haber transcurrido el plazo de caducidad fijado legalmente.
En síntesis, siendo que en la presente causa no se advierten razones que justifiquen un apartamento al claro y categórico texto del artículo 4º de la Ley V N° 84, debe revocarse la sentencia interlocutoria atacada y rechazarse la vía intentada”.
Por ello la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, resolvió revocar la sentencia de fecha 14 de mayo de 2021 y declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta por la parte actora.
En segundo término, dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta en la sentencia que por la misma se revocó.
Presentación del proyecto: Defensoras territoriales indígenas
El pasado 10 de junio se realizó una reunión en la Casa Rosada entre integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y algunos funcionarios de los ministerios de la Mujer y Género y de Justicia y Seguridad, donde las primeras presentaron el proyecto Defensoras Territoriales Indígenas.
“Nosotras, las mujeres del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, hemos estado ya trabajando en nuestros territorios y haciendo la tarea de defensoría, acompañando a las hermanas indígenas en los reclamos, ayudando, facilitando esa tarea y tratando de poder acercarles un poco a algo de lo que es justicia. En cuanto a sus diferentes demandas, hemos también ayudado a hacer gestiones en diferentes ámbitos hacia diferentes ministerios como el caso de los comedores plurinacionales; con cuestiones de educación; muchas veces en cuestiones de violencia machista y de violencia institucional.
Así que fuimos planteando que es un proyecto viable porque es una tarea que ya se está realizando y que justamente venimos a compartir este proyecto para poder darle un respaldo aún mayor, y que sea más efectiva la ayuda porque es difícil para las hermanas indígenas, para las niñas, uno de los sectores más golpeados y más indefensos por decirlo de algún modo, acceder a determinados estamentos de Justicia cuando en muchos casos se han volcado a la virtualidad, y eso lo hace casi imposible.
Lo que nosotras tratamos de dar es un acompañamiento y una ayuda para que puedan gestionar estas cuestiones y para que puedan acceder a sus derechos.
La propuesta fue tomada, creemos nosotras, muy bien por los diferentes funcionarios. Se debatieron algunas cuestiones de implementación y se creó una mesa de trabajo que se reunirá en los próximos 15 días para poder consolidar mejor lo que es el proyecto y la posibilidad de que se lleve adelante.
Pensamos que fue positivo este encuentro, y esta mesa de trabajo que próximamente estaremos concretado.», señalaron en un comunicado.
Las cinco estrategias del capitalismo contra los movimientos sociales
La reestructuración de la economía mundial ha adoptado cinco estrategias básicas para dar respuesta al ciclo de luchas sociales que entre los años sesenta y los setenta transformaron la organización de la reproducción y las relaciones de clase.
Silvia Federici es una escritora, profesora y activista feminista italo-estadounidense, En la actualidad es profesora emérita de la Universidad Hofstra en Nueva York, que ha centrado su trabajo en que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo y su última frontera.
Este texto es un Fragmento tomado del Libro de Federici Revolución en punto cero, desde pág. 166 hasta pág. 173, y recogido por los compañeros de Grupo Libertario Pensamiento Crítico. Para acceder al libro completo clic aquí (N&A):
Nombrar lo intolerable: la acumulación primitiva y la reestructuración de la reproducción
Silvia Federici
La reestructuración de la economía mundial ha adoptado cinco estrategias básicas para dar respuesta al ciclo de luchas sociales que entre los años sesenta y los setenta transformaron la organización de la reproducción y las relaciones de clase. Primero, se ha producido una expansión del mercado de trabajo. La globalización ha producido un salto histórico en el tamaño del mundo proletario, tanto mediante un proceso global de «cercamiento» que ha provocado la separación de millones de personas de sus tierras, sus trabajos y sus «derechos consuetudinarios», como mediante el aumento del empleo de las mujeres. No es sorprendente que la globalización se nos aparezca como un proceso de acumulación primitiva, que ha asumido formas variadas. En el Norte, la globalización ha asumido la forma de la deslocalización y la desconcentración industrial, así como de la flexibilización, la precarización laboral y el método Toyota o JIT [Just In Time, «justo a tiempo»]. En los antiguos países socialistas, se ha producido la desestatalización de la industria, la descolectivización de la agricultura y la privatización de la riqueza social. En el Sur, hemos sido testigos de la «maquilización» de la producción, la liberalización de las importaciones y las privatizaciones de las tierras. El objetivo, de todas maneras, era el mismo en todas partes.
