DOSSIER MILEI
La motosierra en educación
Mario Hernandez
Contiene artículos de Laura Marrone, docente y legisladora (MC) del FIT-U, Cuky Quaglia y Yael Carmouse, estudiantes del Profesorado Normal N° 1, Guido Gualtieri de Anred y Jeremías Batagelj, editor de últimas noticias de Página/12.
“Pagá tu Universidad parásito. Milei 2023.” El mensaje, ilustrado con el símbolo del león que identifica al candidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei, apareció escrito en un pasacalle frente a la Universidad Nacional de La Matanza. Los militantes y seguidores de Milei responden así a los dichos del candidato, quien calificó a las 55 universidades nacionales que dependen del ministerio de Educación como “centros de adoctrinamiento”.
El cartel apareció en las inmediaciones de la casa de altos estudios del partido más poblado del Conurbano bonaerense durante un fin de semana y fue quitado con el reinicio de clases. A quienes los seguidores de Milei tildaron de “parásitos” son miles de jóvenes del oeste del Conurbano, en su mayoría primera generación de universitarios en sus familias, que accedan a carreras de grado y pregrado en Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencia Política y Ciencias de la Salud.
Para Milei –quien realizó sus estudios de Economía en la Universidad Belgrano, con aranceles de alrededor de 60.000 pesos por mes en 2023– la propuesta para la educación pública es transformarla, como expresó en el caso de la educación primaria y secundaria, por un sistema de “vouchers”, en el que tanto los establecimientos públicos como privados compitan. “El sistema como está no funciona. Lo que yo digo es hay que cambiar el sistema. En el fondo, ¿qué es el Estado? El Estado es un seguro“, sostuvo en su perspectiva de mercado durante una entrevista a radio Mitre en abril pasado, cuando también descreyó de que la educación deba ser obligatoria.
Tras ser el candidato presidencial más votado en las PASO de octubre, Milei confirmó su plan “motosierra” y confirmó que eliminaría el ministerio de Educación, que tiene a cargo la gestión y la asignación de fondos para las universidades públicas. Entre ellas, la UBA, que –a diferencia de las universidades privadas– acumula galardones que la ubican entre las mejores del mundo.
El candidato a diputado por La Libertad Avanza, Alberto “Bertie” Benegas Lynch -hijo del faro económico de Milei- fue quien dejó en claro cuál será el futuro de la educación pública en un gobierno de la ultraderecha: “La educación tendría que ser un negocio. Y no debería ser mala palabra”, sentenció en una entrevista al Diario.ar.
Ante el peligro de una victoria ultraliberal en las elecciones generales, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizó un análisis y advirtió que la propuesta de Javier Milei de arancelar las universidades que ahora son públicas y gratuitas haría que cada estudiante de ese nivel deba pagar alrededor de 2 millones de pesos anuales solo para poder asistir a clases.
Milei ataca al Conicet
El candidato de La Libertad Avanza, que fue el más votado en las PASO del domingo pasado, estuvo en La Nación + y planteó su idea de cerrar el ministerio que está a cargo de Daniel Filmus y privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) porque “no se nota” el aporte de científicos e investigadores a la sociedad.
La investigadora y secretaria general del sindicato ATE Conicet en la Ciudad de Buenos Aires, Nuria Giniger, manifestó que “lo que dice Milei es todo mentira” porque “no es cierto que se puede privatizar el Conicet”.
“Tampoco es cierto que los votantes de Milei quieren cerrar el Conicet. Hay una cantidad de acciones de efecto que produce Milei, que en realidad no tienen directamente que ver con quienes lo votaron”, opinó.
Sin embargo, dijo que es necesario “salir a explicar, cómo fue nuestra tarea durante todo el macrismo” sobre la importancia del organismo que emplea a científicxs e investigadores.
En otro tramo de la entrevista, aseguró que “la sociedad argentina entiende la necesidad del desarrollo científico-tecnológico, siente orgullo por las universidades públicas y por el CONICET, donde se produce conocimiento científico”.
Milei propuso que la ciencia y la tecnología queden en manos del sector privado y que lxs trabajadores “se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien”. “¿Qué productividad tienen?, ¿qué han generado los científicos?”, agregó el actual diputado nacional.
Nuria Giniger, señaló: “Todos nos acordamos de los barbijos, de los kits de detección del COVID. Todos los desarrollos más visibles del último tiempo del CONICET forman parte ya del conocimiento y el sentido común de nuestro pueblo”. Y añadió: “Todos sabemos de los satélites, de que hay trigo resistente a la sequía. Digo, hay una cantidad de hallazgos que ya forman parte del patrimonio de nuestra patria y que nadie quiere que eso se termine”.
Además, consideró que existe en la sociedad “una falta de representación y una falta de abordaje de los problemas reales, que también son dejados de lado por el Estado. Y me parece que hay que tomar nota de esa parte del discurso y de los votos de Milei”.
Por último, afirmó que “no es ejemplo a seguir” el caso de los países que no tienen desarrollo científico-tecnológico, como algunos países de África o Paraguay, uno de los ejemplos más cercanos en la región.
“No le conviene a nadie que no exista el Conicet. Eso hay que dejarlo claro. La comunidad científico-tecnológica y los trabajadores y trabajadoras de todos los escalafones salimos rápidamente a responder (a Milei). Eso habla de un reflejo que tenemos, que adquirimos en la pelea contra el macrismo y que no estamos dispuestos a renunciar a lo que conquistamos. Eso es un piso que hay que tener en cuenta”, aseveró.
LA EDUCACIÓN SEGÚN MILEI: UNA COPIA AUTORITARIA Y RETRÓGRADA
Por Laura Marrone
En el marco de su plan de gobierno para la educación, Milei ha propuesto la liquidación del sistema educativo público como tal y su reemplazo por un sistema de vouchers o cupones, universales, que se entregarían a cada familia para que elija la escuela que quiere para sus hijos.
