Las enfermedades vinculadas a la mala alimentación provocan 140.000 muertes al año, más que el coronavirus. Para contrarrestar ese mal, organizaciones sociales y médicas impulsan la Ley de Etiquetado, que está cajoneada en la Cámara de Diputados. Sebastián Laspiur, consultor de la OPS, explica los beneficios de la ley y por qué los legisladores demoran su aprobación.
Por Nahuel Lag.
“Un porcentaje muy grande de quienes fallecieron por Covid-19 eran obesos, diabéticos o hipertensos. Si la mala alimentación tenía muchas razones urgentes para generar políticas sanitarias, con el coronavirus tiene una más. El coronavirus se lleva a las personas con comorbilidades”, alerta Sebastián Laspiur, consultor nacional de Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las ECNT —diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares— tienen la mala alimentación como punto de partida y provocan en la Argentina 140 mil muertes al año. Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, hasta la cuarta semana de septiembre murieron 115.000 personas en el país por el virus sobre el que se volcó la agenda mediática y las políticas sanitarias globales. ¿Hay una herramienta de política pública para enfrentar las ECNT? Sí, el proyecto de Ley de “Promoción de Alimentación Saludable”, conocido en el debate público como “Ley de Etiquetado”.
Tiene media sanción del Senado hace diez meses. El oficialismo promete tratarlo en Diputados, donde obtuvo dictamen de mayoría hace dos meses. Pero aún no hay fecha para su debate y aprobación en la Cámara baja. El lobby de la industria alimenticia y la industria azucarera parecen seguir ganando la pulseada y los cambios de Gabinete en el gobierno nacional encendieron las alarmas entre las organizaciones de la sociedad civil que empujan el tratamiento de la norma: el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur, proviene de Tucumán, provincia que lidera la oposición a la ley. Entre los diputados que son señalados por frenar el tratamiento en el recinto de la Cámara baja están el tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos) y el propio presidente de la Cámara Sergio Massa. Al otro lado de la grieta, Carmen Polledo y Pablo Tonelli del PRO colaboran con el lobby empresario. El proyecto perderá estado paralamentario este año si no se aprueba.
“Es una ley que traería un beneficio sanitario y en la calidad de la alimentación sin ninguna duda”, sentencia Laspiur y resalta que en el país se sigue violentando el derecho a la información: quien se lleva un producto de las góndolas no puede saber cómo está compuesto. En Argentina no es obligatorio informar siquiera la cantidad de azúcares.
Según la segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2018, el exceso de peso es el problema más grave de malnutrición en Argentina, con una prevalencia de 13,6 por ciento en menores de 5 años, y de 41,1 por ciento en el grupo de 5 a 17 años. Las recomendaciones de la OPS para tratar la epidemia de obesidad y ETCN no son nuevas ni tampoco los compromisos de la Argentina en abordar la problemática. En 2014, el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia (OPS/OMS) recomendó a los países: etiquetado frontal de alimentos (con el sistema de octógonos negros), regulación de la publicidad y protección de los entornos escolares —según mediciones de Unicef, el 91,4 por ciento de los kioscos escolares en la Argentina ofrecen productos de bajo valor nutritivo—.
La norma que se demora en la Cámara de Diputados “tiene los mejores estándares”, valora Laspiur, en diálogo con Tierra Viva, y agrega un aspecto central y progresivo de la norma que el Gobierno no termina de impulsar: “No es solamente unas cuestión de salud pública y derecho a la información, si no que la norma mejora las reglas de juego del sistema alimentario. Promueve que se produzcan y comercialicen alimentos saludables, frescos, de economías regionales; y desincentiva los nocivos, envasados, procesados y ultraprocesados”.
La normativa lo hace fomentando que las compras públicas para planes alimentarios y comedores escolares sean a las economías regionales y pequeños productores. Y también pone fin a una “competencia desleal”, califica Laspiur entre los productores de alimentos que salen de la tierra y la industria de productos comestibles, repletos de aditivos y conservantes. El consultor de la OPS también hace hincapié en el impacto al medioambiente que generan los productos ultraprocesados: contaminación por el descarte de los envases y el monocultivo de soja y maíz como insumos primarios de la industria.