Mediante la destrucción de las economías de subsistencia y la separación de los productores de los medios de subsistencia, al provocar la dependencia de ingresos monetarios a millones de personas, incluso a aquellas imposibilitadas para adquirir un trabajo asalariado, la clase capitalista ha relanzado el proceso de acumulación y recortado los costes de la producción laboral. Dos mil millones de personas han sido arrojados al mercado laboral demostrando la falacia de las teorías que defienden que el capitalismo ya no necesita cantidades masivas de trabajo vivo, porque presumiblemente descansa en la creciente automatización del trabajo.
Segundo, la desterritorialización del capital y la financiarización de las actividades económicas, posibilitadas por la «revolución informática», han creado las condiciones económicas por las que la acumulación primitiva se ha convertido en un proceso permanente, mediante el movimiento casi instantáneo del capital a lo largo del planeta, al haber derribado una y otra vez las barreras levantadas contra el capital por la resistencia de los trabajadores a la explotación.
Tercero, hemos sido testigos de la desinversión sistemática que el Estado ha llevado a cabo en la reproducción de la fuerza de trabajo, implementada mediante los programas de ajuste estructural y el desmantelamiento del «Estado de bienestar». Como se ha mencionado anteriormente, las luchas llevadas a cabo durante los años sesenta han enseñado a la clase capitalista que la inversión en la reproducción de la fuerza de trabajo no se traduce necesariamente en una mayor productividad laboral. Como resultado de esto, surgen ciertas políticas y una ideología que resignifica a los trabajadores como microemprendedores, supuestamente responsables de la inversión en ellos mismos y únicos beneficiarios de las actividades reproductivas en ellos materializadas. En consecuencia se ha producido un cambio en los ejes temporales existentes entre reproducción y acumulación. Los trabajadores se ven obligados a hacerse cargo de los costes de su reproducción en la medida en que se han reducido los subsidios en sanidad, educación, pensiones y transporte público, además de sufrir un aumento de los impuestos, con lo que cada articulación de la reproducción de la fuerza de trabajo ha devenido un momento de acumulación inmediata.
Cuarto, la apropiación empresarial y la destrucción de bosques, océanos, aguas, bancos de peces, arrecifes de coral y de especies animales y vegetales han alcanzado un pico histórico. País tras país, de África a las islas del Pacífico, inmensas áreas agrícolas y aguas costeras ―el hogar y los medios de subsistencia de extensas poblaciones― han sido privatizadas y hechas accesibles para la agroindustria, la extracción mineral o la pesca industrial. La globalización ha revelado, sin lugar a dudas, el coste real de la producción capitalista y de la tecnología lo que hace imposible hablar, tal y como Marx hizo en los Grundrisse, de «la gran influencia civilizadora del capital» que surge de su «apropiación universal tanto de la naturaleza como de la relación social misma» donde «la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre, en cosa puramente útil; cesa de reconocérsele como poder para sí; incluso el reconocimiento teórico de sus leyes autónomas aparece solo como una artimaña para someterla a las necesidades humanas, sea como objeto del consumo, sea como medio de la producción».
En el año 2011, tras el derrame de petróleo de BP y el desastre de Fukushima ―entre otros desastres producidos por los negocios corporativos―, cuando los océanos agonizan, atrapados entre islas de basura, y el espacio se ha convertido en un vertedero además de en un depósito armamentístico, estas palabras no pueden sonar más que como ominosas reverberaciones.
Este desarrollo ha afectado, en diferentes grados, a todas las poblaciones del planeta. Aun así, como mejor se define el Nuevo Orden Mundial es como un proceso de recolonización. Lejos de comprimir el planeta en una red de circuitos interdependientes, lo ha reconstruido como un sistema de estructura piramidal, al aumentar las desigualdades y la polarización social y económica, y al profundizar las jerarquías que históricamente han caracterizado la división sexual e internacional del trabajo, y que se habían visto socavadas gracias a las luchas anticoloniales y feministas.
