Laureano Ledesma, referente del pueblo originario, relató el tema que afecta a 10 o 12 familias indígenas que viven hace más de cuatro años en el lote 94 de las 32 viviendas de la localidad. “Lo que queremos es una respuesta concreta, los wichís nunca tuvimos una casa, esto es algo histórico para la comunidad”, aseguró.
20/09/2021
Laureano Ledesma, referente de la comunidad wichí en Miraflores, en dialogo con elDIARIO de la Región, denunció el intento de desalojo de las familias indígenas del lote 94 de las 32 viviendas de la localidad. Este conflicto afecta entre 10 y 12 familias originarias que viven en el lugar hace más de cuatro años, entre ellas criollos que conforman la organización Fuerza Criolla.
“Están queriendo desalojarnos de nuestro territorio, y nosotros nos plasmamos en la ejecución de ley 26160 de pueblos originarios”, aseguró Ledesma. Además, indicó que “el lote 94 de las 32 viviendas que se vino hablando, se firmó hace como cinco o seis años, la gente estuvo esperando”.
Sobre el origen de las viviendas, el referente indicó que pertenecen a un programa nacional llamado Sueños Compartidos. “El problema que tenemos es que no nos está dando información clara, porque nos hemos cansado de presentar documentación y papeles y dimos muchas vueltas, mucho gasto porque no quieren escuchar a la parte wichí de la comunidad de Miraflores”, relató el referente.
Este conflicto habitacional afecta a entre 10 y 12 familias pertenecientes a los pueblos originarios además de criollos que conforman la organización Fuerza Criolla. “El desalojo es inminente, nos basamos en la ley donde dice que el pueblo originario está en materia de posesión y propiedad de las tierras y prohíbe la ejecución de sentencias”, explicó Ledesma.
El referente de la comunidad wichi relató que “está prohibido el desalojo hacia nuestra comunidad, porque según la ley defiende la posesión y la propiedad de las tierras que ya se venían ocupando la comunidad indígena originaria del país, o sea de hace muchos años”.
“Queremos respuestas concretas, que nos digan ‘bueno estos son sus casas’ porque ninguno de nosotros de la comunidad wichi nunca tuvimos una casa en el pueblo de Miraflores”, relató el referente. También consideró que el acceder a una casa “es algo histórico para nuestra comunidad porque viven en un rancho”.
Ledesma relató que hace cuatro años cinco que están las familias teniendo conflictos con las viviendas, sin respuesta alguna. El referente resaltó: “Queremos respuesta para poder estar tranquilos, para poder estar seguros. Reclamamos la titularidad de las viviendas que estamos viviendo hacemos años”.
“Queremos que las autoridades tomen alguna medida, algo serio hacia nuestra comunidad, que nos den una mano para llevar adelante y hacer un seguimiento sobre las viviendas”, cerró el referente de la comunidad indígena.
LEY 26.160
La ley 26.160 sancionada en 2006 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes.
Sin embargo, la semana pasada el equipo nacional de Pastoral Aborigen presentó un informe donde señala que en 15 años desde la sanción de la ley 26.160, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) encargado de efectuar el trabajo, le falta completar el 58% de los relevamientos de los territorios y tiene serias observaciones en cuanto al rendimiento de fondos y al trabajo realizado en campo.
En su documento el equipo señaló que, desde el 23 de noviembre de 2006, fecha en que se sancionó la ley 26.160, se exigió de manera incansable al Estado nacional y al ente responsable por ley de llevar a cabo el relevamiento, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), su cumplimiento.
En diferentes documentos que señalan como irrefutables, publicados en los años 2011, 2013 y 2020, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen ha sido claro en sus denuncias y pruebas del incumplimiento estatal por falta de voluntad política de reconocer la posesión de los territorios a las comunidades indígenas en el país.