¿Argentina sería pionera en aplicar esta legislación? No. En la región ya avanzaron en legislaciones similares varios países: Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia. La OPS realizó a principios de septiembre el conservatorio “Legislación sobre etiquetado frontal de advertencias en Argentina. Aporte de la experiencia y la evidencia internacional” para continuar derribando los mitos creados desde la industria que intentan frenar el avance de la normativa.
“Hace unos años, quienes son permeables a las industrias de ultraprocesados decían que no había evidencia. La evidencia es contundente sobre el daño que provocan los ultraprocesados, su relación con la obesidad y la efectividad de estas políticas sanitarias para mejorar los perfiles alimentarios de la población”, sentencia el consultor de la OPS. Y abre una puerta al futuro al señalar que la implementación del etiquetado es la puerta de entrada a otros tipo de líneas de acción como políticas fiscales que graven las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados para fomentar la producción de alimentos saludables.
“La mala alimentación proviene de los nutrientes ocultos en los alimentos industrializados”
—En este último año y medio se habló mucho de pandemia, pero no tuvo lugar en el debate público la “sindemia”, o sea, la coexistencia del Covid-19 con otra epidemia…
—Hay otra pandemia además del Covid-19. Es la pandemia de la obesidad y de las enfermedades no transmisibles. La obesidad se ha duplicado en la Argentina en las últimas dos décadas. Ahora que hablamos mucho de “aplanar la curva”, la curva de la obesidad, la diabetes (que la sigue como una sombra), algunos tipos de cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, renales, cerebrovasculares; esa curva está muy empinada. Todas esas enfermedades están asociadas a la alimentación inadecuada.
—¿Cómo se da esa relación?
—El cambio de hábitos alimentarios y el consumo de productos ultraprocesados es el motor de la pandemia de obesidad y enfermedades no transmisibles. Contamos con mucha evidencia científica que señala que la pandemia de obesidad no ocurre porque la gente está comiendo más alimentos sino porque está comiendo productos envasados, procesados y ultraprocesados, que contienen nutrientes críticos –azúcares añadidos, sal, grasas saturadas, grasas trans y mucha densidad calórica– y son los que generan daño a la salud. Se da por un desplazamiento del patrón alimentario poblacional, en el que estos productos reemplazaron a los alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados que salen de la tierra. El último informe de la OPS precisa que cada cuatro años aumenta un 9 por ciento el consumo de los productos industrializados, desplazando la cultura culinaria de cada región y el consumo de alimentos frescos. Es un gran problema.
—La diferencia entre “alimentos” y “productos comestibles” son dos conceptos claves para instalar en el debate sobre cómo nos alimentamos, ¿no?
—La mala alimentación proviene de los excesos en azúcares, grasas y sodio, que están ocultos en los alimentos industrializados. No es que la gente empezó a ponerle más azúcares a sus preparaciones sino que consume más productos envasados, procesados y ultraprocesados, y no pueden ser identificados porque están ocultos. Cuando una madre o padre le dan a su hijo cereales azucarados, un postrecito o un jugo envasado, pensando que tiene frutas y le va a aportar un beneficio, lo que está sucediendo es que le está dando golosinas disfrazadas de alimentos y eso no es inocuo. Son formulaciones industriales que no se pueden repetir en la cocina de casa y que generan respuestas adictivas, sobre todo en los niños y niñas. Esta alimentación trae consecuencias para la salud porque tienen una cantidad muy importante de aditivos, colorantes, saborizantes, aglutinantes y otras cosas artificiales que el organismo no necesita. Y tampoco es inocuo para el medioambiente porque la mayoría de los insumos para producir los ultraprocesados vienen de los monocultivos de soja y maíz.