El centro estratégico de la acumulación primitiva lo ha conformado el mundo colonial, mundo de plantaciones y esclavismo, históricamente el corazón del sistema capitalista. Lo llamo «centro estratégico» porque su reestructuración ha proporcionado los cimientos y las condiciones necesarias para la reorganización global del mercado de trabajo. Ha sido aquí, de hecho, donde hemos sido testigos de los primeros y más radicales procesos de expropiación y pauperización y de la desinversión más ingente del Estado en la fuerza de trabajo. Estos procesos están perfectamente documentados. Desde principios de los años ochenta, como consecuencia de los ajustes estructurales, el desempleo en la mayor parte de los países del «Tercer Mundo» ha crecido tanto que la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] podía reclutar trabajadores ofreciendo tan solo «comida por trabajo». Los salarios han caído de tal manera que se ha comprobado que las trabajadoras de las maquilas tienen que comprar la leche por vasos o los huevos y tomates por unidad. Poblaciones enteras se han visto desmonetarizadas, al mismo tiempo que se les ha arrebatado las tierras para concedérselas a proyectos gubernamentales o a inversores extranjeros. Actualmente, medio continente africano se encuentra bajo emergencia alimentaria. En África Oriental, del Níger a Nigeria y hasta Ghana, el suministro de electricidad ha desaparecido, las redes eléctricas nacionales han sido desarticuladas, obligando a aquellos que tienen dinero a comprar generadores individuales cuyo zumbido llena las noches, dificultando el sueño de la gente. La sanidad estatal y los presupuestos de educación, los subsidios a los agricultores, las ayudas para las necesidades básicas, todas ellas han sido desmanteladas, reducidas drásticamente y suprimidas. En consecuencia, la esperanza de vida está descendiendo y han reaparecido fenómenos que se suponía que el capitalismo había borrado de la faz de la tierra hace mucho tiempo: hambrunas, hambre, epidemias recurrentes, incluso la caza de brujas.
En aquellos lugares en los que los «planes de austeridad» y la apropiación de tierras no pudieron concluir su tarea, la ha rematado la guerra, abriendo nuevos campos para la extracción de crudo y la recolección de diamantes o coltán. Y en lo que respecta a la población objetivo de esta desposesión, se han convertido en los sujetos de una nueva diáspora, que arroja a millones de personas del campo a las ciudades, que cada vez más se asemejan a campamentos. Mike Davis ha utilizado la frase «planeta de ciudades miseria» en referencia a esta situación, pero una descripción más correcta y vívida hablaría de un planeta de guetos y un régimen de apartheid global.
Si además tenemos en cuenta que, mediante la deuda y el ajuste estructural, los países del «Tercer Mundo» se han visto obligados a desviar la producción alimentaria del mercado doméstico al mercado de exportación, convertir tierras arables y cultivables para el consumo humano en terrenos de extracción mineral, deforestar tierras, y convertirse en vertederos de todo tipo de desechos así como en campo de depredación para las corporaciones cazadoras de genes, entonces, debemos concluir que, en los planes del capital internacional, existen zonas del planeta destinadas a una «reproducción cercana a cero». De hecho, la destrucción de la vida en todas sus formas es hoy tan importante como la fuerza productiva del biopoder en la estructuración de las relaciones capitalistas, destrucción dirigida a adquirir materias primas, «desacumular» trabajadores no deseados, debilitar la resistencia y disminuir los costes de la producción laboral.
