Por Mario Hernandez
La inflación en 2022 fue la más elevada en 32 años (94,8% interanual) y el comienzo de 2023 muestra signos de aceleración.
Desde la entrada en vigencia de la versión ampliada de Precios Justos (noviembre del año pasado), la brecha de precios de productos básicos entre híper y supermercados y autoservicios y almacenes se profundizó, lo que castiga particularmente a los sectores de menores ingresos. Solo el 15% de los pobres compran en las grandes cadenas. La diferencia entre los aumentos de algunos productos no es menor: por ejemplo, en el canal tradicional el agua creció 10%, los fideos 9%, la leche 7% y los yogures 6%, indica un informe de la consultora Ecolatina.
Según esta consultora, en enero, “Las ventas en supermercados subieron 78% en forma interanual y cayeron 9,1% en los autoservicios”.
Por tener mejores precios, las grandes cadenas incrementaron su participación de mercado de 34% a 38,5% en los últimos 12 meses. Este es el nivel más alto de los últimos 10 años. Este martes (un día antes del aniversario de la “guerra contra la inflación”), el Indec dará a conocer el dato de la inflación de febrero. Enero escaló al 6% y las consultoras privadas estiman ese porcentaje como piso.
Ingresos
El ingreso promedio en Argentina en dólares (valuados según la cotización del mercado paralelo) es de u$s 222 por mes, mientras que, en términos comparativos, en Brasil o Uruguay son u$s370 y u$s772, respectivamente.
Al considerar al decil más alto, la base promedio de ingreso en Argentina es de u$s532 mensual. Para el caso de Chile u$s 1.199, Uruguay u$s2.178 y Brasil u$s3.849. Es decir que, a pesar de aumentos nominales en pesos, nuestro país se mantiene por debajo de los valores en dólares de los países en Latinoamérica (se utilizó la metodología dada por cada instituto nacional de estadística de cada país en dólares oficiales).
Otra arista para evaluar el desfasaje de la distribución de ingresos en nuestro país es ver cómo la inflación afecta el ingreso medio per cápita familiar en forma mensual. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese ingreso pér capita familiar promedio es de u$s246, le sigue Tierra del Fuego con u$s230 y Chubut u$s181. Todas estas provincias reciben ingresos por encima de los 100 dólares. Sin embargo, los números más alarmantes se dan en las provincias como Chaco, Formosa y la Rioja que conviven con u$s82,88, u$s83,35 y u$s87,36 mensuales.
Al evaluar el ingreso diario pér capita en los diferentes rincones del país en CABA y Córdoba cuentan con u$s8 y u$s4,25 respectivamente. Sin embargo, provincias como Chaco y Corrientes viven en promedio con u$s2,76 y u$s3,34, respectivamente.
Si tomamos la media del ingreso por ocupación y la brecha con y sin descuento jubilatorio en dólares, es decir personas que están en blanco y la informalidad, las distancias son muy profundas.
En Catamarca la brecha en dólares es de 131%, en Corrientes es de 215%, en Misiones 173%, en Tucumán 146%. En varias ocasiones los políticos hacen anclaje la recuperación salarial vía paritarias frente a la inflación. En realidad, viven en un mundo paralelo donde del otro lado hay personas que no saben qué es una paritaria y la inflación las subsume en una extrema pobreza y en muchos casos las lleva a la indigencia.
Ganadores y perdedores
Sergio Massa afirmó que su objetivo era reducir la inflación a menos de 4% para abril. En tanto, el Presupuesto de este año proyecta un 60% de inflación. Pero los precios siguen en ascenso y las metas oficiales parecen una ilusión.
Los perdedores son los que viven de sus salarios, jubilaciones o programas sociales cuyos ingresos son carcomidos por la inflación. Mientras tanto, las ganancias de las empresas mejoran.
La inflación de alimentos y bebidas en enero fue de 6,8%, por encima del nivel general, y en los últimos doce meses ascendió a 98,4%.
En febrero la suba de los precios de los alimentos siguió. Según un relevamiento de Consumidores Libres realizado en supermercados y negocios barriales de la Ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un incremento del 11,84% el mes pasado.
El Gobierno apostó al programa Precios Justos para contener la inflación, pero las empresas realizan maniobras para evadir este programa. Recientemente fueron multadas Cabrales, Mondelez, Nestlé, Carrefour, Cencosud (que maneja las cadenas Jumbo, Disco y Vea), entre otras.
Los balances de las empresas alimenticias revelan quiénes ganan con la inflación. Según los últimos balances presentados en la Comisión Nacional de Valores, Arcor ganó $32.805 millones al 30 de septiembre de 2022. En 2022 Molinos registró ganancias por $8.108 millones ($22 millones por día) y Mastellone Hermanos S.A. $1.358 millones, ($4 millones por día). Ledesma, según publicó en su página web obtuvo ganancias por $ 5.637 millones en 2022. En tanto, la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) muestra que en 2021 la utilidad media que obtuvieron las empresas que pertenecen a la industria de alimentos, bebidas y tabaco por cada asalariado fue de $809.993.
Otra manera de ver quiénes ganan y quiénes pierden es con los datos que elaboraron el centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores sobre distribución del ingreso. De ese informe se desprende que entre 2018 y 2021 los asalariados perdieron U$S70.000 millones que fueron a parar a manos del gran empresariado. La mayor transferencia se produjo durante el actual Gobierno.
Según el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, “los precios y salarios se movieron muy parejos hasta la segunda mitad de 2022. Desde entonces, cada asalariado acumula una pérdida de $45.000”. Vale aclarar que hubo una mayor pérdida para los trabajadores informales. El poder adquisitivo de los trabajadores no registrados cayó en diciembre de 2022 un 19,3% en relación al mismo mes de 2019.
Las jubilaciones y pensiones, y asignaciones familiares siguieron un camino similar. Un informe del Observatorio del Derecho Social calculó que en el caso de las jubilaciones y pensiones, en 2022 los haberes previsionales fueron un 9,3% más bajos que en 2019 y un 27,4% inferiores a los de 2015, y las asignaciones familiares perdieron un 12,7% en lo que va del gobierno del Frente de Todos, según informó Luis Campos, coordinador de dicho Observatorio.