En primer lugar, digamos que esta propuesta no es original sino una copia de ideas ya viejas. El sistema de vouchers o cupones fue propuesto por Milton Friedman en 1955 y luego en La libertad de elegir, libro escrito con su esposa Rose Friedman en 1980. Conocido como el promotor de la Escuela de Chicago, de corte monetarista, Friedman inspiró los planes neoliberales del gobierno del dictador Pinochet, y otros gobiernos, como el de Reagan en los EEUU y Thatcher en el Reino Unido. Durante la década del 80-90 estos planes condujeron a la privatización de los servicios públicos, de las jubilaciones y la destrucción de derechos sociales en numerosos países del mundo.
Casi 70 años después, ningún país del mundo ha aplicado este sistema. Solo hay experiencias puntuales de cupones focalizados por razones económicas o de discapacidades, por ejemplo, en el distrito de Columbia en los EE UU. En Chile, país que se esgrime como ejemplo de su aplicación, en realidad ha instrumentado una versión parecida al subsidio a escuelas privadas que desarrolla Argentina desde la ley 13.047 (1947) y no cupones a las familias.
Milei afirma que mantendría el presupuesto de 6% del PBI para la educación, lo que es una mentira dado que su plan económico consiste en una reducción drástica de impuestos y retenciones a los grandes empresarios y bancos (no así del IVA al consumo masivo). O sea que, de aplicarse el voucher universal, les trabajadores verían reducir los fondos para la educación de sus hijes, y desde ya la desaparición de la gratuidad en los niveles no obligatorios como la educación superior.
Otro argumento de Milei es que este sistema provocaría una mejora de la calidad de la educación a partir de la libre competencia entre escuelas por conquistar matrícula. Esto es falso. En CABA, por ejemplo, el 50% de la matrícula asiste a escuelas privadas, el 70%1 de ella subsidiada por el estado con un presupuesto anual de 63.500.000.000$ (el equivalente al presupuesto de toda la Matanza con alrededor de 1.800.000 habitantes) y la “libre competencia” entre privadas y públicas no ha mejorado la educación. Ésta es desigual y no escapa a los problemas de crisis educativa que vive el país, siendo los resultados menos malos las de aquellas instituciones que segregan matrícula de mayor nivel socioeconómico. Lo que Milei esconde es que, al ser un cupón universal, el estado pasaría a subsidiar a toda la matricula, no solo al 70% del 50% antes mencionado, sino al 100%, incluyendo a aquellos que hoy pagan hasta 200.000$ por mes de aranceles. La fragmentación social se profundizaría ya que las escuelas que hoy cobran aranceles altos lo seguirían haciendo, pero con más ingresos porque además dispondrían de estos cupones y se reducirían los fondos para educación que van a las poblaciones más carenciadas.
Otro argumento de Milei es que la escuela pública le “lava el cerebro con marxismo a la juventud”. Reclama que la educación deje de ser portadora de ideologías políticas y defiende la libertad de los padres de elegir la escuela de sus hijos. Estas acusaciones las ha repetido con la furia de loco que lo caracteriza en no pocos medios de prensa. Ocurre lo contrario. La escuela pública, es uno de los pocos espacios donde puede hacer pie el ejercicio de “la educación como práctica de la libertad” como alentaba el maestro Freire. Esto es así porque su sistema de designación de docentes por concurso en base a puntajes por mérito (cursos, carreras, concepto, antigüedad), favorece el ingreso de docentes sin distinción de ideologías. Esto permite un
ámbito donde se puede pasar de la socialización primaria, que es la familia, a una socialización secundaria donde les estudiantes pueden contrastar las ideologías, costumbres de su ámbito familiar a un ámbito social y desarrollar el pensamiento crítico, a partir de que no ha habido una selección sesgada de la docencia. La escuela privada, recortada por sectores socioeconómicos, religiones, nacionalidades y peor aún el Homeschooling (la educación por les padres en la casa) que promueve Milei, es autoritaria y un abuso de poder de les padres sobre sus hijes ya que les niegan el derecho a conocer otras culturas, y formas de pensamiento. ¡Pobre niñez aquella que teniendo una familia que lo desampara, no tiene acceso a un espacio público como la escuela! Como broche de tanto desatino, Milei pregona que la educación no sea obligatoria, con lo cual deja a cada niñe a merced de la decisión de sus padres de enviarlo o no, lo que le desampara aún más. Además, la fragmentación del sistema por sectores sociales es una fuente de violencia social. El desconocimiento de la realidad del conjunto de la sociedad aumenta la violencia hacia el otro que se desconoce y se teme. El patio de la escuela pública, la hora de la comida o del juego, la clase con diferentes, subjetiva a las futuras generaciones en la comprensión de su humanidad, excluido o no de la sociedad por razones que le son ajenas y que podemos cambiar.
Sin duda a Milei, defensor de la dictadura militar, le debe molestar que en las escuelas le hablemos a les niñes de que en nuestro país hubo terrorismo de estado que mató y desapareció a 30.000 personas y niñes. Que los pueblos originarios fueron despojados por un imperio colonizador y tienen derecho a tierras que son ancestrales. O que las Malvinas son argentinas y no de su admirada Sra. Thatcher. El prefiere que el currículo lo controlen ideológica y políticamente los que tienen el poder de seguir reproduciendo este sistema capitalista que defiende.
Venga por añadidura, un anhelo largamente acariciado por quienes promueven este tipo de propuestas que sería la destrucción del régimen laboral docente. Por el estatuto actual, convenio laboral docente, además de no depender de influencias políticas para el ingreso a un cargo, como ya hemos explicado, la docencia tiene estabilidad, lo que le permite, justamente ejercer la libertad que Milei quiere destruir: la de cátedra, pieza clave para el enriquecimiento de la educación y el desarrollo del pensamiento crítico en sus alumnos.
Finalmente señalemos que también ha despotricado contra la Educación Sexual en las escuelas y el derecho al aborto. Una propuesta retrógrada que desampara a la niñez. No lo hemos visto preocupado por combatir el abuso sexual, sicológico o físico contra las niñeces, la violencia contra la mujer y las disidencias o la necesidad de presupuesto para la prevención y erradicación de la misma. Sepa la opinión pública que la lenta pero segura educación sexual que está asumiendo la escuela pública, está permitiendo a la niñez abusada poner en palabras su desamparo y dar paso a la intervención de equipos de salud y defensorías, aunque hoy sean insuficientes. Pero, además, prepararla para el disfrute de su sexualidad como parte de su vida y de la felicidad humana.