—La herramienta generada por la OPS para aplicar en las políticas sanitarias es el “Perfil de Nutrientes”, que está contemplado en la Ley de Etiquetado pero es resistido por el lobby de la industria. ¿Puede recordar de qué se trata?
—La OPS publicó en 2016 el modelo de “Perfil de Nutrientes” para saber cuándo un producto debe ser etiquetado con una advertencia frontal de octógonos negros y la leyenda “exceso en” algunos de los nutrientes críticos. Los límites fueron establecidos de acuerdo con la recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación a la ingesta diaria de nutrientes críticos, elaborado a partir de múltiples investigaciones sobre los niveles de ingesta que producen morbilidad por mala alimentación. Por ejemplo, no más del 10 por ciento de la energía diaria de cualquier persona puede provenir del azúcar, cuando se supera ese nivel se sabe que empieza a tener riesgo para la salud. No son límites arbitrarios y el argumento de la industria es que “el 90 por ciento de los productos van a tener etiquetas”. Estamos hablando de si un producto es perjudicial o no para la salud, no de qué porcentaje de productos del mercado llevarán etiqueta.
“Este tipo de regulaciones cambian reglas de juego del sistema alimentario”
—¿Qué demostró la evidencia sobre la aplicación de legislaciones de etiquetado en otros países de la región como Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia?
—Se demostró un gran nivel de aceptación por parte de la población que, a partir de reconocer fácilmente los productos comestibles que ponen en riesgo la salud, dejó de elegirlos. Bajó un 25 por ciento el consumo de bebidas azucaradas. En Chile, donde más experiencia hay, las calorías anuales consumidas per cápita bajaron. Un estudio publicado en The Lancet hace pocas semanas indica que se redujeron un 45 por ciento los azúcares en los alimentos industrializados. Hace unos años, quienes son permeables a las industrias de ultraprocesados decían que no había evidencia. La evidencia es contundente sobre el daño que provocan los ultraprocesados, su relación con la obesidad y la efectividad de estas políticas sanitarias para mejorar los perfiles alimentarios de la población.
—Otro de los argumentos esgrimidos por el lobby de la industria es que el etiquetado frontal tendría impactos negativos en la economía. ¿Qué evidencia existe en este sentido?
—Los estudios demuestran que la gente mejora su patrón de compra y de consumo de alimentos, pero no hace que se deteriore la economía porque la gente deja de gastar dinero en bebidas azucaradas, por ejemplo, pero la plata no desaparece, la gasta en otros alimentos más sanos. También opta por continuar consumiendo otros productos de la industria que no tienen sellos de “exceso en”, o sea, genera un estímulo en la industria para hacer reformulaciones en sus productos. Pero además genera oportunidades para nuevos mercados, en particular, para los pequeños y medianos productores, que en las condiciones actuales no pueden competir con los productos de la industria que prometen, entre otras cosas, más vitaminas y otros beneficios que son puro marketing.
—¿Cómo se crearían oportunidades para los pequeños productores y las economías regionales?
—Los productores de alimentos sanos, de la tierra, de las economías regionales encuentran oportunidades de negocios porque es más leal la competencia. Este tipo de regulaciones cambian reglas de juego del sistema alimentario. Hay una competencia desleal entre quienes producen alimentos verdaderos y quienes producen productos comestibles. Los alimentos reales se echan a perder, mientras que los productos industrializados pueden estar meses en góndola y están elaborados con insumos baratos y aditivos sin necesidad de utilizar productos frescos. La tecnología le permitió a la industria poder ofrecer un producto con sabor a frutilla sin necesidad de tener una frutilla. Eso da muchos más márgenes de ganancia que se vuelvan a una publicidad agresiva. El productor de alimentos frescos no tiene los mismos márgenes de rentabilidad.