Los datos dejan en evidencia quiénes son los ganadores y perdedores del proceso inflacionario, es como una paritaria que beneficia a los grandes empresarios.
El lunes la Coordinadora por el Cambio Social movilizó a los principales supermercados del país: «contra la inflación y la pobreza»
¡Contra la inflación y la pobreza! ¡Movilizamos a los supermercados de todo el país!
Lunes 13 de marzo a partir de las 12:00. En los principales supermercados del país
En Buenos Aires concentramos en Constitución, Retiro, Once y La Plata.
La medida se enmarca en las acciones programadas y votadas por el conjunto de la Unidad Piquetera, que como parte de este mismo plan de lucha, estará acampando en el ministerio de Desarrollo Social a partir del lunes y en continuidad hasta el miércoles 15. De esta manera, la actividad en conjunto apunta a visibilizar la responsabilidad que tienen el gobierno del Frente de Todos y los grandes supermercadistas en la profundización de la crisis y la pobreza que estamos viviendo.
A un año de declarar la supuesta “guerra contra la inflación” nada se ha modificado aún. El gobierno del Frente de Todos, con el ministro Sergio Massa a la cabeza, prueba una y otra vez con las mismas recetas que no dan ningún tipo de resultado y mientras tanto los salarios de la clase trabajadora se pulverizan en tan solo unas semanas. El 2022 terminó con un 95% de inflación y en los primeros meses de este año el incremento mensual parece sostenerse cerca del 6%, por lo cual no se ve una mejora en el corto plazo.
La suba de precios está directamente relacionada con la el incremento en los niveles de pobreza e indigencia. El año pasado la Canasta Básica Alimentaria terminó con una suba superior al índice general, llegando hasta un 104% aproximadamente. Esto impacta de lleno en los bolsillos de los sectores más empobrecidos, ya que los mismos gastan la mayor parte de sus ingresos solamente en comprar alimentos.
La responsabilidad frente a esta situación es por un lado del gobierno que no puede controlar la macroeconomía debido a diversos factores, entre los que se encuentran el empecinamiento por pagar una deuda ilegal e ilegítima con el FMI que se come todos nuestros recursos y arrasa con las pocas reservas en dólares, generando cotizaciones múltiples y variaciones constantes; además, la tibieza con la que manejaron el caso Vicentin hizo que el país perdiera una enorme oportunidad de manejar recursos estratégicos como son la producción y exportación de una de las cerealeras más grandes e importantes. En un contexto de escalada mundial en los precios de los alimentos, aquella posibilidad hubiera sido clave para la Argentina.
Pero por otro lado, los grandes supermercadistas también son responsables de remarcar de forma constante, anticipándose a medidas como precios cuidados, precios justos o cualquiera de sus variantes. Las miles de estrategias que utilizan las grandes cadenas, como lo son el acopio de mercadería para venderla más cara, la remarcación de precios, o la nula oferta de los “precios cuidados” en las góndolas, convierte a ese tipo de control por parte del Estado en una medida sin ningún efecto concreto.
“Con la inflación remarcamos todos los días”, dijo el año pasado Federico Braun, dueño de La Anónima, cadena de supermercados líder en toda la Patagonia. Dicha afirmación hecha tan a la ligera demuestra la impunidad con la que se manejan el conjunto de estas cadenas. En el primer trimestre del 2022, La Anónima había registrado márgenes de rentabilidad cercanos al 250% en comparación con el mismo período del año anterior.
Estos mismos sectores que negocian con el alimento del pueblo, son los mismos que se resistieron a pagar el “aporte” solidario de las grandes fortunas en medio de la pandemia; son también quienes insisten en pagar menos impuestos, liberar los precios y bajar los costos laborales; y quienes durante la crisis del Covid se enriquecieron gracias a los subsidios del Estado.
Por todos estos motivos, reclamamos que el Estado debe implementar ya la Ley de Abastecimiento, que permitiría por un plazo de 180 días intervenir las firmas, obligarlas a producir una cantidad determinada de productos, fijar precios y establecer márgenes de ganancias. Es decir que, además de fijar precios con un resultado real, habilitaría a que el gobierno tenga mayor información de cuáles son las ganancias reales de los grandes supermercadistas en un contexto de crisis.
Reclamamos también una reducción del IVA en productos de primera necesidad y mayor asistencia alimentaria para comedores y merenderos.
¡Basta de negociar con el alimento del pueblo! ¡Que la crisis la paguen los que la generaron!
¡Ley de Abastecimiento ya!
COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL:
FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY -ARRIBA lxs que luchan
Plenario Piquetero ratificó la continuidad de un plan de lucha
El viernes 3 de marzo se desarrolló el Plenario Piquetero Nacional convocado por las organizaciones de la Unidad Piquetera. Allí, trabajadores desocupados y organizaciones deliberaron sobre cómo enfrentar el ajuste en marcha, un programa de reivindicaciones inmediatas y las próximas medidas a tomar.
Después de un acto de apertura donde hablaron representantes de las provincias, se pasó a deliberar en comisiones, para finalmente dar a conocer, en un acto final, las conclusiones. Se votó un plan de lucha que en los próximos meses incluirá acciones en más de 135 ciudades de toda la Argentina. Del 13 al 15 de marzo desarrollarán acciones de lucha en todo el país, el 5 de abril cortarán rutas nacionales y provinciales, puentes carreteros, accesos y egresos a Capital Federal para el día 5 de abril, y si no hay respuestas satisfactorias un nuevo acampe del 18 al 20 de abril. También resolvieron impulsar una campaña de asambleas y plenarios para organizar una gran marcha federal convocando a todos los sectores en lucha en una gran movilización popular que parta “desde los cuatro puntos cardinales desde el lunes 15 de mayo, confluyendo en la Plaza de Mayo el 17”.
Además se votó acompañar la movilización independiente del 8 de Marzo, en el Día internacional de las mujeres trabajadoras, denunciando el ajuste y los femicidios, y marchar con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia el 24 de Marzo contra la represión y la criminalización de las luchas.