Desde Izquierda Socialista y el FITU, seguimos bregando por un sistema educativo estatal público, único, nacional, democrático, con un presupuesto nacional del 10% del PBI, que garantice un gasto por estudiante equitativo en todas las provincias. Todo esto para una educación científica, no dogmática, pluricultural, con perspectiva de género, al servicio de la lucha por la emancipación de la humanidad de toda forma de opresión y explotación, y que preserve el ambiente para las generaciones presentes y futuras.
Abramos el debate en nuestras escuelas con las familias y estudiantes, explicando sin pausa que no puede volver atrás el reloj de la historia.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2023
Javier Milei quiere quitarle todo el presupuesto a la UBA
Por Jeremías Batagelj
Primero fue el Conicet. Después, no conformes, apuntaron contra el Incaa. Y ahora, para cantar línea en el bingo del ajuste cultural y educativo, el partido de Javier Milei va por las universidades nacionales y el financiamiento de las escuelas de gestión pública. Es que a la idea de imponer “vouchers” ya no se queda solo con el anuncio del propio Milei, sino que ahora los integrantes de un eventual gabinete del ultraderechista empezaron a dar detalles de la reforma que pretenden llevar: hablan de quitar “todo el presupuesto” que tienen las universidades y escuelas para que cada individuo -presuntamente- elija su futuro. Lo que no dicen (o pretenden ocultar) es que este tipo de financiamiento “a la demanda” podría ser el fin de las escuelas rurales y el inicio del arancelamiento en los institutos de enseñanza superior.
Quien agitó, en las últimas horas, la reforma del sistema educativo fue el “gurú” económico de Milei: Alberto “Bertie” Benegas Lynch. En una extensa entrevista con el portal ElDiarioAr, el familiar de Ernesto Guevara dejó un par de precisiones sobre el plan dinamita de La Libertad Avanza. “La educación tendría que ser un negocio. Y no debería ser mala palabra. Es el mercado pudiendo asignar los recursos a las necesidades “, expresó, al agregar inmediatamente que “si no se trata como negocio y se trata como un derecho, sonaste”.
El proyecto, según Benegas Lynch, es “quitar todo el presupuesto” de las instituciones y dejar que los padres o los adultos (dependiendo de si se trata de jardines, primarias, secundarios o universidades) decidan a qué institución financiar. Para graficar su ejemplo, el economista -que dirigió el mecenazgo educativo del Banco Santander- eligió a la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dijo que no le destinará un peso, pero que, según él, será la propia ciudadanía que decidirá si sigue en pie la institución académica argentina más destacada, según el ránking internacional QS.
“Si vos ibas a la UBA, vas a seguir yendo a la UBA, nada más que ahora te dan la posibilidad de reconsiderar si algo no te gusta. Si protesta la universidad estatal es que quizás no era competitiva”, dijo, para agregarle más pimienta.
Con su manual neoliberal en mano, Alberto Tiburcio -Bertie para sus amigos- expresó que en las universidades “hay adoctrinamiento”, que faltan egresados y que en el actual sistema “un chico que está en el taller del padre financia al tipo que va en la 4×4 a la facultad”. “Se están despilfarrando recursos”, completó.
Las escuelas rurales y lo que no dice Milei
Meses atrás, un informe del Observatorio Hacer Educación de la Universidad de Buenos Aires no sólo analizó la propuesta de “vouchers educativos” -bandera que mantienen en alto en La Libertad Avanza- sino que se tomó tiempo para aclarar lo que no cuentan los propios ideólogos de este tipo de reforma.
El informe lleva la firma de los especialistas Patricio Conejero, Brenda Glickman, Aurelia Lupis y Malena Spotti. Allí explican que, pese a las particularidades de cada jurisdicción, la Ley de Financiamiento Educativo N° 26075 mantiene un punto en común: el sistema elegido es el subsidio a la oferta. Éste tiene como objetivo garantizar que todas las escuelas estén abiertas y en condiciones, más allá de cuántos estudiantes asisten a ellas.
Milei, Benegas Lynch y los principales dirigentes del partido más votado de las PASO quieren romper este esquema con un subsidio a la demanda, es decir, otorgar financiamiento a cada escuela por cada estudiante que asiste a ella, a través de un voucher (un vale o cupón) que acredita el pago de un monto determinado previamente. “Este tipo de propuestas implementa una lógica de mercado en el sistema educativo a partir de la cual la educación pasa a ser considerada como un bien de consumo”, expresa el documento.
Lo que los especialistas se preguntan es qué pasará, si se implementan los vouchers, con las escuelas rurales. Es que estos institutos, con pocos estudiantes, suelen quedar lejos de la “competencia perfecta” que imagina Milei entre establecimientos de gestión privada y pública. ¿Alcanzaría la plata para poder mantener la escuela abierta? ¿Si se cierran, dónde se educarían los niños, niñas y jóvenes de esos pueblos y parajes de nuestras provincias?, son algunas de las dudas razonables que plantean en el Observatorio.
Acceso, obligatoriedad y arancelamiento
Benegas Lynch supone que, con esta reforma, cada uno podrá elegir su futuro educativo. A esa decisión se llegará, según él, “por la información del mercado” y no por gestión “de un comité de burócratas”. Pero, cuentan los especialistas, hasta la UNESCO rechaza esa visión de que los consumidores libres -el sueño húmedo de Milei- tengan acceso irrestricto a la información.
“La poca información sobre la calidad educativa de cada establecimiento circula poco y no está distribuida equitativamente, por lo que la población más desfavorecida tiene menos acceso a ella”, expresa el informe. En otras palabras, y siguiendo la analogía del gurú de Milei, el chico de la 4X4 tendría ventajas -económica, de movilidad y hasta de información- por sobre el hijo del mecánico para elegir la facultad.
