El impulsor del desalojo de Manuel Asencio Ardiles es Federico López Alzogaray, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
El 4 de mayo pasado, con la participación de más de 100 efectivos policiales de la Provincia de Santiago del Estero, se ejecutó el desalojo de Manuel Asencio Ardiles del inmueble de su propiedad de 30 hectáreas de superficie denominado Chaguar Punko, en el Departamento Robles, hacia el este de la ciudad Capital, mediante una orden emitida por el Juez Civil de Segunda Nominación de la ciudad de La Banda, Pedro Carlos Juri.
Lo que no puede pasarse por alto, de acuerdo a la información proporcionada por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), es que el demandante de la familia de Asencio Ardiles, ahora beneficiado con la sentencia judicial, es nada menos que Federico López Alzogaray, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
La organización santiagueña recuerda que López Alsogaray viene demandando a familias propietarias de tierras en la zona desde la década del 90 y denuncia que los trámites judiciales de desposesión se complementaron con acciones de “quema de cercos, cosechas y amenazas” por parte de desconocidos, que casualmente cesaron cuando “los campesinos eran expulsados de sus lugares de vida”.
Ardiles es poseedor del inmueble Chaguar Punko. Durante el juicio de desalojo demostró haber vivido allí en el transcurso de los últimos 64 años, es decir, desde el momento de su nacimiento. A su vez, acreditó a través de copias certificadas e informes del Registro de la Propiedad Inmueble, que el terreno en cuestión se encuentra inscripto a nombre de su padre -su homónimo Manuel Asencio Ardiles- desde el año 1977, por haber tramitado su Prescripción Adquisitiva Veinteañal. En otras palabras, Ardiles posee título de propiedad de sus tierras desde la década del 70 y lo exhibió durante el trámite judicial. Aun así, fue desposesionado por una justicia que, para el MOCASE, “es perversa y deshumanizada”. Por eso, la organización de los campesinos de Santiago del Estero se pregunta en un comunicado, si estos jueces son dignos de impartir justicia Y más precisamente, ¿qué seguridad jurídica le pueden garantizar a nuestra sociedad santiagueña?
A lo largo de su vida, Ardiles se dedicó a la cría de ganado menor, ocupando para ello una parte de sus tierras y en las restantes siete hectáreas sembraba el alimento para los animales para lo cual disponía de agua. Eso fue así pues esa fracción de terreno se encontraba empadronada a su nombre ante la autoridad de Riego de la Provincia.
El campesino nunca había recibido reclamación alguna por los derechos sobre el inmueble de Chaguar Punko. Sin embargo, en el año 2018, recibió la visita de un oficial de justicia quien le notificó que “existía una reclamación -Demanda por Reivindicación- en su contra” por parte del lindero de su heredad. En base a ese reclamo, el juez, de oficio, había otorgado “una medida cautelar innovativa, por la cual desposeía a Ardiles de 23 de sus 30 hectáreas”, que no tuvo siquiera la posibilidad de ser escuchado. Pero el beneficiario de esa expropiación resultó ser el demandante Eduardo Federico López Alzogaray, Presidente del Tribunal Superior de Justica de Santiago del Estero, quien sostuvo “que tenía derecho a la propiedad del terreno como consecuencia de una Merced del gobernador del Tucumán del año 1747”.
El abogado de Ardiles contestó la demanda interpuesta en tiempo y forma en un proceso excesivamente sospechoso, carente de igualdad y viciado por innumerables arbitrariedades. Por ejemplo, la demanda se radicó y continuó hasta su finalización solo en contra de Manuel Asencio, y jamás el Juez permitió, deliberadamente, no obstante, de que aquél lo solicitó en distintas oportunidades, la intervención de los demás habitantes del inmueble, como la esposa de Manuel ni sus hijos Adrián y Nancy Ardiles, quienes habían construido sus viviendas en el mismo terreno.
Como era de esperar, lamentablemente, a pesar de que los informes del Registro de la Propiedad Inmueble y de Rentas de la Provincia confirmaron la inscripción del inmueble a favor de la familia campesina, la sentencia recaída hizo lugar a la demanda y ordenó a “MANUEL ASENCIO ARDILES que restituya el inmueble”.
La sentencia fue apelada y rechazada oportunamente; luego se interpuso un Recurso ante la Cámara de Casación que corrió la misma suerte. Todo en tiempo récord. Regresó el expediente al Juzgado de origen, ordenándose “el desalojo”, el que fue recurrido en tiempo y forma a través de Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio y Recurso de Revocatoria in Extremis. Los mismos fueron rechazados “in limine” y se ordenó la firma del Oficio a fin de llevar a cabo el desalojo. Los fundamentos de estos últimos recursos fueron “que existía un error”, ya que se ordenaba el desalojo de un “núcleo familiar y/o cualquier ocupante”, cuando el mismo juez había privado a toda esta gente de intervenir en un juicio cuya sentencia podía afectar sus legítimos derechos.
Aún a pesar de eso, se firmó el Oficio el mismo 3 de mayo del corriente año y el día 4 fue ejecutado con el acompañamiento de un micro con más de 50 miembros de Infantería de la Policía de la Provincia, sumado a los móviles y miembros de las comisarías de Forres, Fernández y Beltrán. Es decir, el despliegue de semejante aparato policial para perpetrar el desalojo de una familia campesina demuestra que esa decisión de un Tribunal de “Injusticia” –como lo caracteriza el MOCASE- había sido tomada ya con anterioridad.
La organización que expresa a los desalojados por el poder jurídico-terrateniente recuerda que “la familia de Ascencio Ardiles era la única que faltaba desalojar del lugar” y denuncia que López Alzogaray, quien nunca tuvo la posesión de esas tierras, “de muy mala fe, aprovechó el desconocimiento sobre las leyes de la mayoría de los poseedores y poseedoras” para desposesionarlos, y ahora “siendo Presidente del Superior Tribunal de Justicia, utilizó ese PODER para desalojar a la última familia que quedaba resistiendo”.
Además, el MOCASE señala “que es demasiado injusto y arbitrario todos estos fallos, que se fueron dando por el abuso de poder” pues desde uno de los poderes del Estado, “la máxima autoridad del Poder Judicial de la Provincia comete estos actos de inmoralidad”.
Por último, la organización campesina admite que el desalojo de Ardiles “duele”, pero subraya que “no nos resigna” para seguir luchando “para que la familia vuelva a su lugar de vida del cual nunca debería haber salido”. Y concluye: “es el enorme desafío que nos queda como Movimiento”.
Redacción por Ariel Weinman.
Fuente: https://radiografica.org.ar/2022/05/13/mocase-denuncia-otra-expropiacion-en-santiago-del-estero/