Salarios estatales de pobreza para cumplir con el FMI
Mientras la inflación de 2022 fue de 94,8%, la más alta desde 1991 y las perspectivas para 2023 son similares o mayores, en la provincia de Buenos Aires el Gobernador Kicillof acordó en forma exprés una paritaria a la baja con los gremios docentes así como con los gremios estatales ATE y UPCN (con aval de toda la Fegepba) el pasado martes 28 de febrero.
El aumento acordado representa un incremento del 40% en tres cuotas: la primera en marzo del 20% (a cobrarse en abril), otra en mayo del 6% y la última en julio del 14%. El aumento no contempla ningún retroactivo, por lo tanto, los meses de enero y febrero son a pura pérdida y la reapertura se pautó recién para el mes de agosto.
Los salarios están 25 puntos por debajo de 2015 y en el sector público 28,2%. En lo que va del año el poder de compra descendió un 1,5% más y con el techo salarial que impusieron en las paritarias continuaría ese camino descendente.
En la Provincia de Buenos Aires el salario estatal promedio es de $90.000 o de $135.000 según el régimen horario. La Junta Interna de ATE Indec calculó que la canasta de consumos mínimos para que una familia trabajadora constituida por una pareja y dos hijas/os en edad escolar pueda satisfacer sus necesidades básicas fue en el mes de enero pasado de $253.647. Este valor se compone de $86.216 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $167.431 para acceder a otros bienes y servicios básicos, entre ellos el alquiler.
A la pérdida salarial se le suma la precarización laboral en el Estado con cantidad de trabajadores y trabajadoras sin derechos. Aunque hay menor cantidad de monotributistas que en el gobierno de Vidal, crecieron las becas, los módulos “docentes” e incluso las y los que cobran como beneficiarios de un plan social. Para ellas y ellos no hay paritaria, ni aguinaldo, viáticos, horas extras ni vacaciones pagas, están sometidos a la discrecionalidad y “buena (y mala) voluntad” del funcionario de turno. Y a esta precarización se le suman las malas condiciones de trabajo (mal estado de edificios, mobiliarios, herramientas e insumos) que la pandemia expuso pero que el gobierno no cambió.
Los sindicatos vienen avalando esta situación y son responsables directos del deterioro de las condiciones de vida de los y las estatales.
UPCN continúa jugando su rol histórico, gobierne quien gobierne su tarea es garantizar la obsecuencia ante el poder de turno (así lo hizo también con Vidal). ATE, por su lado, no solo firmó todos los acuerdos salariales sin ninguna consulta a las bases, sino que sus dirigentes viven de jornadas, actos, abrazos y selfis con Kicillof y cada uno de los funcionarios de su gobierno.
Durante 2022 no hubo plenarios de delegados/as, han vaciado de vida interna al sindicato, no existen instancias de debate ni resolución para delegadas/os y afiliadas/os, a excepción de los que realizan a modo de “actos” entre quienes pertenecen a la misma agrupación de la conducción “Verde Anusate”. Los acuerdos paritarios y sus alcances son comunicados por los medios y las redes, allá lejos y perdida quedó la consigna “en ATE manda la asamblea”.
Para recuperar todo lo que se perdió durante el gobierno de Macri/Vidal y Fernández/Kicillof los dirigentes sindicales en lugar de aceptar las exigencias de Massa (que ajusta para cumplir con el FMI), deberían estar a la cabeza de la pelea por el no pago de la deuda y de un plan de lucha en defensa del salario y del empleo con medidas como un salario mínimo igual a la canasta familiar, que se actualice por inflación. Así como pelear por el pase a planta permanente de los trabajadores contratados, tercerizados, e informales.
Trabajadores de la salud
Trabajadores y trabajadoras del UPA12- HM5 en la localidad de Moreno realizaron un corte de la ruta 24 a la altura de 7800, donde se encuentra ubicada la unidad sanitaria, para exigirle al gobierno de la provincia soluciones a sus reclamos.
Entre las principales demandas exigen aumento salarial que supere el nivel de inflación. Además, solicitan el pase a planta permanente del 90% de los trabajadores de la institución quienes son contratados bajo la modalidad de beca, precarizando su situación laboral.
«Luego de una asamblea y por votación casi unánime a mano alzada, el personal de salud del UPA12-HM5 le exigimos en conjunto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, soluciones a nuestros problemas. Exigimos aumento salarial que supere la inflación. ¡Basta de ajuste en la salud!», expresaron mediante un comunicado.
Una trabajadora explicó «estamos una vez más en la calle con la población los trabajadores de la salud, los olvidados, los invisibles, los que fuimos utilizados en pandemia y hoy nos descartan. Estamos pidiendo que nuestro salario sea igual al de la canasta familiar. No llegamos a ganar 258.000 pesos como dice el gobierno que necesitamos para vivir».
Los movimientos sociales e integrantes de Cooperativas de Trabajo acampan al costado de la Ruta 95, principal ingreso a la ciudad de J. J. Castelli, Chaco. Los reclamos apuntan a una mejora salarial y laboral de los enfermeros del Hospital del Bicentenario, el principal centro de salud de toda la región.
Reclaman por promesas incumplidas por parte del gobernador de la Provincia del Chaco, que prometió cumplir con las peticiones en el inicio del año 2023, además de en “reiteradas ocasiones se comprometió con la causa pero hasta el momento no recibieron respuesta alguna”. El acampe continuó hasta el 7 de marzo, esperando respuestas. Los manifestantes mostraron su solidaridad a las movilizaciones reprimidas en Misión Nueva Pompeya dos días antes.
El Laboratorio Pablo Cassará SRL es una empresa argentina que tiene cerca de 70 años. En las últimas décadas tuvo un importante crecimiento y ya ocupa unas 1.000 personas en varias plantas, la mayoría en el Oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Es fuerte en los rubros dermatológico, respiratorio, gastroenterológico, entre otros. Pero hace un año cobró notoriedad porque fue elegido por el Gobierno para desarrollar, como un acuerdo público-privado, la vacuna ARVAC Cecilia Grierson contra el COVID-19.
Se trata de un trabajo conjunto del ministerio de Ciencia, el ministerio de Salud, el CONICET, la UNSAM y el Laboratorio Cassará. La semana pasada el ministro Daniel Filmus estuvo recorriendo las instalaciones de la empresa.