Tampoco ni Milei ni su equipo detallan cómo sería el ingreso a los establecimientos si varias familias eligen poner su voucher en la misma escuela/facultad. Si fuera por examen de ingreso los expertos en educación aclaran que, otra vez, la ventaja corre para las familias de mayores recursos.
Y, como en otras oportunidades, las propuestas de Milei chocan contra la misma pared: la Constitución Nacional. Es que el fondo de la cuestión también bucea la obligatoriedad de la educación, estipulada por la Ley 1420, que obliga a que, desde los 4 años hasta la finalización de los estudios secundarios, “la educación debe ser común, libre y gratuita”. Algo que inquieta al propio Milei, quien insiste en eliminar esa condición, con un extraño argumento: “El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta”, suele repetir.
Ante eso, el mayor temor es que ante la imposibilidad de modificar el financiamiento actual de los jardines, primarias y secundario, los ultraderechistas decidan cambiar el sistema universitario, el único nivel que no está amparado por la Ley Nacional 1420 pero que en nuestro país tienen particulares condiciones de gratuidad y acceso. “¿Si se agrega el arancelamiento -como queda implícito en la propuesta de los vouchers- esto afectará formación de los tan valorados profesionales que nos convierten en una referencia internacional en términos académicos?”, preguntan en el informe.
Lejos de responder a esas inquietudes, Benegas Lynch ya anticipó que el presupuesto de la UBA será eliminado en forma completa. Y, como explican los especialistas, al de la 4X4 parece que no le preocupará en lo más mínimo.
Los vouchers de Milei y la crisis de la educación
Por Cuky Quaglia y Yael Carmouze
La propuesta de “voucherización” de Milei esconde bajo el nombre de “innovación” una privatización de la educación. Es una propuesta que plantea un modelo mercantil y meritocrático de educación. ¿Qué educación tenemos y cuál es la escuela que necesitamos? En este artículo nos proponemos realizar un repaso por la realidad de nuestro sistema educativo, debatiendo contra la propuesta realizada por el candidato liberal y aportar a una reflexión necesaria para las peleas que se vienen.
El triunfo de Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza el último 13 de agosto, abrió un debate en el conjunto de la sociedad. En especial, algunas de sus propuestas que parecen disruptivas o innovadoras. En su plataforma política propone 9 puntos de reformas educativas. Entre ellos circuló con fuerza en las últimas semanas, la de vouchers educativos o un “sistema de libre elección de escuelas”. Veamos de qué se trata.
Milei retoma una vieja receta neoliberal que es la de privatizar la educación. Es decir, que deje de ser un derecho. Según esta propuesta, los fondos de los que dispone el Estado para educación ya no financiarían a las escuelas, a los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, a los recursos o infraestructura (es decir, la oferta) sino que lo haría directamente a los estudiantes o familias (es decir, la demanda) mediante un voucher con el que se podría “elegir” una institución educativa, de gestión pública o privada. Según el candidato, este cambio generaría mayor competencia entre las instituciones y por lo tanto mejoraría su oferta educativa.
Las propuestas del libertario no operan sobre el vacío: la crisis educativa que vivimos en nuestro país es evidente. Lo que cabe preguntarnos es si la solución a esa crisis es la privatización encubierta que propone Milei en un país en el cual más del 60% de los niños y niñas están bajo la línea de pobreza. El empeoramiento de las condiciones de vida producto de la crisis que se profundiza implica ya de por sí un acceso desigual para los distintos sectores sociales. Una medida como esta no haría más que agravar esta brecha.
El “enemigo de la casta” cuestiona el Estado de la educación argentina pero no denuncia que la misma es el resultado de una política sistemática de vaciamiento por parte de los distintos gobiernos durante décadas, bajos salarios docentes, pésimas condiciones edilicias, falta de vacantes y ausencia de equipos de orientación escolar o gabinetes especializados. Estas son solo algunas de las problemáticas que nos encontramos quienes somos parte de la escuela pública.
Hagamos un breve recorrido sobre el estado en que se encuentra nuestro sistema educativo hoy y una reflexión necesaria para las peleas que se vienen.
Una larga historia de desinversión
TikTok se llenó de videos de jóvenes libertarios dándonos una explicación de cómo funciona el financiamiento de la educación en nuestro país. El argumento es simple: el Estado recauda plata con nuestros impuestos, ese dinero se destina al Ministerio de Educación, que a su vez lo distribuye a las provincias y a sus correspondientes ministerios. Por último, esa plata llega a las instituciones educativas. Estos cibernautas argumentan que el problema está en que ese presupuesto no se destina para las verdaderas necesidades educativas, sino que va “al centro de estudiantes o al lugar donde podamos adoctrinar gente para hacerlos zurdos”. Otros dicen que esa plata va a los “sindicatos y gremios que es donde más se reparten la torta”.
Omitamos solo por un momento estos últimos comentarios. Milei menciona un problema obvio que vemos todos: para una educación mejor, es necesario tener recursos. Pero desde hace años no se cumple ni siquiera con el ya escaso porcentaje que debería ser destinado a educación: por ley se establece que sea un 6% del PBI.
En la década del 90’ bajo el gobierno menemista se aprobaron una serie de leyes educativas entre las cuales se encontraba la Ley de Transferencia de Servicios Educativos (LTSE) y la Ley Federal de Educación. Si la dictadura militar ya había comenzado con la descentralización del sistema educativo, con la LTSE se finaliza ese proceso dividiendo los recursos que aporta el Estado Nacional en 24 jurisdicciones.