—Hay puntos específicos de la ley que fomentan la compra local de los pequeños productores…
—Al desalentar los productos no saludables hay un fomento al consumo de alimentos frescos. La ley también establece que la oferta en los comedores escolares debe ser sana, sin productos ultraprocesados, por lo que fomenta también que allí se briden productos de las economías locales.También establece que las compras públicas, dirigidas a comedores, planes sociales o programas alimentarios del Estado deben priorizar los productos que no tengan etiquetas de advertencia.
“En la región se abrió un camino de experiencias exitosas sobre la Ley de Etiquetado”
—Cuando se habla de que no ingresen a los comedores escolares alimentos con etiquetas de advertencias se toca un punto central de la ley respecto de los “entornos escolares”. ¿Los sorprendió la intención del Ministerio de Salud de avanzar con el etiquetado a través de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal) dejando de lado este aspecto de la norma?
—La Conal tiene competencias para aplicar el etiquetado frontal modificando el Código Alimentario Argentino. Pero la ley, además del etiquetado, incorpora otros aspectos que no están bajo la competencia de la Conal ni siquiera del Poder Ejecutivo, porque tienen que ver con nuevas legislaciones que debe crear el Congreso en materia de prohibición de publicidad dirigida a niños, protección de la oferta de productos en los entornos escolares y la priorización de las compras públicas de alimentos sanos. Desde la OPS, desde 2017, venimos trabajando estos temas con los senadores y diputados porque entendemos que este es el mejor camino para lograr una política sostenible. La resolución que se propuso en la Conal no alcanza a todos los aspectos necesarios para una problemática tan seria como la que estamos abordando.
—La OPS lleva años sugiriendo a los Estados políticas sanitarias para enfrentar la epidemia de las ECNT y la Argentina se comprometió en distintos gobiernos a ponerlas en marcha ¿A qué se debe la demora en la sanción de la ley en la Argentina?
—En Chile costó una década avanzar con la Ley de Etiquetado. Se ha demorado muchos años, pero entendemos que en la actualidad, como se abrió un camino de evidencia y de experiencias exitosas, a cada país le debería ser más fácil poder avanzar. En 2014, la OPS publicó el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, que ya contenía los tres aspectos centrales de la ley: etiquetado frontal, regulación de publicidad y protección de los entornos escolares. El plan de acción incorporaba otra estrategia de prevención que era el impuesto a las bebidas azucaradas.
—¿De qué se trata esa política de corte fiscal y cómo se aplica en los otros países de la región?
—El impuesto todavía no está presente en la realidad de la región. México es el único país que avanzó y logró una disminución del 10 por ciento en el consumo de bebidas azucaradas. Pero el otro factor relevante del impuesto es que se incrementa la recaudación del Estado y permite generar fondos para hacer campañas para hacer frente a los daños que ocasiona el consumo de estos productos con nutrientes críticos. Otra línea de acción es la promoción de la producción de alimentos sanos. Son parte de los usos de las políticas fiscales, a través de las cuales también podría desgravarse los productos saludables o su producción, a partir de una recaudación más alta sobre los productos que tienen nutrientes críticos.
—¿No existe ninguna otra experiencia más que la mexicana?
—Las políticas fiscales en relación a las bebidas azucaradas son las menos exploradas en la región. Chile está trabajando también en un impuesto para bebidas azucaradas y alimentos no saludables. Es un tema a futuro, pero la puerta de entrada para todas las políticas es el etiquetado, porque ya permite diferenciar los productos que deben estar sujetos a más regulación.
—Sobre los caminos a futuro, ¿se debería avanzar en el etiquetado de alimentos transgénicos? Es algo que ya ocurre en Brasil. ¿La OPS tiene una línea de trabajo al respecto?
—Es un camino válido. Los principales desafíos futuros están en lo concerniente a fiscalizar e implementar bien estas medidas de etiquetado frontal y hacerlas sostenibles. De esa manera, la Argentina tendrá una muy buena ley que permitirá avanzar en otras políticas. El etiquetado de transgénicos lo podría hacer directamente el Poder Ejecutivo a través de la Conal. No necesita una ley nueva, tiene competencias plenas para hacerlo.