Esta semana se conoció la denuncia del delegado gremial general, Martín Ardiles. La misma fue difundida por distintos medios gremiales. Según un informe realizado por los delegados, “9 de cada 10 trabajadores del laboratorio ha sufrido algún tipo de violencia, 9 de cada 10 trabajadores ha realizado la denuncia en RR HH y no han sido escuchados, 6 de cada 10 trabajadores continúa trabajando con su agresor, 2 de cada 10 trabajadores ha tenido que realizar la denuncia penal”.
La empresa les ha descontado las horas en que han realizado asambleas, justamente para rechazar esas agresiones. Los delegados señalaron que “no podemos permitir que ir a trabajar sea un castigo, y que tengamos compañeros/as con licencia psiquiátrica por soportar maltrato”.
Los representantes de base además denuncian que los procesos de empaque diseñados por la empresa están afectando la salud de quienes trabajan en ese sector.
Ardiles señaló que “nadie puede producir bajo maltrato y nosotros somos los responsables de la primera vacuna desarrollada 100% en Argentina”.
ATSA, el gremio de Sanidad que conduce Rodolfo Daer, lejos de tomar los reclamos de los trabajadores, ha puesto trabas cuando estos han querido afiliarse para contar con el sindicato para que los represente.
No se trata de un caso aislado. La Organización Internacional del Trabajo dice que 8 de cada 10 trabajadores y trabajadoras experimentaron o experimentan alguna situación de violencia en el trabajo. De esa pandemia nadie quiere hablar.
Trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires organizados en ATE se manifestaron frente al Hospital Durand para reclamar que el Gobierno porteño “deje de vaciar la salud pública” y exigieron inversiones y mejoramiento de la infraestructura de los centros de atención sanitaria de la Ciudad.
La protesta organizada en Avenida Díaz Vélez al 5000 cuestionó directamente al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a su ministro de Salud Fernán Quirós, exigiéndoles que “dejen de vaciar la salud pública” y planteando diversos reclamos de inversiones en el área.
Desde ATE detallaron: “Las y los trabajadores de la salud queremos exigir al Ministro de Salud Fernán Quirós y Horacio Rodríguez Larreta: instalación de aire acondicionado y calefacción en los servicios de internación y quirófano de los Hospitales, solución inmediata de las 1.000 cirugías postergadas en el Hospital Durand y apertura del servicio de Salud Mental, para evitar más muertes en el nosocomio”.
Desde el gremio de trabajadores estatales, que convocó a la protesta junto con la CTA Autónoma anticiparon que esta sería “la primera de varias convocatorias”.
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Si.Pr.U.S.) rechazó el aumento salarial del 33,5% ofrecido por el gobierno provincial, y realizó un paro de 48 horas el miércoles 1º y jueves 2 de marzo. La medida de fuerza fue sin asistencia al lugar de trabajo, y se realizó una movilización en el centro de Rosario.
El paro fue votado por la “abrumadora mayoría” de los afiliados a Si.Pr.U.S., según indicó el gremio en un comunicado.
Tal como ocurrió con los docentes, desde la Casa Gris ofrecieron un incremento salarial del 33,5% en los primeros siete meses del año, a realizarse en tres tramos: 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio. La propuesta, además, contempla cláusulas de revisión en mayo y julio.
Al respecto, el titular de Si.Pr.U.S., Diego Ainsuain, expresó: “La votación expresa lo que planteamos tras la última reunión, el porcentaje de aumento, su cuotificación y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es también no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria”.
El Sindicato exige un salario mínimo de $282.000 para un profesional de la salud que trabaja 24 horas semanales, sin antigüedad ni adicionales. Además piden el pase a planta de dos mil trabajadores, entre otras reivindicaciones.
Asimismo, el miércoles realizó una manifestación en el centro rosarino, en la zona de Laprida y Rioja.
Además de la recomposición salarial y del pase a planta de cientos de trabajados, desde Si.Pr.U.S. también pidieron una equiparación salarial a monotributistas, cambios en el escalafón, pago de deudas y más presupuesto para insumos e infraestructura sanitaria. Sobre estos puntos, se indicó que “no hubo propuestas” por parte del gobierno provincial.
Entre las mociones que los afiliados a Si.Pr.U.S. votaron en los últimos días, estaba la de aceptar la oferta, rechazarla sin realizar medidas de fuerza, rechazarla con un paro de 24 horas o rechazarla con un paro de 48 horas.
La Coordinadora de Salud de Córdoba (Cosaco), que nuclea a distintas representaciones de los trabajadores del sistema de la salud pública de la provincia, realizó el martes pasado un paro de 24 horas en reclamo al Gobierno por una “propuesta salarial superadora” ante el 40 % de aumento en cuatro tramos que ofreció el Gobierno provincial, según informaron fuentes sindicales.
La dirigente Estela Giménez de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), que integra la Cosaco, manifestó que “el paro es con asistencia a los lugares de trabajo en todos los establecimientos de salud de la provincia y con guardias mínimas”.
Asimismo, adelantó que el 15 de marzo se aplicará un nuevo paro que estará acompañado por una movilización.
La sindicalista afirmó que la Canasta Básica Total (CBT) “en Córdoba está promediando los $180.000 y el básico de un profesional de la salud, con 20 años de antigüedad es de $140.000”.
En ese sentido Giménez sostuvo que “hay una realidad que no admite discusión, que es que la inflación le sigue ganando a los salarios y lo que pretendemos es que ningún trabajador perciba menos de lo que determinan los costos de vida”.
La dirigente detalló que el Gobierno provincial ofreció un incremento del 40% en cuatro tramos, que “quedó desactualizada porque se hizo sobre la base de los haberes de enero”, por lo tanto, lo que se reclama es una “revisión y actualización” de esas cifras, y añadió que hay trabajadores que tienen básicos de entre 65.000 y 80.000 pesos, tienen chicos en las escuelas y es “imposible vivir con esos salarios”.