Esta descentralización es la base de la gran desigualdad de la educación en nuestro país. En primer lugar, porque la disponibilidad de recursos varía por provincia. Por ejemplo, “en 2010 Tierra del Fuego contaba con recursos fiscales equivalentes a $22.000 por habitante, mientras que la provincia de Buenos Aires alcanzaba apenas $4.300, es decir, menos de una quinta parte”. [1]Por otro lado por la propia desigualdad de la cantidad de alumnos en cada una de ellas: ”Las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro y La Pampa) albergan apenas al 6% de los alumnos del país, mientras el grupo de las más pobladas (provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) reúne a casi el 70% de los alumnos”. [2]
También se sostiene una brecha desde el punto de vista de la recaudación, favoreciendo, por ejemplo, a las provincias patagónicas, ya que poseen una “alta percepción de ingresos en concepto de regalías y a las provincias que albergan a una población de mayores ingresos, que constituye una mayor base imponible; por su parte, las provincias del norte argentino presentan la situación más crítica, sin esta fuente extraordinaria de ingresos de regalías y con una base imponible que se nutre de una población más pobre. Así, en el caso extremo, Tierra del Fuego recauda siete veces más que Chaco.” [3]
El kirchnerismo dice enarbolar la bandera de la igualdad de oportunidades y la conquista de derechos, pero en todos sus años de gobierno no cambiaron esta herencia neoliberal sobre el financiamiento a nuestra educación. Mantuvieron la herencia de someter la educación a los lineamientos de organismos internacionales y ajustarla en función del pago de la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que creció exponencialmente bajo el gobierno de Macri y que ahora, desde Milei hasta UxP, se disponen a pagar peso por peso.
En el 2006 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo que dispone que el 6% del PBI sea destinado a educación. Desde su sanción hasta 2020 (último año con estadísticas), solo en tres años se cumplió con la meta: 2009, 2013 y 2015.
No se trata del ajuste del futuro, estamos hablando del que vivimos actualmente. En el 2023, Massa recortó 50 mil millones del presupuesto que iban a ser destinados, por ejemplo, al Plan Conectar Igualdad y al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”. Como resultado del ajuste sistemático en educación, en los últimos 5 años, se proyectaron construir 7.343 aulas y solamente se hicieron 927, lo que equivale a un 12,6 %.
Recientemente se publicó un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) donde se sostiene que el Programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, que tiene a su cargo la construcción y refacción de establecimiento educativos, asignó 67% de su presupuesto y ejecutó el 35%. Según este organismo se observa una reducción del presupuesto original por parte del Poder Ejecutivo, consistente en un 59% en 2017, 52% en 2018, un 31% en 2021, 36% en agosto de 2022, y a ello se agrega otro ajuste del 35% en el presupuesto 2023. A la reducción de los ya escasos presupuestos se suma la subejecución de los mismos: 28,50% en 2018, 43% en 2020 y un 49% en 2021.
Como podemos ver, la educación argentina sigue un camino de decadencia acelerada producto de las políticas sistemáticas de desfinanciamiento y ajuste que ninguno de los partidos que fueron gobierno revirtió. Esto es la base para los discursos reaccionarios de la derecha.
Viejas recetas, fracasos ya conocidos
Sobre este estado de cosas es que Milei propone un sistema que no haría más que agravar la desigualdad ya existente. El sistema de vouchers que propone fue implementado en países como Chile y Suecia que, si bien poseen una estructura política y económica distinta a la de nuestro país, sirven como marco de referencia sobre las posibles consecuencias en la implementación de esta propuesta.
En Chile esta política fue implementada en el año 1988 en plena dictadura pinochetista. De manera mensual se le pagaba a la institución según la asistencia media de sus alumnos. Ese dinero debía sostener todos los gastos, desde la infraestructura hasta el personal. El problema fue que, en la mayoría de los casos, esto no sucedía. Ante el déficit generado, en el año 1993, se aprobaron dos nuevas formas de financiamiento. Uno en el cual las familias podían hacer un aporte adicional a la subvención, es decir un “financiamiento compartido”; y otro mediante exenciones tributarias a aquellos quienes hicieron aportes a las instituciones educativas.
La consecuencia fue el crecimiento de los colegios con financiamiento compartido, creando una brecha cada vez más grande entre la educación municipal y la particular subvencionada. Según datos publicados por el Banco Mundial y la OCDE, Chile encabeza el ranking de países más desiguales entre las principales economías del mundo: los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile. Esto tiene su correlato en el plano educativo, siendo uno de los países con mayor segregación económica a nivel escolar.
Fue justamente en Chile donde miles de jóvenes protagonizaron profundas luchas contra este sistema. En el 2006 se produjo lo que se conoció como la “Revolución Pingüina”. Un movimiento masivo impulsado por estudiantes secundarios a favor del derecho a la educación, y contra la privatización del sistema educativo. Y en el 2019, una verdadera rebelión popular también protagonizada por miles de jóvenes contra el aumento del transporte público y que con su consigna “no son 30 pesos, son 30 años” lo que ponían en cuestionamiento era, entre otras cosas, la herencia neoliberal y la profunda desigualdad educativa.
Como producto de estas peleas se impulsaron reformas como la Ley de Inclusión, aprobada en 2015, que intentó poner fin al lucro de las instituciones que recibían aportes del Estado y terminar con la selección de alumnos por parte de los colegios. Permitió que las familias elijan el centro escolar de preferencia sin que eso dependa de su capacidad económica. El Estado promovió un aporte mayor para aminorar el gasto a las familias. Sin embargo, a la fecha, la brecha de la que hablamos anteriormente se sigue sosteniendo.
Milei, en una entrevista realizada recientemente, declaró que: “¿El sistema como está ahora funciona bien? El 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto y en Matemática estamos peor. En las pruebas PISA estamos pésimo y nos echaron por fraguar la muestra. Aun así, dio mal”.
Incluso desde los parámetros utilizados por estos países, esta no sería la mejor propuesta desde el punto de vista del fortalecimiento y mejora de la calidad educativa. Según declaraciones de Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE, aseguró que “el sistema escolar de Chile no funciona bien, ni siquiera a nivel de la élite”. Según los últimos datos brindados “los estudiantes chilenos de 15 años de edad están retrasados más de 2,5 años de escuela en comparación con sus homólogos de Polonia y más de 5 años si tomamos como referencia a Shanghai, dos países con similar ingreso per cápita.”