Hasta qué punto ha llegado el subdesarrollo de la reproducción de la fuerza de trabajo mundial se refleja en los millones de personas que frente a la necesidad de emigrar se arriesgan a dificultades indecibles y a la perspectiva de la muerte y el encarcelamiento. Ciertamente la migración no es tan solo una necesidad, sino también un éxodo hacia niveles más altos de resistencia, un camino hacia la reapropiación de la riqueza robada, como argumentan Yann Moulier Boutang, Dimitris Papadopoulos y otros autores. Esta es la razón por la que la migración ha adquirido un carácter tan autónomo que dificulta su utilización como mecanismo regulador de la reestructuración del mercado laboral. Pero no hay duda alguna de que si millones de personas abandonan su país hacia un destino incierto, a cientos de kilómetros de sus hogares, es porque no pueden reproducirse por sí mismas, al menos no bajo las condiciones necesarias. Esto se hace especialmente evidente cuando consideramos que la mitad de los migrantes son mujeres, muchas con hijos que deben dejar atrás. Desde un punto de vista histórico esta práctica es altamente inusual. Las mujeres son habitualmente las que se quedan, y no debido a falta de iniciativa o por impedimentos tradicionalistas, sino porque son aquellas a las que se ha hecho sentir más responsables de la reproducción de sus familias. Son las que deben garantizar que sus hijos tengan comida, a menudo quedándose ellas mismas sin comer, y las que se cercioran de que los ancianos y los enfermos reciben cuidados. Por eso cuando cientos de miles de ellas abandonan sus hogares para enfrentarse a años de humillaciones y aislamiento, viviendo con la angustia de no ser capaces de proporcionarles a sus seres queridos los mismos cuidados que les dan a extraños en otras partes del mundo, sabemos que algo dramático está sucediendo en la organización del mundo reproductivo.
Debemos rechazar, de todas maneras, la afirmación de que la indiferencia de la clase capitalista internacional frente a la pérdida de vidas que produce el capitalismo es una prueba de que el capital ya no necesita el trabajo vivo. Más cuando en realidad la destrucción a gran escala de la vida ha sido un componente estructural del capitalismo desde sus inicios, como necesaria contrapartida a la acumulación de la fuerza de trabajo, acumulación que inevitablemente supone un proceso violento. La recurrente «crisis reproductiva» de la que hemos sido testigos en África durante las últimas décadas se encuentra enraizada en esta dialéctica de acumulación y destrucción de trabajo. También la expansión del trabajo no contractual y otros fenómenos que deberían ser considerados como abominaciones en un «mundo moderno» ―como las encarcelaciones masivas, el tráfico de sangre, órganos y otras partes del cuerpo humano― deben ser leídas dentro de este contexto.
El capitalismo promueve una crisis reproductiva permanente. Si esto no ha sido más visible en nuestras vidas, por lo menos en muchas partes del Norte Global, es porque las catástrofes humanas que ha causado han sido en su mayor parte externalizadas, confinadas a las colonias y racionalizadas como un efecto de una cultura retrógrada o un apego a tradiciones erróneas y «tribales». Sobre todo durante la mayor parte de los años ochenta y noventa, los efectos de la reestructuración global apenas se notaron en el Norte, excepto dentro de las comunidades de color, o bien se presentaron como alternativas liberadoras frente a la regimentación de la rutina de 9 a 17, si no anticipaciones de una sociedad sin trabajadores.
Pero observado desde el punto de vista de la totalidad de las relaciones capital-trabajo, este desarrollo demuestra el esfuerzo continuo del capital de dispersar a los trabajadores y de minar los esfuerzos organizativos de los obreros dentro de los lugares de trabajo. Combinadas, estas tendencias han abolido los contratos sociales, desregulado las relaciones laborales, reintroducido modelos laborales no contractuales destruyendo no solo los resquicios de comunismo que las luchas obreras habían logrado sino amenazando también la creación de los nuevos comunes.
También en el Norte, los ingresos reales y las tasas de empleo han caído, el acceso a la tierra y a los espacios urbanos ha disminuido, y el empobrecimiento e incluso el hambre se han extendido. Treinta y siete millones de personas en Estados Unidos pasan hambre, mientras que el 50 % de la población norteamericana, según un estudio de 2011 pertenece al segmento de población de «bajos ingresos». Añadamos a esto que la introducción de la tecnología, supuestamente diseñada para ahorrar tiempo, lejos de reducir la duración de la jornada laboral la ha extendido hasta el punto de que en algunos países como Japón se han vuelto a ver personas muriendo por exceso de trabajo, mientras que el tiempo de ocio y la jubilación se han convertido en un lujo. El pluriempleo es, hoy en día, una actividad necesaria para muchos trabajadores en Estados Unidos, mientras que personas de sesenta a setenta años, viendo que les han retirado las pensiones, están regresando al mercado de trabajo. Aún más significativo es el hecho de que estemos siendo testigos del desarrollo de una fuerza de trabajo vagabunda, itinerante, compelida al nomadismo, siempre en movimiento, en camiones, tráileres, autobuses, buscando trabajo allá donde aparezca una oportunidad, un destino que antes se reservaba en Estados Unidos solo a los temporeros que recogían las cosechas de los cultivos industriales, cruzando el país como pájaros migratorios.