Entre otros puntos exigen regularización de los trabajadores precarizados, incorporación de personal y fortalecimiento de las guardias de seguridad en los establecimientos de salud.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) adelantó que discutirá “la estructura salarial, el modelo de atención y todo el sistema de salud” además del aumento salarial, en la reunión paritaria de la Ley provincial 10.471 donde el gobierno de Axel Kicillof citó a las y los profesionales de la salud el miércoles 8 de marzo, y donde CICOP es el gremio mayoritario.
La negociación paritaria de los gremios estatales tuvo su primera etapa con el acuerdo alcanzado entre la gestión de Axel Kicillof y los gremios mayoritarios de la Ley 10.430 (estatales), y continúa con los distintos regímenes especiales, entre ellos con la Ley provincial 10.471 que nuclea a las y los profesionales de la salud, en donde CICOP es el gremio mayoritario (la 10.471 es la referente a la Carrera Hospitalaria).
El titular de CICOP, Pablo Maciel, adelantó sobre la convocatoria del gobierno bonaerense que “es fundamental que la paritaria continúe funcionando porque es la herramienta que tenemos los trabajadores y trabajadoras para negociar salarios y condiciones laborales”.
Al respecto, Maciel precisó que “durante el año pasado logramos un aumento salarial que superó a la inflación y ese es el camino que queremos profundizar para recomponer los ingresos”, pero seguidamente aclaró que “además del salario vamos a la paritaria con planteos inherentes a seguir mejorando las condiciones de trabajo, como lo hicimos el año pasado con el nuevo reglamento de residentes y el régimen de desgaste laboral prematuro para nuestra jubilación en provincia y que ahora es necesario ampliarlo a los municipios”.
“La eliminación del presentismo para el personal de guardia y la creación de cargos de dedicación exclusiva con mejores salarios son temas que venimos llevando a las Mesas Técnicas desde el año pasado”, añadió el médico presidente de CICOP, y finalizó al explicar que “para resolver el déficit de profesionales en los hospitales y centro de salud ya no alcanza con discutir porcentajes de aumentos, y por eso desde CICOP queremos discutir la estructura salarial, el modelo de atención y todo el sistema de salud”.
Trabajadores de prensa de CABA
“En los últimos días, algunas empresas de prensa escrita de Buenos Aires anunciaron internamente en las redacciones una recomposición del 25% en dos cuotas: 15% en marzo y 10% en abril. Eso, si bien no recompone la pérdida de poder adquisitivo del salario de los últimos meses, es un primer resultado de la convocatoria que recibió el SiPreBA por parte del ministerio de Trabajo de Nación. En las comunicaciones empresariales de esa novedad, se ha planteado la existencia de una demora en la reapertura de paritarias como consecuencia de un problema ajeno a les trabajadores y a la Cámara. Desde el SiPreBA aclaramos que nuestra presencia en las paritarias obedece estrictamente a la voluntad del conjunto de trabajadores y trabajadoras de prensa que han fundado nuestro sindicato y se han afiliado masivamente, tal como quedó reflejado en el trámite de compulsa por la personería gremial. Asimismo, recordamos que cuando culminó esa etapa y nos confirmaron como representantes legales del sector, nuestro sindicato requirió la inmediata convocatoria a paritarias de las tres ramas de nuestra actividad. Mientras que las Cámaras, aunque están habilitadas a hacerlo, nunca pidieron la reapertura”, afirmaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, a través de un comunicado.
Desde el Sindicato agregaron que ninguna revisión paritaria anterior se resolvió con la rapidez que los trabajadores y las trabajadoras necesitan en el actual contexto inflacionario, por lo que valoran positivamente el otorgamiento de un porcentaje de recomposición como adelanto a la negociación, aun cuando no sea suficiente para recuperar lo perdido salarialmente.
“Esperamos que el conjunto de la Cámara empresarial tenga la vocación de diálogo que la situación de nuestro sector necesita. Con esa esperanza, les esperamos el lunes 13 en la primera audiencia paritaria. Lo dijimos, tenemos un objetivo común: construir un futuro para el periodismo”, finalizaron desde Sipreba.
El sindicato de la televisión alcanzó un principio de acuerdo
El sindicato de la televisión Satsaid llegó a un principio de acuerdo con las Cámaras de los canales abiertos, productoras y señales que consiste en un 38% de aumento en cuatro cuotas hasta junio más un bono de $106.400 dividido también en cuatro cuotas. Suspendida la medida de fuerza prevista, la propuesta se lleva a las asambleas de todo el país a lo largo de toda la semana. El viernes habrá una respuesta.
El sindicato de la televisión adelantó que alcanzó un principio de acuerdo con las cámaras ATA y CAPIT en la paritaria de los canales abiertos, productoras y señales para los convenios colectivos de trabajo 131/75 y 634/11.
El Satsaid encabezado por Horacio Arreceygor, anunció que suspende los paros que las y los trabajadores tenían previsto empezar el jueves 2 y continuarlos el viernes y el domingo para, en cambio, someter a consideración asamblearia el principio de acuerdo alcanzado.
El mismo consiste en un aumento del 38% no acumulativo, para el período enero a junio 2023, distribuido del siguiente modo: aplicar un incremento del 10,5% retroactivo al mes de enero 2023, aplicar un incremento del 10,5% a partir del mes de marzo 2023, aplicar un incremento del 9% a partir del mes de abril 2023 y aplicar un incremento del 8% a partir del mayo 2023, dichos porcentajes calculados sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a septiembre 2022. Cada paso tendrá carácter de no remunerativo por el término de 3 meses.
Además, establecer una Gratificación extraordinaria, por única vez y no remunerativa de $106.400 a abonarse de la siguiente forma:
Para la actividad en general, $29.400 retroactivos a enero 2023, $29.400 junto a los haberes del mes de marzo 2023, $25.200 junto a los haberes del mes de abril 2023 y $22.400 junto a los haberes del mes de mayo 2023. Las empresas podrán cancelarla en efectivo o a través de órdenes de compra en supermercados de primera línea.
Para Canal 7 de Jujuy, Canal 8 de Mar del Plata, Canal 9 de Comodoro Rivadavia, Canal 9 de Mendoza, Canal 9 de Paraná, Canal 10 de Mar del Plata, Canal 13 de Corrientes, Canal 13 de Río Cuarto y las Productoras que suscriban con el sindicato un acuerdo articulado a nivel de empresa, se abonará en seis cuotas iguales y consecutivas a partir del mes de enero 2023 de $17.733.