Otro de los países que toma como ejemplo Milei en sus discursos es el de Suecia, que utiliza el sistema de vouchers desde 1992. La dinámica es similar a la explicada previamente. Se otorgan cheques educativos a los usuarios que luego pueden llevar a las instituciones educativas donde quieran realizar sus estudios. El dinero para estos vouchers es otorgado desde las distintas municipalidades recaudando los impuestos. Suecia contaba con instituciones educativas del ámbito público que pasaron a competir con instituciones privadas. Desde la implementación de este sistema, la cantidad de escuelas privadas aumentó, pasando de tener el 4% del total de la matrícula en el año 2000 al 16% en la actualidad según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y se llevó a cabo una tendencia mayor a la división de acuerdo a su condición social. Un aspecto central de esta política es que los voucher se entregan dependiendo la asistencia o calificaciones de las y los estudiantes.
Evidentemente, la propuesta de los vouchers no es una solución a las problemáticas planteadas en el ámbito de la educación. La competencia entre las distintas instituciones no garantiza mayor calidad, sino que garantiza una brecha entre quienes poseen los recursos para acceder a una mejor educación y quienes no. Sumado a esto, la libre competencia entre instituciones por contar con la matrícula necesaria y por ende de recursos hace presuponer que más que poner por delante la calidad educativa, de lo que se trataría es de la competencia por la mayor cantidad de “clientes”.
Las nueve propuestas educativas de Milei van acompañadas de un plan económico de ajuste. No se expresa en ningún momento qué presupuesto o dinero se destinará a educación y sus vouchers, de qué manera se distribuirán, ni qué respuesta darán a los graves problemas edilicios como consecuencia de la desinversión o la falta de vacantes. Así mismo, no dan respuesta a preguntas como: ¿impondrán requerimientos previos necesarios para acceder a ellos? ¿Qué criterios deberían tener en cuenta para elegir las familias o estudiantes? ¿Qué pasaría cuando varias familias quieran acceder a una misma institución? ¿Cómo se implementaría una medida así con un sistema tan desigual a nivel nacional?
Según un estudio de la CEPAL, ”los estilos de desarrollo económico adoptados, la institucionalidad federal del país, las políticas públicas nacionales (o la ausencia de las mismas, en muchos casos) y las estrategias provinciales, fueron configurando un país fuertemente fragmentado, desigual –en términos relativos–, con una alta concentración geográfica de las capacidades productivas y con una descentralización inequitativa de servicios públicos básicos para la población, como son la salud y la educación.” Esta desigualdad configura territorios en emergencia como los ámbitos rurales y de severo déficit educativos en ámbitos urbanos y periurbanos. Esto significa que el plan de Milei no solo no da respuestas a estas problemáticas, sino que su “libre elección” entre instituciones educativas no sería realizable en este marco. Por otro lado, desde el punto de vista legal, la estructura descentralizada de nuestro sistema educativo impondría un límite a la hora de llevar adelante esta propuesta ya que para implementarla sería necesario llevar adelante una reforma constitucional que garantice la medida para todo el país.
Qué formación docente para qué proyecto de país y qué condiciones laborales
El paquete de leyes menemistas que mencionamos previamente no se trataba sólo de medidas regresivas desde el punto de vista económico, sino que fueron acompañadas por una disputa ideológica con una mirada mercantilista de la educación. Ya no como un derecho sino como un bien transable, como un objeto para el consumo. Las mismas se dieron bajo el llamado Consenso de Washington y todo tipo de acuerdos con organismos internacionales.
Es el realce de una mirada profundamente individual en el que avanza el que más se destaca por sobre los demás. Es una concepción pedagógica que enaltece el individualismo, la competencia, la meritocracia. Es una evaluación educativa según los resultados estandarizados y aplicados a normas cuasi universales y no mediante el proceso. Una pedagogía donde no existe el contexto, la diversidad y las singularidades. Una educación atada a la productividad y, por lo tanto, a la competencia.
Entre sus propuestas, Milei menciona cambios curriculares y pedagógicos sin dar cuenta de cuáles serían, cómo se llevarían adelante, desde qué mirada o que especialistas las impulsarían. Pero lo cierto es que esto tampoco es nuevo. Como señalamos previamente, las políticas de este tipo se vienen profundizando desde los 90’ y fueron sostenidas por los distintos gobiernos con diferentes medidas. Ya sea impulsando políticas como las ACAP (Actividades de Aproximación propuestas por el Ministerio de Educación de la Ciudad), que son, además, la naturalización de la precarización laboral entre los más jóvenes. O las reformas de los planes de estudio y ataque a la formación docente que se están dando desde que se aprobó la ley de la UniCABA en el 2018. El proyecto de Universidad de la Ciudad de Soledad Acuña no es azaroso: responde a los lineamientos planteados por el Banco Mundial desde hace décadas, donde lo que se intenta instaurar es un perfil docente como mero reproductor de plataformas digitales, de las nuevas tecnologías, divorciando de su rol crítico y esencial como articulador entre la comunidad educativa, los barrios y el territorio.
Este modelo pedagógico, atacó sistemáticamente la figura del docente. Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, hizo declaraciones públicas hablando de los mismos como “zurdos, viejos y fracasados”. Junto con la marea verde y la lucha del movimiento feminista proliferaron todo tipo de reacciones patriarcales y provida que ponían en cuestionamiento el “adoctrinamiento de la ideología de género”, atacando a la ESI.
El candidato de Unión por la Patria, Sergio Masa en una entrevista televisiva en TN declaró que en vez de que el servicio de educación sea pago, habría que exigirles a los docentes que cumplan con los 180 días de clases. Un claro ataque y un visto bueno a un sentido común alentado por la derecha que sostiene que los problemas de la educación son consecuencia de los reclamos de los trabajadores de la educación. Cuando decimos que las ideas de Milei no caen en el vacío, sino que se apoyan en sentidos creados e impulsados por los propios partidos de Gobierno, nos referimos a este tipo de declaraciones.