Junto con el empobrecimiento, el desempleo, las horas extras, el número de personas sin hogar y la deuda, se ha producido un incremento de la criminalización de la clase trabajadora, mediante una política de encarcelamiento masivo de la clase obrera que recuerda al Gran Encierro del siglo XVII, y la formación de un proletariado ex-lege, constituido por inmigrantes indocumentados, estudiantes que no pueden pagar sus créditos, productores o vendedores de mercancías ilícitas, trabajadoras del sexo. Es una multitud de proletarios, que existen y trabajan en las sombras, que nos recuerda que la producción de poblaciones sin derechos ―esclavos, sirvientes sin contrato, peones, convictos, sans papiers― permanece como una necesidad estructural de la acumulación capitalista.
Especialmente crudo ha sido el ataque producido sobre la juventud, particularmente sobre la de la clase trabajadora negra, potenciales herederos del Black Power, a los que nada les ha sido concedido, ni siquiera la posibilidad de un empleo seguro o del acceso a la educación. Sin embargo también para muchos jóvenes de clase media su futuro está en duda. La educación se consigue a un alto precio, provoca endeudamiento y la probable imposibilidad de devolución de los créditos estudiantiles. La competición por el empleo es dura, y las relaciones sociales son cada vez más estériles ya que la inestabilidad impide la construcción comunitaria. No sorprende pues que, entre las consecuencias sociales de la reestructuración de la reproducción, haya habido un incremento del número de suicidios juveniles, así como un repunte de la violencia contra las mujeres y los niños, incluyendo el infanticidio. Es imposible, entonces, compartir el optimismo de aquellos que, como Negri y Hardt, han argumentado en los últimos años que las nuevas formas de producción creadas por la reestructuración global de la economía ya proveen la posibilidad de formas más autónomas y más cooperativas de trabajo.
Aun así, el asalto a nuestra reproducción no ha pasado incontestada. La resistencia ha adoptado diferentes formas y muchas de ellas se han mantenido en la sombra hasta que se han convertido en fenómenos de masas. La financiarización de todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana mediante el uso de las tarjetas de crédito, préstamos, endeudamiento, especialmente en Estados Unidos, debe plantearse desde este punto de vista como una respuesta al declive de los salarios y a un rechazo a la austeridad impuesta por ello, más que simplemente un producto de la manipulación financiera. En todo el mundo, está creciendo un movimiento de movimientos, desde los años noventa; este ha desafiado todas y cada una de las facetas de la globalización ―mediante manifestaciones masivas, ocupaciones de tierras, construcción de economías solidarias y de otros métodos de desarrollo de los comunes. Más importante todavía, la reciente expansión de levantamientos masivos prolongados y movimientos en la estela «Occupy», que a lo largo del último año han barrido gran parte del mundo, desde Túnez y Egipto, pasando por la mayor parte de Oriente Medio, hasta España y Estados Unidos, ha abierto una brecha que permite entrever que la idea de una gran transformación social parece posible de nuevo. Tras años de aparente aceptación de la situación actual, en los que nada parecía capaz de parar los efectos destructores de un orden capitalista en declive, la Primavera Árabe y la expansión de acampadas a lo largo de Estados Unidos, uniéndose a los muchos asentamientos ya formados por la creciente población de sin techo, muestra que los de abajo se están movilizando de nuevo, y que una nueva generación se dirige a las plazas decidida a reclamar su futuro, eligiendo formas de rebelión que pueden potencialmente tender puentes entre las principales brechas sociales.
Fuentes: La tinta, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Anred, Facebook Movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, Red Eco Alternativo.