Las partes también asumen el compromiso de abrir una mesa de trabajo, monitoreada por el ministerio de Trabajo para dinamizar las negociaciones. A su vez, la parte empresaria, se compromete a no efectuar descuentos salariales a los trabajadores/as con motivo de las medidas sindicales realizadas en el marco del conflicto.
Las asambleas se estuvieron realizando a lo largo de la semana y culminaron el viernes por la mañana para tomar una decisión.
En marzo se pagarán bonos de entre $ 15.000 y $ 300.000
SMATA (trabajadores mecánicos) cobrarán un bono de entre $ 200.000 hasta $ 300.000. Las empresas tenían tiempo para liquidarlos hasta el 10 de marzo. Consiste en el pago de 150 horas para todos los operarios de terminales y autopartistas. El pago es distinto según la categoría. Además, un incremento en marzo del 18,39% sobre los sueldos básicos. La reunión de revisión será en abril. En 2022 este gremio logró una mejora anual del 94,7%.
Los trabajadores de la empresa española Naturgy-Ban acordaron un aumento del 4,8% no acumulativo, que se abona con los salarios de marzo2023, y dos bonos, uno de $ 147.676, a cobrar en una sola cuota, y el otro de $ 32.500 por el Día del Trabajador del Gas.
Los encargados de edificio recibirán en marzo $ 26.000, la última cuota del bono de $ 134.000.
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros recibió la primera cuota ($25.000) de un bono acordado de $ 100.000. Las otras tres se pagarán en abril, mayo y junio.
El gremio de los petroleros acordó en noviembre pasado un bono de $ 100.000. La primera cuota se abonó en diciembre 2022 y la segunda en febrero 2023. Fue en compensación por el Impuesto a las Ganancias que pagaron los trabajadores.
Trabajadores de chacinados acordaron el pago de una suma no remunerativa de $ 35.000 para marzo 2023. En febrero recibieron un bono de $ 17.500.
La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) dará un plus por única vez con el salario de marzo. El bono de $ 46754 se pagó con el Día del Ferroviario, que se conmemora el 1º de marzo. Además, el ministerio de Trabajo oficializó un acuerdo paritario con los gremios del sector que contempla un aumento del 99% anualizado para el período abril de 2022 y marzo de 2023.
Diputados aprobó la ley de moratoria previsional
La Cámara de Diputados aprobó la ley de moratoria previsional luego de que el oficialismo consiguiera el respaldo de algunos bloques minoritarios para que haya quórum en el último día de las sesiones extraordinarias del Congreso. El proyecto fue aprobado por 134 votos a favor y 107 en contra. La iniciativa impulsada por senadores del Frente de Todos, junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, plantea un sistema de pagos para que personas que tienen edad suficiente pero no cumplen con los años de aportes necesarios puedan acceder a la jubilación. Se estima que beneficiará a 800.000 personas.
La sesión se inició con la presencia de 129 diputados -número exacto para el quórum reglamentario- entre los cuales 117 pertenecían al Frente de Todos (FdT), 4 del Frente de Izquierda, la misma cantidad del Interbloque Provincias Unidas y otros tantos del interbloque Federal (dos de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño y Alejando ‘Topo’ Rodríguez, y dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez).
Los legisladores de Juntos por el Cambio no dieron quórum y bajaron al recinto una vez que el oficialismo logró el número necesario para iniciar el plenario.
El proyecto, que tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación. El debate de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.
El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien afirmó que permitirá que «muchísima gente tenga la posibilidad de jubilarse». En ese sentido, Heller destacó que «del total de jubilados que hay en la Argentina, 65 % lo hicieron con una moratoria, y gracias a eso el 95 % con edad de jubilarse está en condiciones de hacerlo».
«En la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral, con lo cual pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y más cuando se ve que la mayoría son mujeres que han trabajado en casas particulares y por eso no hay razón para que la sociedad no se haga cargo de esta situación», reconoció el diputado del Frente de Todos.
«Que nueve de cada diez mujeres no puedan acceder al sistema jubilatorio es un problema que debe resolver el Estado», consideró la presidenta de la Comisión de Previsión Social, Marisa Uceda (Frente de Todos) y agregó que, por ese motivo, el proyecto tiene «un espíritu solidario».
En otro plano, la legisladora del Frente de Izquierda, Romina del Plá, afirmó que «esta moratoria solo resuelve una parte del problema». «Vamos a seguir luchando por el derecho a la jubilación universal, por la jubilación del 82 %, y por un verdadero futuro para los trabajadores y trabajadoras», sostuvo.
La iniciativa con dictamen de mayoría había sido presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti (FdT-Mendoza) y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
En el recinto, luego de buscar boicotear el quórum para iniciar la sesión, el autor del dictamen de minoría, Alejandro Cacace (UCR), señaló que «no puede obtener lo mismo el que tiene todos los requisitos que quien no los tiene» y explicó su propuesta para que la jubilación se calcule en base a los aportes que tiene cada ciudadano.
«El problema es de equidad contributiva en un sistema que se basa en una lógica contributiva o de aporte, no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene», sostuvo.
Por su parte, el presidente del Interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, afirmó que «nuestro bloque va a acompañar este proyecto de ley pero advertimos a los gobiernos para que se hagan cargo de asignar derechos cuando se rompió el derecho básico: tener un trabajo remunerado con aportes jubilatorios».
Minutos antes de la sesión, desde JXC ratificaron su decisión de no dar quórum y, a través de un comunicado de prensa, rechazaron «la decisión de seguir emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados», a la vez que consideraron que «es urgente abordar con seriedad una reforma integral del sistema previsional».
«Nuestra propuesta es avanzar en una reforma que sea auténticamente inclusiva y sostenible para que todos los mayores puedan recibir beneficios sin necesidad de excepciones o parches», señalaron en el comunicado.