La labor docente en los últimos años se ha visto completamente precarizada y sobrecargada de tareas administrativas. No solo por las condiciones salariales que son paupérrimas lo cual obliga a miles de docentes al multiempleo, ya sea tomando más de un cargo o al complemento con changas para poder subsistir. Hay un ataque a derechos básicos como el acceso a licencias y coberturas médicas que den respuesta los diversos problemas de salud que conlleva esta práctica precarizada.
En cuanto a las consecuencias que podría tener esta política para los docentes, Marisa Bolaña, Profesora de Psicología, Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialista en Didáctica y Doctorada en Educación, señala en esta nota que: “En varias jurisdicciones se implementan modos de contratación temporal y por fuera de los estatutos docentes. Se avanza fuertemente hacia la precarización laboral en nombre de la profesionalización docente, la propuesta de contratos por proyectos, por productividad, salarios diferenciados y la pérdida de derechos laborales. Se busca que se dificulte la sindicalización y el trabajo colectivo”. Además, agrega que una posible implementación de la política de vouchers puede “llevar al cierre de escuelas, a la pérdida de trabajo y al aumento del desempleo. Es probable que también incida en menores salarios y en la dificultad de discusiones paritarias colectivas. Se propone la libre contratación, la negociación salarial por escuela y por proyectos”.
Por una educación que esté al servicio de las grandes mayorías
Los docentes realizamos un trabajo solitario en el aula, totalmente sobrecargados. Esto rompe con la dimensión de lo colectivo y cercena la posibilidad de un rol docente que se involucre en las tareas pedagógicas desde una perspectiva crítica y comunitaria, involucrando a las y los trabajadores de la educación en el diseño de las políticas educativas junto a las familias, los verdaderos interesados en pelear por una educación para todos y al servicio y de las necesidades sociales.
Las centrales sindicales y gremios como CTERA están de brazos cruzados frente a esta situación. No sólo no enfrentaron ninguno de los ataques pasados, sino que actualmente, frente a esta situación, siguen sin llamar a medidas de lucha para enfrentar la nefasta política de Milei y el ajuste del Gobierno. Es necesario organizar la resistencia desde cada escuela para pelear por plata para educación y no para el pago de la deuda junto con el desconocimiento soberano de la misma. Que esa plata se destine a salario docente y a un plan de infraestructura Para todo eso, debemos plantear la renacionalización del sistema educativo, aumentando el nivel tecnológico de las escuelas y el acceso a recursos digitales e internet en todos los hogares. En un momento de profunda crisis social se hace necesario el refuerzo de alimentos de calidad, así como el acceso a vestimenta y útiles. Frente a la falta de docentes y la enorme precarización de nuestra labor, necesitamos un aumento salarial y medidas como la implementación de parejas pedagógicas, junto a la mejora en la formación y la capacitación continua.
Milei defiende una sociedad machista y patriarcal, por eso ataca derechos conquistados como la IVE y la Educación Sexual Integral. En nuestro país 6 de cada 10 personas que sufrieron abuso sexual son niños, niños y adolescentes, el 36% lo sufrió en el ámbito intrafamiliar y el 80% pudo identificar esta situación después de haber recibir formación en ESI. Por eso es necesario defender la ESI y que se respete su implementación en todos los niveles educativos, crear equipos especializados dentro del marco del estatuto del docente que incluya el trabajo con las familias.
Quienes somos socialistas revolucionarios defendemos la educación pública como un derecho de todo el pueblo trabajador ante cualquier política de ajuste de los partidos burgueses. Lo hacemos con la firme convicción de que, solo peleando por otro tipo de sociedad, una sociedad sin explotadores y opresores, que cuestione y rompa el orden establecido, es como vamos a poder poner en pie una verdadera educación liberadora, una educación que permita el desarrollo de nuestras capacidades, una libertad completamente distinta a la libertad del mercado, despótica y despiadada que defiende Milei.
Como planteó Lev Vigotsky: “Los problemas de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida”. Pero para eso tenemos una gran tarea hoy. Creemos que nuestro mayor aporte ante la profunda crisis que viven las grandes mayorías trabajadoras en nuestro país es la de pelear y organizar la resistencia: poner en pie la organización democrática de las escuelas en base a organismos de autoorganización de docentes, estudiantes y familias y todos los demás trabajadores de la educación. Desnaturalizar y cuestionar los sentidos que se imparten en la escuela de hoy, que cuestione los contenidos y su ideología de clase.
La pelea del momento nos obliga a repensar cómo poner en pie una estrategia para el combate de la mano de un movimiento pedagógico crítico, que se una a la lucha de clases de las y los trabajadores. En un mundo que nos empuja a romper con lo comunitario, a la competencia individual del sálvese quien pueda, como docentes y estudiantes en formación tenemos el desafío de la participación en la vida social y política, la de ser constructores de esta perspectiva pedagógica crítica como parte de un proyecto de transformación radical de la sociedad.
NOTAS AL PIE
[1] Monitoreo y Evaluación de la Ley de financiamiento educativo, CIPPEC
[2] Axel Rivas, Radiografía de la educación argentina, Bs. As., Fundación CIPPEC, 2010
[3] Monitoreo y Evaluación de la Ley de financiamiento educativo, CIPPEC
Sobre vouchers, escuelas y sentidos
Por Guido Gualtieri
Hay algunas falacias en el proyecto de los vouchers. Por ejemplo, que el Gobierno nacional puede entregarlos a las familias y éstas, elegir las mejores escuelas. Hay una imposibilidad de base y es que, las escuelas de niveles obligatorios no dependen de Nación, sino que están bajo la órbita de cada jurisdicción, por lo que (salvo que modifiquen la Constitución Nacional) es muy difícil de implementar. Otra falacia es que las familias eligen en base a información confiable. ¿Quiénes establecen las categorías o criterios para evaluar? ¿Quiénes las implementan? ¿Cuáles son los dispositivos? Otra falacia es que el mismo presupuesto actual va directo a las familias y no “quedan” en los ministerios. Esta reforma vendría acompañada de otras reformas impositivas. Entonces podemos preguntarnos: ¿cómo se recaudaría el mismo presupuesto?
Es sabido que se instaló (nuevamente) la idea de vouchers educativos: ¿qué son?
