Los gobernadores explicaron que el inicio del juicio político se ampara en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Ese pedido ingresará a la Cámara de Diputados por la Comisión de Juicio Político en busca de que llegue al recinto para su votación.
El presidente Alberto Fernández se reunió con gobernadores para avanzar en el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por mal desempeño de sus funciones, denuncia que también incluye a los cortesanos Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Una vez finalizado el segundo encuentro entre el jefe de Estado y los mandatarios de las provincias por el fallo de la Corte que favorece al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta en la coparticipación, los gobernadores explicaron que el inicio del juicio político se ampara en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Ese pedido ingresará a la Cámara de Diputados por la Comisión de Juicio Político en busca de que llegue al recinto para su votación.
“Las provincias nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos sin ningún tipo de fundamento alguno”, aseguró el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich al explicar cómo afecta el fallo de la CSJ que favorece a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.
Hemos tenido una reunión con el Presidente @alferdez, para propiciar, en el marco del Artículo 53 de la Consitución Nacional, la firma de un pedido de juicio político debido al mal desempeño de las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
— Jorge Capitanich (@jmcapitanich) January 3, 2023
“No es cierto que no nos afecta, nos afecta severamente en menor transferencia de recursos nacionales. La defensa de nuestras provincias y del federalismo son una bandera absolutamente irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad”, agregó.
Para el mandatario chaqueño, la decisión de la Corte que beneficia a la capital del país no es el único fallo polémico del máximo tribunal del país. También cuestionó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que le permitió a Rosatti asumir como presidente del Consejo de la Magistratura. “Esta acción favorece claramente a una parcialidad política. Los argentinos y argentinas no pueden estar tranquilos con miembros de la Corte que en vez de resguardar la vida, el patrimonio, la libertad y el honor, violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y los principios que son esenciales en un sistema republicano y federal”.