En el marco del ajuste los haberes jubilatorios pierden contra la inflación
Por Claudio Lozano
El próximo aumento por movilidad incrementará las jubilaciones un 17,04% desde marzo y llevará el haber mínimo a $58.665. Una vez más, la suba otorgada se encontrará por debajo de la inflación esperada (18% en el primer trimestre), de cumplirse las proyecciones que publica el BCRA en el Relevamiento de Expectativas de Mercado.
Así, este será el quinto aumento consecutivo que queda por debajo de la evolución de los precios. En un marco de desaceleración en la actividad económica y caída de los salarios reales, frente a un proceso de aceleración inflacionaria, la fórmula vigente no logra evitar el recorte en los haberes.
En efecto, el poder adquisitivo de las jubilaciones se ubicará en marzo un 9,7% por debajo del valor que tenían hace un año y un 12,1% por debajo de diciembre 2019. Este recorte se acentuará en los meses siguientes, hasta que vuelva a aplicarse la movilidad en el mes de junio.
Frente a este panorama, el Gobierno decidió acompañar el aumento con la transferencia de bonos de $15.000 en marzo, abril y mayo para quienes cobren el haber mínimo, monto que descenderá progresivamente hasta $5.000 para quienes perciban hasta dos haberes mínimos. Esta estrategia se utilizó en reiteradas ocasiones para compensar transitoriamente el deterioro de los haberes provocado por la movilidad.
Entre septiembre 2022 y mayo 2023 se sucederán nueve meses consecutivos con bonos, lo cual refleja el reconocimiento por parte del Gobierno de los límites que tiene la fórmula en contextos de alta inflación.
Si bien el Bono otorgado permitirá una mejora interanual del 13,5% en el ingreso real de quienes cobren la mínima (ya que en marzo 2022 no se había cobrado Bono), no solo que tal efecto es transitorio sino que si se compara con diciembre 2021 (mes en el que sí se dio un Bono), el poder de compra estará un 13,5% por debajo, y será un 18,6% inferior a diciembre 2019.
Es imprescindible recomponer el nivel de los haberes y evitar el deterioro sistemático de su poder de compra, aspectos que, sin embargo, lejos están del rumbo que ha tomado la actual gestión económica, en el marco del ajuste fiscal promovido por el acuerdo con el FMI.
Despidos
Doce despidos fueron informados por la gerencia del diario Río Negro. Se trata de cinco reporteros gráficos, tres trabajadores de administración, dos redactores fotográficos (que también eran corresponsales), un cronista – editor, y un jefe de diagramación.
Según denunció el Sindicato de Prensa de Neuquén (SPN), la medida alcanza al 10% del personal del diario. Fue una medida «violenta y sin preaviso». Con la excusa de la «modernización» y el desarrollo del «periodismo digital», la empresa periodística lleva adelante una reestructuración con el objetivo de abaratar costos y precarizar a sus trabajadores y trabajadoras.
«Lo que no dice Río Negro, es que desde hace un año, incorporó a las tareas digitales a una cifra similar o mayor a la que hoy despide», denunció el SPN. Se trata de una medida arbitraria que busca consolidar «salarios bajos, en condiciones de precarización y de multiplicidad de tareas, con los que busca abordar esta nueva etapa digital, que ya tiene más de 10 años en proceso».
Los trabajadores se encuentran en estado de alerta y asamblea. La noticia es silenciada por los principales medios de comunicación. En las redes sociales, donde difundieron su denuncia, los trabajadores y trabajadoras recibieron rápidamente muestras de solidaridad.
Los trabajadores del Hospital Eva Perón de San Martín, cabecera de la zona norte bonaerense, se movilizaron el jueves 2 de marzo frente al nosocomio e hicieron un corte de ruta en la Avenida Ricardo Balbín (Ruta 8). Reclaman la reincorporación inmediata, tras 15 años en planta permanente, de la médica psiquiatra Hortencia Cáceresi, cuyo despido califican como injusto.
“Este hecho inédito ha sido calificado como un atentado laboral y sanitario que agrava la crisis de los planteles de salud. Asimismo, se reclama el cese de las persecuciones y la realización del concurso de jefatura en Salud Mental”, agregan los trabajadores y las trabajadoras.
Las recepcionistas de los principales edificios de la AFIP, tercerizadas de la empresa Bayton, denuncian despidos y convocan este lunes 13 de marzo a las 9:00, en las puertas de la sede central de Plaza de Mayo, para exigir la continuidad laboral en sus puestos de trabajo. A continuación reproducimos el comunicado que nos hicieron llegar.
En los últimos días, las autoridades de la AFIP decidieron desvincular a la empresa Bayton. La empresa, dejó de responder y sin ningún tipo de preaviso, ahora pretende despedirnos por WhatsApp. Ni siquiera esperaron al fin de nuestro contrato, dejando en la calle a más de 15 trabajadoras, la mayoría mujeres, madres y sostén de familia. ¡Y los despidos se venían preparando desde el mismo Día de la Mujer!
Somos las que día a día recibimos, asesoramos, permitimos el ingreso y derivamos a la gente de los edificios centrales del organismo (Plaza de Mayo, Azopardo, Bernardo de Irigoyen y Pellegrini). Tenemos nuestro CV cargado en la página de la AFIP desde los primeros días de febrero cuando nos lo pidieron, pero todavía no nos han convocado para concretar el ingreso.
Nos enteramos que de un día para el otro, la AFIP ha decidido que parte de los ingresos que se vienen dando sean destinados a la recepción para reemplazarnos, lo que significaría un aval a los despidos, cuando hemos demostrado con nuestro trabajo cotidiano haber respondido de la mejor manera a la AFIP como pueden dar fe nuestros compañeros de planta de los edificios donde atendemos.
Sabemos que falta personal, la AFIP no puede permitir el despido indiscriminado, debe responder solidariamente ante el accionar de una empresa, a la que no le importa la continuidad laboral de sus trabajadores. La AFIP es responsable.
Es por eso que hacemos un llamado público, a agrupaciones de mujeres, organizaciones sindicales solidarias, a AEFIP, SUPARA y especialmente a nuestras compañeras y compañeros de planta para que nos apoyen y podamos mantener nuestro trabajo.
No hemos recibido preaviso, ni ningún telegrama de despido, por lo que este lunes nos presentaremos como siempre en nuestros puestos de trabajo.