Resumidamente, se trata de lo siguiente: el Estado les da a las familias unos vouchers para que elijan a qué escuela quieren ir. Esta elección se basa en información otorgada por evaluaciones a las instituciones, que finalizan con un ranking. Por lo tanto, las escuelas estatales o privadas reciben dinero según la cantidad de estudiantes que tienen. Esto generaría competitividad entre instituciones, las que deben esforzarse por brindar un mejor servicio y atraer matrícula. Parte de la idea de que las escuelas (y los/as alumnos/as) deben ser eficientes y esforzarse para conseguir mejores rendimientos. Generalmente (digo, siguiendo otras experiencias) lo mismo sucede con los docentes, quienes cobran su salario según el “rendimiento” en evaluaciones, sobre las que ahora no ahondaré, pero que lejos están de definir el modo en que realizan su trabajo. Entonces, quisiera expresar algunas ideas sobre esto, organizado en tres dimensiones, que no son las únicas ni terminan de explicar el problema, pero dan algunas pistas.
Sentidos
Lo que primordialmente está en juego son los sentidos sobre la escuela. Pensamos la escuela como aquella que aloja y construye lo común. Como aquella que transmite la herencia y pone a disposición los bienes culturales, principalmente a quienes le son negados. Hace público, pone a disposición, tiende la mesa (como diría Graciela Frigerio), lo que es de todos, en disputa con los privilegios de algunos. En la misma línea, el/la docente es un/una entrometido/a (como diría Estanislao Antelo). Entrometerse consiste en ofertar más allá de la demanda. Lejos de convencerse de los destinos prefijados (como diría Carina Rattero), los tensiona, los problematiza.
En tiempos donde el mercado como aparato subjetivante tiene un lugar central en la vida de las personas, la escuela es contracultural (como diría Emilio Tenti Fanfani). Frente a lo urgente, lo inmediato, lo competitivo, la selección y la exclusión (entre otras), la escuela piensa en darse un tiempo más, en reconocer al Otro, en el acto de enseñar como irrenunciable. Y sí, desde la perspectiva del mercado, no es productivo. Pensamos una escuela con todos/as adentro, frente al proyecto del mérito individual. Una escuela de lo comunitario, frente al proyecto de las cosas.
Viabilidad
Sé que a muchxs no los va a interpelar en absoluto los sentidos, por lo que también comparto en esta dimensión y en la siguiente, algunos aspectos que tienen un tinte más “práctico”. Hay algunas falacias en el proyecto de los vouchers. Por ejemplo, que el Gobierno nacional puede entregarlos a las familias y éstas, elegir las mejores escuelas. Hay una imposibilidad de base y es que, las escuelas de niveles obligatorios no dependen de Nación, sino que están bajo la órbita de cada jurisdicción, por lo que (salvo que modifiquen la Constitución Nacional) es muy difícil de implementar.
Otra falacia es que las familias eligen en base a información confiable. ¿Quiénes establecen las categorías o criterios para evaluar? ¿Quiénes las implementan? ¿Cuáles son los dispositivos?
Otra falacia es que el mismo presupuesto actual va directo a las familias y no “quedan” en los ministerios. Esta reforma vendría acompañada de otras reformas impositivas. Entonces, podemos preguntarnos: ¿cómo se recaudaría el mismo presupuesto?
Podría seguir, pero solo quiero plantear algunos ejemplos para disputar afirmaciones del sentido común que desconocen el mismísimo funcionamiento del sistema educativo. Insisto, la preocupación principal es sobre la disputa de sentidos.
Efectos
En caso de que se implementara una reforma de este tipo, se profundizarían las desigualdades. El financiamiento baja, sobre todo en el sistema estatal, si no se recibe otro aporte que no sea el de los vouchers. A esto hay que sumarle que la publicación de rankings es profundamente tendenciosa. En estos casos lo que provoca es que se cierren muchísimas escuelas. También se generan escuelas en pésimo estado, con terribles desigualdades. Y esto no sucede porque hay escuelas que son menos productivas, menos eficientes o simplemente “peores”. Generalmente esto sucede con las escuelas de las periferias y de sectores populares. Contrariamente, pensamos que la escuela pública no está pensada en términos de productividad, sino de derechos.
Va un ejemplo: en Argentina existen las escuelas rurales. Son escuelas generalmente con poca matrícula, justamente porque la distribución de la población en un país como el nuestro hace que así sea ¿Qué pasaría con ese financiamiento? ¿Quién cubre esas demandas ahí donde no es rentable? Otro ejemplo, las escuelas de educación especial: requieren de algunas condiciones particulares, por ejemplo, de infraestructura, mayor cantidad de docentes, acompañantes, etc. por alumno/a. Son escuelas “caras”. ¿Son poco eficientes? Sin un ministerio que lo articule, ¿quién y cómo se define lo común? ¿Qué condiciones se promueven para ofrecer una escuela inclusiva y de calidad en todos los rincones del país? En fin, no son los únicos efectos…
Comentario final
Si estás enojado/a porque en la escuela pública no están las condiciones que necesitás, porque no tenés clases, porque no se enseña o carece de sentido, te entiendo. Hay que mejorar mucho. Quizás muchísimo. Es una tarea que tenemos que darnos. Tenemos que volver a poner el foco en la enseñanza como acto irrenunciable y político. Tenemos que ofertar, aunque no haya demanda. Volver la escuela un lugar interesante. Pensarla como ese lugar donde nos permitimos alejarnos un poco de la productividad (como dirían Maarten Simmons y Jan Masschelein) y pensar críticamente. Tenemos que hacer de la escuela el lugar que tensione el sentido común para que estos discursos no calen tan fácilmente. Trabajar para que ese enojo por aquello que se siente injusto no recaiga en la inutilidad del Estado y de lo público como encarnación de todos los males. Donde nuestros estudiantes sepan que su situación no viene por no esforzarse lo suficiente o por el poco mérito. Porque si es así, hemos fracasado en construir usinas críticas que nos permitan problematizar la intromisión de los discursos dominantes en nuestro ser y sentir.