Estamos dispuestas a defender nuestro trabajo, por nuestras familias y porque nos corresponde.
Convocamos a todas y todos este lunes por la mañana para apoyarnos y exigir la continuidad laboral en nuestros puestos de trabajo de AFIP. ¡Agradecemos que nos ayuden con la difusión!
Lunes 13 de marzo 9 hs. – Sede central – Entrada de Plaza de Mayo
Recepcionistas de AFIP
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó un fallo que determinó que el despido del chofer Cristian Avalos fue discriminatorio y antisindical.
Este es el segundo fallo en contra de la empresa de colectivos Empresa del Oeste S.A.T. , el primero de ellos fue en septiembre de 2020, mediante el cual el Tribunal de Trabajo n° 5 de Morón dispuso la nulidad del despido de Avalos por considerar que obedeció a motivos discriminatorios.
Ahora en diciembre de 2022, la Suprema Corte bonaerense volvió a confirmar la resolución del Tribunal de Morón, y la resolución quedó firme, por lo que la empresa deberá reincorporar al trabajador despedido.
Cristian Avalos fue despedido en mayo 2018 por parte de la empresa. Con casi 20 años de antigüedad y varias veces elegido delegado de personal. Con el despido la empresa intentó impedir que Avalos se presente a las elecciones de delegados de ese año.
Sin antecedentes de reincorporación de este tipo en la empresa, Avalos reclamó judicialmente la nulidad del despido, y a casi 5 años y tras seguir en la lucha, ahora Empresa del Oeste debe reincorporarlo.
El trabajador contó con el asesoramiento legal de Agustín Comas, abogado del CeProDh y el apoyo de la agrupación Bordó de choferes y transportes del transporte en el MAC.
Luego de 57 días de paro, los trabajadores de ATANOR en Río Tercero lograron un acuerdo que permite la reincorporación de algunos trabajadores mientras se sigue la pelea por el resto de quienes quieren volver a la planta.
La dirección del Hospital Interzonal Gandulfo, de Lomas de Zamora, despidió a una trabajadora que atraviesa situaciones de violencia de género.
Natalia Gómez fue notificada, en el mes de diciembre del 2022, del cese de su beca contractual mediante disposición del Dr. Fernando Guerrero, Director del Hospital Luisa. C. Gandulfo, “esgrimiendo motivos falsos” afirma el comunicado difundido desde ATE Sur.
Natalia venía de tramitar licencia por violencia de género debido a situaciones padecidas, las cuales fueron denunciadas ante los organismos competentes. Sin embargo, la dirección del Hospital decidió despedirla exponiéndola a condiciones de mayor vulnerabilidad, continua el texto difundido por el sindicato de trabajadores del Estado.
“Desde hace 3 meses los directivos entorpecen las presentaciones administrativas, legales y gremiales mostrando total desinterés de revertir la situación. La precarización laboral expuso a la compañera a este despido arbitrario. La decisión de dejarla sin recursos económicos es una violencia más que potencia las situaciones ya vividas por la compañera.”, denuncian.
El comunicado finaliza con un llamado a las organizaciones de mujeres y feministas a solidarizarse y exigir la inmediata reincorporación de la compañera Natalia Gómez.
Para enviar adhesiones: ategbasur@yahoo.com.ar
Juicio de desafuero contra miembro del SUTNA nacional
El jueves 3 de marzo estaba fijada la audiencia de testigos en el juicio de desafuero que la empresa Fate le iniciara a Néstor Castelli, actual miembro de la junta de disciplina del SUTNA, para suspenderlo.
Este juicio es parte de una serie de juicios de desafueros que Fate inició a varios miembros del sindicato del neumático, luego de la lucha que se desatara en esa empresa, como respuesta a la negligencia patronal, que casi le cuesta la vida al compañero Javier Bertolloti.
Debido a fallas y defectos en el sistema de seguridad de la máquina donde operaba Bertolloti, que fueron denunciadas previamente por los trabajadores y la organización sindical, esta produjo un accionamiento indebido que aplastó al compañero y debió ser internado de urgencia en el Hospital Cordero de San Fernando. Donde le salvaron la vida.
La audiencia no se realizó debido a la falta de un juez en el tribunal n°3 de Morón. La misma fue postergada para el 25 de septiembre.
Asamblea de AEA, la entidad que reúne a los dueños de empresas locales
El texto titulado “Es imprescindible superar las anomalías para garantizar el desarrollo”, alude al año electoral y expresa “que el respeto a las instituciones de la República es una condición necesaria para el desarrollo. En particular –y en el marco de los 40 años de recuperación de la democracia– subrayamos la extraordinaria relevancia del principio constitucional de la división de poderes y de contar con una Justicia independiente”.
Agrega que “es inevitable que Argentina, para desarrollarse, pretenda alcanzar la normalidad en lo que se refiere a sus políticas económicas” y que “durante largos años hemos convivido con el flagelo de la alta inflación, con déficits permanentes en las cuentas públicas, con la ausencia de una moneda doméstica respetada, con una muy elevada y distorsionada presión tributaria sobre el sector formal, con cambios permanentes en las reglas de juego, con varios tipos de cambio, con injerencias indebidas en el ámbito propio de las empresas como son los controles de precios o las múltiples restricciones vinculadas al comercio exterior, por solo nombrar algunas anomalías”.
A la hora de plantear el camino a tomar, los dueños de las compañías más prominentes del mercado volvieron a reclamar “políticas económicas virtuosas como las que imperan en los países exitosos, Argentina deberá inevitablemente asumir desafíos significativos. Tenemos claro, también, que ello requerirá de un trabajo político y técnico muy arduo y riguroso que no admitirá improvisaciones”.
La carta de AEA se publicó pocas horas después de la presentación de otro importante grupo de dirigentes privados en el evento Expoagro 2023.
Los convocados al conversatorio “Argentina entre lo deseable y lo posible” fueron el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; su par de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman; y los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; y de la CAME, Alfredo González.
Panorama sindical al 13.3.2023
Fuentes: Tiempo Ar, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, iProfesional, La Izquierda Diario, Infogremiales, Clarín